Allí, escribió que “la corrupción –aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política”. Brienza se declara “brutalmente honesto” por decir lo que dice y continúa: “La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quién no tiene recursos, no puede hacer política; ni acá ni en Estados Unidos”.

“Una campaña presidencial cuesta decenas de millones de dólares, los afiches, los spots televisivos, las entrevistas pagas, los actos, las movilizaciones, todo eso cuesta un dineral. Ir a un programa de gran audiencia para que un periodista haga preguntas condescendientes cuesta entre 150 mil y 250 mil pesos. ¿Quién dispone de ese dineral para ser entrevistado? Y lo peor es que esa operatoria está legitimada por el televidente. Si un ciudadano no ve en la televisión a su candidato, no lo conoce, no lo seduce, por lo tanto no lo vota. Para existir en política es necesario estar en los medios. La televisión lo sabe, por eso cobra derecho por silla calentada por el culo de un político”, dijo Brienza hablando de un arte que él debe de ser el primero en cultivar.

El insólito argumento central es que el robo le permite a quienes no tienen ese dinero presentarse a la política para defender “los intereses del pueblo”; del mismo pueblo, claro está, al que primeramente robó.

Dice Brienza: “Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas (solo) aquéllos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos.

No sabemos por qué, existiendo más de 190 países registrados en la ONU, el señor Brienza se refiere solo a los Estados Unidos, pero es más que seguro que se debe a la anticuada monserga de suponer que los Estados Unidos están interesados en influir en la Argentina. Brienza debería mirar lo que ocurrió en Venezuela, en donde no hizo falta ninguna intervención norteamericana para sumir a ese pueblo en el caos, en la miseria y en la muerte. Antes bien llegaron justamente a esa instancia por pretender demostrarle al mundo que los “yanquis” estaban equivocados. El socialismo del siglo XXI se encargó de todo: ahora todo el mundo es igual en la ignorancia, la pobreza y la escasez.

Luego agrega Brienza: “Si un diputado o un senador cuenta con un presupuesto, entre sueldos, asesores, viáticos, de 100 mil o 150 mil pesos por mes. ¿De dónde saca el dinero ese diputado para llegar a ser presidente? Está ‘obligado’ a financiar irregularmente su campaña”.

Desde ya que Brienza no cree en la posibilidad de que los diputados generen una propuesta que resulte atractiva y que alguien decida apoyarla desde la honradez y la honestidad.

El camino que Brienza propone no conduce a otro final que no sea admitir que la corrupción es correcta porque ella permite que llegue al poder la “gente del pueblo” (que según su propio argumento debió robarle al pueblo para hacerse rica y llegar a la política)

Ese razonamiento olvida, por ejemplo, que los Kirchner robaron antes que nada para ellos, situación que queda en evidencia solamente por la exponencial multiplicación de su riqueza personal declarada (sin hablar de los miles de millones de dólares que le robaron a los pobres y que los negrearon quién sabe dónde).

Es absolutamente falsa la idea de una casta de pobres robando dineros públicos para financiar su actividad política pero manteniéndose personalmente pobres, porque todo ese emolumento sustraído al pueblo se vuelca de lleno en beneficio, justamente, de defender a los más débiles. No. A los débiles se los roba y luego se los usa, pero esa gente nunca sale de su condición precaria y paupérrima. Al contrario: el arte de la política de este tipo consiste en mantenerlos en esa suerte de medianía necesitada, para que siempre dependan de la concesión de estos nouvelle princes.

Lo de Brienza da vergüenza. No porque describa algo que no es. Sino por querer convertir desde una filosofía vulgar la mugre en virtud, el vicio en nobleza, y el delito en acción popular revolucionaria.

El kirchnerismo se ha caracterizado por ser una especie de maximización de lo gramsciano: le ha cambiado el sentido común medio a la sociedad, al punto tal de que hoy alguien como Brienza pueda decir, muy suelto de cuerpo, en las páginas de un diario, que la corrupción es buena para el pueblo, porque así la gente “como uno” puede llegar al poder e impedir que solo gobiernen los ricos. Pongamos punto final a esta larga noche de una buena vez, por favor.

la plata en efectivo que a un hombre de izquierda”.

Pablo Emilio Escobar Gaviria

Hoy el diario Infobae publicó una información que puede cambiar el curso de los acontecimientos en una de las causas judiciales más importantes que tramitan hoy ante los juzgados federales.

Se trata de un escrito presentado por los hijos menores de Lázaro Báez, Leandro y Luciana, por el que recusan al juez Sebastián Casanello bajo el argumento de que el juez montó la causa que tiene detenido a su padre para proteger a la familia Kirchner y que la estrategia del expediente —incluidos los abogados de Báez— es dirigida directamente por Cristina Fernández, en un diseño decidido por la ex Presidente en reunión con el juez Casanello, Wado de Pedro y el ex viceministro de Justicia, Julián Álvarez, que tuvo lugar en Olivos.

Tal y como si fuera el relato de escenas que transcurren en la serie El Patrón del Mal, la crónica describe serias divergencias en el seno de la familia del ex cajero del Banco Santa Cruz que habrían estallado ahora con la presentación que tiene como objetivo separar a Casanello de la causa.

El escrito cuenta que el juez disponía desde hace por lo menos tres años de un caudal de pruebas idéntico al que posee ahora (salvo por el video de gente contando dinero en La Rosadita, aun cuando aclara que, a falta de ese, disponía de otro en el que se veía a varias personas sacando abundante documentación del mismo lugar, sin que el juez hubiera movido un dedo por eso) y que se basó, para detener a Báez, en declaraciones del testigo Leonardo Fariña, incluso cuando se cuidó muy bien de usar otras de sus declaraciones para llamar a pedir explicaciones ante su juzgado a las personas que ejercieron el poder hasta el 10 de diciembre.

En efecto, Leandro y Luciana Báez ponen ahora por escrito lo que saltaba a la vista de un modo groseramente obvio: tanto Casanello como Guillermo Marijuán se la han pasado hablando de sobreprecios en la obra pública y de adelantos financieros del Estado sin que por ello se les haya ocurrido, aunque sea por simple curiosidad judicial, citar a los estrados a los funcionarios que los aprobaban para que den las correspondientes explicaciones. Del mismo modo, hacen notar que la propia trama que aparece en la causa no sería posible sin la participación de una cantidad importante de entes estatales a cuyos responsables tampoco se ha citado. Hacen la excepción de Ricardo Echegaray, aun cuando tampoco se muestran conformes con la profundidad con la que el juez lo ha investigado.

Los hijos de Báez ponen especial énfasis en relatar que el juez no parece interesado en saber quiénes eran los últimos eslabones de la cadena de corrupción y que pretende detener su investigación acusando de todo a su padre, quien a juicio de ellos sería tan sólo un prestanombre de Kirchner.

En ese sentido, el escrito de hoy solamente sería una primera presentación a la que seguiría otra, en donde los hermanos menores de la familia mostrarían un contradocumento que demuestra que su padre era un mero testaferro de los Kirchner.

Según supo Infobae, Leandro y Luciana tendrían en su poder una agenda de su padre en la que constan al menos tres encuentros, todos a medianoche, en Olivos, entre la entonces Presidente, el juez Casanello, Wado de Pedro, Álvarez y el propio Báez. En ese mismo material constarían comunicaciones entre Báez y Casanello antes de que el primero fuera detenido. Los hermanos Báez pedirían que se investiguen al menos cuarenta llamadas telefónicas que el juez Casanello hizo a Santa Cruz el día que Báez fue detenido en San Fernando.

Como surge del relato, no hay nada nuevo que la gente común, medianamente informada, que ha leído los diarios en los últimos tres años o ha visto los programas de investigación periodística por televisión, no supiera. Sólo Casanello ha aparecido como al margen de lo que estaba ocurriendo. Cuando todo pasó a ser demasiado evidente, sólo se limitó a levantar el nivel de espectacularidad mediática de las actuaciones, pero no a dirigir sus investigaciones hacia el origen del dinero que, como no puede ser de otra manera, proviene del robo a los bolsillos del pueblo.

Casanello ha repetido más de una vez que Cristina Elisabet Fernández no está siendo investigada en esta causa y que no será citada a declarar. Recientemente, en un reportaje para La Nación, dijo que no la conoce y que nunca en su vida la vio en persona y que nunca habló por teléfono con ella, al mismo tiempo que negó su vinculación con la agrupación política La Cámpora.

Hace ya varios meses que en estas mismas columnas hemos avisado sobre el papel que en un futuro próximo deberían tener los tribunales de alzada, jerárquicamente superiores a Casanello, para salvar esta investigación y para que finalmente los culpables últimos y verdaderos responsables del saqueo al Estado no se salieran con la suya.

Los hijos menores de Báez han apretado el botón que enciende esa maquinaria. Ahora será la Cámara Federal la que, más tarde o más temprano, deberá entender en el pedido de recusación. Recordemos que esa misma Cámara le había solicitado al juez que ampliara su investigación y que no la limitara a menudencias.

Si esos mecanismos funcionaran, Casanello podría ser reemplazado como juez de la causa de la ruta del dinero, lo que daría una oportunidad más a la verdad. Luego podría tener un Jury en el Consejo de la Magistratura y un juicio político que, eventualmente, lo destituya.

Pero eso no es lo importante. Casanello es, al fin y al cabo, una anécdota. Lo importante aquí es que los mecanismos de vigilancia y control funcionen intrajudicialmente. Hasta ahora no lo han hecho, porque —repetimos—, tal como lo dicen los hermanos Báez, las pruebas para dirigir la investigación hacia los Kirchner estaban a disposición del juez hace ya varios años y, sin embargo, más que esos rezongos infantiles, Casanello no fue interpelado por sus superiores como hubiera correspondido.

Tampoco Daniel Rafecas, que durmió la causa Hotesur por ocho meses y puso en peligro pruebas cruciales, ha recibido un solo pedido de explicación de la Cámara que debe ejercer sobre él una tarea de superintendencia.

Ojalá ahora la enjundia furiosa de un par de chicos sirva para que esta vez la causa reciba el zamarrón que está necesitando urgentemente.

Esta es la situación que domina el ambiente mediático y político desde el domingo a la tarde, cuando se conocieron los pormenores de los llamados “Panama Papers”, que, entre otras cosas, develaron que Mauricio Macri figuraba como director de una empresa offshore con sede en Panamá.

Desde ese momento hasta ahora se han sabido muchos detalles del asunto divulgados de manera bastante inorgánica por el propio Presidente y por otra gente del Gobierno. Según esas aclaraciones, Macri simplemente llenaba un lugar de un requerimiento burocrático necesario para que Franco Macri —su padre— pudiera abrir, en 1998, esta empresa.

También se supo que el titular del grupo familiar había declarado, ante la entonces Dirección General Impositiva (DGI), la existencia de esa empresa y que esta no habría operado ni siquiera para lo que se suponían que eran los objetivos iniciales, esto es, llegar al mercado brasileño con el servicio de cobros exprés Pago Fácil.

Luego, Perfil dio a conocer otra empresa —Kagemusha— en donde el esquema se repetía, con un movimiento de 1.950 dólares en total. Ambas compañías ya no existen y fueron dadas de baja.

Hasta aquí, y así explicado, parecería que se trata de una nimiedad en la que no merece perder demasiado el tiempo. Sin embargo, en la Argentina, nada es igual a lo que parecería desprenderse del sentido común. Por principio, lo explosivo de la novedad (explosivo en gran parte por el léxico involucrado: “paraíso fiscal”, “offshore”, “Panamá”, “empresa fantasma”, etcétera) no iba a ser dejado de lado así nomás por una oposición ávida de encontrar un filón por donde equilibrar tantos dardos que se le vienen encima con el tema corrupción.

Las citaciones de Cristina Fernández, Julio de Vido, Lázaro y Martín Báez y la detención (con ventilador incluido) de Ricardo Jaime, debían ser contrarrestadas con algo y esto fue un regalo del cielo: poner al Gobierno en la necesidad de dar explicaciones sobre una cuestión que en principio aparece con todos los ribetes de lo sórdido e ilegal es el desiderátum de cualquier político a la defensiva.

Es más llamativa la reacción de algunos sectores de la propia coalición de Gobierno, que han vuelto a dejar solo al Presidente, como ya lo habían hecho en ocasión de los aumentos de tarifas.

Pero lo realmente importante de toda esta ensalada es qué repercusión tendrá en el ánimo social y cuánto capital de apoyo y confianza ha puesto en juego el Presidente. En ese sentido, se han llegado a escuchar análisis que cuando uno les presta atención dice “cómo puede ser que hayamos llegado al punto de que razonamientos como este no sólo tengan cabida en la Argentina, sino que uno tiene que admitir que tienen razonabilidad entre nosotros”.

Por ejemplo, se ha dicho que, frente a la sociedad, Cambiemos tiene un problema, porque como ha trasmitido la idea de la honestidad y la decencia, la gente le tiene menos paciencia cuando ocurren cosas como esta. En cambio —dicen quienes ensayan este análisis— agrupaciones que han tenido con la corrupción posiciones, digamos, más laxas, cuentan con más plafón de la opinión pública, porque de alguna manera esta se acostumbró a que con ellos la cosa sea así.

Es maravilloso: en lugar de que la sociedad le tenga menos paciencia al que no se cansó de “hacerlas todas”, al que realmente acusamos es al que se manda la primera, incluso en el caso de que ni siquiera “se la haya mandado”. Algo muy profundo debe estar pasando en la psiquis nacional como para que ocurran estas cosas.

Sí quedará para la discusión si el Gobierno y el propio Presidente se movieron bien desde el punto de vista comunicacional o si debieron tomar el caso con mayor formalidad. Quizás una de las cosas que Macri y su equipo deberían pensar es en dejar de hacer exactamente lo contrario a lo que se hacía durante el kirchnerismo, sin más razones que no sean que esas cosas las hacía, precisamente, el kirchnerismo.

El uso y el abuso de los medios de comunicación pública que hizo la ex Presidente, con la intensiva utilización del aparato de propaganda paraestatal que había sido creado al efecto, se quieren contrastar ahora con una onda light, que no haga demasiada historia con las cosas y que se conforme con una explicación más o menos bien dada por algún vocero.

Por supuesto que la sobreactuación exagerada del Frente Renovador exigiendo la presencia del Presidente en cadena nacional refiriéndose a su caso personal es un extremo que no pedimos ni recomendamos. Pero quizás una conferencia de prensa, simple, ordenada, aséptica, corta y abundante en documentación habría cortado por lo sano y, en un minuto, tanta especulación, tanta aspiración a estrella (que siempre surge en la mente de ignotos que ven en estas espectacularidades la oportunidad de hacerse famosos) y, sobre todo, tanto malentendido y pseudoespecialistas que hemos visto desfilar en las últimas horas por los medios, hubieran desaparecido.

Es una pena que una circunstancia como esta sea aprovechada para trasmitir a la sociedad la imagen de que todo es lo mismo y, fundamentalmente, que se hayan sacado energías nacionales de la única obsesión que debe perseguirnos: dejar atrás tanta miseria, tanto aislamiento, tanta mentira y tanta frustración. Frustrar una esperanza puede ser el vehículo que muchos vean para salvarse ellos. La sociedad, una vez más, debería ser lo suficientemente perspicaz como para advertir la maniobra. Y el Presidente, lo bastante valiente como para decir la verdad y seguir apostando a que la gente le crea. En esos valores inasibles que muchos —Macri, entre ellos— han definido como “confianza” se halla el secreto para que los años que vienen sean mejores y no peores.

Parece ser que la cuestión de la herencia recibida fue un tema de debate en el Gobierno ni bien asumió, el 10 de diciembre. Había claramente dos posturas: franquear el conocimiento de lo que se encontró o no hacerlo —al menos en ese momento— para evitar el pánico de la población. Obviamente, ganó esta última postura. Se trató, para nuestro humilde entender, de un error. De un grueso error.

En primer lugar, darle el gusto a un Gobierno corrupto y mentiroso (como nunca antes se había conocido en el país) de salirse con la suya, porque medio país seguía en la oscuridad informativa, parece un hecho de una injusticia mayúscula, máxime cuando quien lo hace no recibe ningún reconocimiento por eso, sino sólo palos y señales de revancha.

En segundo lugar, es inconsistente con la idea trasmitida más de una vez por quien hoy es presidente: la sociedad está madura para aceptar los cambios. Suponer que está madura para aceptar los cambios, pero no para escuchar las razones por las cuales hay que hacerlos supone una contradicción en los términos.

En tercer lugar, en lo que podría ser una mezcla de los dos primeros, es completamente justo y necesario que la sociedad sea informada de los motivos por los cuales se le solicitará un esfuerzo mayúsculo. Desde el 11 de diciembre que venimos diciendo esto. A veces uno se pregunta por qué desde afuera uno parece tener una perspectiva completamente diferente de la que pueden tener los protagonistas del Gobierno.

Si bien el despilfarro ha sido, efectivamente, una de las razones del desbarajuste económico, los hechos de corrupción no pueden soslayarse. Sin ir más lejos, hace pocos días se conocían nuevos desfalcos en el PAMI por quinientos millones de pesos, sólo en los últimos dos años, por recetas de medicamentos truchas a jubilados fallecidos. ¡Quinientos millones en solamente dos años! Una simple regla de tres eleva a tres mil millones de pesos la cuenta, si ese mismo ritmo se hubiera mantenido en los doce años de gobierno k. Y no hay ningún motivo para suponer que el yeite con los remedios y los viejos muertos haya sido una originalidad reciente. ¿Ignoraban las más altas autoridades del país esos canales oscuros? ¿O, al contrario, eran el destino final de un porcentaje? Estas cuestiones —como antes, el estado del país— tampoco pueden seguir en la oscuridad.

Por eso es importante que se dé tratamiento a la ley que consagra la figura del arrepentido en la Argentina. Una legislación como esa —que rige en Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo— les permitiría a los fiscales negociar las eventuales penalidades a cambio de información sustancial que posibilite dilucidar los casos de robo de recursos públicos y los beneficiarios últimos de ese usufructo ilegal. Desde el caso Watergate hasta el Petrolão han podido salir a la luz porque ciertos arrepentidos hablaron y consiguieron beneficios judiciales. No hay que asustarse por un discurso puritano que lo único que hace, finalmente, es ser funcional a los ladrones.

El principal objetivo del país debe ser limpiar a la política de la mayor carga de corrupción posible. En ese sentido, sería interesante partir de una sospecha inicial: es generalmente una “fija” que el que se llena la boca hablando de la política no esté haciendo otra cosa que usándola para volverse millonario; al contrario, es muy posible que el que tenga la fama de “beneficiar a los sectores más ricos” sea justamente el que quiera cuidar más los recursos que nos pertenecen a todos.

Pero no caben dudas de que la otra mitad del discurso inaugural del Presidente en el Congreso es crucial. Su proyección para el futuro debe jugar el rol de un gran compensador a la pena que seguramente provocará con la descripción del país que encontró.

La Argentina está ávida de que le digan que el país es elegible como destino de inversiones millonarias, de instalación de fábricas, de proyectos nuevos que empleen miles de personas, de que aquí —como en el mundo— comiencen a verse los carteles de las marcas de más renombre, que se le ponga fecha y hora a la reconstrucción del ferrocarril, que se le expliquen los kilómetros de rutas que se construirán, que se le hable de cómo se sacará de la prehistoria al norte argentino, de cómo, quienes generen ideas, podrán convertirse en millonarios sin que la burocracia les aborte su ascenso y no les deje margen para la fortuna que no sea la corrupción. La Argentina está ávida de todo eso. Nadie que tenga un programa que pueda entregárselo debería temer las reacciones que puedan producirse cuando le cuenten desde dónde partimos.

Sólo los pueblos de carácter conquistan, no únicamente el mundo, sino su propia felicidad. Durante mucho tiempo, muchos Gobiernos prefirieron asumir que el argentino era un pueblo sin carácter. Probablemente “gallito”, pero sin carácter y sin fibra, que son cosas que no tienen nada que ver con los guapos de arrabal y los bravucones anónimos.

Es hora de que un Gobierno ponga a prueba nuestra determinación como nación. Para eso debe, al mismo tiempo, decirnos la verdad y entregarnos un horizonte de esperanzas que se base en realizaciones posibles. Ojala que el 1.º de marzo sea la oportunidad para que el Presidente ponga en marcha por primera vez en 150 años aquello que José Ortega y Gasset definía como nación: “un proyecto sugestivo de vida en común”.

El caso del periodista deportivo que acompaña a Mauricio Macri desde hace algunos años en la política tiene, evidentemente, distintas aristas -todas muy interesantes- desde las cuales observar el fenómeno.

En primer lugar, hay que decir que si la contratación de Niembro por parte del Gobierno de la ciudad estuvo fuera de la ley, está muy bien que el decoro lo haya llevado a la renuncia. Aunque no parezca, se trata de un gesto infrecuente en la política de hoy, en donde funcionarios de elevada jerarquía que han recibido acusaciones y hasta imputaciones de delitos concretos han seguido en sus cargos como si nada.

En segundo lugar, llama la atención la saña con la que algunos, incluida la mismísima Presidente, se han referido al tema y a la persona de Niembro, cuando sobre sus espaldas cuelgan sospechas de todo tipo y, por cierto, de una envergadura mucho mayor que el contrato que se atribuye al periodista.

El mensaje parecería ser el de que, en el fondo, toda la política y todos los políticos están teñidos por la corrupción y que, entonces, esa temática debería desaparecer por completo de la discusión electoral, porque, como están todos “empatados” en el rubro, es mejor hablar de otras cosas.

Es en ese sentido en que el apartamiento de Niembro tiene un valor. Luego, si la Justicia determina que efectivamente hubo irregularidades, naturalmente los responsables deberán dar las explicaciones que correspondan.

En cuanto al tema tucumano, la noticia obviamente desbordó la atención de la Argentina. Solo el fuerte temblor en Chile, con repercusiones hasta en la propia ciudad de Buenos Aires, logró sacar, aunque sea por instantes, ese tema de la mira de la opinión y de la información.

No es para menos. Se trata de la primera vez desde el retorno de la democracia que la elección general completa de una provincia entera es anulada por la Justicia por entender que existen elementos suficientes como para creer que el resultado fue la consecuencia de un fraude o de serias irregularidades en el comicio y en el escrutinio.

Ese solo dato alcanza para comprender la gravedad de la situación. El acto electoral es para las democracias institucionales un elemento fundamental para construir la base de confianza y legitimidad en la que se tiene que sostener la relación entre gobernantes y gobernados. Si se sospecha desde el inicio que el elegido es un impostor, se quebrará para siempre esa confiabilidad y será muy difícil restaurarla desde el ejercicio del poder.

Para la democracia de masas -en la que lamentablemente hemos caído los argentinos- el acto electoral es la vida misma. Hay que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarlo, porque ganado, será ese el argumento para decir que los elegidos son la encarnación completa del pueblo y que los que perdieron son el antipueblo, la antipatria, los enemigos de la nación.

De modo que en un sistema así, las presunciones deben ser siempre contrarias a los que ejercen el poder, porque para no perderlo estarán dispuestos a hacer cualquier cosa.

Y lo que se construyó en Tucumán es un feudo medieval, con gobernantes que confiesan tener 10 mansiones, que se dirigen a los gobernados como si fueran seres inferiores, quienes deberían agradecer el sacrificio que ellos hacen, que disfrutan de viajes y prerrogativas absolutamente prohibitivas para el hombre común y que se comportan en sus vidas como si estuvieran por encima de la ley y como si el Estado fuera parte de su patrimonio personal.

Este caudillaje subdesarrollado debe desaparecer de la Argentina. Parece mentira que hayan pasado 162 años desde que se sancionó la Constitución, en Santa Fe, el 1.^o de mayo de 1853 y todavía estemos padeciendo de las mismas anomalías que antes de su jura, con “patrones de estancia” que manejan territorios republicanos como si fueran de su propiedad.

Y aquí hay una cuestión cultural de por medio, porque tampoco podemos caerle a José Alperovich como si fuera una encarnación repentina del mal y que antes de él Tucumán era la réplica de un cantón suizo. No. Esta es la continuidad -mejorada y aumentada, claro está- de un modelo que impera en el interior de la Argentina y que el matrimonio Kirchner decidió, hace 12 años, exportarle a la nación.

Está claro que la Argentina tampoco era Suiza antes de los Kirchner, pero, a nivel nacional, algunas salvajadas que eran normales en las provincias feudales o no se conocían o se evitaban.

Todo eso cambió con la llegada del matrimonio del sur. La idea de Néstor y Cristina Kirchner fue replicar el modelo feudal de Santa Cruz, sin división de poderes, sin rendición de cuentas y tomando al Estado como parte del patrimonio familiar.

No caben dudas de que, en el sentido institucional, la Argentina involucionó notoriamente en estos últimos doce años y que lo que ocurrió en Tucumán se inscribe en ese marco de deterioro de la ley y el derecho.

De todos modos, es altamente positivo el coraje demostrado por el tribunal, que se animó a fallar en contra de los intereses de quienes mandan para privilegiar la intachable confianza que debe surgir del acto electoral.

Ojalá podamos tomar esto que sucedió allí como un punto de partida y como un ejemplo que se expanda a las demás provincias y a la nación entera. No deja de resultar paradójico que el lugar en el que la Argentina nació oficialmente al mundo haya sido también el lugar que puede convertirse, de ahora en más, en el sitio en que nació la república institucional, aquella en donde gobierna el derecho y no los deseos interesados y caprichosos de los poderosos.

Durante meses -si no años- trató de convencer a media ciudadanía de que, pese a ser “un hombre del proyecto”, él era distinto, dialoguista, educado, de buenas maneras.

Pero el desastre que es su provincia puesto de manifiesto por la inclemente naturaleza, sumada a la falta de controles y a una administración ineficiente, parece haber sacado de su centro al gobernador, que no tuvo mejor idea que salir al cruce de Mauricio Macri, del peor modo.

Durante mucho tiempo vendió la imagen de la amistad y de la relación de respeto que lo unía al hoy candidato de Cambiemos. Pero bastó que este comentara los trabajos de ingeniería hidráulica que harían falta en la provincia de Buenos Aires y que no se han hecho en todos estos años, para que el gobernador saliera con los tapones de punta.

A su juicio también estaría mal que los candidatos de la oposición hayan hecho comentarios sobre las inundaciones: según Scioli, esos son aprovechamientos políticos de las desgracias.

Es posible que haya un uso conveniente de lo que ocurrió con miles de ciudadanos en la provincia para castigar la administración, no solo de Scioli, sino de todos los gobernadores que han pasado por allí sin atender a la infraestructura necesaria en la provincia, pero el hombre de la “fe y el optimismo” no puede volverse loco porque le canten unas cuantas verdades.

En todo caso, siguiendo su vocación dialoguista, debería haber citado a los que proponen obras para que expliquen sus proyectos y eventualmente cómo se financiarían y cómo se llevarían adelante.

Scioli dijo en declaraciones radiales: “La gente por algo votó de la manera que votó, no se dejó llevar por este tipo de operaciones, y por eso nos dio la ventaja de más de 3 millones de votos y de 15 puntos, que se va a confirmar con el escrutinio definitivo, donde vamos a sumar todavía más votos y más diferencias sobre esta nueva alianza, que ha mostrado la peor cara”.

Meterse con cómo votó la gente y con el acto eleccionario en sí puede ser complicado. Es más, si lo piensa, puede ser que el gobernador llegue a la conclusión de que no le conviene meterse en ese terreno.

Respecto de cómo votó la gente hay, justamente, muchos reparos que surgen de ver hasta qué grado el pueblo está esclavizado mentalmente y depende económicamente de un Estado sin alma que lo compra por migajas y que luego le hace pagar consecuencias infrahumanas por haberse comido los recursos que le robó.

Son muchos los que no se explican cómo esa gente no se rebela contra su condición, una condición en la que la ha puesto la desidia de 25 años de corrupción y dejadez.

Respecto del acto eleccionario en sí, también es un terreno que el gobernador debería evitar por su propio bien. Nunca, como en el domingo 9 de agosto, se escucharon denuncias de robo de boletas, fraudes diversos, aprietes y accionar de punteros comprados, votación de paraguayos que llegaron por distintos puntos de la frontera y que luego fueron repartidos con remises del peronismo en distintos lugares de votación, aparición de boletas falsas impresas a propósito, boletas de la oposición descubiertas tiradas en containers, en fin, toda una pléyade de trucos y trampas de la más baja estofa.

Así que lo que más le convendría a Scioli es no hacer “olas” respecto de cómo votó la gente y cómo se desarrolló el comicio, porque de ese análisis va a salir más golpeado que beneficiado.

Scioli decidió jugar su futuro a una carta peligrosa: la que representa el cristinismo duro y puro. Nadie conoció ningún mensaje de felicitación presidencial por la victoria del gobernador en las PASO. La Presidente está !”borrada”, sin paradero conocido desde que el agua tapó media provincia. Es lo habitual en los Kirchner: desaparecer cuando hay malas noticias. Así ocurrió con Cromañón y con Once.

El jefe de gabinete se dio el lujo de hasta “cargar” al gobernador con su viaje a Italia, viaje que dijo desconocer y del que solo se interesó para saber si Scioli le “había traído alfajores”.

El gobernador operó su influencia en la Justicia para ser un capítulo más del libreto de impunidad con el que la Presidente pretende retirarse del Gobierno. Pero con todos estos años al lado de los Kirchner aún no aprendió que nunca será aceptado por ese círculo cerrado y perverso. No recibió ningún agradecimiento por su gestión, ni siquiera cuando entregó un triunfo electoral.

Ese será el escenario que su propia tropa le entregará en su eventual Gobierno. Ni el ministro de economía, Axel Kicillof, candidato a diputado por la Capital, pegará su campaña a la del candidato a presidente. Es probable que Scioli deba hacer un curso rápido de desagradecimientos, un capítulo infaltable en el mundo K. Ya comenzó a internarse -a lo mejor muy a su pesar- en el terreno de las cabronadas, otro condimento invariable en los modales del oficialismo. De allí a aprender los demás episodios solo hay un paso.

Esa cara de la moneda tiene incluso su impacto en los números. El precio de los activos financieros del país ha mejorado notoriamente y las tasas que pagan son efectivamente más bajas. Ha disminuido el riesgo país a la mitad de hace casi un año, aun cuando muchos títulos de deuda están es default. Si bien el mercado inmobiliario sigue desplomado, se han multiplicado las consultas para adquirir propiedades premium porque se entiende que están en un valor que pronto se multiplicará.

Otro tanto ocurre con las acciones de compañías argentinas cuyos valores han comenzado a trepar.

Es de tal dimensión el desbarajuste económico, moral, institucional, cultural y social que ha producido el gobierno K durante los últimos 12 años que el mero hecho que una cosmovisión diferente se haga cargo del poder ejecutivo derrama una serie de pronósticos positivos.

Pero al lado de esta interpretación existe otra que, sin negar el peso del punto de vista “optimista” previene sobre los que nos espera.

En ese sentido, el domingo, Rodolfo Terragno escribió un interesante artículo en el diario Clarín con el título “La Anarquía del Año 15″, en el que trata de poner paños fríos sobre un exceso de confianza. Si bien reconoce las bases ciertas en las que se apoya la tesis “optimista”, aclara que la mitad de los diputados que están en la Cámara hoy, seguirán allí, lo mismo que los 2/3 de los senadores. Es lo que la Constitución dispuso para que, justamente, los cambios fueran el resultado de un devenir sopesado de los acontecimientos y no el producto de un aluvión.

De modo que las ansias de cambio inmediato que pudieran albergar algunos por un cambio en la titularidad presidencial habría que ajustarlo por el hecho de que ningún partido se asegurará la mayoría parlamentaria propia. El kirchnerismo la perderá y nadie la ganará en su lugar.

De modo que el próximo presidente deberá negociar cada ley y cada modificación de rumbo que intente. A los tropezones, bloqueos, obstáculos y demoras que se produzcan en esos intentos, Terragno los llama “la anarquía del año 15″ en una metáfora que hace acordar a aquellos títulos de los capítulos de los libros de historia del colegio secundario.

A esto se le suma naturalmente todo el capítulo económico que hay que reconstruir. No hay una sola variable que marche acompasadamente con nada en la economía argentina; todo está detonado. Los precios relativos están completamente destruidos.

Las tarifas de los servicios públicos nunca fueron ordenadas luego del desplome de la convertibilidad de la voraz devaluación duhaldista y de la pesificación asimétrica.

No hay un solo precio que esté en orden y no sabemos cómo se encarará la adecuación de todo el esquema populista que ha destruido el capital de trabajo de las empresas. Tampoco sabemos cómo se saldrá del cepo, que ha destruido el funcionamiento de todos los mercados. Ignoramos si allí se aplicará una política de shock o se optará por el gradualismo.

La estruendosa deuda acumulada por el BCRA -que lo tiene técnicamente quebrado porque debe más plata de la que tiene y porque esa deuda se sigue agigantando por la enorme emisión monetaria cauterizada por LEBACS- es posible, incluso, que empeore en este año electoral. Recordemos que el kirchnerismo expandió la base monetaria de modo brutal cada año de elecciones: 22% en 2005, 40% en 2007 y 50% en 2011. Hoy la deuda consolidada del país supera los 300 mil millones de dólares, más del 58% del PBI.

Otro tanto ocurre con las cuentas entre lo que se gasta y lo que se recauda. Como consecuencia de las enormes licuaciones de la post convertibilidad esos números se habían transformado en un superávit del 5% del PBI. Hoy este mismo porcentaje respecto del producto ha devenido en déficit.

Son muchos los candidatos presidenciales que están enviando señales a los sectores productivos respecto de la estructura impositiva del país, tanto sea al campo, como a las empresas y a los sindicatos (retenciones, balances ajustados por inflación, impuesto al cheque, mínimo no imponible de ganancias). Pero esas promesas implicarán batallas ciclópeas en el nuevo Congreso y la necesidad de que se instrumenten elementos de balance para suplantar los recursos perdidos.

En fin, tanto desde el punto de vista político como desde el económico, se abren interrogantes fantásticos respecto del futuro. Algunos entienden que el nuevo gobierno debería asumir con un serio beneficio de inventario, dados los extraordinarios desafíos a los que la irresponsabilidad del kirchnerismo lo someterá inexorablemente.

Pero todos sabemos que esas salvedades no existen la hora de hacerse cargo de un país. Sea quien sea el nuevo presidente tendrá por delante una tarea inmensa. Pero frente a ella no es menor contar con el invalorable activo del cambio de expectativas. Los hechos, efectivamente, tardan en cambiar. Pero la perspectiva y la confianza cambian en un minuto. Seguramente el nuevo gobierno deberá aferrarse a esas inmaterialidades para hacer frente al trabajo que tenga por delante. Pero saber que la era de las imposiciones desde las Altas Torres ha terminado, será, de por sí, un avance enorme.

Las relaciones internacionales, la economía, la seguridad ciudadana, la educación, la cultura cívica, el respeto público, el clima de convivencia, la paz cotidiana, la tolerancia, la violencia verbal y física, las amenazas, el nivel de libertad individual, la independencia de la justicia, el desenvolvimiento de la prensa, en fin, todo lo que conforma la realidad diaria de un país ha sufrido un retroceso notable en estos años llenos de furia y de pretensión hegemónica del ejercicio del poder.

Los aliados más importantes de la Argentina de hoy son Venezuela, Irán, China y Rusia, cuatro regímenes que, por decir lo menos, ejercen el poder sin libertad, de modo autoritario y sin que rijan las garantías constitucionales mínimas de una democracia republicana. Cuando uno contrasta esa realidad con la afirmación de la presidente electa -y aun no asumida- de que su gobierno tendría como reflejo orientador el ejemplo de Alemania, no puede menos que agarrarse la cabeza.

Haber firmado un acuerdo con el país que concibió intelectualmente los dos atentados más serios en la historia de la Argentina es algo que aun hoy, con el paso de los años, no puede explicarse, salvo que la presidente lo haya hecho porque siente un deseo irrefrenable de causar irritación en aquellos a los que no tolera, aun cuando la honra y la justicia que el país reclama estén de por medio.

Las inexplicables muestras de odio, envidia y rencor hacia los Estados Unidos -hacia su pueblo y hacia su gobierno- provocaron un serio aislamiento del país, al que muchos le soltaron la mano, obviamente, al ver aquella propensión inútil a querer “guerrear” con la primera potencia mundial.

La caída estrepitosa a nivel regional, en donde países que hasta no hace mucho ni siquiera podían pensar en compararse con la Argentina nos han superado con creces en casi cualquier parámetro de medición.

En materia económica la situación no puede ser menos calamitosa. La inflación ha corroído todas las variables del funcionamiento de la economía. Los salarios, los impuestos, la tasa de productividad, las tasas de interés, en fin, todo se ha distorsionado de una manera ridícula. El gobierno emite moneda a una velocidad sorprendente para alimentar un gasto publico astronómico que no para de crecer en medio de una orgía demagógica de subsidios, regalos, prebendas y clientelismo político pocas veces visto en un país ya de por sí históricamente cruzado por esas pestes.

El peso ha perdido su valor con una velocidad pasmosa en los años que la Sra de Kirchner lleva en el gobierno. Si uno recuerda lo que podía comprarse con $100 en 2007 y lo compara contra los que puede comprar hoy comprueba la triste realidad que significa haber entregado gran parte del poder adquisitivo del trabajo y de las remuneraciones.

Un estrafalario cepo al dólar produjo, desde hace cuatro años, un colapso de prácticamente todos los mercados. Desaparecieron 800 inmobiliarias, hay importaciones “pisadas” por más de cinco mil millones de dólares, el país entró nuevamente en la ridiculez de un sistema de autorizaciones completamente estrambótico llamado “DJAI” que parecen haberlo metido en el túnel del tiempo de los años ‘80.

En un contexto de crecimiento de reservas de los Bancos Centrales de toda la región, la Argentina perdió más de 25.000 millones de dólares en ese período pues si algún éxito tuvo el cepo fue el de lograr que no entrara un solo billete, aun cuando la fuga no se detuvo.

La gente que vive en villas miseria ha aumentado más de 150% en un ejemplo dramático y demoledor de la decadencia del nivel de vida nacional al que el “modelo” ha condenado al país. La imagen visual de la Argentina (cómo la gente se viste,  cómo habla,  cómo viaja,  cómo come,  cómo estudia y  cómo cuida su salud) da la apariencia de una sociedad empobrecida, en franca decadencia.

La Presidente ha conducido al país nuevamente al default de su deuda, regalándole gratuitamente al mundo un espectáculo de indecencia que ha tenido, en el centro de la escena, la pésima conducción profesional de un juicio perdido en todas las instancias de la justicia competente para juzgar. Es más, dadas las situaciones de negociación conocidas después de la sentencia desfavorable, parecería que la Sra de Kirchner tomó esa decisión (la de defaultear al país) también a propósito, con el solo objetivo de demostrar una rebeldía tan inútil como inmadura.

¡Qué decir en materia de inseguridad ciudadana! La tasa de criminalidad y la crueldad de los hechos delictivos ha aumentado al mismo ritmo que un particular enfoque de la problemática delictual según el cual las víctimas de la violencia no son las verdaderas víctimas sino en realidad los victimarios de un conjunto de pobres individuos a los que, como sociedad, ha segregado y discriminado, consecuencia de lo cual, prácticamente los ha forzado a delinquir, a matar, a robar y a violar como una manera de “equiparar los tantos” de la justicia.

Se ha llegado al punto de utilizar presos en mitines políticos con agrupaciones partidarias kirchneristas desarrolladas dentro de los penales; existe ahora la teoría de que los presos deben tener un sueldo, aguinaldo y vacaciones pagas, juntamente con una representación sindical con personería gremial.

Al lado de estas realidades, el país se convirtió en una nueva Meca del narcotráfico, siendo incluso la sede de “cumbres” de capomafias de la droga colombiana que prácticamente han copado la ciudad de Rosario con sus crímenes, sus sicarios y el dinero fácil con el que cooptan “soldaditos” -tal como le llaman a los adolescente que ponen a trabajar para ellos el precio de arruinarles la vida para siempre.

El derrumbe completo de la educación, registrado por nuestros alumnos en cuanta prueba regional o internacional se tome, es otra de las realidades de estos últimos siete años. Los chicos no comprenden lo que leen, no dominan operaciones aritméticas simples y tienen una incapacidad alarmante para entender el pensamiento abstracto.

Si bien se pensaba que el país había conocido ya todos los vericuetos de la corrupción, las sospechas y comprobaciones a las que se están accediendo en los últimos tiempos hablan de una sofisticación superior en la evolución del delito desde el Estado. Dineros públicos que van y vienen, gente de la íntima confianza presidencial que no puede explicar su crecimiento patrimonial, operaciones extrañas con las empresas que pertenecen a la propia Presidente, un vicepresidente procesado por primera vez en toda la historia argentina que trucha papeles de un auto y establece domicilios en médanos como si fuera un operador del bajo fondo más berreta, trasmiten la imagen de una pauperización del poder que -aun cuando la Argentina nunca fue una joyita- no se conocían hasta los años de la “década ganada”.

El gobierno ha intentado copar la Justicia, para destruir la esencia de los controles republicanos; no tolera ni siquiera la idea de que su comportamiento se limite y se vigile y, al contrario, ha instrumentado un sistema de vigilancia ciudadana que le da al país una contextura policial en la que todo está básicamente prohibido, salvo que un bando presidencial autorice la conducta. Los intentos de hacerse de un poder completo han llegado a limites absurdos como los casos de Gils Carbo, de Justicia Legítima, las amenazas a los jueces díscolos, las sanciones de leyes hechas a medida para evitar las investigaciones, al tiempo que se manda a investigar a aquellos que no se avienen a ser meros siervos de un poder absoluto.

Y todo esto envuelto en un envase de estrés constante, de unas maneras de furia y torbellino que todo lo atropellan, en una mezcla de soberbia e ignorancia francamente desconcertante.

El séptimo aniversario de la Sra de Kirchner como presidente encuentra al país con estos contornos; viviendo a fuerza de relatos fantásticos que un inmenso aparato de propaganda financiado con el dinero de todos los argentinos ha contribuido a propalar. Relato en el que aún muchos creen llevados por las dádivas, el empleo público y los favores del Estado.

Nadie sabe cuánto le costará al país revertir estos años disvaliosos, durante los cuales una contracultura extraña y decadente copó el centro del alma argentina, alegremente, con la anuencia mayoritaria de la sociedad. Pero el esfuerzo por volver al orden lógico de las naciones deberá ser titánico. Y eso sin contar que aún queda un año para que el deterioro siga profundizándose.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

En medio de fuertes rumores sobre su desafección de la causa, el juez decidió hacer lugar al pedido del fiscal Di Lillo, que en el verano pasado había elevado esa petición atento a las pruebas que en su opinión se acumulan contra el vicepresidente.

Los considerandos del juez incluyen una ligera variante en la visión del caso. No solo espera interrogarlo sobre el ejercicio de acciones incompatibles con la función que Boudou ocupaba en ese momento -ministro de Economía- sino que tiene intención de saber si el hoy vicepresidente no quiso apropiarse de la empresa.

Ese detalle complicaría mucho más su posición porque las gestiones ante la AFIP ya no serían un mero “tráfico de influencias” sino una gestión para sí mismo, utilizando los organismos del Estado que integraba para favorecerse a sí mismo, en su patrimonio personal.

Son muchos los interrogantes que surgen a partir de esta novedad. En primer lugar, Boudou no ha sido citado solo. Vanderbroele, Nuñez Carmona y dos integrantes de la familia Ciccone también deberán responder las preguntas del juez. Eso puede provocar contradicciones y respuestas diferentes según sea lo que cada uno ese dispuesto a decir para cuidar su propia postura. Es posible que por razones políticas el vicepresidente esté dispuesto a llegar solo a cierto punto en su declaración, pero los demás que no tienen esos compromisos. ¿Callarán? Ese es un punto interesante a tener en cuenta.

El otro tema tiene que ver con la propia actuación del entonces ministro. ¿Se cortó solo o se movió bajo el amparo o quizás bajo la indicación de alguien?

Elisa Carrió sostiene en este punto que Boudou actuó por indicación de Néstor Kirchner. El periodista Hugo Alconada Mon destaca un sospechoso movimiento en la composición accionaria de The Old Fund (la teórica propietaria de Ciccone hasta su estatización) justo el día de la muerte de Kirchner a través de una sociedad uruguaya, denominada Dusbel, que si ni siquiera tenía radicación en la Argentina.

Por otro lado, Boudou se declaró distanciado de Nuñez Carmona pero sigue compartiendo el abogado. ¿Llevarán una táctica conjunta de declaración indagatoria?

Muchos consideran que dadas las características propias de este gobierno es imposible que una operación de esta magnitud pueda haber sido pensada y ejecutada por el ministro de economía para su propio beneficio sin la anuencia de autoridades superiores. Aún cuando haya sido una idea de Boudou, nadie cree que pueda haber actuado por las suyas.

También resultará interesante ver la reacción del gobierno, y particularmente de la presidente, Boudou ha sido su elegido en soledad. El nombramiento para la fórmula de 2011 sorprendió a más de uno y la responsabilidad por su elección lleva el nombre de Cristina Fernández en soledad.

Es muy posible, como ya ha sido insinuado por el ministro de Defensa Agustín Rossi, que el gobierno intente apoyarse en la figura de Mauricio Macri, que fue procesado por Oyarbide en el caso de las escuchas y que, aunque el juez Casanello anuló dichas actuaciones (decisión ahora apelada), se mantuvo en su cargo sin problemas mientras el caso se substanció.

También está la propia posición de Boudou, quizás la más disparatada de todas (aunque el gobierno la suscribió hoy en parte de la mano también de Rossi): declararse una víctima de “los sectores que no le perdonan haber estatizado las AFJP”. Esta versión es directamente risible.

Para asombro de todo el mercado asegurado por aquel sistema -que solo unos meses antes (y ante la presión del gobierno por lograr un “pasaje voluntario” al sistema de reparto para quedarse con todos esos recursos) se había expedido en una proporción de 8 a 2 a favor de mantener el sistema mixto de AFJP-, los operadores de aquellas compañías le entregaron el sistema envuelto para regalo con moño y todo. Jamás nos enteramos de que ninguna de aquellas empresas -muchas subsidiarias de bancos- hayan hecho un solo amague de defensa. El embretamiento al que el Estado había sujeto el mecanismo se había alejado completamente del espíritu original de construir un verdadero mercado de capitales y ninguno de los operadores estaba conforme con su funcionamiento. La estatización les sacó un problema de encima. ¿Quién se querría vengar de alguien que les hizo un favor?

Y por último, aunque no menos importante, está el aspecto institucional. El vicepresidente es quien ocupa la presidencia en caso de ausencia del presidente. Es más, el día de su indagatoria, la Sra de Kirchner estará en Brasil en la reunión de los BRICS si es que decide aceptar la invitación de Rusia para asistir, cosa que obviamente ocurrirá. De modo que Boudou será el presidente en ejercicio.

Pero estos son solo detalles para un gobierno que ha demostrado más de una vez no estar demasiado preocupado por las formalidades republicanas.

Lo cierto es que los meses que siguen serán muy importantes para develar (o intentar hacerlo) los vericuetos de uno de los casos de corrupción pública que más estrépito han causado y cuyas raíces se sospechan pero no se saben con certeza. El mismo día que la justicia suiza confirmó que Báez depositó en uno de sus bancos U$S 22 millones, también se abre el primer paso para saber si Boudou fue un vivo que quiso aprovechar el poder para enriquecerse o fue un engranaje de un poder mucho mayor que el suyo.