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Un acierto de Macri

Luego del debate en la Facultad de Derecho, fueron numerosas las críticas por este primer ensayo que para muchos resultó insustancioso y hasta aburrido. En gran medida porque algunos de los temas planteados no tuvieron respuesta.

Sin embargo, en los días posteriores y respecto de uno de esos temas, Mauricio Macri tuvo un acierto destacable. Me refiero a la integración de la Corte Suprema de Justicia y al nombramiento de los jueces para los sillones vacantes.

El candidato de Cambiemos, luego de conversar el tema con su equipo de justicia liderado por Ernesto Sanz, en un reportaje propuso a dos constitucionalistas para esos lugares.

Macri explicó que la Corte es el último escalón de defensa de la Constitución, de los derechos civiles y de las garantías individuales de los ciudadanos. Allí debe haber especialistas en la materia, porque nadie mejor que ellos para cancelar la aplicación de leyes, decretos o resoluciones que violen su letra o su espíritu. Así se podrá anteponer la supremacía de la ley fundamental y del derecho individual por sobre las pretensiones del poder y del Estado.

En efecto, si uno se pone a pensar cómo está integrada actualmente la Corte (y en general cómo históricamente se integró), nota que los constitucionalistas son una minoría (o directamente una incomprensible ausencia). Continuar leyendo →

El default judicial

Desde estas columnas hemos trasmitido incesantementew la idea -y la convicción- de que somos nosotros la principal causa de lo que nos pasa y de que somos nosotros los últimos responsables de lo que finalmente termina ocurriendo en la Argentina.

Eso está claro y surge hasta de la lógica democrática que, teóricamente, permite elegir. Pero también es cierto que algunos estamentos institucionales de la Argentina han fallado completamente a la hora de ejercer su función y no han sabido poner en funcionamiento los mecanismos que la Constitución prevé para que ciertos descalabros que hemos vivido en estos años se evitaran.

Nos referimos concretamente al deslucido papel que han jugado muchos jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El último escalón de esa “sacada del (cuerpo) a la jeringa” ha sido la lavada de manos que se pegó el más alto tribunal cuando un fiscal lo convocó para que se expidiera sobre el caso de Luis María Cabral.

La Corte se sacó el balurdo de encima mediante una formalidad, que es como estar acomodando los cuadros del living en el medio de un incendio.

Resulta francamente triste ver tanta pusilanimidad y especulación política cuando los derechos y las libertades públicas están en juego. Uno no tiene demasiada noción acerca de qué más debería pasar en el país para que, quienes corresponda, se den por enterados de que lo aquí existe es un intento serio y profundo de instaurar un régimen de mano única en donde la división republicana de los poderes desaparezca. Se trata de un verdadero golpe constitucional con el aparente “respeto” por la Constitución.

En efecto, con la incomprensible anuencia de algunos jueces, lo que se intenta es saltear la Constitución, estableciendo un sistema paraconstitucional, que derogue lo dispuesto en 1853 y que lo reemplace por un nuevo orden diseñado por la hegemonía del Gobierno.

Se trata del más sofisticado intento de borrar el orden liberal, democrático y republicano de la Constitución sin pasar por los escabrosos procedimientos de reforma, para los que, los protagonistas de este anhelo, saben que no tienen los votos: “como no tenemos los votos lo vamos a hacer igual, haciendo como que lo hacemos dentro de la ley…”

El choque entre ese intento y la Constitución debería ser marcado por los jueces y es este el paso que está fallando. Es cierto que ya gran parte de la Justicia ha sido colonizada y que muchos casos que recaen en jueces partidistas son desechados precisamente por eso. Pero otros, que incluso han llegado al más alto tribunal, no han recibido el trato serio y preocupado que deberían haber tenido, sino que fueron respaldados, dándole el gusto a un Gobierno que no siente por las valoraciones republicanas el más mínimo respeto.

Se trata de una verdadera claudicación. El país no ha honrado su organización de reaseguro. Todas las precauciones habían sido tomadas por los constituyentes para que la Argentina no volviera a caer en el autoritatismo. Las mejores instituciones del mundo habían sido adaptadas en el texto de 1853 para que estuviéramos protegidos contra ese flagelo.

Pero quienes han tenido la responsabilidad de hacer funcionar ese sistema no has estado, evidentemente, a la altura de la circunstancias.

Es cierto que la sociedad tiene su parte gruesa de responsabilidad porque no se ha manifestado con su voto en contra de estos regímenes mesiánicos. Al contrario, ha votado a figuras carismáticas que han ido perfilando un gobierno de culto. Pero aquellas personas que se suponen formadas y que han llegado a ocupar los escaños reservados a la defensa última de la libertad, han defaulteado su deber. No se sabe si el miedo, si el amor a los sillones o si el matonismo han sido más fuertes que el amor por la dignidad y por la vigencia de los derechos civiles. Pero lo cierto es que el resultado práctico final es un páramo desierto cuando el ciudadano que aún le importa vivir en libertad levanta la mirada y busca casi desperadamente un auxilio.

Ahora van por la Corte

El Gobierno comenzó a coquetear seriamente con la idea de copar la Corte. La muerte del juez Petracchi aceleró esta posibilidad, a la que se le adicionó la guarangada de Kunkel pidiendo la salida del juez Fayt, prácticamente acusándolo de padecer la misma senilidad que la presidente le adjudicó a Griesa.

Fayt tiene 92 años y juró por el texto constitucional de 1853 que establecía la perdurabilidad de los jueces en sus cargos mientras durase su buena conducta (esto es, técnicamente, hasta su muerte si no eran removidos por mal desempeño) y defendió junto a Petracchi esa posición cuando la Constitución fue reformada en el 94 para introducir la enormidad jurídica del límite de 75 años.

En efecto, ese delirio fue el fruto de un acuerdo entre Alfonsín y Menem para que “la política” dispusiera de vacantes “convenientes” en la Corte Suprema, pero es a todas luces un tumor en el sistema de control constitucional del poder por la vía de entregarle al Poder Ejecutivo un arma más hacia el desideratum de un gobierno sin límites.

El juez Zaffaroni, que juró por el texto de 1994, ya anticipó que se retirará en enero. La salida del magistrado le plantea un problema al gobierno de la Sra. de Kirchner. Zaffaroni es un incondicional del oficialismo,  y este no tiene en el Senado los dos tercios de los votos para designar a otro juez que le obedezca a ciegas. Necesitaría más de 10 votos por encima de los que tiene para lograrlo. Por lo tanto, es posible que deba elegir a un candidato afín pero no regimentado -como podría ser León Arslanian- para que de ese modo parte de los votos radicales lo respalden.

Sin embargo, las declaraciones de Kunkel -que nunca habla porque el aire es gratis- en el sentido de pedir la cabeza de Fayt, pueden hacer presuponer que el Gobierno está decidido a ir por la Corte Suprema a como de lugar, buscando no ya una sino dos bancas. Si eso es así, es posible que también esté pensando en forzar los procedimientos para aprobar a los jueces en el Senado, como recientemente lo hiciera para aprobar un listado de conjueces.

En una palabra, los análisis basados en el “deber ser” deben ser tomados con pinzas cuando enfrente se tiene un poder como el que la Sra. de Kirchner pretende ejercer: muchas veces esos pensamientos “ingenuos” nos pueden llevar a conclusiones erradas.

Pero todo este berenjenal sirve para sacar una vez más una conclusión más genérica sobre la sociedad argentina.

Vacantes en los sillones de las Cortes ocurren en todos los países, y los que tienen esquemas constitucionales similares al nuestro abren, efectivamente, la posibilidad de que los presidentes llenen esos lugares con candidatos elegidos o propuestos por ellos.

Pero lo que no ocurre en todos esos países es que el gobierno ostensiblemente se aproveche de la situación o, peor aun, especule con la idea de forzar vacantes para llenarlas con jueces de su gusto y “piacere”.

¿Por qué ocurre eso reiteradamente en la Argentina? Porque es la sociedad la que en el fondo lo permite. Y lo permite porque no le molesta que una sola persona concentre todo el poder. La sociedad argentina no está familiarizada con la idea del poder limitado. Al contrario, lo está con la idea del poder concentrado. Ve con naturalidad la figura del “jefe único” frente a cuya voz todos se callan y obedecen. No termina de procesar la idea de que es ella (los individuos que la componen, en realidad) la “poderosa” y no el Estado. Que es éste el que debe ajustarse a severos límites en su accionar para dejar el máximo márgen de maniobra posible a la soberanía y a la libertad individuales.

En ese contexto, ¿por qué debería ser el Poder Judicial -el teórico terreno de defensa de aquellas libertades- una excepción a la regla? Si no consideramos importante la libertad individual sino el poder de un “comandante”, ¿por qué deberíamos defender la independencia del poder destinado a defender esa libertad?

Claramente tampoco la historia de los jueces brilla cuando se trata de privilegiar la supremacía del individuo frente al Estado. La doctrina de la Corte cuando verdaderamente se encontró ante la disyuntiva de defender a uno o a otro no dudó y claudicó ante las “razones de Estado”.

Hoy las “razones de Estado” pueden indicar que su próxima víctima sea la propia Corte. ¿Qué harán los jueces ahora en que la libertad se une a sus propios intereses personales?

Ya tuvimos un antecedente, precisamente en la reacción frente a la introducción del límite etario en 1994: allí sí echaron mano del principio liminar de la irretroactividad de las leyes para permanecer en sus cargos. Pero al menos un juez de los que se aprovecharon de esa correcta interpretación no siguió el mismo razonamiento frente a la inconcebible irretroactividad de la ley de medios. En efecto, el fallecido juez Petracchi adujo la irretroactivoidad de la reforma del ’94 para considerarse no alcanzado por el límite de los 75 años pero votó a favor de la constitucionalidad de la ley que desconoció retroactivamente los derechos adquiridos de los titulares de licencias cuya adquisición había sido hecha con anterioridad a la ley del 2009, y en perfecto acuerdo con el orden jurídico vigente a ese momento.

En una palabra: la sociedad va camino de quedarse sin defensas porque ella misma eligió no defenderse. Envueltos en una pusilanimidad fuera de lo común los argentinos solo atinan a mirar como el poder les pasa por encima a lo sumo tratando de salvarse de a uno sin la menor empatía por el prójimo. En ese campo yermo de miserias se levanta la perdurabilidad de un poder total.