Lo que ocurrió ayer puede describirse como una enorme operación de retroactividad a las condiciones imperantes en octubre de 2011, cuando la iracundia suicida se apoderó de la señora de Kirchner. Esas condiciones estaban lejos de ser las de un país completamente libre, pero, al menos, no contenían las características de irracionalidad que siguieron al establecimiento del cepo.

Para empezar, la Argentina sigue siendo un país con control de cambios, es decir, un lugar donde todos los importadores y los exportadores del país tienen que pasar por el Banco Central (BCRA) para negociar sus dólares. Ese es un requisito de libertad condicional que también debería desaparecer con el tiempo.

Pero estoy yendo muy rápido. Obviamente hay interrogantes más cercanos por develar. El primero y más preocupante es el de la inflación o el del traslado a los precios del ajuste de lo que era el dólar oficial.

Eso nos lleva a una cuestión crucial que debería quedar clara desde ahora: quien devaluó fue el dúo Kirchner-Axel Kicillof y el que produjo el ajuste de precios fue ese mismo binomio, con la desaforada impresión de pesos. Esa explosión de papel y tinta de colores se coló en las góndolas de los supermercados sin que ningún dique de contención la atajara.

En ese sentido, ya aparecieron Antonio Caló y Hugo Moyano queriendo instalar la idea de que la devaluación fue ayer. No, señores: la devaluación ocurrió hace tiempo y especialmente Caló se hizo el distraído, porque quienes la habían causado eran sus jefes. Por supuesto que en el proceso debe haberse colado algún vivo. Pero los padres del problema todos sabemos quiénes fueron.

Ahora vuelve al escenario la posibilidad de los aprovechadores de siempre. Y aquí, efectivamente, hay que decir que si todos vamos a actuar con los mismos niveles de bajeza, a la Argentina le va a costar mucho salir del pozo en que se encuentra. Si no hay una contribución magnánima y amplia de todos los sectores, el camino será difícil.

En ese sentido, la administración de Mauricio Macri le sigue debiendo a la Argentina una explicación detallada del país que recibió. La gente necesita saber la verdad cruda y no sería justo que, dentro de un tiempo, los Kirchner empiecen a contar con la ventaja de que muchos no tengan claro qué responsabilidades atribuirles a unos y cuáles a otros. Ese inventario no puede postergarse. Ellos no hubieran sido tan condescendientes.

Algunos pormenores de la noticia anunciada ayer sorprendieron. El límite de dos millones de dólares por persona y por mes para comprar dólares no se esperaba. Los rumores hablaban de cincuenta mil. Lo mismo la eliminación del 35% de recargo al uso de la tarjeta de crédito en el exterior.

De todos modos, esa atención desmesuradamente puesta en la compra de dólares es el equivalente a la que el esclavo tiene por los vicios de la vida libre. La real valía de la especie de libertad cambiaria que empezamos a vivir ahora debe buscarse por el lado de la venta de dólares y no por su compra. Ahora quienes quieran desprenderse legalmente de divisas podrán hacerlo a un precio competitivo y no a un número caprichoso impuesto desde la insania.

La vida esclava destruye muchos patrones humanos de normalidad. Y no porque el esclavo haya prestado conformidad a su amo durante años la esclavitud se transforma en legítima.

Esas malformaciones que producen los grilletes deberán ir desapareciendo con el tiempo. Desde aquí hasta allí, los argentinos —todos nosotros— deberíamos estar a la altura de las circunstancias para que el retorno de un país normal no sólo sea cercano sino posible.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

Pero más allá de las ironías, es verdad que para una subcultura política como la Argentina, semejante perogrullada puede tener el alcance de una iluminación; de una verdad dicha por alguien que nos hace ver la luz.

En efecto, ninguno de los países exitosos en el mundo, empezando por los EEUU -el país más innovador de la historia humana-, ha fundado su suceso económico en la aplicación de una determinada teoría económica. En realidad lo que estos países han hecho es vertebrar en un orden jurídico simple algunas verdades incontrastables de la naturaleza, organizarlas de modo armónico para luego dejar que, en el clima de confianza básico que ese mismo orden había creado, el ingenio humano invente, cree e innove para que la vida mejore.

Ese es todo el secreto: tratar de rebelarse lo menos posible contra la naturaleza humana y dejar que ella, sabiendo que cuenta con un sistema organizado de solución de disputas y con un decálogo de principios que todos reconocen como válidos, fluya en su inventiva para hacer la vida más confortable, y la abundancia más real y posible. Resulta de toda lógica y producto del más elemental sentido común que las personas traten de vivir mejor, de que su condición ascienda desde más privaciones hacia menos privaciones y de que su patrimonio les ofrezca una garantía de seguridad para el futuro de ellos y de sus hijos.

Para lograr ese objetivo las personas gobiernan apenas unas pocas variables: su esfuerzo, su compromiso, su trabajo. A su vez para que esas condiciones puedan desarrollarse, va de suyo que las personas deben tener cierta garantía sobre su vida y sobre su radio de acción (su libertad). Por lo tanto la primera condición de una economía exitosa consiste en garantizar derechos no económicos (la vida, la libertad, y la decisión del destino propio). Si las personas saben que el derecho a su vida, a su libertad y a elegir lo que quieren ser en la vida tienen el respaldo de la ley, desatarán sus trabas y generarán un producto.

Aquí sí podría considerarse que los órdenes jurídicos deben elegir por una primera definición “económica” o “filo-económica”: decidir de quién es ese producto. Los países exitosos no dejan lugar a dudas y emiten una señal clara: el producto pertenece a quien lo produce. Es lo que se llama inviolabilidad del derecho de propiedad. Lo de uno es de uno. No hay discusiones al respecto. En general los países que fracasan tienen este concepto discutido, difuso o directamente lo desconocen. Si las personas sospechan que su esfuerzo y su compromiso no les asegura la propiedad de lo que generen cuando lo ejercen, pues no se esforzarán y no se comprometerán. Sin esfuerzo y sin compromiso no hay producto y sin producto hay pobreza. Es así de simple. Lo mismo ocurre con el motor más dramático del progreso: la innovación. Esta no depende de programas económicos sino de una definición cultural previa que tiene que ver con saber cuánto grado de libertad están dispuestos los países a reconocer a los ciudadanos.

Los países que han fracasado son países regimentados en donde burocracias pesadas con un enorme grado de lentitud suplantan el rol protagónico del individuo. En ellos, generalmente se sospecha de la conducta individual y en los que rige una norma de clausura inversa a la que rige en los países que triunfan. Se entiende por norma de clausura una disposición que aclara qué ocurre cuando determinadas cuestiones no están legisladas. Las normas de clausura “pro-desarrollo” dicen que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande ni privado de lo que ella no prohíbe (por ejemplo entre nosotros, el artículo 19 de la CN). Las normas de clausura “antidesarrollo” expresan lo contrario: se presume que lo que no está regulado está prohibido.

En la Argentina existe un evidente choque entre lo que la doctrina llama “Constitución material” (esto es la que fue escrita por los constituyentes) y “Constitución real” (esto es la que rige de hecho por la vía de costumbres, tradiciones y creencias, en la vida de todos los días). Mientras la “Constitución material” pertenece a la escuela que da rienda suelta al ingenio individual, garantiza el fruto del trabajo y de las creaciones individuales, asegura la propiedad privada, cree que lo no legislado está permitido, y que las disputas entre individuos las resuelve un tercero independiente del gobierno; la “Constitución real” (la que heredamos por sangre y tradiciones) cree que todo debe regularse, que lo que no está regulado está prohibido, que el fruto del trabajo individual debe repartirse, que el repartidor es el Estado y que cuando hay un disputa el Estado debe ser juez y parte. Resulta obvio que un país atado entre regulaciones y prohibiciones esté a tal grado inmóvil que no pueda generar nada. Al no generar nada, cada día es más pobre y al ser cada día más pobre, cada vez vive peor.

Pero si deshacemos este camino que hemos descripto hasta aquí, veremos que la metodología seguida por los países que triunfan (así como la de los que fracasan) no es, en principio, de contenido económico. Es de carácter filosófico. Se trata de definiciones anteriores a saber cuánto dinero debe emitir la autoridad monetaria, cual es la tasa de presión impositiva aceptable por una economía oi siu en Banco Central debe ser o no una entidad autónoma. Esas decisiones caen de maduras si uno tiene definido lo anterior. Así, por ejemplo, ninguna política económica que envilezca el valor de la moneda será compatible con el principio de que no se puede desconocer la propiedad del fruto del trabajo propio, porque la impresión de dinero a destajo depreciará (simplemente por una relación elemental entre cantidad de cosas –billetes- y valor de esas cosas) el ahorro y eso es incompatible con las definiciones filosóficas de entidad mayor tomadas previamente.

En fin, no deja de resultar curioso como un país como la Argentina, puede seguir asombrándose por los dichos de un intelectual cuando el tipo se descarga con un vendaval de obviedades que tienen 400 años de antigüedad. Sólo aquellos que creen ser progresistas blandiendo ideas antidiluvianas pueden caer en semejante paradoja. Lo de Mar del Plata en IDEA no deja de ser una prueba más del atraso mental que nos gobierna, no de ahora, sino desde hace décadas y que ha tenido las consecuencias obvias de atraso y miseria -que se miden por índices económicos- pero cuyo origen está bien lejos de la economía.