El analista político Rosendo Fraga, en una entrevista que le hicimos en Infobae TV, relataba tres hechos que destruían por completo la viga maestra de la tesis argentina respecto a la deuda de los holdouts y a la crisis provocada por el fallo de la Corte Suprema de los EEUU.
Dicha postura estaba apoyada en la idea de que, de no respetarse los términos de reestructuración propuestos por la Argentina en 2005 y 2010, todos los países débiles del mundo quedarían expuestos a la extorsión de los buitres y a una condena segura al hambre y a la miseria.
Solo si de alguna manera la Justicia tenía una “interpretación política” del caso y avalaba la oferta de pago del país, las demás propuestas serían confiables en el futuro y solo así, los títulos de deudas reestructuradas seguirían teniendo valor.
Pero en el mundo financiero ocurrió todo lo contrario. Fraga relataba que los títulos de la deuda ucraniana y de la deuda griega ni siquiera registraron los episodios sucedidos en los estrados de Griesa ya que sus valores se mantuvieron estables; y que Ecuador (¡Ecuador!) el día martes -es decir un día después de conocido el rechazo de la Corte- colocaba un bono de deuda soberana de U$S 2000 al 8% (recordemos que Ecuador también declaró el default de su deuda en Diciembre de 2008 y que no es precisamente un país “amigo” del capitalismo internacional).
Este hecho tiene una enorme significación porque tira abajo todo el andamiaje político que el gobierno argentino creía más fuerte que las consideraciones meramente jurídicas.
El país ya estaba complicado desde ese punto de vista porque persistentemente venía sosteniendo la velada convicción de que en el mundo las cosas se entienden y se manejan igual que en la Argentina. El gobierno y una parte de la sociedad no logran procesar que eso no es así. Por ejemplo, ayer, el juez Griesa dijo que no iba a “permitir que la Argentina se burlara de las sentencias pronunciadas por su tribunal”, casi con un tono de incredulidad respecto de que eso pudiera siquiera ser posible.
Sin embargo, en la Argentina sí es posible. En la Argentina hay varias sentencias de la Justicia de las cuales el gobierno “se ha burlado”. Allí están las sentencias de Corte a favor del procurador santacruceño Eduardo Sosa, del Grupo Perfil por la pauta oficial y centenares de fallos a favor de los jubilados que el gobierno ignora olímpicamente. El poder hacerlo aquí, internamente, sin que pase nade, ha llevado al gobierno y a una parte de la sociedad a creer que, efectivamente, en todo el mundo es igual. Y no es así: en el mundo el derecho existe y las sentencias se respetan.
Y esta cuestión del “Derecho” remite a otro error argentino producto de volver a creer que en el mundo es posible aplicar los criterios con los que nos manejemos nosotros fronteras adentro.
Efectivamente, pese a lo dispuesto por la Constitución para el derecho de propiedad, la “práctica” argentina ha logrado menoscabar la supremacía de ese derecho y transformarlo en un masomenismo relativo cuya fortaleza real nadie conoce. En este caso a las demagogias del populismo se le han sumado, inexplicablemente, cobardías y “agachadas” de la propia Justicia que no tuvo la suficiente valentía como para defender la valía de esa garantía constitucional en las tantísimas veces en que se vio atacada.
Como consecuencia de ese accionar, que se fue haciendo natural entre nosotros, supusimos que en el mundo también los jueces iban a considerar “los factores políticos” involucrados en el caso, iban a relativizar la legitimidad de los títulos portados por los holdouts e iban a desechar sus posturas, privilegiando las “razones de Estado” por sobre los derechos individuales. Y, de nuevo, sucede que eso no es así. O por lo menos no lo es en el país cuya legislación la Argentina admitió como reguladora de su deuda, esto es, la ley norteamericana.
En EEUU los derechos individuales son aun preeminentes a las razones de Estado. Griesa se limitó a tomar los títulos de deuda, examinar su legitimidad, contrastarlos contra los protocolos firmados por las partes y emitir un fallo en consecuencia. El gobierno nunca entendió eso; nunca simuló ponerse en el lugar del otro y tratar de racionalizar el caso como se los racionaliza en el país cuya ley se aplica para resolverlo. Se empacó en aplicarle a todo el asunto una “perspectiva” argentina y así terminamos.
Por eso ahora, lo más probable (y también lo más lamentable) es que se empiece a teñir la cuestión con una intencionalidad política nacionalista (que ya empezó a despuntar ayer con todo el centro de la ciudad empapelado con carteles que decían “Patria o Buitres” con la bandera norteamericana como fondo) para seguir arrastrando a más franjas sociales al convencimiento de que existen fuerzas que nos quieren destruir. La pregunta es ¿por qué solamente a nosotros?, ¿por qué a los ucranianos, a los griegos, a los ecuatorianos y a otras decenas de países no les pasa lo mismo?
Mandar a una imprenta a fabricar carteles con la “Stars & Stripes” de fondo y con el perfil de buitre adelante es fácil. Pero esas estupideces no solo no resuelven el problema sino que ni siquiera debieran ser creídas por la gente.
El gobierno de los EEUU tuvo innumerables gestos de apoyo para con la Argentina, aun cuando la Sra de Kirchner siempre mantuvo una postura agria y distante con Barack Obama. Es el imperio del Derecho el que se ha expresado aquí. Y ese imperio es más fuerte que la presidente de la Argentina y el presidente de los EEUU juntos. Es independiente de ellos. Y con esa independencia garantiza la libertad de los pueblos.
Haber entendido ese detalle antes nos habría ahorrado muchos dolores de cabeza. Embarcarse ahora (y pretender embarcar a algunos incautos) en una gesta nacionalista de “la Argentina contra todo y contra todos”, quemando banderas yanquis y prohibiendo el inglés en los colegios, no va a arreglar nada. Esas juvenilias solo pueden ser tomadas como bombas de humo para tapar una notable impericia en el manejo de un asunto trascendente, al que siempre se le imprimió la épica de las bravuconadas y nunca la picardía y la inteligencia de la racionalidad.