Pero no. Hoy, además de que nada de aquello ha mejorado, hay otros muchos parámetros que han empeorado velozmente. La tasa de inflación y de devaluación se han disparado. Las reservas del BCRA no dejan de caer, la presidente sigue ausente y el jefe de Gabinete da, definitivamente, pena.

Jorge Capitanich deberá pensar bien lo que hace de ahora en más. Está en un momento en que mucha gente siente lástima por él y otra que prefiere reírse de lo que no puede interpretarse de otro modo sino como comicidades cotidianas. Pero está cada vez más cerca de despertar broncas irascibles. El humor de gente tiene cada vez menos espacio para la cargada y el gobernador del Chaco -en uso de licencia- está tirando cada vez más peligrosamente de esa cuerda.

Decir que el país tiene “un sistema de tipo de cambio libre y único” es tomarle el pelo a la gente. Y la gente ya tiene suficiente con lo que el “modelo” le ha “regalado” como para que sus autores -que deberían estar utilizando todo su tiempo para reparar los daños que han causado-, encima, los carguen. La velocidad del deterioro en materia económica desde que comenzó el año es francamente alarmante. El dólar blue está ya en $ 12. Los sindicalistas amenazan con lanzar paritarias con un mínimo de 30% de aumento. La inflación se ha acelerado de manera dramática y está cada vez más cerca de provocar el fenómeno conocido como de “rechazo del dinero” por el cual la velocidad de desprendimiento de los pesos es cada vez mayor espiralizando la suba de los precios.

En medio de este panorama la ciudadanía no tiene ninguna señal de que alguien esté a cargo y, al contrario, está muy cerca de creer que todos estamos a la buena de Dios. Extrapolar esta abulia a diciembre de 2015 resulta directamente imposible.

Al gobierno no se le ocurre otra cosa que manejarase con una bicicleta de bonos que sólo convierte en millonarios sin trabajar a unos pocos y pone en serio riesgo la futura capacidad de pago de las jubilaciones. El Estado se encamina a estafar a otras varias generaciones de argentinos trabajadores que cuando dejen de trabajar, no encontraran nada. Ya lo hizo una vez, condenando a millones a una vejez indigna, y lo volverá a hacer, sencillamente porque así es cuando un conjunto de funcionarios se encuentran delante de sí con una inconmensurable bolsa de plata: la hacen desaparecer.

Aquellos defensores de la jubilación de reparto deberán darle una explicación a los que aportaron el dinero que se esfumó financiando al Tesoro y pretendiendo hacer bajar la temperatura del dólar. La presidente silenciosa, la que ha decido tomarse su trabajo como un hobby al que le dedica el tiempo intermedio entre largos periodos de descanso, llevará esa carga de culpa de por vida.

En estas condiciones de deriva, la señora de Kirchner no da una sola señal de liderazgo. Nadie sabe lo que hace o si hace algo. Nadie sabe si da una directiva y a quién; nadie sabe si existe una perspectiva presidencial de la situación actual del país, nadie sabe, en fin, si la presidente tiene los conocimientos mínimos necesarios como para sortear los serios obstáculos que la Argentina tiene por delante.

En medio de este desorden, una sensación de descomposición aún más grave se conoció hace unos días: el gobierno se dispone a modificar el Código Penal. Si Capitanich se debe cuidar de trasponer el límite entre mantener un relato y cargar a la gente (porque los que hoy le tienen lástima y hasta los que se ríen de él, pasarán a sentir furia) la presidente también debería tener un cuidado similar.

La ciudadanía esta ya cansada de enterrar muertos, de llorar pérdidas y de ver el avance sin pausa de una delincuencia que se florea, impune, delante de nosotros. Frente a ese panorama, la reforma del Código con el sello abolicionista de Zaffaroni (¡qué apellido para un “penalista”!) puede resultar ofensivo para la sociedad honrada que pretende vivir honestamente.

El proyecto consagra directamente la supremacía moral del delincuente y sale a defenderlo a capa y espada atenuándole incluso las penas cuando resultara “dañado” en el proceso de cometer su propio ilícito. Sí, sí, como lo escuchan: si un delincuente resulta lastimado o herido en la comisión de su propio crimen, ese hecho debe considerarse un atenuante en el juicio. Y mucho más si el delincuente utiliza a su hijo en la comisión del delito y el perjudicado resulta ser el menor.

Del mismo modo, en el juzgamiento de los casos deberán tomarse en cuenta las condiciones sociales y económicas de las víctimas, insinuando, con todas la letras, que si los asesinados, robados, o violados tienen dinero, eso será un atenuante para el delincuente tan o más importante que la propia condición económica del que delinque. La reincidencia ya no se tomará en cuenta: un asesino serial será juzgado por cada uno de sus crímenes como si cada uno fuera el primero. La prisión perpetua desaparecerá de la ley argentina y los asesinos volverán a las calles después de una temporada de diversión junto a Vatayón Militante. En esto está la presidente: mientras el país se incendia y la gente llora las consecuencias de la delincuencia todos los días, ella está pensando en cómo hacerle la vida más fácil a los malvivientes.

Si esta reforma llegara a aprobarse -y no veo a ninguna organización preocupada por hacerle saber a la sociedad lo que le espera- la preocupación número uno de los argentinos -la seguridad- se potenciará a límites extremos: seremos los inocentes, los honrados y los honestos los que deberemos andar pidiendo públicamente disculpas, mientras se instrumenta el señorío de los delincuentes.

Existen tres etapas en la descomposición moral de los países, todas relacionadas con el posicionamiento del bien y del mal. Una primera etapa sucede cuando los países tienen dificultades en distinguir lo que está bien de lo que está mal. Una segunda ocurre cuando aún distinguiendo lo uno de lo otro, las sociedades eligen hacer voluntariamente lo que está mal porque tienen la certeza de que eso les conviene desde el punto de vista práctico. Y por fin el último y más profundo pozo de descomposición ocurre cuando una sociedad instaura orgullosamente el mal como entidad moral superior. En esta instancia ingresaría la Argentina si el Congreso transforma en ley la reforma Zaffaroni. Una especie de resumen Lerú de la década ganada.

La corrosión kirchnerista no detecta frenos, ni morales ni económicos. Ninguno de esos frentes le son ajenos. Viene actuando en todos con un poder demoledor, multiplicando la pobreza, la escasez, el aislamiento y el crimen. Después de diez años de una siembra sistemática de disvalores, la cosecha se envuelve en una furia de resultados alarmantes. Viviendo encerrados, sin libertad, con una casta privilegiada que obscenamente ostenta su desigualdad frente a nosotros, somos testigos de un deterioro veloz e inmoral que no tiene ni líderes que lo enfrenten ni convicciones que lo detengan.

Por empezar dijo que el gobierno tiene 200 metas que se ha propuesto cumplir. Uno no sabe bien si está en los albores de una especie de “plan quinquenal” (que en este caso sería “bienal”) o si lo que Capitanich pretende es inaugurar una ensalada de cuestiones en la que todo se mezcla de manera tal que nadie entienda nada.

El gobernador del Chaco en uso de licencia insistió con la idea de profundizar lo que se viene haciendo y no caben dudas de que está en esa línea porque habiendo podido inaugurar un período de apertura siguió refugiándose en los lugares en los que el gobierno ya lo venía haciendo. Así, por ejemplo ha llamado a reuniones de gremios y empresarios amigos, pero sigue excluyendo al campo y a los gremios críticos.

En materia cambiaría, adelantó el establecimiento de un impuesto a la compra de bienes suntuarios, seguramente para desalentar el uso de divisas para esos fines, pero no delineó una política sistémica respecto del dólar y de su tasa de cambio. No hay indicios aún sobre si esos impuestos alcanzarán a los viajes, a las compras con tarjetas en el exterior o al uso online de éstas.

Insistió con un tratamiento de la inflación desde el lado de los costos, volviendo a remarcar lo que a su juicio son distorsiones en la cadena de valor, pero sin mencionar una palabra sobre el océano de pesos en el que flotamos. En una palabra, el jefe de Gabinete declara al Estado inocente de toda culpa inflacionaria y cree que el aumento de los precios se debe a que algunos vivos se queda con lo que no les corresponde en algún punto del camino que él define como la matriz “insumo-producto”. Como se ve tampoco hay demasiados cambios ni sorpresas en esta concepción como mínimo anticuada de la economía.

No llegó a decir lo que alguna vez afirmó Kicillof -que el comunismo había fracasado porque en la época de los soviets no existía el “Excel”- pero le faltó poco. Obviamente a Kicillof habría que preguntarle por qué, si el marxismo daba origen a un sistema de vida tan genial, no inventó el Excel 60 años antes que Bill Gates, pero bueno eso será materia de otra discusión. Lo cierto es que el dúo Capitanich-Kicillof cree que si alguna “variación de precios” existe, se debe a que no están bien aceitados los controles sobre la cadena de valor (a la que habrá que someter a la fiscalización de los nuevos burócratas de la planificación central) y no a que el peso vale cada vez menos porque se imprime cada vez más.

Como consecuencia del teorema de la teoría del valor (“el valor de una cosa es inversamente proporcional a su cantidad”) la moneda argentina puede adquirir cada vez menos bienes con las mismas unidades porque esas unidades (por su abundancia) cada vez valen menos. En consecuencia hay que agregar más unidades para comprar lo que antes se compraba con menos. Esta es la inflación. Por supuesto que, desatado el incendio, puede haber vivos que se aprovechen, pero la mecha del problema no son los vivos, sino la emisión.

De la emisión el único responsable es el Estado, al comando del cual parece estar ahora el nuevo jefe de gabinete. Atacar a los vivos no solucionará el problema porque sería como ponerse a arreglar los cuadros de una pared cuando la casa se incendia. Pero siempre es mejor encontrar un culpable en el sector privado que en el Estado. Como se ve, aquí también hay más de lo mismo.

El gobierno tiene un déficit de 80 mil millones de pesos porque gasta más de lo que recauda. Financia ese déficit con emisión, es decir le pasa el problema a la gente, vía inflación y presión cambiaria. Y por lo que se ve, más allá del intrincado lenguaje que Capitanich use para explicarlo, no parece que vaya a haber cambios en esos frentes.

El jefe de Gabinete no parece estar preguntándose por qué la gente de repente comenzó a comprar autos de lujo o paquetes turísticos. Sólo parece inclinado a reprimir esas conductas pero no a tomar medidas que solucionen el origen del problema. En ese sentido, claro está, también comparte la visión persecutoria de Kicillof que como buen marxista se mueve por el principio de “orden-obediencia-sanción”.

Para el nuevo dúo dinámico el problema del control es que no ha sido suficiente el que se ejerció hasta aquí. Habrá que bajar y meterse aún más en la vida privada de los ciudadanos para que las cosas se arreglen.

En el otro capítulo que más preocupa a la sociedad -la seguridad ciudadana-, Capitanich también pareció hacer un enorme “oleeee”: dijo que ese es un problema de las jurisdicciones provinciales y que no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad como había propuesto Martín Insaurralde -hoy en St. Barths junto a Jessica Cirio- en la campaña.

En lo que sí puede considerarse una sorpresa, Capitanich confirmó que la ley de responsabilidad del Estado y la reforma y unificación de los códigos civil y comercial pasan al año 2014.

Se trata no sólo de un cambio en el tiempo sino del sentido de la urgencia con la que hasta ahora el gobierno y sus bloques legislativos habían manejado el asunto. De repente todas las “explicaciones” que se habían dado para justificar el apuro han caído y lo que debía sacarse por un trámite “express” ha pasado a la agenda legislativa del año que viene.

El jefe de gabinete no dio su opinión sobre el fondo de esas materias (sobre que le parece  que de ahora en más el Estado no deba reparar los daños que le cause a los ciudadanos privados, que los derechos individuales queden supeditados a lo que se llama “derechos de incidencia colectiva” o a que quien contrajo una deuda en moneda extranjera pueda cancelarla en pesos al tipo de cambio oficial) pero desde ya que la sola postergación de la aprobación de esta megarreforma es una señal sugestiva que no puede soslayarse.

Más allá de eso no caben dudas que estamos frente a un proceso de profundización de un modelo estatista, colectivista, restrictivo de derechos civiles, que se inmiscuye cada día más en la vida de todos nosotros, que nos asfixia con impuestos y que pronto se declarará inmune frente a nuestros reclamos. No hay nada nuevo bajo el sol, sólo la aparición de un nuevo personaje con ambición presidencial que se ha presentado ante todos con una catarata de palabras difíciles detrás de la que seguramente pretende ocultar una realidad que pronto le pesará sobre sus propios hombros.