El caso del periodista deportivo que acompaña a Mauricio Macri desde hace algunos años en la política tiene, evidentemente, distintas aristas -todas muy interesantes- desde las cuales observar el fenómeno.

En primer lugar, hay que decir que si la contratación de Niembro por parte del Gobierno de la ciudad estuvo fuera de la ley, está muy bien que el decoro lo haya llevado a la renuncia. Aunque no parezca, se trata de un gesto infrecuente en la política de hoy, en donde funcionarios de elevada jerarquía que han recibido acusaciones y hasta imputaciones de delitos concretos han seguido en sus cargos como si nada.

En segundo lugar, llama la atención la saña con la que algunos, incluida la mismísima Presidente, se han referido al tema y a la persona de Niembro, cuando sobre sus espaldas cuelgan sospechas de todo tipo y, por cierto, de una envergadura mucho mayor que el contrato que se atribuye al periodista.

El mensaje parecería ser el de que, en el fondo, toda la política y todos los políticos están teñidos por la corrupción y que, entonces, esa temática debería desaparecer por completo de la discusión electoral, porque, como están todos “empatados” en el rubro, es mejor hablar de otras cosas.

Es en ese sentido en que el apartamiento de Niembro tiene un valor. Luego, si la Justicia determina que efectivamente hubo irregularidades, naturalmente los responsables deberán dar las explicaciones que correspondan.

En cuanto al tema tucumano, la noticia obviamente desbordó la atención de la Argentina. Solo el fuerte temblor en Chile, con repercusiones hasta en la propia ciudad de Buenos Aires, logró sacar, aunque sea por instantes, ese tema de la mira de la opinión y de la información.

No es para menos. Se trata de la primera vez desde el retorno de la democracia que la elección general completa de una provincia entera es anulada por la Justicia por entender que existen elementos suficientes como para creer que el resultado fue la consecuencia de un fraude o de serias irregularidades en el comicio y en el escrutinio.

Ese solo dato alcanza para comprender la gravedad de la situación. El acto electoral es para las democracias institucionales un elemento fundamental para construir la base de confianza y legitimidad en la que se tiene que sostener la relación entre gobernantes y gobernados. Si se sospecha desde el inicio que el elegido es un impostor, se quebrará para siempre esa confiabilidad y será muy difícil restaurarla desde el ejercicio del poder.

Para la democracia de masas -en la que lamentablemente hemos caído los argentinos- el acto electoral es la vida misma. Hay que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarlo, porque ganado, será ese el argumento para decir que los elegidos son la encarnación completa del pueblo y que los que perdieron son el antipueblo, la antipatria, los enemigos de la nación.

De modo que en un sistema así, las presunciones deben ser siempre contrarias a los que ejercen el poder, porque para no perderlo estarán dispuestos a hacer cualquier cosa.

Y lo que se construyó en Tucumán es un feudo medieval, con gobernantes que confiesan tener 10 mansiones, que se dirigen a los gobernados como si fueran seres inferiores, quienes deberían agradecer el sacrificio que ellos hacen, que disfrutan de viajes y prerrogativas absolutamente prohibitivas para el hombre común y que se comportan en sus vidas como si estuvieran por encima de la ley y como si el Estado fuera parte de su patrimonio personal.

Este caudillaje subdesarrollado debe desaparecer de la Argentina. Parece mentira que hayan pasado 162 años desde que se sancionó la Constitución, en Santa Fe, el 1.^o de mayo de 1853 y todavía estemos padeciendo de las mismas anomalías que antes de su jura, con “patrones de estancia” que manejan territorios republicanos como si fueran de su propiedad.

Y aquí hay una cuestión cultural de por medio, porque tampoco podemos caerle a José Alperovich como si fuera una encarnación repentina del mal y que antes de él Tucumán era la réplica de un cantón suizo. No. Esta es la continuidad -mejorada y aumentada, claro está- de un modelo que impera en el interior de la Argentina y que el matrimonio Kirchner decidió, hace 12 años, exportarle a la nación.

Está claro que la Argentina tampoco era Suiza antes de los Kirchner, pero, a nivel nacional, algunas salvajadas que eran normales en las provincias feudales o no se conocían o se evitaban.

Todo eso cambió con la llegada del matrimonio del sur. La idea de Néstor y Cristina Kirchner fue replicar el modelo feudal de Santa Cruz, sin división de poderes, sin rendición de cuentas y tomando al Estado como parte del patrimonio familiar.

No caben dudas de que, en el sentido institucional, la Argentina involucionó notoriamente en estos últimos doce años y que lo que ocurrió en Tucumán se inscribe en ese marco de deterioro de la ley y el derecho.

De todos modos, es altamente positivo el coraje demostrado por el tribunal, que se animó a fallar en contra de los intereses de quienes mandan para privilegiar la intachable confianza que debe surgir del acto electoral.

Ojalá podamos tomar esto que sucedió allí como un punto de partida y como un ejemplo que se expanda a las demás provincias y a la nación entera. No deja de resultar paradójico que el lugar en el que la Argentina nació oficialmente al mundo haya sido también el lugar que puede convertirse, de ahora en más, en el sitio en que nació la república institucional, aquella en donde gobierna el derecho y no los deseos interesados y caprichosos de los poderosos.

En esa línea se inscribe el antiguo vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney (también fue secretario de Defensa de George Bush senior), que acaba de publicar un libro junto a su hija Liz en donde considera que debido a las políticas del presidente el país está más vulnerable a atentados terroristas hoy que antes del 11 de septiembre de 2001.

Con un nuevo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas y al edificio del Pentágono en Washington avecinándose, el libro del los Cheney, Exceptional, es un alegato en favor de volver a una política dura en materia de presencia militar de los Estados Unidos. El relato trata de justificar por qué el mundo necesita de unos Estados Unidos poderosos.

Si bien el país ha conservado la tradición de que los Gobiernos salientes no critican a su inmediato sucesor, no ha sido el caso de Cheney, que no se ha privado de nada cuando le ha llegado el turno de hablar de Obama y de su presidencia.

El antiguo vicepresidente sostiene que el centro de la próxima elección debe concentrase en reconstruir la fortaleza militar norteamericana, algo que podría calificarse como políticamente incorrecto, pero que el funcionario no disimula para nada.

En general, los términos de la corrección política en los Estados Unidos es completamente diferente de lo que por ello se entiende en la Argentina. Mientras en nuestro país muchas veces se toca la hipocresía o se recurre a la herramienta de la indirecta, cuando de política se trata, en Estados Unidos las cosas se dicen con mayor frontalidad y eso no necesariamente genera un escándalo. Puede sí producir reacciones controvertidas, pero todo el mundo entiende que ese es precisamente el juego de la democracia.

Cheney rechaza completamente la idea de que la invasión norteamericana a Irak haya sido la causante de todos los problemas que sucedieron luego en la zona. Al contrario, considera a Obama directamente responsable de la aparición de ISIS por haber retirado las fuerzas norteamericanas de Irak sin dejar una dotación con el suficiente poder como para ayudar al naciente nuevo sistema iraquí a desarrollarse y echar raíces sin que peligros como el que terminó ocurriendo sucedieran. Hoy entiende que los Estados Unidos deberían estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer para terminar con la amenaza de los decapitadores, incluida la posibilidad de desplegar fuerzas militares terrestres.

En lo referido al acuerdo con Irán, que muchas veces ha sido utilizado por la señora de Kirchner como elemento de prueba a su favor en el sentido de que negociar con los iraníes no es pecado (en una completa tergiversación de los hechos, ya que en el caso argentino el Memorándum de Entendimiento supone el desconocimiento constitucional del principio del juez natural y el apartamiento de la Justicia argentina de un hecho criminal sucedido en su territorio), Cheney es contundente: El país se arrepentirá en el futuro si el Congreso aprueba ese acuerdo.

En medio de fuertes controversias sobre cómo el país piensa compatibilizar sus fines de seguridad con la vigencia de las libertades de la Constitución, Cheney se muestra partidario de sostener los interrogatorios que Obama ha calificado como de “tortura” y cree que el país sería demasiado estúpido si se desnudara voluntariamente de sus posibilidades de defensa. El allí cunado insiste: “Hoy estamos más inseguros que el 11 de septiembre ‘gracias’ a las políticas del Presidente”.

Preguntado sobre si no le causa reparos romper con aquella tradición de no criticar al sucesor, responde firmemente que lo que le causa reparos es la manera en que el presidente Obama conduce el país.

Y su mayor “reparo” es el bendito acuerdo con Irán, que tiene fecha de vencimiento para que el Congreso lo apruebe el próximo 17 de septiembre. Si las cámaras lo rechazan, Obama anticipó que vetará el rechazo. Y según se cuenta en los pasillos del Senado, el Presidente estaría en condiciones de conseguir los 34 votos demócratas que necesita para respaldar su veto.

Cheney asegura que los congresistas que voten a favor del acuerdo se arrepentirán en el futuro. “Verán ese voto como uno de los peores de sus vidas”, dijo como para que no le queden dudas a nadie acerca de cuál es su opinión.

]]> http://opinion.infobae.com/carlos-mira/2015/09/02/reprobando-al-conductor/feed/ 0 http://opinion.infobae.com/carlos-mira/2015/07/05/el-default-judicial/ http://opinion.infobae.com/carlos-mira/2015/07/05/el-default-judicial/#comments Sun, 05 Jul 2015 10:15:38 +0000 Carlos Mira http://opinion.infobae.com/carlos-mira/?p=928 continuar leyendo →]]> Desde estas columnas hemos trasmitido incesantementew la idea -y la convicción- de que somos nosotros la principal causa de lo que nos pasa y de que somos nosotros los últimos responsables de lo que finalmente termina ocurriendo en la Argentina.

Eso está claro y surge hasta de la lógica democrática que, teóricamente, permite elegir. Pero también es cierto que algunos estamentos institucionales de la Argentina han fallado completamente a la hora de ejercer su función y no han sabido poner en funcionamiento los mecanismos que la Constitución prevé para que ciertos descalabros que hemos vivido en estos años se evitaran.

Nos referimos concretamente al deslucido papel que han jugado muchos jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El último escalón de esa “sacada del (cuerpo) a la jeringa” ha sido la lavada de manos que se pegó el más alto tribunal cuando un fiscal lo convocó para que se expidiera sobre el caso de Luis María Cabral.

La Corte se sacó el balurdo de encima mediante una formalidad, que es como estar acomodando los cuadros del living en el medio de un incendio.

Resulta francamente triste ver tanta pusilanimidad y especulación política cuando los derechos y las libertades públicas están en juego. Uno no tiene demasiada noción acerca de qué más debería pasar en el país para que, quienes corresponda, se den por enterados de que lo aquí existe es un intento serio y profundo de instaurar un régimen de mano única en donde la división republicana de los poderes desaparezca. Se trata de un verdadero golpe constitucional con el aparente “respeto” por la Constitución.

En efecto, con la incomprensible anuencia de algunos jueces, lo que se intenta es saltear la Constitución, estableciendo un sistema paraconstitucional, que derogue lo dispuesto en 1853 y que lo reemplace por un nuevo orden diseñado por la hegemonía del Gobierno.

Se trata del más sofisticado intento de borrar el orden liberal, democrático y republicano de la Constitución sin pasar por los escabrosos procedimientos de reforma, para los que, los protagonistas de este anhelo, saben que no tienen los votos: “como no tenemos los votos lo vamos a hacer igual, haciendo como que lo hacemos dentro de la ley…”

El choque entre ese intento y la Constitución debería ser marcado por los jueces y es este el paso que está fallando. Es cierto que ya gran parte de la Justicia ha sido colonizada y que muchos casos que recaen en jueces partidistas son desechados precisamente por eso. Pero otros, que incluso han llegado al más alto tribunal, no han recibido el trato serio y preocupado que deberían haber tenido, sino que fueron respaldados, dándole el gusto a un Gobierno que no siente por las valoraciones republicanas el más mínimo respeto.

Se trata de una verdadera claudicación. El país no ha honrado su organización de reaseguro. Todas las precauciones habían sido tomadas por los constituyentes para que la Argentina no volviera a caer en el autoritatismo. Las mejores instituciones del mundo habían sido adaptadas en el texto de 1853 para que estuviéramos protegidos contra ese flagelo.

Pero quienes han tenido la responsabilidad de hacer funcionar ese sistema no has estado, evidentemente, a la altura de la circunstancias.

Es cierto que la sociedad tiene su parte gruesa de responsabilidad porque no se ha manifestado con su voto en contra de estos regímenes mesiánicos. Al contrario, ha votado a figuras carismáticas que han ido perfilando un gobierno de culto. Pero aquellas personas que se suponen formadas y que han llegado a ocupar los escaños reservados a la defensa última de la libertad, han defaulteado su deber. No se sabe si el miedo, si el amor a los sillones o si el matonismo han sido más fuertes que el amor por la dignidad y por la vigencia de los derechos civiles. Pero lo cierto es que el resultado práctico final es un páramo desierto cuando el ciudadano que aún le importa vivir en libertad levanta la mirada y busca casi desperadamente un auxilio.

Las “comisiones especiales” eran una norma en la dictadura rosista durante la cual era común someter a los opositores al régimen a “juicios populares” llevados a cabo por una variante de la mazorca con el nombre de “comisión especial de juzgamiento”

Se trata también de un expediente común en los totalitarismos que pretenden teñir de “avanzada popular” lo que no es otra cosa que una de las tantas manifestaciones de un régimen opresivo.

La característica principal de las comisiones especiales es la discrecionalidad y lo arbitrario de su composición y ensañamiento: nadie está seguro bajo un régimen de comisiones especiales, ni siquiera aquellos que son partidarios de ellas, porque como hoy están sentados en las bancas de los acusadores, mañana podrán estar en el banquillo de los acusados.

La ley general y ecuánime es el remedio constitucional contra esta arbitrariedad. No obstante, los constituyentes creyeron conveniente ser aun más rotundos y decir con todas las letras que ningún ciudadano puede ser sometido a los caprichos de una “comisión especial”

El sometimiento artero y de baja estofa contra el juez Fayt no es otra cosa que esto: la constitución de una “comisión especial” para juzgar a una persona por haber cometido el delito de cumplir años.

La declaración del jefe de Gabinete Aníbal Fernández en el sentido de que “si el juez no se somete a la requisitoria, la cuestión podría ser peor” constituye una amenaza contra las instituciones de la República que, sin más trámite, debería provocar su renuncia, por una abierta y confesada pugna con los principios establecidos en la Constitución, en donde se protegen los derechos y las garantías de la personas.

Quienes participan o endosan esta locura ni siquiera advierten que mañana podrían quedar atrapados por ella. Disfrutan alegremente de su posición de fuerza como si esta fuera a extenderse por siempre. Pero se les escapa que aquí no hubo un “ejercito” vencedor que hace gala de sus botas y de sus armas frente a ciudadanos vencidos e indefensos. Aquí gobierna la ley. Y la ley impide el atropello y las “comisiones especiales” para revisar personas. Aquí la ley impide botas pateando puertas y fuerzas de choque empujando ciudadanos.

Cuando se quiere impulsar un modelo estadocéntrico de la magnitud y profundidad que el que el kirchnerismo ha querido instaurar en la Argentina, muy particularmente a partir del año 2011, uno llega a la conclusión de que eso no se puede hacer manteniendo al mismo tiempo un sistema de libertades individuales y garantías constitucionales. Tarde o temprano ese modelo estadocéntrico lleva naturalmente  al autoritarismo.

Nos estamos acercando peligrosamente a esa etapa. Por lejana que parezca la situación por la que atraviesa el juez Fayt del tipo de modelo económico y de perfil social que el kirchnerismo ha querido instaurar, nos daremos cuenta, a poco que indaguemos, que ambas pretensiones están íntimamente vinculadas y responden a las mismas necesidades. No se puede hacer una cosa sin caer necesariamente en la otra.

El guerrillerismo ideológico, el marxismo económico y el fascismo político terminan siempre en “comisiones especiales”. Ha sido esa la regla del mundo y, por más original que se crea el kirchenrismo, no ha logrado escapar de esa regla de oro.

No se sabe si, en su descripción de la Justicia, lo de Rafecas habrá que tomarlo como proveniente de un poder aristocrático, antipopular y como tal ilegítimo. Porque si así fuera, la Presidente habría sentado las bases para dudar de la resolución que ahora la beneficia. 

Es una paradoja, pero cuando uno lanza una guerra contra alguien y luego ese alguien define una determinada situación a favor de uno, es como que la posición propia queda colgada de la palmera: ¿en qué quedamos: los jueces tienen imparcialidad para analizar equidistantemente las situaciones que se le presentan o no (porque son golpistas, elitistas, contramayoritarios y contrarios a la “voluntad popular”)?

Sea como sea, la expectativa por lo que la Presidente va a decir el domingo es alta. Por lo que va a decir y por cómo lo va a decir. Nadie espera una mano tendida ni un ofrecimiento de paños fríos. Al contrario, son muchos los que aseguran que se vienen varios baldazos de nafta al fuego.

Entre esas especulaciones se contaba la que muchos atribuyen a las iniciativas de Carta Abierta respecto de un núcleo central de la Constitución y que el gobierno tiene atravesada como un hueso de pollo en la garganta.

La presidente ha seguido en muchas oportunidades lo que Carta Abierta anticipa solo con horas de diferencia. Resulta obvio que ésa es su usina discursiva. Esos autodenominados “intelectuales” se la “tienen jurada” al control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Muy sencillo: que cualquier juez, de cualquier lugar del país, de la localidad más insignificante de la república, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso o de cualquier decreto o resolución del PE.

Se trata de una fortísima arma de defensa del derecho individual. Cualquier ciudadano, por pequeña que sea su influencia en la vida de la Nación, puede detener la aplicación de una ley para su caso personal si logra convencer a su juez natural de que lo dispuesto por la ley o por el decreto viola sus derechos y garantías constitucionales. Un gobierno con pretensiones absolutas no puede bancarse eso. Es así de sencillo: no puede bancárselo; necesita eliminarlo.

Necesita, en otras palabras, transformar el control constitucional en una ensalada de difícil aplicación práctica por la cual pueda decirle al mundo que en el país la constitucionalidad de las normas se controla (porque formalmente dispone de un sistema) pero en la práctica dicho esquema suponga para el ciudadano damnificado el embarcarse en un laberinto jurídico que nunca terminará por detener la ley o el decreto que lo perjudica. Eso se logra por la vía de concentrar el control de constitucionalidad.

Dijimos que la democracia supera su “prueba ácida” sólo cuando logra demostrar que puede proteger el derecho concreto de personas concretas. El resto, como diría Youssef Khalil, es “piri pipi”. Hablar de “mayorías”, del “pueblo”, de “los trabajadores”, de los “pobres”, de las “clases populares”, es no hablar de nada: los derechos son solo ejercidos por personas físicas o jurídicas. Hablar de que el gobierno “protege los derechos del pueblo, de los trabajadores, la las clases populares, de los pobres” es no decir nada. O, peor aún, es decir que no protege los derechos de nadie. Sólo si un sistema político es capaz de demostrar que una persona concreta en el caso de una violación concreta de su derecho tiene elementos sencillos y prácticos al alcance de su mano para defenderse, es una democracia. En caso contrario, no lo es. Es así de simple.

Vaya la paradoja, pero el control difuso de constitucionalidad de las leyes es el que le entrega al ciudadano común una herramienta concreta de defensa. Y por eso lo aborrecen. Y por eso lo quieren cambiar.

¿Cambiarlo por qué cosa? Por la creación, seguramente, de un mamotreto concentrado llamado “Tribunal Constitucional” cuyo acceso se haga difícil y lejano para el ciudadano común y -también paradójicamente- torne difusa su posibilidad de defensa frente al atropello del poder.

Como se ve, lo difuso es concreto (en términos de defensa de los derechos individuales) y lo concentrado es difuso, porque las personas concretas verán dificultado su acceso a un tribunal de defensa.

Esta sería una verdadera radicalización del gobierno y su intento de llevarlo adelante sin modificar la Constitución, un verdadero golpe de Estado.

La presidente ha decidido gobernar con La Cámpora, con Carta Abierta y con Milani como jefe de inteligencia. Es lo que indican los cambios de gabinete que ha introducido. Aníbal Fernández es un cruzado, Wado de Pedro un militante acérrimo y Milani un espía. Es lógico que no se pueda prever moderación ni para el discurso del domingo ni para lo que resta del año. 

Las causas judiciales que más preocupan a la Presidente -que no eran las que la imputaban como encubridora de los 8 acusados de la voladura de la AMIA- sino la que investiga en juez Bonadío en relación a la empresa Hotesur, marcarán el resto de la agenda política. La Sra de Kirchner intentará imponer la idea de que todo es una patraña para impedir que el “gobierno popular” lleve adelante sus banderas y la reivindicación de los oprimidos en contra de los poderosos. Quienes se le oponen seguirán sosteniendo que lo de las “causas populares” es una pantalla demagógica para perfeccionar el accionar de un gobierno que es el que más ha robado en la historia del país. Entre esas dos aguas navegará la Argentina en lo que resta del año. Pero seguramente las elecciones cerrarán una manera de entender la política en el país. Me parece que todo será diferente luego de octubre. Y será una diferencia para mejor.

Este es el mecanismo que los países republicanos han imaginado para detener el populismo y lo que Tocqueville llamó “tiranía de la mayoría”. Así, la República, no es solamente el gobierno de quien gana una elección sino el gobierno de la ley, por encima de todas las cuales esta la Constitución.

Esa Constitución protege como una barrera blindada los derechos de las personas individuales del aluvión de las mayorías. Es el secreto para distinguir el gobierno de las masas, del gobierno del pueblo: éste está formado por millones de individuos libres, todos diferentes y desiguales, con intereses, gustos y opiniones distintas que la ley Fundamental se propone privilegiar y proteger. La masa, al contrario, es una muchedumbre informe, indiferenciada y anónima que habla por el grito, se expresa por la fuerza y se representa por el líder.

¿Qué pasaría, entonces, si lo que se opusiera a la letra y al espíritu de la Constitución no fueran las leyes y los decretos sino una sociedad entera? ¿O si la abundancia de leyes y decretos inconstitucionales fuera la consecuencia de una sociedad “contraconstitucional”? ¿Qué pasaría, en definitiva, si la excepción fuera la Constitución y la regla la Contraconstitución?

La filosofía del Derecho ha distinguido históricamente lo que se llama la “Constitución formal” de la “Constitución material”, reservando el primer nombre para el documento escrito, firmado y jurado por los constituyentes soberanamente electos por uan sociedad en un determinado momento, y el segundo para el conjunto de hábitos, tradiciones y costumbres que se enraízan en lo más profundo del alma nacional y que responden a siglos de una determinada cultura.

¿No ocurre en la Argentina este fenómeno? Los partidarios de la cultura de la que la Constitución de 1853 es hija creemos que ella refleja las tradiciones del país y que su espíritu responde a la cultura, a las raíces y a las tradiciones argentinas. Pero, con una mano en el corazón, ¿es así?

Por supuesto que el texto jurado en Santa Fe aquel 1 de mayo receta parte de los ideales de argentinos que creían en ellos y que trataron de expandirlos a partir de los esfuerzos de la Generación del ’37 y de una camada de sucesores que se encargaron de poner en funcionamiento los palotes del nuevo sistema. La generación del 80 vio los primeros brillos de aquel milagro: un desierto bárbaro, entreverado, de repente, entre los primeros países de la Tierra.

Pero aquel esfuerzo descomunal ocultaba los rencores de una venganza. Los restos de la mentalidad colonial, feudal, rentista, caudillesca y, finalmente, totalitaria, no habían sido completamente derrotados. Como una bacteria latente, en estado larvado, esperando que otra enfermedad debilitara el organismo para ella hacerse fuerte nuevamente e iniciar una reconquista, esperó su turno agazapada, escondida detrás de las luces del progreso.

Cuando la recesión mundial de 1930 dejó a la Argentina tambaleante, el espíritu fascista, del caudillismo anterior a Caseros, renació. La sociedad no había tomado aun suficientes dosis de “constitucionalidad” como para que esa nueva cultura hubiera reemplazado para siempre las tradiciones de 300 años de centralismo, autoritarismo, prohibiciones, vida regimentada y estatismo. Fue todo eso lo que la Argentina había mamado durante tres siglos; setenta años de la contracultura de la libertad individual y de la república liberal no fueron suficientes para matar el germen del colectivismo. Allí, en medio del miedo al abismo y del terror a lo desconocido, la frágil Argentina de la libertad retrajo su cuerpo de caracol debajo de la coraza que la había cobijado desde el nacimiento: el Estado.

Allí nació la sociedad “contraconstitucional”; la que desafía con sus hábitos las instituciones escritas y juradas en la Constitución: la división de poderes, la libre expresión de las ideas, la libertad individual, el gobierno limitado, la justicia independiente, la libertad de comercio, la inviolabilidad de la propiedad.

Desde ese momento subsisten en el país dos Constituciones: la firmada en Santa Fe en 1853 y la traída desde la Casa de Contratación de Sevilla en el siglo XVI, aggioranada bajo las formas del caudillismo colonial primero y del populismo peronista después.

Como en la previa de mayo del ’53 hay aun bolsones de republicanismo en la sociedad, pero el virus del colectivismo demagógico ha ganado la batalla de las mayorías. Cualquier suma electoral que ponga de un lado la libertad y del otro el dirigismo estatista (peronistas, radicales, socialistas, izquierdistas) terminará en números cercanos a 80/20.

Ese “20” sigue teniendo la “ventaja” de decir “nuestras creencias están escritas aquí ” (señalando un ejemplar de la Constitución); pero el “80” se le reirá en la cara; su aluvión los dejará dando vueltas en el aire, con ejemplar y todo.

La Argentina es hoy un país “contraconstitucional”. Prácticamente nada de lo que ocurre aquí tiene que ver con lo escrito por Alberdi. Todo es exactamente al revés y, sin embargo, rige. La Justicia no ha estado a la altura de las circunstancias y, nada más que en estos últimos años, ha permitido la consolidación de monopolios estatales, la prohibición del ejercicio del comercio y de la industria lícita; ha tolerado el control de cambios, el cepo, la prohibición de exportar; ha respaldado la retroactividad de las leyes, permitió el menoscabo de la propiedad, avaló la supremacía del Estado por sobre la libertad individual; permitió una explosión de poder del presidente que prácticamente ha borrado el concepto de “gobierno limitado”; ha tolerado la persecución, la confiscación de la propiedad sin indemnización (es decir, el robo), la reducción de las provincias a meras dependencias administrativas del poder ejecutivo y ha validado un sistema de gobierno que solo considera democrático al pensamiento que gana una elección, en tanto ese pensamiento tenga la suficiente desfachatez de “irla de malo” y de ejercer el poder por el terror.

“El tirano no es la causa, sino el efecto de la tiranía”, decía Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución. La tiranía descansa en nosotros. La inconstitucionalidad no está en la ley sino, principalmente, en la sociedad: es la sociedad argentina la “contraconstitucional”. Y es ella la que sufrirá la miseria, víctima de su propio virus.

En efecto, la Argentina ha heredado esa pésima costumbre colonial del Juicio de Residencia que, a lo sumo, sometía a la investigación al funcionario en el llano, ya fuera de su cargo.

Más allá de que esa tradición contraría toda la lógica constitucional basada en el control y balance recíproco de los poderes, hace perder toda la gracia del funcionamiento republicano. El Poder Judicial existe precisamente para verificar que los otros dos poderes actúan bajo las órbitas organizadas por la Constitución y no superen los límites que ella establece.

Si ese mecanismo está diseñado así, para el orden lógico de la organización estatal, cuánto más deberá aplicarse cuando lo que hay de por medio es la sospecha de la comisión de un delito.

Muchos sectores de la oposición han salido a pedir la renuncia o el pedido de licencia del vicepresidente. Elisa Carrió y el PRO prefieren que permanezca en el cargo y que eventualmente sea destituido por juicio político. Es probable que el PRO asuma esa postura porque el jefe de Gobierno también fue procesado en el caso de las escuchas. Si bien su situación fue, desde el principio, mucho más bizarra y, desde el juez que le dictó el procesamiento (Oyarbide) hasta lo que se sustanció en esa causa, siempre se sospechó algún amañamiento de la misma, lo cierto es que Macri tuvo un auto de procesamiento en su contra que luego fue anulado por el juez Casanello, resolución que está ahora en apelación. El jefe de Gobierno siguió en su puesto a pesar de todo.

Pero lo cierto es que el país debería tener la oportunidad de ver funcionar el mecanismo constitucional en orden y en paz. Esas previsiones de los padres fundadores fueron tomadas para mantener el funcionamiento normal de las instituciones no para entorpecerlo o para crear una zozobra social.

Quien mejor reaccionó dentro del oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio que declaró que “ahora Boudou podrá defenderse”. En efecto, el acto procesal de la declaración indagatoria es una oportunidad para que el sospechoso declare lo que sabe y avance en su propia defensa. Puede mentir incluso o negarse a responder. Ese es su momento en el proceso.

Por otro lado, es cierto que cuando un juez cita a esa declaración, es porque ha reunido elementos suficientes que lo llevan al convencimiento de que el citado cometió el delito que se investiga. Es más,  los casos en la justicia penal en que, luego de la indagatoria, el juez dicta el sobreseimiento o la falta de mérito son realmente excepcionales.

Pero lo mejor es dejar fluir el funcionamiento normal de las instituciones para que las formas republicanas se consoliden en el país. Los argumentos de confabulaciones destituyentes por parte de monopolios mediáticos son completamente delirantes. Solo habría que ver los elementos que el juez Lijo menciona en su escrito para advertir la hondura de la sospecha.

Es probable que el gobierno y la presidente se abroquelen en defensa de Boudou. Está bien; es normal.

Eso no solo no debería extrañar sino que debería tomarse como una reacción natural de un gobierno que se ha acostumbrado a no rendir cuentas y a no tener noción de los límites; a creerse dueño y señor de hasta el último detalle de la vida argentina.

Es más, un gobierno amoldado a las formas republicanas y a los límites establecidos por la Constitución no debería tambalear porque su vicepresidente deba responder ante la justicia. Si el funcionario usufructuó su cargo para beneficiarse personalmente, el gobierno no debería hacerse cargo de ello, más allá de la responsabilidad política que, en este caso, llevaría la presidente por haberlo elegido en soledad y no como el producto de un consenso. Pero la continuidad institucional del gobierno no debería resultar mellada.

El problema aquí es que nadie puede dar seguridades de que Boudou haya actuado solo y por su cuenta.

Y más allá de esa incertidumbre, muchos tienen la fundada sospecha de que el entonces ministro de Economía fue solo un operador que siguió órdenes.

Por cierto, el aborto de la operación contra el juez de la causa debe recibirse con júbilo. Aunque es preocupante comprobar que el gobierno estaba dispuesto a llevarse puesto al juez a la vista de todos, reconforta el hecho de que esa operación se haya truncado. Dos jueces de la Cámara Federal probablemente más cercana a la Casa Rosada se negaron a apartar a Lijo de la investigación.  Fue la misma Cámara que hace 20 días declaró inconstitucional el tratado con Irán. Se trata de una nueva demostración de que los jueces no firman un contrato a perpetuidad con los gobiernos. Ese mismo padecimiento ya fue verificado por Menem, que también se ilusionó con manejar la justicia y así le fue.

Lijo venía de visitar al Papa Francisco que en una audiencia privada le había dicho que no debía confundir prudencia con cobardía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica: funcionar como una democracia desarrollada, al menos en su faz política. Dejar que los mecanismos de la Constitución -que son sabios y pacíficos- vayan fluyendo hasta encontrar un cauce que ponga las cosas en orden y las responsabilidades en cabeza de los que verdaderamente deben cargarlas.

La señora Cristina de Kirchner, ayer, en Misiones, avanzó al punto de decir -ni sugerir, ni insinuar, decir- que los medios informativos esconden a propósito las noticias internacionales para evitar que la gente se de cuenta del país maravilloso en el que está viviendo… Si, si, así como lo leen: que la prensa oculta lo de afuera para que no podamos medir la genialidad que tenemos aquí…

El país que incrementó en 60% en los últimos diez años su población en villas miseria; el país que no tiene agua potable en una provincia que nada en agua como Formosa; el país en donde cada vez hay mas chicos que no estudian ni trabajan; el país en donde la desidia, la apatía y la abulia se ha instalado en millones de mantenidos a fuerza de planes estatales miserables; el país que ha caído al sexto lugar regional en recibir inversión extranjera; el país que era exportador de energía y que ahora la debe importar a razón de 13 mil millones de dólares; el país que podría alimentar a 400 millones de personas pero en donde los chicos se mueren por desnutrición; el país que vive bajo el cepo cambiario; el país que -por ese mismo motivo- prohíbe el ahorro y que está a punto de levantar barreras aun más altas para ejercer el derecho constitucional de salir del territorio, convirtiendo por lo tanto a ese derecho en una prerrogativa de privilegiados como los funcionarios o los ricos; el país que hace 10 años vive bajo emergencia económica declarada por ley; el país que ha tenido conflictos con prácticamente todo el mundo, que está a punto de caer en default nuevamente; el país que debe mentir sus estadísticas oficiales para no admitir que la inflación llega al 30% anual; el país que financia sus gastos con la plata futura de los jubilados; el país que quebró su Banco Central; el país donde no es seguro salir simplemente a la calle; ese país, la señora de Kirchner dice que es “maravilloso” y que es la maldad de la prensa la que no quiere admitirlo al punto de ocultar las espantosas noticias internacionales para evitar que la gente compare la joya que tiene en casa. Es lisa y llanamente increíble…

Pero hay más. La Presidente lamentó que el presupuesto no fuera aprobado por unanimidad y reprendió a la oposición por votar en contra; por tener una idea del arreglo económico-financiero de la Nación distinto al de ella.

Se trata de una reconfirmación de la cosmovisión totalitaria que tiene la presidente del poder. Cristina dijo que hay “cosas que no podemos seguir discutiendo porque tenemos la obligación de ponernos de acuerdo…” ¿Ponernos de acuerdo en que la inflación es inferior al 10% , señora Presidente?, ¿ponernos de acuerdo en que vamos a crecer a más del 6% o que fue cierto acaso el crecimiento del último lustro que su gobierno dibujó?, ¿en eso quiere que nos pongamos de acuerdo? ¡¿Pero con qué cara los legisladores que saben que todo eso no es más que una sarta de mentiras levantarían la mano para darle el gusto a usted!?

La Presidente encomiando su gestión dijo que “todo lo que hicieron” lo hicieron teniendo “un poder y medio”, en una queja directa por no disponer -según ella- de una mitad del Congreso y de la Justicia. ¿Pero qué esta sugiriendo?, ¿tener la suma del poder público que la Constitución prohíbe en su artículo 29?, ¿acaso se esta inculpando sola del delito de “infame traidora a la Patria”?, ¿o está sugiriendo, tal vez, que una verdadera evolución de Derecho consistiría en volver a los poderes reales absolutos de la Edad Media?

La psicología ha estudiado los casos de delirios como aquellos en donde las personas creen vivir una realidad ajena a la real. Las víctimas de este mal viven en una burbuja delirante que los convence de que las cosas son como ellos las ven. La patología puede ser espasmódica o durar lapsos más largos. Pero en todos los casos existe un convencimiento de que lo que se cree como real, es real. En ese sentido, el delirante se diferencia del cínico que sabe a ciencia cierta que lo que dice es mentira pero que lo sostiene contra viento y marea para lograr lo que se propone, incluyendo la caída en contradicciones groseras y evidentes que luego aceptará o negará según también le convenga.

Ambos casos son gravísimos porque suponen la toma de decisiones sobre parámetros falsos. Y la salida de ese pantano debe ser más o menos rápida para no profundizar las descabelladas consecuencias que traería aparejada su continuidad.

Que la Presidente diga seriamente que esperaba la aprobación unánime del presupuesto y que manifieste su descontento porque las distintas corrientes representadas en el Congreso hayan tenido la peregrina idea de oponérsele habla de un ensoberbecimiento con el poder francamente peligroso. Que la señora de Kirchner realmente crea que los noticieros de los medios ocultan lo que ocurre en el exterior para evitar que la gente lo compare con las maravillas internas, habla de paranoia enfermiza y que veladamente proponga la unificación de los tres poderes en uno solo es directamente un acto revolucionario contrario a la Constitución, al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática.

La Argentina vive tironeada por dos mundos. En uno de ellos la Presidente cree estar al frente de uno de los países más felices y mejor realizados de la tierra. En el otro, la realidad de la escasez, la desigualdad, la ignorancia, la abulia y la ausencia del Derecho dan forma a una Argentina que no tiene nada que ver con aquella que el mundo parecía venerar hace tan sólo un siglo.

Si uno se fija bien en la historia de los últimos 10 años la mecánica uniforme del gobierno ha sido guiada por la lógica de la espiralización: frente a un obstáculo en el objetivo perseguido, la respuesta fue arremeterla contra el obstáculo, a cómo de lugar, de cualquier manera.

A la fuga del dólar se le opusieron las restricciones y al fracaso de las restricciones le siguió directamente el cepo. Al fracaso del 7D, le siguió el intento de copar la Justicia que no le daba la razón y a la respuesta de Justicia que declara inconstitucional el copamiento, le seguirá el intento de voltear la Constitución.

Por un camino imbricado finalmente el gobierno -y la situación toda- parece encaminarse hacia el choque previsible y frontal de dos visiones contrapuestas, excluyentes y contradictorias: el kirchnerismo no puede gobernar con esta Constitución.

La ecuación es simple: la Constitución organiza un gobierno limitado, de poderes compensados, de libertad individual y de supremacía de la autonomía de la voluntad. Todos esos principios son anatemas para el gobierno. Lisa y llanamente no puede tolerarlos.

La presidente Cristina Fernández en ocasión de presentar los seis proyectos de “democratización de la Justicia” dijo textualmente que presentaba esas iniciativas “para no reformar la Constitución”. ¿Cuál fue su mensaje encriptado? Sencillamente éste: “La única alternativa para que no modifique la Constitución de la que están tan enamorados es que me dejen reformarla por ley como a mí se me canta. Si no me dejan, voy a cambiar la Constitución”.

Y ese es, efectivamente, el próximo paso. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, es el mantra repetido del kirchnerismo en este y en todos los demás ejemplos en donde el orden jurídico le recordó que éste es un país con límites al poder. “La Constitución me pone límites y yo no quiero tener límites; entonces es la Constitución o yo”.

La tradicional manera oblicua de hacer política en la Argentina (cuya tradición se remonta al uso de la “mascara de Fernando VII”, metáfora usada para explicar por qué se hizo la Revolución de Mayo aludiendo a que el movimiento no pretendía la Independencia sino confirmar la lealtad al Rey y no a las fuerzas napoleónicas de ocupación) hizo que hasta ahora también se intentara un montaje, una especie de puesta en escena, según la cual se pretendía “vender” el cuento de que era posible compatibilizar un fenómeno político como el kirchnerismo con la continuidad de la vigencia de la Constitución del ’53.

Pero eso no es posible. Del mismo modo que la “máscara de Fernando VII” fue una charada que lo único que hizo fue ralentizar el proceso de independencia, la utopía de mantener al mismo tiempo al kirchnerismo y a la Constitución del ’53 es un espejismo que acaba de romperse. El fallo de la Corte lo hizo mil pedazos.

Ahora vuelve a plantearse la contradicción madre: el gobierno o la Constitución. No hay dudas de que el gobierno intentará utilizar su argumento central (el de la voluntad popular) para decir que lo legítimo es el gobierno porque el gobierno expresa la voluntad del pueblo y si hay una contradicción entre la voluntad del pueblo y la Constitución, pues lo que hay que derribar es la Constitución.

Y ésta es, sin dudas, la mayor falacia en torno a la cual el kirchnerismo hace girar toda su lógica. Es el principio que los lleva a responder toda crítica con la frase: “Armen un partido político y ganen las elecciones”. Para ellos todo se resume a quién ganó. En la respuesta a esa pregunta se haya la solución a todas las contradicciones.

Frente a la trascendencia que todo el mundo advirtió que el kirchnerismo le daba a ese punto, un día se le preguntó a Néstor Kirchner, por cuánto había que ganar una elección para asumir que se tenía la representación del todo. Y Kirchner respondió: “Por un voto”. Es decir, para el kirchnerismo la democracia es ganar y ganar es hacerlo por un voto. Como si fuera un partido de fútbol, definido en tiempo suplementario por un gol de penal, que no fue.

Éste es el centro de la contradicción entre la interpretación gubernamental de la democracia y la de la Constitución. El gobierno entiende que la democracia supone el sometimiento de todas las voluntades a la voluntad del que ganó, porque el que ganó interpreta la voluntad de todo el pueblo, aun cuando no se haya obtenido el 100% de los votos. La Constitución, en cambio, entiende que quien ganó tiene el derecho de gobernar, pero no representa la voluntad de todo el pueblo sino de una parte de él y que para respetar los derechos de la otra parte es necesario establecer límites que garanticen que un poder equilibrado reconozca los derechos de todos, de los que ganaron y los que perdieron.

Esta concepción, por lo demás, es compatible con la dinámica propia de la vida social. Una sociedad es un cuerpo vivo, no estático, que cambia con el paso del tiempo y que no queda soldada a la foto puntual de un instante. Las mayorías de hoy pueden no serlo mañana y viceversa.

El gobierno -si fuera realmente sincero- debería recordar que durante los ’90 la opinión del pueblo (“la voluntad popular”) respaldó masivamente dos veces ideas completamente contrarias a las actuales (el “pueblo” en aquellos años votó las privatizaciones, el alineamiento con EEUU, la convertibilidad, la apertura económica). ¿Qué habría sido del socialismo camporista si el gobierno de ese entonces hubiera dicho “esta es la voluntad popular y acá se acabó la historia porque esto es lo que el pueblo quiere”? Evidentemente aquello era lo que el pueblo quería en ese momento; pero luego no lo quiso más, y entonces los Kirchner fueron posibles. Los Kirchner son la mejor prueba de que la “voluntad popular” cambia. Como cambiaron muchos de sus funcionarios que de ser menemistas acérrimos pasaron a ser nac & pop.

El único esquema que permite que las voluntades populares (en plural) se vayan manifestando armónicamente según pasan los años es el de la Constitución. El esquema kirchnerista suelda la “voluntad popular” (en singular) al resultado de una elección y friza la posibilidad de que las “otras voluntades” se manifiesten. Eso, claramente, no es democrático. Y como la Constitución es verdaderamente democrática (es decir, establece un sistema por el cual todas las voluntades pueden convivir pacíficamente) para vivir bajo un gobierno no-democrático, hay que terminar con la Constitución democrática. Este será el siguiente pasó del gobierno. El último. El que quizás debería haber sido el primero. Los Kirchner vivieron con la “máscara de Fernando” durante 10 años, hasta que finalmente la realidad los forzó a “salir del closet”.

Ahora deberán decirle a la sociedad que quieren ir a una Constitución en donde solo se respete una voluntad. Ellos tratarán de vender el “paquete” diciendo que esa voluntad es la voluntad del pueblo y que las demás son las de las “corporaciones antipopulares”. Pero a no engañarse. Esa es la voluntad de ellos, la que querrán imponer para ser los dueños constitucionales del Estado. Hasta ahora han intentado serlo de todos modos. Pero el faro constitucional del ’53 los mantenía iluminados, como el faro de la ley señala a quien ha pasado sus límites. Con una Constitución que corte esa luz ya no serán los dueños del Estado al margen de ley, sino dentro de ella.

Ese es el próximo paso: “si con la ley que existe no puedo hacer lo que quiero, pues cambio la ley”. Antes se intentó el “si con los jueces que hay no puedo, pues cambio los jueces”. El intento fracasó por la Constitución. Ahora irán por la Constitución, entonces, Es la lógica espiralista del kirchnerismo. Está en su naturaleza. ¿Lo logrará? Es poco probable. Pero eso no quiere decir que no vayan a intentarlo.