Pero otros que aspiren a conservar al menos algo de esa honestidad deberán pensar dos veces las cosas antes de inhibir la apertura a prueba de la investigación. Archivar la denuncia de un delito sin investigarlo, sin siquiera tener la curiosidad profesional de producir al menos un puñado de las pruebas solicitadas por los fiscales, es de una temeridad tal que se hace impensable en el caso de tres jueces de Cámara.

Ya resultó bastante inexplicable que el juez Daniel Rafecas haya fallado como lo hizo, valiéndose incluso de documentos que le acercaron los fiscales de Justicia Legitima que se hicieron cargo de la Unidad Fiscal AMIA, documentos que no figuraban en la denuncia de Pollicita y que, sin embargo, sí fueron utilizados como “prueba” de “descargo”, aunque, al mismo tiempo, no se habilitó la producción de ninguna de las pruebas “de cargo”.

Ese manejo completamente parcial, discrecional y arbitrario del juez no puede volver a repetirse; la sociedad tiene derecho a saber si la denuncia tiene fundamentos antes de ser archivada. 

Si la Cámara dispone la apertura a prueba y el inicio de la investigación, la presidente necesitará de un paraguas político que la cubra de semejantes inclemencias.

Otro tanto ocurre con Hotesur, la causa que investiga el juez Claudio Bonadio y en donde aparece involucrada no sólo la Sra de Kirchner sino el resto de la familia presidencial, empezando por su hijo Máximo. Las comprobaciones que ya están en manos del juez son lo suficientemente graves como para que la presidente sepa que no puede quedar huérfana de un dique de contención.

Y luego está, por supuesto, el costado político. Una lista de diputados provinciales encabezados por ella misma, mandará a Daniel Scioli al descenso; quiero decir, a los eventuales candidatos del gobernador a ocupar lugares en esas listas. La sábana se llenara de camporistas que intentarán arrastrar, con Cristina a la cabeza, la mayor cantidad de lugares en la cámara baja y con ello condicionar seriamente las posibilidades de cambio del próximo gobierno.

La elección de octubre renueva la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Con ello queda claro que la otra mitad de diputados y dos tercios de los senadores actuales quedaran en sus lugares. Si el kirchnerismo lograra neutralizar el efecto cascada que siempre produce una elección presidencial y de ese modo mantener un número mínimo de diputados capaz de obstruir cualquier iniciativa que tendiera a desmantelar el tipo de sistema socioeconómico instaurado en los últimos doce años, indudablemente habría obtenido una victoria política resonante.

La Presidente está apostando a ese escenario. ¿Puede ese horizonte llegar al extremo de expulsar a Scioli de las filas “oficiales” para presentar una variante de kirchnerismo puro y duro? Es posible. Algunas espadas importantes del oficialismo ya se encontrarían trabajando detrás de una idea como esa.

Hace unos días el dirigente camporista José Ottavis lo dijo con todas las letras: ellos sueñan con una continuidad cristinista en manos de Kicillof, Larroque, o De Pedro lo que sería un sinceramiento neomarxista del gobierno. Zanini -otro que comulga desde su juventud con las mismas ideas y que solo se unió al peronismo por conveniencia electoral de acuerdo al plan trazado por el “entrismo” sesentista- también adhiere a la misma idea.

¿Puede una candidatura de la Sra de Kirchner cambiar la composición del caudal electoral del kirchnerismo? Es difícil. A la Presidente podrá convenirle personalmente (por las razones judiciales expuestas) mantenerse al calor de una candidatura. Pero el gobierno podría entregar al ruedo político a su principal ficha que dejaría las Altas Torres del palacio para bajar al barro de la pelea y de los pases de factura. En la oposición parece haber una larga lista nombres anotados para agregar más agua y más tierra a ese barro.

La presidente deberá decidir esto de aquí a 60 días. No le queda mucho tiempo. Si desistiera de competir (y este puede ser otro elemento que tenga en cuenta para su toma de posición) el fragor de la campaña la puede dejar sin protagonismo, incluso entes de ese tiempo, cuando empiecen las PASO en la ciudad. Las fichas de la conveniencia están puestas en su candidatura. Hay millones de razones por las que la Presidente no querrá quedar marginada de la campaña que viene.

La sala sorteada para entender en la apelación ha sido la sala I, la misma que declaró inconstitucional el memorándum con Irán y la misma que confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa Hotesur. Antes de eso, el fiscal Carlos Rívolo deberá elevar su dictamen sobre la procedencia de la apelación, en lo que todo el mundo prevé como un respaldo incondicional a la investigación que pide Pollicita.

Éste, a su vez, se basó en hechos prácticamente derivados del sentido común para pedir a la Cámara que se aboque al entendimiento en la causa: “Señores, por favor investiguen; lo que les estoy presentando no es una sentencia, es simplemente eso: un pedido de investigación… Creo que hay suficientes medidas de prueba pedidas como para desestimar in límine la actuación”.

Eso fue precisamente lo que hizo Rafecas: el juez abiertamente dijo que ni siquiera se había tomado el trabajo de escuchar una de las miles de grabaciones adjuntas a la denuncia. Conforme esos audios se han ido escuchando, a la gente común se le hace cada vez más difícil entender cómo el juez no tuvo siquiera la curiosidad de prestarles atención. O a lo mejor sí lo hizo y por eso falló como falló y luego dijo lo que dijo.

La investigación debe ser en primer lugar una oportunidad de defensa para los señalados como responsables del encubrimiento o del intento de encubrimiento. Pollicita insiste en que el hecho de que el delito no se haya consumado por razones ajenas a quien lo intentó no es suficiente causa de inocencia y que, en todo caso, la figura sería la del encubrimiento en grado de tentativa.

Pero lo mejor que puede ocurrirle a la Presidente, al Canciller, a Larroque, a D’Elía, a Esteche y demás imputados es tener una oportunidad judicial de aclarar su situación.

En ese contexto, resultó apresurada la solicitada publicada ayer por el gobierno cuando los tiempos de la apelación aún estaban abiertos. Es posible que dicho apresuramiento se haya basado en las seguridades que tanto Julio De Vido como Wado De Pedro parecían darle a la presidente en lo que respecta a la suerte de una eventual apelación: esos operadores entendían que Pollicita no apelaría. Parte de los argumentos del gobierno se basan en la existencia de borradores encontrados entre los papeles de Nisman de los cuales se desprendía que el fiscal tenía una opinión distinta del caso y de la posición del gobierno un tiempo atrás, lo cual debilitaba todo su razonamiento. Esa línea de operación especulaba con que el nuevo fiscal interviniente conocía esa circunstancia y por lo tanto archivaría el caso.

Sin embargo, esa situación fue suficientemente aclarada por una de las secretarias de Nisman que presentó un documento ante la Justicia explicando que el fiscal, dados los hechos nuevos que llegaron a su conocimiento a partir del memorándum, había cambiado radicalmente de opinión.

El Gobierno olvida que, quizás con ese mismo criterio (el de basarse en borradores descartados), Nisman pensó en algún momento en pedir la detención inmediata de la Presidente. Pero luego de lado esa iniciativa y optó por otro camino.

Lo que Pollicita explica respecto de este punto también parece estar cargado con la misma dosis de obviedad que de sentido común: lo único que vale y que puede ser tomado en cuenta por los jueces es el cuerpo final de la denuncia, no sus borradores preparatorios. Concluir lo contrario implicaría darle fundamento a la idea de que los jueces podrían especular con detener a la Sra de Kirchner, tal como alguna vez lo pensó Nisman. Y eso, claramente, no puede ocurrir.

Otro tema a prestarle atención a partir de ahora será como la Sala I de la Cámara meritúa su propia decisión respecto del memorándum. Como estos jueces ya se han pronunciado muy duramente en el sentido de que dicho documento atenta contra la Constitución, es posible que consideren que esta es una causa muy próxima a aquella otra y que decidan excusarse. En ese caso debería intervenir la Sala 2.

La Sala 1 está integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah que en muchos caso tuvieron fallos cercanos a los intereses del gobierno pero que últimamente además de las dos decisiones ya apuntadas sobre Irán y Bonadío, también confirmaron el procesamiento del vicepresidente Boudou.

Estos puntos de vista deberían ser normales y, además, indicadores de que, en algún punto, la Justicia sigue funcionando con algún grado de lógica jurídica, dando o quitando la razón según sea su interpretación de la ley en cada caso concreto.

Lo cierto es que el caso que pareció llevar tranquilidad al seno presidencial y que le dio un aire triunfalista al último discurso de la Sra de Kirchner ante la Asamblea Legislativa está abierto nuevamente. La presidente debería tomar esto como una oportunidad para demostrar su punto: si las escuchas son una truchada, si Khalil no era un representante de la diplomacia paralela de Irán, si los cursos de acción de su gobierno no pasaban por estos canales antes que por las formalidades de las cancillerías y si el gobierno no intentó desimputar a los sospechosos de la voladura de la AMIA por razones estratégicas, comerciales, ideológicas o las que fueran. Eso, como decía Nisman, no está en discusión y el Poder Ejecutivo tendría sus argumentos para defender la postura de que está facultado para decidir qué sesgo le da a su política exterior, a su relacionamiento internacional de comercio o con qué aliados decide transitar la vida. Claramente esas cuestiones están fuera del alcance de los jueces. Pero lo que el Poder Ejecutivo no puede hacer es buscar esos objetivos derribando una investigación judicial completa porque le resulta incómoda a sus propósitos ideológicos, comerciales o de posicionamiento internacional. La causa le da a la Presidente una oportunidad de aclararlo y de poner todo esto en blanco sobre negro.

Y no caben dudas de que de los muchos interrogantes que el fallo deja la celeridad con que fue dictado es la primera.

Una denuncia tan pesada, a la que se adjuntaba un resumen de 900 horas de grabaciones (el total de las escuchas alcanzaba a las casi 5000 horas) invitaba a presumir que el juez iba a invertir más tiempo en estudiarla. ¿Escuchó Rafecas cada uno de aquellos diálogos?, ¿se formó de ellos una idea de primera mano? No lo sabemos.

Sigue luego el razonamiento central del fallo: no hubo delito porque este no llegó a consumarse, dado que el Memorándum de Entendimiento no se convirtió nunca en operativo. Se trata de una conclusión ambigua. En primer lugar, los delitos tienen -y el juez Rafecas claramente lo sabe- una instancia de tentativa cuando, en efecto, no llegan a consumarse, aun cuando se hubieran puesto en movimiento todos los pasos necesarios para que así ocurriera. Si el asesinato de un francotirador no se consuma porque inesperadamente la víctima se agacha para atarse los cordones de los zapatos, no puede exculparse a quien jaló el gatillo: no será culpable de asesinato, pero sí de asesinato en grado de tentativa.

El encubrimiento es un delito susceptible de ser cometido en grado de tentativa. Así, si una persona dispone de todos los medios para esconder al autor de un crimen pero luego por razones ajenas al encubridor la maniobra falla, de todos modos el delito debe perseguirse en grado de tentativa.

Aquí son muchos los que coinciden en que el Memorándum no operó -y por lo tanto el encubrimiento no prosperó- porque el régimen iraní no ratificó el acuerdo. Pero para ese momento el Gobierno argentino ya había hecho todo lo necesario para que la cobertura fuera efectiva. Si luego no se consumó porque Irán no le dio rúbrica legislativa al tratado eso es algo ajeno a la responsabilidad del que había hecho todo por intentarlo.

La especulación política también se ha metido en el análisis de las últimas horas dada la proximidad del discurso de la Presidente para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Muchos están convencidos de que si ese momento llegaba sin que la denuncia de Pollicita estuviera desestimada, la Sra. de Kirchner estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de embarrar de tal modo la situación que todo se transformara en un gigantesco aquelarre.

Hay quienes dicen que, ante esa posibilidad, el juez Rafecas decidió acelerar los tiempos y rechazar la posibilidad de investigar. De nuevo, nunca lo sabremos.

Pollicita a su vez va a apelar la decisión y la cuestión será derivada a la Camara para que esta se expida. El fallo también incluye una derivación de las escuchas para que se investigue en especial el papel del agente Bogado, que ya formaba parte de la denuncia original del Dr. Nisman.

Un punto oscuro del fallo en su parte resolutiva llamó la atención. En el punto 3, el juez Rafecas dispone, de ser necesario, la habilitación de la “feria judicial” para la notificación del fallo. ¿Feria judicial? ¿En febrero? El juez, en una llamativa entrevista que le concedió a C5N, atribuye la cuestión a un “error material” por un típico copy/paste preestablecido en la computadora del Juzgado. Pero muchos se preguntaron si el fallo no fue redactado ni bien murió Nisman, en pleno mes de enero.

Frente a una apelación del fiscal actuante, la Cámara tendrá un par de opciones. Podrá devolver el expediente a Rafecas para que, al menos, ejecute algunas de las 60 medidas de prueba pedidas por Pollicita antes de volver a desestimar el asunto, o considerar que el juez ya emitió su opinión sobre el fondo de la cuestión, por lo cual podría derivar la investigación a otro magistrado que designe. La Cámara tiene dos salas. Cuando Pollicita apele, sabremos cuál entenderá en el asunto.

Ahora resta saber qué impacto tendrá la decisión en el ánimo presidencial de hoy. El jueves, en el acto de jura de los nuevos ministros, la Casa de Gobierno tenía un ambiente festivo. Todo el mundo se reía como si realmente hubiera algo para festejar. El propio Capitanich, que dejaba su cargo en medio de un resonante fracaso, rayano casi en el ridículo y en el hazmereír de muchos, se reía a carcajadas. Hasta Boudou y Aníbal Fernández de reían desembozadamente. Más circunspecto aparecía Wado de Pedro, el convencido de que el Gobierno debe instaurar el perfil de país que tenían en mente los Montoneros y que ahora será el nuevo secretario general de la Presidencia.

No hay demasiados motivos para sospechar que el fallo actuará como un bálsamo para la Presidente y que ahora, liberada de aquella carga, estará dispuesta a transitar ocho meses de concordia antes del traspaso del mando. Nada. Ni un paso atrás. Será mejor dinamitar todo antes de ofrecer una mano de diálogo. Enfrente no están otros argentinos tan temporales como ella esperando para continuar la rutinaria tarea de administrar el Estado. No. Ni la presidente se considera una mera administradora temporal del Estado, ni los que están enfrente son otros argentinos tan bien intencionados como ella. La Sra. de Kirchner se considera a sí misma la protagonista de una epopeya; de una epopeya enfrente de la cual no hay otros argentinos, sino enemigos acérrimos.