¿Es tan grave esta decisión? Con las cosas que están pasando en el país, ¿es serio dedicar nuestro tiempo a comentar esta minucia?

Nuestro cuestión no son los viajes de los egresados. Nuestra cuestión es el artículo 14 de la Constitución que garantiza el derecho de entrar y salir libremente del territorio argentino.

Cada vez son más los coqueteos con el encierro. Cada vez pican más cerca los tiros de las prohibiciones. Siempre usando maneras indirectas, pero al final con el denominador común de tornar más difícil trasponer las fronteras.

Primero fue el cepo al dólar. Luego el pedido de explicaciones por gastos hechos en el exterior o por la solicitud de adelantos en efectivo. Ahora son los chicos del secundario a los que se condena a quedarse aquí.

Por allí apareció De Vido diciendo que en la marcha del 18A no había trabajadores y jubilados porque ellos gastan localmente “y no van a tocar la cacerola para ir a Miami”.

Más allá de la mentira intrínseca del ministro -porque las demostraciones de hace dos semanas estuvieron llenas, antes que nada, de jubilados y de trabajadores y que la gente no salió a tocar las cacerolas para ir a Miami sino para que no roben y para que no toquen la Justicia independiente-, ¿qué está sugiriendo el ministro? ¿Que el país deseable es aquel en que sus ciudadanos estén condenados a vivir encerrados en sus fronteras, sentenciados al provincialismo mental y al aislamiento internacional?, ¿es ése el perfil de país que quiere De Vido y el gobierno de la Sra. de Kirchner? ¿Acaso aspiran a ser ellos los únicos con capacidad para viajar para enrostrarnos un costado más de su obscena desigualdad?

De modo que el, aparentemente, menor problema de los viajes de los chicos del secundario a Cancún, a Disney o a Porto Seguro es en realidad una cuestión mayúscula que, analizada a la luz de una tendencia que se viene profundizando en los últimos tiempos, no hace otra cosa que añadir un ítem más de preocupación a los muchos que ya carga sobre sus espaldas la sociedad.

Por lo demás estas medidas son tomadas por un gobierno perfectamente compatible con las prohibiciones, con la reducción de los derechos y con el estrechamiento de las libertades públicas.

Cuando uno ve que suerte ha corrido el derecho a salir del país en aquellos lugares que son gobernados por regímenes parecidos al que encabeza la presidente, la preocupación aumenta.

La restricción para abandonar el territorio ha sido una constante de los totalitarismos. Así ocurría en los países de atrás de la cortina de hierro durante la guerra fría; sucedía en Cuba hasta hace muy poco (y todavía hay que ver que efectos reales tiene el deshielo dispuesto por el mandamás Castro hace poco), sucede en Venezuela en tiempo de elecciones… De modo que la aprensión no es gratuita ni inventada: cuando se encadenan eslabones similares lo más probable es que se esté armando una cadena; no hay demasiados misterios en eso.

Si esta tendencia sigue no sería de extrañar que en el corto y mediano plazo aparecieran más restricciones “indirectas” al derecho a salir del país, como por ejemplo, eliminación del reconocimiento de las tarjetas de crédito cuando se usen en el exterior, recargos impositivos a la compra de pasajes, requerimiento de una “visa” de salida, restricciones a la emisión de pasaportes, en fin, toda una gama de posibilidades que le permita al gobierno decir: “¿nosotros coartando el derecho constitucional de salir del país?, ¡Para nada! Simplemente estamos estableciendo ciertos requisitos legales. Quienes los cumplan no tendrán ningún problema…”

Semejante situación sería igual a la de aquel imaginario jefe comunal que, cansado de las motocicletas en su ciudad, establece como condición para su uso que las llantas sean bañadas en oro y que los manubrios sean de platino macizo. Cuando algún motoquero lo encare diciéndole que está prohibiendo el uso de las motos en la ciudad, el intendente podrá responder: “¿Prohibir yo? ¡Jamás! Simplemente estoy estableciendo algunos reuisitos de uso. El que los cumpla no tendrá ningún inconveniente…”