El caso del periodista deportivo que acompaña a Mauricio Macri desde hace algunos años en la política tiene, evidentemente, distintas aristas -todas muy interesantes- desde las cuales observar el fenómeno.

En primer lugar, hay que decir que si la contratación de Niembro por parte del Gobierno de la ciudad estuvo fuera de la ley, está muy bien que el decoro lo haya llevado a la renuncia. Aunque no parezca, se trata de un gesto infrecuente en la política de hoy, en donde funcionarios de elevada jerarquía que han recibido acusaciones y hasta imputaciones de delitos concretos han seguido en sus cargos como si nada.

En segundo lugar, llama la atención la saña con la que algunos, incluida la mismísima Presidente, se han referido al tema y a la persona de Niembro, cuando sobre sus espaldas cuelgan sospechas de todo tipo y, por cierto, de una envergadura mucho mayor que el contrato que se atribuye al periodista.

El mensaje parecería ser el de que, en el fondo, toda la política y todos los políticos están teñidos por la corrupción y que, entonces, esa temática debería desaparecer por completo de la discusión electoral, porque, como están todos “empatados” en el rubro, es mejor hablar de otras cosas.

Es en ese sentido en que el apartamiento de Niembro tiene un valor. Luego, si la Justicia determina que efectivamente hubo irregularidades, naturalmente los responsables deberán dar las explicaciones que correspondan.

En cuanto al tema tucumano, la noticia obviamente desbordó la atención de la Argentina. Solo el fuerte temblor en Chile, con repercusiones hasta en la propia ciudad de Buenos Aires, logró sacar, aunque sea por instantes, ese tema de la mira de la opinión y de la información.

No es para menos. Se trata de la primera vez desde el retorno de la democracia que la elección general completa de una provincia entera es anulada por la Justicia por entender que existen elementos suficientes como para creer que el resultado fue la consecuencia de un fraude o de serias irregularidades en el comicio y en el escrutinio.

Ese solo dato alcanza para comprender la gravedad de la situación. El acto electoral es para las democracias institucionales un elemento fundamental para construir la base de confianza y legitimidad en la que se tiene que sostener la relación entre gobernantes y gobernados. Si se sospecha desde el inicio que el elegido es un impostor, se quebrará para siempre esa confiabilidad y será muy difícil restaurarla desde el ejercicio del poder.

Para la democracia de masas -en la que lamentablemente hemos caído los argentinos- el acto electoral es la vida misma. Hay que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarlo, porque ganado, será ese el argumento para decir que los elegidos son la encarnación completa del pueblo y que los que perdieron son el antipueblo, la antipatria, los enemigos de la nación.

De modo que en un sistema así, las presunciones deben ser siempre contrarias a los que ejercen el poder, porque para no perderlo estarán dispuestos a hacer cualquier cosa.

Y lo que se construyó en Tucumán es un feudo medieval, con gobernantes que confiesan tener 10 mansiones, que se dirigen a los gobernados como si fueran seres inferiores, quienes deberían agradecer el sacrificio que ellos hacen, que disfrutan de viajes y prerrogativas absolutamente prohibitivas para el hombre común y que se comportan en sus vidas como si estuvieran por encima de la ley y como si el Estado fuera parte de su patrimonio personal.

Este caudillaje subdesarrollado debe desaparecer de la Argentina. Parece mentira que hayan pasado 162 años desde que se sancionó la Constitución, en Santa Fe, el 1.^o de mayo de 1853 y todavía estemos padeciendo de las mismas anomalías que antes de su jura, con “patrones de estancia” que manejan territorios republicanos como si fueran de su propiedad.

Y aquí hay una cuestión cultural de por medio, porque tampoco podemos caerle a José Alperovich como si fuera una encarnación repentina del mal y que antes de él Tucumán era la réplica de un cantón suizo. No. Esta es la continuidad -mejorada y aumentada, claro está- de un modelo que impera en el interior de la Argentina y que el matrimonio Kirchner decidió, hace 12 años, exportarle a la nación.

Está claro que la Argentina tampoco era Suiza antes de los Kirchner, pero, a nivel nacional, algunas salvajadas que eran normales en las provincias feudales o no se conocían o se evitaban.

Todo eso cambió con la llegada del matrimonio del sur. La idea de Néstor y Cristina Kirchner fue replicar el modelo feudal de Santa Cruz, sin división de poderes, sin rendición de cuentas y tomando al Estado como parte del patrimonio familiar.

No caben dudas de que, en el sentido institucional, la Argentina involucionó notoriamente en estos últimos doce años y que lo que ocurrió en Tucumán se inscribe en ese marco de deterioro de la ley y el derecho.

De todos modos, es altamente positivo el coraje demostrado por el tribunal, que se animó a fallar en contra de los intereses de quienes mandan para privilegiar la intachable confianza que debe surgir del acto electoral.

Ojalá podamos tomar esto que sucedió allí como un punto de partida y como un ejemplo que se expanda a las demás provincias y a la nación entera. No deja de resultar paradójico que el lugar en el que la Argentina nació oficialmente al mundo haya sido también el lugar que puede convertirse, de ahora en más, en el sitio en que nació la república institucional, aquella en donde gobierna el derecho y no los deseos interesados y caprichosos de los poderosos.

El mundo ha conocido desde allí muchas ideas e incluso muchos experimentos extravagantes que costaron tragedias y millones de vidas. Pero nadie, hasta ahora, había estatizado la felicidad.

Sin embargo desde la semana pasada ese hito ha sido alcanzado: el hombre que habla con los pájaros, el impresentable presidente Nicolás Maduro, ha creado en Caracas el Viceministerio de la Felicidad Suprema.

Después de las primeras horas en las que todo el mundo pensó estar frente a un chiste disparatado, el profesor Jirafales confirmó la nueva dependencia del gobierno que se supone debe cristalizar el objetivo de la felicidad colectiva.

Cada uno los venezolanos ya no tendrá -ahora oficialmente- la capacidad individual de decidir con qué es feliz. Ahora será el Estado el que lo decrete.

Por supuesto que el régimen comuno-populista que instauró el dictador fallecido Hugo Chávez ya le había arrebatado de hecho, hace muchos años, esas veleidades a sus propios ciudadanos a quienes sencillamente les prohibió el ejercicio físico de la vida.

Pero ahora la altanería comunista ha llevado esa aspiración sobrehumana a los propios escritorios de la administración con la segura intención de que la felicidad pueda ser impuesta por decreto, contra viento y marea.

El ministerio es la encarnación de los deseos del pueblo, debe pensar -con perdón de la palabra- Maduro. El Estado, personificado en él mismo, impone a todos lo que él entiende por felicidad. Se trata de una vuelta de campana completa respecto de los primeros párrafos de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos: de una cosmovisión en la que cada uno diseñe el plan de vida que lo haga feliz a otra en donde esos planes son decididos por una nomenklatura burocrática que, desde un escritorio, impone la felicidad a todo el mundo.

¿Es posible que haya seres humanos que crean que esta concepción pueda ser viable; que este sistema pueda tener algún viso de lógica y aplicabilidad?

Olvidémonos de los vivos que forman parte de la nomenklatura porque ellos deben ser los primeros que deben reírse en la trastienda viendo cómo hay tantos idiotas que creen sus mentiras, las mismas que les permiten vivir como reyes mientras el pueblo verdadero se debate entre mil privaciones.

Centremos nuestra atención en la gente común; no en los usufructuarios del choreo y de la explotación de millones de zombies. Fijemos nuestro análisis en el pueblo, en los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que siquiera una persona apoye estas notorias estupideces?

Solo presten atención a la magnitud de la brecha que separa estas maneras de ver la vida y de vivir: Jefferson consideraba que el hecho de que el ser humano tuviera el derecho a “buscar su propia felicidad” es una “verdad autoevidente”, es decir, algo que no necesitaba ser demostrado, una manifestación normal de la naturaleza; el comunismo en cambio cree que la felicidad es un valor colectivo que el Estado debe definir e imponer por la fuerza.

¿Cómo puede ser posible que alguien normal caiga en la trampa de este pensamiento? Respuesta: no es posible; no es posible que gente normal caiga en este pensamiento… La que cae no es gente normal, es gente carcomida por la envidia, condición esencial, definitiva y definitoria del comunismo.

Sin envidia el comunismo no puede subsistir. Precisa de ella para que una mayoría decisiva esté dispuesta a sacrificar su libertad (que Jefferson también consideraba como una verdad incontrastable de la naturaleza) con tal de que el Estado aplique la violencia de su fuerza monopólica para evitar que otros la tengan también.

Este razonamiento se basa en la idea de que el ejercicio de la libertad para buscar la felicidad propia genera desigualdad. Y como esa desigualdad no es tolerada (por la presencia de la envidia) hay que investir a alguien con la fuerza bruta del Estado para que suprima el ejercicio de esa libertad e imponga un modelo único de hombre, sin diferencias y sin cabezas que asomen unas por encima de las otras.

En ese contexto la colectivización de la felicidad y su encarnación en un “viceministro” del Estado es perfectamente compatible con un modelo que no acepta la diferenciación humana, porque toda diferenciación humana es, por definición, envidiosa y condenable.

Ahora el viceministro definirá la felicidad y la impondrá igualitariamente a todos. Los envidiosos conformes: ya nadie será dueño de elegir cómo ser feliz y tener el incalificable atrevimiento de conseguirlo, mientras otros no lo logren. Ahora mi felicidad será igual a la tuya; será la que el Estado nos entregue a todos: me importa un rábano que no te conforme o que creas que pudiendo elegir libremente serías más feliz, porque probablemente esa felicidad que alcances por las tuyas me ponga verde de envidia. El hecho de que yo disponga de la misma libertad para buscar mi propia felicidad es un argumento que no me conforma porque, en el uso de esa libertad, no soy tan bueno como tú y lo que consigo con su ejercicio es bastante menos de lo que tu consigues. En consecuencia prefiero ser esclavo con tal de que tú también lo seas y de ese modo tampoco tú puedas realizarte y ser feliz a tu modo.

Es muy triste llegar a la conclusión de que pueblos enteros puedan caer presos de estas bajezas. Pero son solo estas bajezas las que explican un sistema siniestro que ha secuestrado la mentalidad de millones y asesinado la vida de otros tantos.

El comunismo no es una ideología política; es una enfermedad del alma: sólo aquellos que hayan sido contaminados por ese virus malsano pueden servir de apoyo a este engendro que ha superado con creces las otras pestes que ha conocido el mundo. Sólo aquellos dispuestos a entregarle a un burócrata nada menos que la definición de su felicidad pueden ser la carne de cañón para que esta calamidad siga produciendo las mismas penurias que el mundo empezó a conocer de ella hace casi 100 años.