La aparición de la nada de Máximo Kirchner en la boca de todos los referentes camporistas como un dirigente de altura, capaz de postularse incluso hasta la mismísima presidencia de la nación es una guasada tan grosera que cualquiera se da cuenta de que se trata de una maniobra de instalación persiguiendo el doble efecto de seguir jugando con el apellido Kirchner en una boleta electoral y, de paso, entregarle al hijo presidencial la protección judicial que necesita (o bien el orden de los objetivos podría ser el inverso).

Máximo aparece ahora involucrado junto a Nilda Garré en cuentas secretas y multimillonarias en los EEUU, las Islas Caimán e Irán. Como todo argumento para negar la información, Kirchner dijo que hace 13 años que no sale del país -en el marco de una entrevista que le hizo el relator deportivo kirchnerista Víctor Hugo Morales- como si salir físicamente del país fuera necesario en el siglo XXI para abrir una cuenta en un banco.

El hijo de la Presidente también aparece comprometido, en su carácter de titular de la firma Hotesur, la empresa administradora de los hoteles presidenciales, en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, causa, dicho sea de paso, que ha entrado en un sugestivo impasse, coincidente con el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal que ordenó archivar por segunda vez la denuncia Nisman-Pollicita-Moldes.

Todos estos destellos de vida activa que demuestra el gobierno, no solo evidencian que el kirchnerismo sigue teniendo un dominio notorio de los medios y del centro del ring, sino que sigue representando como nada esa esencia argentina que sin dudas nos ha depositado donde estamos.

Una de esas características de la filosofía nacional es escasa vocación por enfrentar al poder. Debe alguien que supuestamente lo ostenta estar muy en la lona para que la sociedad decida enfrentarse a él. Quizás el ejemplo moderno más sintomático de esa veta del carácter nacional sea Fernando De La Rúa, que pagó con su ostracismo el ensañamiento que la sociedad tuvo para con él una vez que ya era seguro que el ex presidente no tenía ningún poder. Fue Gardel cuando se presentó como la antítesis de Carlos Menem (otro inmolado cuando perdió todo el poder) y luego fue tratado como un trapo de piso.

Recién lo adelantábamos, pero Menem fue otro caso. Más allá de insinuaciones más o menos estentóreas (como ahora pueden tener los Kirchner) la sociedad se aseguró de que estuviera bien “muerto” antes de “matarlo”.

Se trata de una característica muy cobarde de los argentinos que parecen muy gallitos cuando las consecuencias son más o menos intrascendentes, pero que se van al mazo cuando las papas queman.

Este encuadre genérico le cae como anillo al dedo a algunos jueces, por ejemplo, que sin conciencia de su deber republicano, negocian sus fallos con quien aparece aun con el calor del poder.

¡Y qué decir de los miles de acomodados, ñoquis, militantes convenientes, titulares de curros que encontraron el filón de vivir sin trabajar y gritando “Argen-tina, Argen-tina… y de otros tantos que temen perder los distintos sobornos económicos con los que el kirchenrismo ha comprado voluntades y acciones durante estos últimos doce años!

Sobre la base de esas flaquezas de carácter especula gran parte de la estrategia electoral del gobierno y también la búsqueda de protección para los integrantes de la familia presidencial.

El kirchnerismo sigue siendo un movimiento muy representativo de todas estas bajezas. Las ha explotado como nadie; las ha estimulado y potenciado hasta donde su ingenio y su creatividad le permitió extenderlas y sigue especulando con su utilización aun en el último tramo de su vida en el poder.

Se anima incluso a desafiar ese final, echando a rodar el apellido de su emblema y ensayando un plan de copamiento de todos los centros estratégicos del poder con miles de integrantes de su tropa, siempre lista para acudir en ayuda del portador de los billetes. Condiciona con éxito la vida  política del candidato más pusilánime que recuerde la historia reciente, amenazando con nombrarle a todos sus colaboradores, a todos sus diputados y a su compañero de fórmula, bajo la amenaza de dejarlo afuera de la iglesia kirchnerista y confiesa abiertamente que, a lo sumo, “entregará el gobierno pero no el poder”.

La sociedad argentina es una amalgama (si es que la hay) rara. Pero si hay algo que no es, es brava. Es cócora, pero no brava. No está cómoda en el riesgo y el gobierno ha desentrañado ese íntimo pliegue con astucia y picardía. Tiene a medio país sobornado con el miedo a hacerle creer que esto que tiene hoy es lo máximo que puede tener y que, en manos de otro, lo puede perder. Los argentinos (o una mayoría decisiva de ellos) que tranquilamente podrían haber sido los autores de la frase “más vale pájaro en mano que cien volando” son un mercado tentador para quien quiera correrlos con el temor.

El núcleo central del país no es ambicioso; adora los productos y las consecuencias de la ambición, pero no es ambicioso. La sociedad tiene un centro mayoritario conservador, temeroso y quedado; el vuelo no es lo suyo; la altura, tampoco.

En esas aguas pretende nadar el gobierno y a ese núcleo quiere apelar con el apellido Kirchner y la ignota figura de Máximo. Todo el núcleo duro del kirchnerismo responde a esas características. Me refiero al núcleo social, no a la militancia acomodada y explotadora de los recursos públicos. Y en ese campo va el oficialismo a plantar sus esperanzas de ganar. Por eso las próximas elecciones no solo decidirán un presidente sino que servirán para seguir teniendo pistas sobre la definición más profunda del carácter argentino.

Pero otros que aspiren a conservar al menos algo de esa honestidad deberán pensar dos veces las cosas antes de inhibir la apertura a prueba de la investigación. Archivar la denuncia de un delito sin investigarlo, sin siquiera tener la curiosidad profesional de producir al menos un puñado de las pruebas solicitadas por los fiscales, es de una temeridad tal que se hace impensable en el caso de tres jueces de Cámara.

Ya resultó bastante inexplicable que el juez Daniel Rafecas haya fallado como lo hizo, valiéndose incluso de documentos que le acercaron los fiscales de Justicia Legitima que se hicieron cargo de la Unidad Fiscal AMIA, documentos que no figuraban en la denuncia de Pollicita y que, sin embargo, sí fueron utilizados como “prueba” de “descargo”, aunque, al mismo tiempo, no se habilitó la producción de ninguna de las pruebas “de cargo”.

Ese manejo completamente parcial, discrecional y arbitrario del juez no puede volver a repetirse; la sociedad tiene derecho a saber si la denuncia tiene fundamentos antes de ser archivada. 

Si la Cámara dispone la apertura a prueba y el inicio de la investigación, la presidente necesitará de un paraguas político que la cubra de semejantes inclemencias.

Otro tanto ocurre con Hotesur, la causa que investiga el juez Claudio Bonadio y en donde aparece involucrada no sólo la Sra de Kirchner sino el resto de la familia presidencial, empezando por su hijo Máximo. Las comprobaciones que ya están en manos del juez son lo suficientemente graves como para que la presidente sepa que no puede quedar huérfana de un dique de contención.

Y luego está, por supuesto, el costado político. Una lista de diputados provinciales encabezados por ella misma, mandará a Daniel Scioli al descenso; quiero decir, a los eventuales candidatos del gobernador a ocupar lugares en esas listas. La sábana se llenara de camporistas que intentarán arrastrar, con Cristina a la cabeza, la mayor cantidad de lugares en la cámara baja y con ello condicionar seriamente las posibilidades de cambio del próximo gobierno.

La elección de octubre renueva la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Con ello queda claro que la otra mitad de diputados y dos tercios de los senadores actuales quedaran en sus lugares. Si el kirchnerismo lograra neutralizar el efecto cascada que siempre produce una elección presidencial y de ese modo mantener un número mínimo de diputados capaz de obstruir cualquier iniciativa que tendiera a desmantelar el tipo de sistema socioeconómico instaurado en los últimos doce años, indudablemente habría obtenido una victoria política resonante.

La Presidente está apostando a ese escenario. ¿Puede ese horizonte llegar al extremo de expulsar a Scioli de las filas “oficiales” para presentar una variante de kirchnerismo puro y duro? Es posible. Algunas espadas importantes del oficialismo ya se encontrarían trabajando detrás de una idea como esa.

Hace unos días el dirigente camporista José Ottavis lo dijo con todas las letras: ellos sueñan con una continuidad cristinista en manos de Kicillof, Larroque, o De Pedro lo que sería un sinceramiento neomarxista del gobierno. Zanini -otro que comulga desde su juventud con las mismas ideas y que solo se unió al peronismo por conveniencia electoral de acuerdo al plan trazado por el “entrismo” sesentista- también adhiere a la misma idea.

¿Puede una candidatura de la Sra de Kirchner cambiar la composición del caudal electoral del kirchnerismo? Es difícil. A la Presidente podrá convenirle personalmente (por las razones judiciales expuestas) mantenerse al calor de una candidatura. Pero el gobierno podría entregar al ruedo político a su principal ficha que dejaría las Altas Torres del palacio para bajar al barro de la pelea y de los pases de factura. En la oposición parece haber una larga lista nombres anotados para agregar más agua y más tierra a ese barro.

La presidente deberá decidir esto de aquí a 60 días. No le queda mucho tiempo. Si desistiera de competir (y este puede ser otro elemento que tenga en cuenta para su toma de posición) el fragor de la campaña la puede dejar sin protagonismo, incluso entes de ese tiempo, cuando empiecen las PASO en la ciudad. Las fichas de la conveniencia están puestas en su candidatura. Hay millones de razones por las que la Presidente no querrá quedar marginada de la campaña que viene.

La sala sorteada para entender en la apelación ha sido la sala I, la misma que declaró inconstitucional el memorándum con Irán y la misma que confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa Hotesur. Antes de eso, el fiscal Carlos Rívolo deberá elevar su dictamen sobre la procedencia de la apelación, en lo que todo el mundo prevé como un respaldo incondicional a la investigación que pide Pollicita.

Éste, a su vez, se basó en hechos prácticamente derivados del sentido común para pedir a la Cámara que se aboque al entendimiento en la causa: “Señores, por favor investiguen; lo que les estoy presentando no es una sentencia, es simplemente eso: un pedido de investigación… Creo que hay suficientes medidas de prueba pedidas como para desestimar in límine la actuación”.

Eso fue precisamente lo que hizo Rafecas: el juez abiertamente dijo que ni siquiera se había tomado el trabajo de escuchar una de las miles de grabaciones adjuntas a la denuncia. Conforme esos audios se han ido escuchando, a la gente común se le hace cada vez más difícil entender cómo el juez no tuvo siquiera la curiosidad de prestarles atención. O a lo mejor sí lo hizo y por eso falló como falló y luego dijo lo que dijo.

La investigación debe ser en primer lugar una oportunidad de defensa para los señalados como responsables del encubrimiento o del intento de encubrimiento. Pollicita insiste en que el hecho de que el delito no se haya consumado por razones ajenas a quien lo intentó no es suficiente causa de inocencia y que, en todo caso, la figura sería la del encubrimiento en grado de tentativa.

Pero lo mejor que puede ocurrirle a la Presidente, al Canciller, a Larroque, a D’Elía, a Esteche y demás imputados es tener una oportunidad judicial de aclarar su situación.

En ese contexto, resultó apresurada la solicitada publicada ayer por el gobierno cuando los tiempos de la apelación aún estaban abiertos. Es posible que dicho apresuramiento se haya basado en las seguridades que tanto Julio De Vido como Wado De Pedro parecían darle a la presidente en lo que respecta a la suerte de una eventual apelación: esos operadores entendían que Pollicita no apelaría. Parte de los argumentos del gobierno se basan en la existencia de borradores encontrados entre los papeles de Nisman de los cuales se desprendía que el fiscal tenía una opinión distinta del caso y de la posición del gobierno un tiempo atrás, lo cual debilitaba todo su razonamiento. Esa línea de operación especulaba con que el nuevo fiscal interviniente conocía esa circunstancia y por lo tanto archivaría el caso.

Sin embargo, esa situación fue suficientemente aclarada por una de las secretarias de Nisman que presentó un documento ante la Justicia explicando que el fiscal, dados los hechos nuevos que llegaron a su conocimiento a partir del memorándum, había cambiado radicalmente de opinión.

El Gobierno olvida que, quizás con ese mismo criterio (el de basarse en borradores descartados), Nisman pensó en algún momento en pedir la detención inmediata de la Presidente. Pero luego de lado esa iniciativa y optó por otro camino.

Lo que Pollicita explica respecto de este punto también parece estar cargado con la misma dosis de obviedad que de sentido común: lo único que vale y que puede ser tomado en cuenta por los jueces es el cuerpo final de la denuncia, no sus borradores preparatorios. Concluir lo contrario implicaría darle fundamento a la idea de que los jueces podrían especular con detener a la Sra de Kirchner, tal como alguna vez lo pensó Nisman. Y eso, claramente, no puede ocurrir.

Otro tema a prestarle atención a partir de ahora será como la Sala I de la Cámara meritúa su propia decisión respecto del memorándum. Como estos jueces ya se han pronunciado muy duramente en el sentido de que dicho documento atenta contra la Constitución, es posible que consideren que esta es una causa muy próxima a aquella otra y que decidan excusarse. En ese caso debería intervenir la Sala 2.

La Sala 1 está integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah que en muchos caso tuvieron fallos cercanos a los intereses del gobierno pero que últimamente además de las dos decisiones ya apuntadas sobre Irán y Bonadío, también confirmaron el procesamiento del vicepresidente Boudou.

Estos puntos de vista deberían ser normales y, además, indicadores de que, en algún punto, la Justicia sigue funcionando con algún grado de lógica jurídica, dando o quitando la razón según sea su interpretación de la ley en cada caso concreto.

Lo cierto es que el caso que pareció llevar tranquilidad al seno presidencial y que le dio un aire triunfalista al último discurso de la Sra de Kirchner ante la Asamblea Legislativa está abierto nuevamente. La presidente debería tomar esto como una oportunidad para demostrar su punto: si las escuchas son una truchada, si Khalil no era un representante de la diplomacia paralela de Irán, si los cursos de acción de su gobierno no pasaban por estos canales antes que por las formalidades de las cancillerías y si el gobierno no intentó desimputar a los sospechosos de la voladura de la AMIA por razones estratégicas, comerciales, ideológicas o las que fueran. Eso, como decía Nisman, no está en discusión y el Poder Ejecutivo tendría sus argumentos para defender la postura de que está facultado para decidir qué sesgo le da a su política exterior, a su relacionamiento internacional de comercio o con qué aliados decide transitar la vida. Claramente esas cuestiones están fuera del alcance de los jueces. Pero lo que el Poder Ejecutivo no puede hacer es buscar esos objetivos derribando una investigación judicial completa porque le resulta incómoda a sus propósitos ideológicos, comerciales o de posicionamiento internacional. La causa le da a la Presidente una oportunidad de aclararlo y de poner todo esto en blanco sobre negro.

El gobierno parece estar adoptando esta actitud infantil para todo aquel que lo acusa de algo: si me denunciás por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, te denuncio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva. Es genial; es estúpido.

En la causa en la que el juez Claudio Bonadio estudia el caso de la empresa Hotesur, de propiedad de la familia presidencial, ya están acusados por los mismos delitos que el juez investiga, el propio magistrado, la denunciante y la principal testigo.

En efecto, primero el mismísimo Banadío y luego Margarita Stolbizer y Silvina Martinez una ex empleada de la IGJ que presentó su testimonio ante el juez han sido denunciados por hacer lo que ellos dicen que hacen los funcionarios.

Se trata de una regresión a la adolescencia. Margarita Stolbizer podrá tener éstas o aquéllas ideas pero ¿quién puede creer en su sano juicio que lava dinero o que se enriqueció ilícitamente?

Resulta francamente increíble este tipo de respuesta. Parecería que uno está frente a un camorrero, antes que frente a una persona adulta, a cargo del Estado.

La propia presidente por Twitter hizo revelaciones sobre la situación legal de una sociedad en la que Bonadío es parte, olvidando que es algo muy parecido a un delito que un funcionario revele la situación patrimonial de otro, a la que tuvo acceso justamente por ser funcionario. Nadie puede valerse del hecho de que, por ser funcionario público, uno tiene acceso a determinada información de ciudadanos particulares, para, después, andar divulgándola por allí para obtener una ventaja personal o ejercer una presión indebida. Pero se ve que la Sra de Kirchner es muy afecta a esos procederes: ya lo había hecho con el inmobiliario que se había atrevido a opinar que el cepo cambiario había afectado al mercado inmueble y con aquel abogado a quien tachó de amarrete por regalarle solo un alfajor a su nieto.

Hoy el diputado Roberto Felletti dijo que “ordenar un allanamiento de una empresa en la cual la Presidente es parte,  para crear sospechas sobre su buen nombre es una actitud absolutamente golpista”. “El procedimiento del allanamiento fue innecesario, no recabó ninguna información. Lo hace en connivencia con otra diputada, como Stolbizer, que también tiene ribetes golpistas”, agregó.

A ver, Felletti, vayamos con cuidado. Invirtamos el argumento y preguntemos ¿qué podría esperarse de funcionarios que saben de antemano que cualquier acción de investigación que quiera insinuarse contra ellos sería catalogada inmediatamente como “golpista”? Si a ningún funcionario no se lo puede tocar porque el mero hecho de amagar hacerlo significa protagonizar un intento de golpe, ¿dónde quedan los frenos y contrapesos de la Constitución, Felletti? Si un funcionario sabe que es intocable; que está más allá de la ley aplicable al resto de la ciudadanía; si los temores a la aplicación de la ley que tiene el resto de los ciudadanos lo tiene a él (o a ella) sin cuidado, ¿dónde terminaríamos, Felletti? ¿No le convendría volver a los libros, Felletti? Salvo que usted tenga una visión medieval de la Argentina y quiera proponer un esquema feudal de minorías privilegiadas integradas, entre otros, por usted mismo, su razonamiento está completamente fuera de foco… y fuera de la ley también.

El artículo 16 de la Constitución dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es decir: todos somos iguales; nadie es superior a nadie, ni por título, ni cargo, ni fortuna, ni títulos, ni nada. ¿Ha venido el gobierno de los Kirchner a delinear otra fisonomía para la Argentina, Felletti? Porque si así fuera, sería interesante que tuvieran la valentía de decirlo; con todas las letras: “Venimos a imponer una nueva nobleza que está por encima de ustedes y que no puede ser investigada porque se haya desligada del cumplimiento del orden jurídico general”. Diganlo. No es difícil. Me llevó apenas un reglón y medio escribirlo. Pero no lo den a entender: diganlo. Aunque crean que han dado ya suficientes muestras de que ese es su objetivo, no importa: díganlo. Diganselo en la cara al pueblo, a los “40 millones de argentinos”, como repite la locutora oficial.

Que la presidente tome el micrófono y diga: “Pretender someterme a mí a las leyes a las que están sometidos ustedes es un acto destituyente y todo aquel que pretenda investigarme a mí o a los funcionarios de mi gobierno bajo el imperio de esas leyes, será considerado, por ese solo hecho, como golpista; como alguien que quiere derrocarme por trabajar para intereses foráneos y corporativos que solo persiguen el perjuicio del pueblo”.

Es hora de dejar los infantilismos atrás. De un lado y del otro. El gobierno debe dejar de pronunciar “que te ‘recontras’” y la sociedad debe dejar de creer en el cuento de hadas de que los funcionarios deben gozar de impunidad para que puedan dedicarse a cuidar al pueblo.

Esto es una República, muchachos, por si no se dieron cuenta. Hay esfuerzos denodados por convertir a la Argentina en una República Bananera. Pero eso no quiere decir que vayan a tener fatalmente éxito, si algunos resortes de reacción están con vida aún.

Es lo que denunció Marcelo Bonelli en Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las órdenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que hacés”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecución política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la Presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo también explicaciones por ello.

Frente a esto, el Jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de quien se siente totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del poder judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de gabinete? ¿acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así Capitanich estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente. 

Según esta visión los funcionarios, desde la Presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”. 

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.