Si uno se fija bien en la historia de los últimos 10 años la mecánica uniforme del gobierno ha sido guiada por la lógica de la espiralización: frente a un obstáculo en el objetivo perseguido, la respuesta fue arremeterla contra el obstáculo, a cómo de lugar, de cualquier manera.

A la fuga del dólar se le opusieron las restricciones y al fracaso de las restricciones le siguió directamente el cepo. Al fracaso del 7D, le siguió el intento de copar la Justicia que no le daba la razón y a la respuesta de Justicia que declara inconstitucional el copamiento, le seguirá el intento de voltear la Constitución.

Por un camino imbricado finalmente el gobierno -y la situación toda- parece encaminarse hacia el choque previsible y frontal de dos visiones contrapuestas, excluyentes y contradictorias: el kirchnerismo no puede gobernar con esta Constitución.

La ecuación es simple: la Constitución organiza un gobierno limitado, de poderes compensados, de libertad individual y de supremacía de la autonomía de la voluntad. Todos esos principios son anatemas para el gobierno. Lisa y llanamente no puede tolerarlos.

La presidente Cristina Fernández en ocasión de presentar los seis proyectos de “democratización de la Justicia” dijo textualmente que presentaba esas iniciativas “para no reformar la Constitución”. ¿Cuál fue su mensaje encriptado? Sencillamente éste: “La única alternativa para que no modifique la Constitución de la que están tan enamorados es que me dejen reformarla por ley como a mí se me canta. Si no me dejan, voy a cambiar la Constitución”.

Y ese es, efectivamente, el próximo paso. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, es el mantra repetido del kirchnerismo en este y en todos los demás ejemplos en donde el orden jurídico le recordó que éste es un país con límites al poder. “La Constitución me pone límites y yo no quiero tener límites; entonces es la Constitución o yo”.

La tradicional manera oblicua de hacer política en la Argentina (cuya tradición se remonta al uso de la “mascara de Fernando VII”, metáfora usada para explicar por qué se hizo la Revolución de Mayo aludiendo a que el movimiento no pretendía la Independencia sino confirmar la lealtad al Rey y no a las fuerzas napoleónicas de ocupación) hizo que hasta ahora también se intentara un montaje, una especie de puesta en escena, según la cual se pretendía “vender” el cuento de que era posible compatibilizar un fenómeno político como el kirchnerismo con la continuidad de la vigencia de la Constitución del ’53.

Pero eso no es posible. Del mismo modo que la “máscara de Fernando VII” fue una charada que lo único que hizo fue ralentizar el proceso de independencia, la utopía de mantener al mismo tiempo al kirchnerismo y a la Constitución del ’53 es un espejismo que acaba de romperse. El fallo de la Corte lo hizo mil pedazos.

Ahora vuelve a plantearse la contradicción madre: el gobierno o la Constitución. No hay dudas de que el gobierno intentará utilizar su argumento central (el de la voluntad popular) para decir que lo legítimo es el gobierno porque el gobierno expresa la voluntad del pueblo y si hay una contradicción entre la voluntad del pueblo y la Constitución, pues lo que hay que derribar es la Constitución.

Y ésta es, sin dudas, la mayor falacia en torno a la cual el kirchnerismo hace girar toda su lógica. Es el principio que los lleva a responder toda crítica con la frase: “Armen un partido político y ganen las elecciones”. Para ellos todo se resume a quién ganó. En la respuesta a esa pregunta se haya la solución a todas las contradicciones.

Frente a la trascendencia que todo el mundo advirtió que el kirchnerismo le daba a ese punto, un día se le preguntó a Néstor Kirchner, por cuánto había que ganar una elección para asumir que se tenía la representación del todo. Y Kirchner respondió: “Por un voto”. Es decir, para el kirchnerismo la democracia es ganar y ganar es hacerlo por un voto. Como si fuera un partido de fútbol, definido en tiempo suplementario por un gol de penal, que no fue.

Éste es el centro de la contradicción entre la interpretación gubernamental de la democracia y la de la Constitución. El gobierno entiende que la democracia supone el sometimiento de todas las voluntades a la voluntad del que ganó, porque el que ganó interpreta la voluntad de todo el pueblo, aun cuando no se haya obtenido el 100% de los votos. La Constitución, en cambio, entiende que quien ganó tiene el derecho de gobernar, pero no representa la voluntad de todo el pueblo sino de una parte de él y que para respetar los derechos de la otra parte es necesario establecer límites que garanticen que un poder equilibrado reconozca los derechos de todos, de los que ganaron y los que perdieron.

Esta concepción, por lo demás, es compatible con la dinámica propia de la vida social. Una sociedad es un cuerpo vivo, no estático, que cambia con el paso del tiempo y que no queda soldada a la foto puntual de un instante. Las mayorías de hoy pueden no serlo mañana y viceversa.

El gobierno -si fuera realmente sincero- debería recordar que durante los ’90 la opinión del pueblo (“la voluntad popular”) respaldó masivamente dos veces ideas completamente contrarias a las actuales (el “pueblo” en aquellos años votó las privatizaciones, el alineamiento con EEUU, la convertibilidad, la apertura económica). ¿Qué habría sido del socialismo camporista si el gobierno de ese entonces hubiera dicho “esta es la voluntad popular y acá se acabó la historia porque esto es lo que el pueblo quiere”? Evidentemente aquello era lo que el pueblo quería en ese momento; pero luego no lo quiso más, y entonces los Kirchner fueron posibles. Los Kirchner son la mejor prueba de que la “voluntad popular” cambia. Como cambiaron muchos de sus funcionarios que de ser menemistas acérrimos pasaron a ser nac & pop.

El único esquema que permite que las voluntades populares (en plural) se vayan manifestando armónicamente según pasan los años es el de la Constitución. El esquema kirchnerista suelda la “voluntad popular” (en singular) al resultado de una elección y friza la posibilidad de que las “otras voluntades” se manifiesten. Eso, claramente, no es democrático. Y como la Constitución es verdaderamente democrática (es decir, establece un sistema por el cual todas las voluntades pueden convivir pacíficamente) para vivir bajo un gobierno no-democrático, hay que terminar con la Constitución democrática. Este será el siguiente pasó del gobierno. El último. El que quizás debería haber sido el primero. Los Kirchner vivieron con la “máscara de Fernando” durante 10 años, hasta que finalmente la realidad los forzó a “salir del closet”.

Ahora deberán decirle a la sociedad que quieren ir a una Constitución en donde solo se respete una voluntad. Ellos tratarán de vender el “paquete” diciendo que esa voluntad es la voluntad del pueblo y que las demás son las de las “corporaciones antipopulares”. Pero a no engañarse. Esa es la voluntad de ellos, la que querrán imponer para ser los dueños constitucionales del Estado. Hasta ahora han intentado serlo de todos modos. Pero el faro constitucional del ’53 los mantenía iluminados, como el faro de la ley señala a quien ha pasado sus límites. Con una Constitución que corte esa luz ya no serán los dueños del Estado al margen de ley, sino dentro de ella.

Ese es el próximo paso: “si con la ley que existe no puedo hacer lo que quiero, pues cambio la ley”. Antes se intentó el “si con los jueces que hay no puedo, pues cambio los jueces”. El intento fracasó por la Constitución. Ahora irán por la Constitución, entonces, Es la lógica espiralista del kirchnerismo. Está en su naturaleza. ¿Lo logrará? Es poco probable. Pero eso no quiere decir que no vayan a intentarlo.

Obviamente resulta muy impolítico nuestra parte cargarle parte de responsabilidad a la gente que ha sufrido los efectos de la catástrofe, posiblemente medidos en víctimas de familiares o, cuando menos, en pérdidas materiales enormes.

Pero nuestra obligación consiste en avisar que si la sociedad no modifica sus patrones de voto, seguirán llegando al gobierno un perfil de funcionarios que no han logrado mejorar la infraestructura del país ni siquiera en la década de mayor recaudación de dinero público de la historia y en la de mayor presión impositiva.

Es esa conexión maléfica entre los que votan y los que son elegidos lo que luego produce los dramas de los que votan. El distrito electoral de la tragedia platense favorece claramente al kirchnerismo. Sin embargo esa fuerza política no hecho nada por ellos. Los ha engañado. Ha usado  sus votos para alcanzar los sillones del Estado y luego los abandonó.

Para lograr su cometido les vendió el “paquetito” de las bondades insuperables del Estado; de que el liberalismo es el mal y que el estatismo es el bien; de que bajo la sombrilla protectora del Estado vivirían mejor.

Esa gente lo creyó. Lo creyó sin análisis. Lo creyó por broncas, por envidias, por rencores. Ayudó a sentar en los sillones del poder a un conjunto de aprovechadores que se valieron de las estructuras del Estado para convertirse en una casta verdaderamente desigual, que viaja, que tiene buenos autos, buenas casas, que viste bien, que frecuenta los mejores lugares, mientras sus electores mueren ahogados en una inundación.

Por supuesto que la primera carga de culpa y responsabilidad está en esos inescrupulosos que no saben usar el poder más que para su propio provecho. Pero también recae tangencialmente en los incautos y en los que por ver derrotado un conjunto de ideas que no tragan,  no dudan en crear las condiciones para que ellos mismos se perjudiquen.

¿Hasta cuándo la sociedad tomara decisiones movida por esa ceguera de pensamiento?

Lo que provocó el desatre de la semana pasada es una concepción, una filosofía: la idea de que la sociedad debe estar en manos del Estado y no al revés. Esta idea, completamente fantástica, encumbra hombres comunes al terreno de lo sobrehumano, a la creencia de que se está en un Olimpo inimputable y desigual, desde el cual no se deben rendir cuentas y en el que sólo reina su voluntad. Es la sociedad la que ha hecho posible eso. Y esa es su parte de responsabilidad en lo que pasó.

Si la sociedad argentina tuviera una idea refractaria y desconfiada del Estado y buscara guardar siempre para sí el lugar de la última palabra, habrían llegado a los sillones del poder otras ideas,  y esas otras ideas hubieran administrado el dinero público de manera diferente a lo que lo hicieron los funcionarios que se creen dueños y no servidores del Estado. Es muy probable que en ese contexto las obras que habrían evitado la tragedia se hubieran hecho.

Pero no habiendo concluido aún las consecuencias de lo que ocurrió en La Plata y en Buenos Aires, se prepara otra andanada para justificar el poder absoluto: la presidente presenta su proyecto para “democratizar la Justicia”.

Se trata de una oportunidad enorme para que la sociedad demuestre si quiere seguir siendo embaucada o si, por el contrario, por una vez aunque sea, abrirá los ojos.

El proyecto ha sido vendido con el paquete típico de las demagogias: “ésta es una idea para que la Justicia esté en línea con las voluntades populares y para que no defienda intereses corporativos”, se ha dicho.

Pero se trata de una trampa más. El gobierno de la señora de Kirchner dedica las 24 horas del día a elucubrar maneras de que el mandato constitucional y republicano de la división de poderes aparezca como respetado, mientras que elípticamente se lo elude para concentrar el poder en una sola persona.

Como no pueden derogar groseramente la idea, entonces establecen una forma para que -apareciendo formalmente los tres poderes divididos- todos estén copados por gente que responde a una sola orden. Se trata de una forma de volver, como diría Tocqueville,  al Antiguo Régimen (el del poder absoluto de las monarquías) mientras mantengo la apariencia de la división republicana. Ya lo han hecho con el Congreso. Ahora van por la Justicia.

A esa cínica estratagema pertenece el proyecto de “democratizarla”  y es muy posible que parte de la sociedad se trague el sapo una vez más. Que quede avisado: después, como con las inundaciones, será tarde; la gracia es darse cuenta antes.

Analicemos los cinco pilares del proyecto:

1.- Voto directo de los consejeros: Hasta ahora la Constitución dispone que sean elegidos por la votación interna de cada uno de los sectores representados (abogados, jueces y academicos). El proyecto propone la inconstitucional votación “popular” con el obvio objetivo de llenar de candidatos del oficialismo las boletas electorales y con ello copar el órgano que elige y echa a los jueces. No hay dudas de que la “venta” de la idea gira alrededor del demagogico uso de la expresión “elegidos por el pueblo”. Se trata de un “gancho” para captar incautos que no advierten que el gobierno dispone de una ingente cantidad de recursos públicos (millones de pesos, en palabras simples) para imponer sus candidatos por sobre los de una escuálida oposición que no maneja las millonadas del Estado. (A esta altura creo que está demás aclarar que la separación entre el “Estado” [teoricamente "de todos"] y el “gobierno” es una inocentada que solo creen un par de estúpidos)

2.- Registro de las causas: Se pretende que haya un sistema informático que permita conocer el estado de las causas por Internet. Claramente inconstitucional habida cuenta de lo dispuesto por la Constitución respecto de derechos personalísimos y de la directa prohibición al presidente para que se arrogue el conocimiento de causas pendientes (art 109 CN).

3.- Democratizar el acceso: Una vez más bajo la máscara de la “democracia” se intentará copar la Justicia con empleados “camporistas” elegidos en concursos amañados y usando la misma táctica que para la elección de los consejeros. En este caso, los “concursos” serán a los empleados lo que la “elección popular” sea a los consejeros.

4.- Nuevas Cámaras de Casación: El proyecto prevé la creación de tres cámaras para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral. Se trata del viejo truco comparable a cambiar la composición númerica de un tribunal (típico la Corte) para llenarlo con jueces adictos. Aquí no se “tocarían” los tribunales que son adversos al kirchneirsmo pero se crearían tribunales de alzada nuevos que se llenarán con jueces propios. Se trata de la aplicación del famoso principio “yo no estoy suprimiendo la Justicia como poder independiente del Ejecutivo. Eso es una infamia. Simplemente la lleno con funcionarios que me obedecen”.

5.- Limitar las cautelares: Se trata de la vieja aspiración de la Señora de Kirchner para que los particulares no puedan protegerse contra el Estado, es decir, contra ella. La presidente, en lugar de preguntarse por qué cada vez con más asiduidad la gente común corre desesperada a golpearle la puerta a los jueces para protegerse contra sus arbitrariedades, prefiere eliminar el sistema de protección. “A mí me molesta,  lo suprimo”. ¿Hay prueba más elocuente de la desigualdad flagrante en la que gobierno coloca al Estado frente al indefenso ciudadano? ¡Imagíninense si los particulares pudieran decidir con el mismo imperio sobre la catarata de “molestias” que les genera el Estado! “Como los impuestos me molestan, los suprimo”, sería maravilloso.

Pero los particulares no pueden hacerlo; Cristina sí. A ella las cautelares le resultan un incordio porque la gente anda por allí queriendo protegerse, pues las anula y listo. Es genial.

El caso de la supresión de esta medida de defensa contra la arbitariedad del poder recuerda aquel chiste racista sobre el negro que es atrapado, enterrado hasta el cuello en la tierra de un Coliseo y al que le sueltan un león, para que le coma la cabeza vivo.

El león antes de consumar su obra quiere entretenerse un rato con el negro y le tira algunos zarpasitos. El pobre negro, jugado por jugado, sólo atina a tirarle un mordiscón a una de sus patas… En ese momento las tribunas enerdecidas le gritan: “peleá limpio, negro hijo de puta”.

Esto es igual: arrinconado por el poder irrefrenable del Estado, el pobre ciudadano tira una medida cautelar como para poder protegerse aunque sea en algo. Y entonces la Señora de Kirchner le grita, “peleá limpio, ciudadano privado hijo de puta… Ahora hasta las cautelares te voy a sacar”. Es lo mismo que al negro del chiste, hasta la boca le hubieran tapado.

Sería interesante que si la sociedad no quiere ser “inundada” de nuevo -esta vez-  por un poder omnímodo contra el que no podrá quejarse (porque el órgano de queja también estará en manos del poder omnímodo) no se deje engañar por el “cuento democrático” y sea un poquito más inteligente y perspicaz: detrás de las dulzuras de la palabra “pueblo”se esconden las intenciones reales de un poder que no se detiene ante nada y que usa el “escudo  popular” para encumbrar la voluntad de una sola persona.