Parecería que, en este último caso, aquella enjundia que comprende el accionar conjunto y coordinado de varias agencias gubernamentales, deja paso a un notorio desdén que termina con argentinos muertos y con historias de desgracias cotidianas, sin que haya nunca ningún responsable tras las rejas.

Para el gobierno el delito no es la amenaza que se despliega cada vez que sale el sol sobre la vida y la propiedad de millones de indefensos, sino las conjuras que el mismo oficialismo imagina se tejen detrás de los cortinados de las “cuevas”. Y allí promete caer “con todo el peso de la ley”.

Se trata de la implantación final de un sistema de vida bajo vigilancia, no de los delincuentes, sino de lo que el gobierno considera delincuentes. Lo vivido ayer en el microcentro porteño, con decenas de camionetas azules que parecían camiones celulares listos para las redadas y con cientos de “policías” envueltos en mamelucos del mismo color como si fueran agentes de una división de tareas especiales -una especie de GEOF financiero- fue francamente bochornoso.

Saber que el Estado esta dispuesto a ingresar por la fuerza a una propiedad privada en busca de las pruebas de lo que ya ha dado por sentado, es francamente macabro. Sbatella, el titular de UIF, ha llegado a insinuar, incluso, que si eventualmente no se encuentra nada en los operativos, es porque esos lugares estuvieron avisados de antemano del procedimiento y gracias a esa información pudieron prevenirse y esconder las pruebas que los incriminaban. Si esta es la concepción, uno se pregunta por qué no se condena directamente a esas personas sin juicio previo y nos ahorramos estos espectáculos y estas declaraciones deprimentes.

La misma metodología, sugestivamente, se está llevando a cabo con los medios de difusión. En Bahía Blanca se ha procesado a Germán Sasso un periodista a quien le allanaron la redacción de su medio on line, La Brújula 24, para secuestrarle material relacionado con una investigación que vinculaba a Juan Ignacio Suris con Lazaro Baez en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Sasso fue acusado de encubrimiento agravado por no querer revelar sus fuentes cuando el secreto de esa información periodística está protegido por la Constitución.

Del mismo modo se ha dispuesto la “adecuación” por la fuerza del Grupo Clarín al tiempo que se aprueba la titularidad de medios en exceso de la ley a otros grupos.

La sociedad parece asistir absorta a estas movidas. No hay un estado de conmoción en las conversaciones cotidianas que aparezca como la otra cara de la moneda de lo que está pasando en las calles. Parece haber un acostumbramiento a que el delito que asesina, roba, viola y secuestra no tiene demasiado remedio mientras que, en el otro extremo, se ve como normal que brigadas de “inspectores” allanen propiedad privada en busca de pruebas de delitos que el poder ya ha configurado como tal antes de los operativos.

Muchos se preguntan si lo que está en marcha es la consecuencia de una enorme improvisación o si es el intento de aplicar una determinada teoría a la realidad de la Argentina. Algunos se preguntan, recordando los tiempos de Nestor Kirchner, por qué estas cuestiones no ocurrían en aquellos años. ¿No ocurrían?, ¿quién sino Néstor Kirchner fue quien comenzó a trasmitir la idea de la existencia de un conjunto de “anti-argentinos” que elucubraban todo el día operaciones secretas y delictivas para perjudicar al país?, ¿no fue acaso el choque manifiesto de esas ideas y esos procederes lo que terminó por erosionar la relación del ex presidente con su ministro Roberto Lavagna, de resultas de lo cual éste fue echado del gobierno?, ¿ y no fue acaso la salida de Lavagna la rotura del último eslabón que unía al gobierno con al menos algo de racionalidad económica para dejar primero la economía directamente en manos del presidente y luego, con la llegada de Cristina, en manos de un conjunto de marxistas que, como no podía ser de otra manera, impusieron el sesgo policial y de persecución al que hoy estamos asistiendo?

Creer que este aspecto persecutorio de la “política económica” es el fruto del chambonismo, de la incapacidad, de la ineficiencia o de la negativa a hacer lo que habría que hacer, es la otra cara de la resignación que recién comentábamos y que resulta más que evidente a esta altura de los acontecimientos. Se trata de una subestimación de la amenaza que la Argentina enfrenta realmente. En la medida en que lo que ocurre se crea la consecuencia de un conjunto de chambones que no saben dónde están parados seguiremos así, como despreocupados de la verdadera gravedad a la que estamos expuestos.

Esa subestimación puede resultar muy simpática en términos de pretender “bajarle el copete” a un conjunto de engreídos y tomarles un rato el pelo, pero no es eficiente en términos de implementar mecanismos de defensa.

No estamos aquí frente a un conjunto de chambones, que como no saben cómo manejar las variables cambiarias, lanzan a la calle decenas de celulares para meter presos a los operadores. Estamos frente a un conjunto de ideólogos que creen que los países deben manejarse así: con la bota del Estado en la cabeza de la gente. Hoy será el dolar y mañana el papel higiénico, como ocurre en Venezuela. Pero aquí no estamos ante los procedimientos arrebatados de un conjunto de ignorantes sino frente a una concepción que se propone dirigir a la sociedad a punta de pistola.

No resulta coherente quejarse contra la falta de reacción de la sociedad frente a lo que ocurre y luego subestimar el problema y limitarlo a ser la consecuencia de la pobreza intelectual de la gente que maneja hoy el país.

Yo no sería tan incauto. Cuando se habla de “modelo” no es chiste. Aquí hay en marcha un “modelo”; un modelo contraconstitucional de dominación y yugo que tiene objetivos claros y una meta definida. Nada de lo que se hace es el fruto de la casualidad o del chambonismo. Es el fruto de una ideología más vieja que la puerta y que, pese a su estrepitoso fracaso mundial, no se rinde ante la evidencia e intenta seguir probando que es posible organizar un país sobre el establecimiento de una casta privilegiada y rica y una sociedad esclava que obedece órdenes o va a la cárcel. Mientras no asumamos qué es lo que nos está pasando en realidad solo estaremos condenados a sufrir sus consecuencias.

En efecto, la aproximación oficial al tema de los delitos y de la delincuencia báscula sobre un alto componente clasista que concluye que esa realidad (en el peor de los caos de que fuera tan grave como se dice) es la consecuencia de un proceso de exclusión social que ha dejado a la intemperie de los goces del confort y del desarrollo moderno a millones de personas que, concientes de su indigencia y de su marginalidad, no les queda otro camino en la vida que salir a delinquir, porque la sociedad le corta -poco menos que a propósito- toda vía decente de ascenso social.

Si esta alambicada teoría fuera cierta,  el gobierno estaría reconociendo que, luego de más de una década en el poder, no ha podido incluir a nadie en el sistema social sano y evolutivo y que, al contrario, ha mantenido o empeorado las condiciones de vida de los millones que hoy se debaten en la miseria. El propio razonamiento oficial llevaría como de la mano a caer en una alternativa de hierro: o es falso que la exclusión genera delito o es falso que estos diez años hayan sacado a alguien de la exclusión. Si el proceso económico kirchnerista hubiera sido tan exitoso como sus protagonistas dicen, y también fuera cierto que la causa del crimen es la pobreza, ambas posiciones oficiales no podrían ser verdaderas al mismo tiempo.

El Congreso fue el jueves el marco físico para la reunión del “Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular”, y en esa ocasión se volvió sobre la misma cantinela ideológica de la “restauración de derecha” que enarboló Agustín Rossi frente a Luis D’Elía, Milagro Sala, Estela de Carlotto, el padre Molina, Julián Dominguez,  el “Chino” Navarro y Alejandra Gils Carbó.

Desde el propio nombre de este foro se insiste en asociar la cuestión de la seguridad con la democracia y lo “popular” como si el encare riguroso de la cuestión significara poner a quien lo proponga en la vereda antidemocrática o antipopular.

Por lo demás, no se sabe muy bien quién dio la autorización para que este grupo de personas se arrogue la exclusividad de lo “popular” y, por otro lado, es bien sabido que hay muchas posibilidades de que quien más machaque sobre lo “democrático” de sus características probablemente sea todo lo contrario.

La insistencia es asociar el submundo del delito con el pobrerío marginado, tal como lo dejan traslucir quienes defienden una aproximación laxa y zaffaroniana a la problemática (Movimiento Evita, Barrios De Pie, Tupac Amarú, La Cámpora, Unidos y Organizados, etc), una aproximación injusta y demagógica sobre el tema. Dar a entender que los delincuentes son delincuentes por ser pobres es ignorar el costado de las víctimas de los delitos que, en su mayoría, son pobres y, en el lenguaje oficial, “excluidos”. Si bien existe una incidencia de las condiciones sociales en la delincuencia, ese dato no es uniforme, porque hay millones de pobres (la mayoría, por otra parte) que son honrados y que siguen teniendo esperanzas en que el trabajo los saque de su condición.

Son estos los verdaderos estafados del régimen. Esas ilusiones, que una década de despilfarro y derroche han hecho trizas, son una de las primeras víctimas del drama de la inseguridad. El sistema económico que consumió en el altar del corto plazo el que probablemente haya sido el flujo de fondos más impresionante de los últimos cien años en la Argentina es el responsable de no haber cumplido precisamente con lo que declara por otro lado como el origen de la inseguridad.

Si el modelo kirchnerista hubiera elevado la condición social de millones, al menos estaríamos en condiciones de verificar si es cierto que, en ese caso, la seguridad aumenta y la delincuencia cae.

Pero la realidad, por la propia lógica del gobierno y de sus movimientos afines, demuestra que la organización económica de esta década ha sido un fracaso rotundo que arrojó a la marginalidad y a la indigencia a vastas franjas de la población en un proceso de concentración de riqueza pocas veces visto.

La insinuación oficial y de la ideológica usina “intelectual” de Justicia Legítima de que la inseguridad debe encararse desde políticas “sociales” de inclusión y de que mientras se haga ese trabajo no se puede hacer otro es completamente falsa.

Si bien es cierto que una mejora en los términos de desarrollo económico de toda la sociedad incide en los niveles de delito y en los indices de criminalidad, no es cierto que no se pueda hacer nada mientras se trabaja en aquellas profundidades. El encare correcto de la problemática señalaría un camino doble en donde, mientras se dispone de herramientas económicas capaces de dirigir al país al desarrollo, se ataque el problema urgente que termina con la vida de la gente en plena calle.

Lo único que no puede hacerse es practicar  una política económica que dirige al país al atraso y al subdesarrollo y entregarse a la inacción total respecto de una de sus posibles consecuencias: el aumento de la criminalidad.

Y este es precisamente el punto de vista que parece desprenderse del gobierno en todos sus ordenes, con la posible excepción esporádica del secretario Berni: defender un sistema económico retrógado que multiplicó, por ejemplo, por 130% la población en villas miseria y al mismo tiempo decir que contra el delito no se puede hacer nada mientras no se termine con la pobreza. La contradicción de ese razonamiento es evidente: digo que la pobreza es la causa de la delincuencia y pongo en práctica teorías económicas que lo único que hacen es fabricar pobres.

Por respeto a los muertos, a los robados, a los que todos los días viven bajo la amenaza del delito, es hora de dejar de hacer política demagógica con la inseguridad y encarar con sinceridad y profesionalismo el problema. Mientras la ideología ciega, la demagogia corrupta y cínica, la ignorancia y en chanterío estén a cargo de buscar las soluciones, seguiremos en este camino de decadencia que tiene la triste decoración de la muerte, de la violación, del asalto y del robo.

Nuestro argumento en aquella oportunidad fue que, al contrario, en los últimos años se había profundizado un cambio sustancial en la visión clásica sobre la delincuencia y el delito en el sentido de que ahora una corriente minoritaria pero muy presente en el activismo judicial y político había ganado el centro de la escena ideológica batiendo el parche de que los delitos y los delincuentes no son una actividad ilícita que proviene del simple hecho de violar la ley y de causar daños materiales o físicos a las personas, sino que son la consecuencia de un mal anterior -del verdadero y único mal, según esta idea- que comete la sociedad al excluir a determinada población del goce de una vida igualitaria.

Esa exclusión sería el resultado de la aplicación de medidas racistas, sexistas y oligárquicas que basándose en el color de piel, en el origen social o en el sexo de las personas, intencionadamente condena a una parte de ellas a la pobreza, a la marginación y a la miseria.

La reacción de esas personas contra la sociedad racista, oligárquica y sexista sería lo que a su vez ésta llama “delitos” porque los considera atentados contra su propiedad o incluso contra su vida. Como esa sociedad nefasta es la que tiene el poder de reprimir, sanciona leyes para hacer penalmente responsables a los que en realidad son sus víctimas; víctimas de la exclusión y de la segregación.

Esta teoría fue ratificada ayer en una participación en la Feria del Libro por dos fiscales del poder judicial de la nación. Los doctores Javier De Luca y Alejandro Alagia expusieron esta tesis en defensa del proyecto de nuevo Código Penal, explicando que la pena al llamado “delito” debía ser reducida a una mínima expresión porque su convalidación era una manera de continuar el daño que se le había hecho a las personas a quienes la concepción del actual código conservador y oligárquico persigue.

Estas personas, según ellos -y en coincidencia con lo que explicábamos hace una semana- son las verdaderas víctimas y su persecución y condena no sería más que un ensañamiento de la sociedad que, no conforme con el daño que ya les causó, los persigue y los encierra.

Ratificando lo que decíamos el 24 de abril, los delincuentes y el delito serían en realidad manifestaciones de respuesta de las víctimas de la sociedad hacia la sociedad: una forma de emparejar los tantos de la Justicia. La sociedad no sólo debería abstenerse de perseguir y castigar penalmente a estas personas sino que debería aguantar los “actos de justicia” que se comenten contra ella (robos, violaciones, asesinatos) porque esas conductas no serían delitos sino manifestaciones de un conflicto social no propuesto ni querido por quienes los cometen sino por la sociedad que los segregó.

Siguiendo esta línea de ideas, llegaríamos a la conclusión de que la presente situación en la que vivimos en la Argentina no es la manifestación del fracaso de una política de seguridad mal implementada o mal concebida sino el resultado querido por la concepción que logró imponer su punto de vista en el poder judicial y en las corrientes de opinión política.

Esto es lo “nuevo bajo el sol”. Hace 20 años estas teorías (como también ocurre con ellas en todo el resto del mundo civilizado en donde no puede anotarse un solo país que las aplique) estaban en los márgenes del pensamiento político, judicial y penal de la Argentina. Allí aparecía el inefable juez de los inmuebles de usos múltiples, Eugenio Zaffaroni, explicando sus alambicadas ideas sobre las verdaderas víctimas y los verdaderos victimarios, pero poco más podía anotarse en ese sentido. Veinte años de constante repiqueteo en la Academia no ha transformado a estos pensamientos en mayoritarios pero sí en minoritariamente influyentes.

El kirchnerismo ha sido un recipiente apto para recibir los agregados de estas ideas y hoy es la manifestación política que abre paso a su implementación. Las ideas que en materia social ha desplegado el gobierno han introducido, en efecto, en la sociedad, quizás por primera vez de manera masiva, los conceptos de racismo, clasismo, sexismo, segregación, exclusión. Se ha valido de una impresionante penetración en los medios para machacar sobre estos conceptos y ha logrado transformar en políticamente correcto el pensamiento según el cual la sociedad debe sentirse culpable por lo que le ocurre a parte de sus ciudadanos. Y en alguna medida debe pagar por ello. Ese pago consistiría en aceptar que se la robe, se la viole y se la mate porque esos actos equilibran la balanza de la igualdad y la Justicia.

El domingo, en un acto del kirchnerismo puro en donde estuvieron presentes y hablaron Milagro Sala, Carlos Zanini, Luis D’Elía y el candidato a presidente preferido de Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández, también habló el director del SEDRONAR el padre Juan Carlos Molina que dijo que para “ellos”, “nosotros somos basura, chorros, negros…”

Sin bien Molina no aclaró lo que debía entenderse por “ellos” y por “nosotros”, no es difícil interpretarlo si seguimos las instrucciones que surgen de estas ideas.

De modo que los que creen que son honestos deberían revisar sus conceptos. Los que, creyendo aquello, esperan que en algún momento se persiga a quienes en su criterio son los delincuentes, también deberían ir pensando en cambiar sus convicciones.

Lo que está en marcha es un plan. No es la consecuencia de la mala praxis, de las malas leyes o de la mala suerte en la aplicación de una política de seguridad. No, no, no. Lo que está ocurriendo se quiere que ocurra. Y como tal, seguirá ocurriendo.

La señora de Kirchner no puede con su genio y sigue presentándole a los argentinos un mundo binario: los noventa o ellos; el sector privado o el sector público (es decir, ellos); el mundo o la Argentina (es decir, ellos).

Pero el mundo no es binario y si bien siempre existieron hechos de inseguridad lo que es nuevo, lo que los Kirchner han traído en la década desperdiciada, es una nueva aproximación al delito y a los delincuentes. No es que antes no hubiera delito y delincuentes, lo que no había era la concepción que impera hoy frente a ellos.

En efecto lo que los Kirchner han traído es el concepto de la “sociedad culpable”. A priori, antes que nada, la sociedad es culpable. Es culpable de los pobres, de la desigualdad, de que unos tengan y otros no, de que unos puedan educarse y otros no, de que unos puedan trabajar y otros no.

Por lo tanto la sociedad debe pagar; es la verdadera victimaria, la autora del estrago inicial.

Esta cosmovisión ha dado vuelta la manera de ver el delito y a los delincuentes; en alguna medida ha dado vuelta los conceptos del “bien” y del “mal”; ha venido a relativizar lo que antes entendíamos por violar la ley y ha trastocado los cimientos que antes dábamos por descontados.

Al aplicar esta aproximación nueva al delito y a los delincuentes se llega a conclusiones distintas de aquellas a las que llegábamos antes. Aquí sí, todo es nuevo bajo el sol. Según esta interpretación el delito es el merecido que la sociedad debe soportar para expiar sus culpas de exclusión; para lavar los errores que sentenciaron la suerte de millones que viven en los márgenes.

Los delincuentes no son los que infringen la ley sino una especie de avanzada de la Justicia Social que vienen a emparejar los tantos que la sociedad repartió mal. Ellos no deben ser estigmatizados porque en realidad, la sociedad ya los estigmatizó y sus acciones no son otra cosa que la consecuencia de los pecados sociales.

No hay -no puede haber- una condena contundente al delito y a los delincuentes porque para esta concepción lo que siempre fueron delitos y delincuentes son ahora “efectos colaterales de la exclusión” y “víctimas”.

Esta concepción ha traído a la cultura media de la sociedad la terminología del delito, la cultura del bajo fondo. ¿Qué puede esperarse cuando ha sido la propia Presidente la que por cadena nacional reivindicó a los barras bravas del fútbol como la verdadera encarnación de la pasión?

Mucha gente hizo un escándalo porque Ramón Diaz dedicó recientemente un triunfo de River a los “Borrachos del Tablón”… ¿Y qué queda para la Presidente elogiando a los cuatro vientos a esa misma raza de mafiosos?

El kirchnerismo se prepara, incluso, para coronar esta nueva aproximación al bien y al mal, reformando el Código Penal, bajando las penas de casi 150 delitos y eliminando la reincidencia como consideración judicial a la hora de juzgar a una persona.

Es verdad que los diarios de hace 20 años pueden reflejar en sus tapas la comisión de delitos. Pero lo que no habrá allí son dudas respecto de a quién debe perseguirse y quién debe ser penado. Hoy esos conceptos están en duda. Los delincuentes matan porque la sociedad los excluyó. Los delincuentes roban porque la sociedad los discrimina. Los delincuentes violan porque la sociedad los segrega. Este es el nuevo sol kirchnerista que ilumina el entendimiento con el que la sociedad opina, habla y decide sobre el delito y los delincuentes.

Ese sistema hay que “agradecérselo” a los Kirchner. Hoy ya no solo tenemos delitos que no se resuelven. Tenemos delitos que no sabemos si calificar como tales o como las consecuencias que la sociedad  debe soportar por ser malvada. 

Todo es nuevo bajo el sol del crimen, Señora Presidente. Tan nuevo como que ahora las víctimas son los victimarios y los victimarios las víctimas. Un pequeño cambio para el idioma; la diferencia entre la vida y la muerte para millones.