Normalmente se llega a las convenciones con un candidato que ha ganado claramente las primarias, que reúne el número de delegados mínimo para consagrarse. Pero si eso no ocurre, la nominación entra en un cono de incertidumbre por la conducta que podrían seguir los llamados superdelegados, que no tienen atado su voto a un candidato determinado, como los delegados normales. Cada estado envía un número diferente de superdelegados, de acuerdo con las disposiciones de cada partido en cada estado.

La Convención Republicana tendrá lugar entre el 18 y el 21 de julio en Cleveland. Las primarias terminan el 14 de junio en Washington D. C., la capital.

Desde su arrasador triunfo en Indiana, Trump está intentando unir al Partido Republicano detrás de su figura pero el trabajo no le resulta sencillo. Recientemente, Jeb Bush, una figura prominente y de peso por apellido y por su propio pasado como precandidato, desairó a Trump diciendo concretamente que no apoyará su candidatura. Su padre y su hermano, ambos ex presidentes, habían dicho lo mismo hace sólo unas semanas atrás. Trump tampoco ahorró sarcasmos para con ciertos senadores que avalaron lo dicho por Bush, en una muestra de que sigue cortándose solo, sin atender a las formalidades del partido. En tiempos modernos, no se recuerda una situación similar en un partido de los dos principales en los Estados Unidos.

Trump ha conseguido hasta ahora 1.064 delegados, de los cuales 1.014 votarán en la Convención sí o sí por él. Los otros 50 no aparecen atados a hacerlo. Sin embargo, con el retiro de Ted Cruz, el último contendiente interno que quedaba, el millonario neoyorquino parecería no tener rivales en su camino a la Casa Blanca.

El establishment del partido podría convocar a lo que se llama una convención abierta, en donde los estados votan al candidato a viva voz y pueden elegir a quien se les ocurra, incluso a personas que no compitieron en las primarias. Pero no hay dudas de que eso dependerá de que se forme una ola anti-Trump muy considerable, que desafíe el voto interno que viene teniendo lugar desde febrero.

Trump basó su campaña en posiciones muy particulares sobre la inmigración y el comercio exterior. Partidario de —casi diríamos— un capitalismo salvaje en lo interno (acaba de anunciar que piensa eliminar el salario mínimo federal), propone en lo exterior un cierre de las fronteras comerciales norteamericanas con un freno ostensible a la firma de tratados de libre comercio y con el levantamiento de medidas arancelarias para proteger a las industrias locales.

Si bien la guerra de Trump contra la burocracia de su partido le ha servido para solidificar el apoyo de ciertos republicanos detrás de su candidatura, lo más seguro es que complique su situación en la elección general, frente a una trama compleja de votantes, incluyendo a moderados republicanos.

Por otro lado, el magnate ya adelantó que para la elección de noviembre no pondrá un peso más de su fortuna personal, con lo que necesariamente deberá caer en las manos de los tradicionales financistas del partido. Si sigue en su tesitura de enfrentarse con esos capitostes, tendrá dificultades.

Otro de esos figurones es el presidente de la Cámara de Representantes (diputados), Paul Ryan, que sigue manifestando sus dudas públicas sobre Trump, mientras uno de sus principales asesores, Dan Senor, reconoce que la altanería de Trump para con otros republicanos podría perjudicarlo severamente en la Convención y eventualmente en la elección de noviembre.

Trump es tan arrogante que, pese a todas estas dudas de figuras principales de su partido, aseguró que no está dispuesto a endosar la agenda política de Ryan, que es poco menos que la figura con cargo político actual más encumbrada que tiene el partido.

Paradójicamente, la mejor noticia que tiene Trump de su lado es que la probable contendiente es Hillary Clinton. Con cualquier otro oponente demócrata estaría terminado. Pero Hillary, que pese a todo lleva la delantera en las encuestas que simulan que ella y Trump serán los adversarios finales en noviembre, tiene muchísimos inconvenientes, desde investigaciones del FBI hasta problemas para ganarle claramente a Bernie Sanders las primarias de algunos estados.

Es más, algunos sugieren que, justamente, la mejor noticia para Clinton también es tener a Trump del otro lado, porque perdería con cualquier otro candidato republicano potable.

Estados Unidos ha llegado a esta situación (de tener dos probables candidatos que nadie quiere) por diferentes motivos. Trump porque representa el hartazgo de cierta parte de la sociedad que ve al país como al servicio del resto del mundo todo el tiempo. Clinton porque rememora los dulces tiempos de los noventa, cuando su marido navegaba por aguas de abundancia, consumo y tranquilidad.

Para la Argentina, particularmente, Trump sería, según el famoso dicho norteamericano, un auténtico “pain in the ass”. Ahora que el país produjo un cambio político interno proclive a una mejor relación con Occidente y en particular con los Estados Unidos, que llegue a la Casa Blanca una persona que ha dado muestras de que ni se enteró de que dicho cambio se produjo y que sigue creyendo que Argentina está aliada con Venezuela, sería una verdadera mala suerte.

Con Clinton podría esperarse, especialmente en el terreno del comercio exterior, otra modalidad, aunque si su resultado con Sanders es ajustado en las primarias, no sabemos qué condiciones estará dispuesta a hacer frente a un socialista antiglobalización, en aras de unir al partido detrás de ella.

Habrá que esperar, entonces, pero mientras tanto el Gobierno de Macri debería estar diseñando planes de alternativa, según el resultado de noviembre consagre a Trump o a Clinton. Sería muy desafortunado que los planetas que parecieron alinearse con la visita de Barack Obama queden patas para arriba por el designio de las casualidades.

En esa línea se inscribe el antiguo vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney (también fue secretario de Defensa de George Bush senior), que acaba de publicar un libro junto a su hija Liz en donde considera que debido a las políticas del presidente el país está más vulnerable a atentados terroristas hoy que antes del 11 de septiembre de 2001.

Con un nuevo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas y al edificio del Pentágono en Washington avecinándose, el libro del los Cheney, Exceptional, es un alegato en favor de volver a una política dura en materia de presencia militar de los Estados Unidos. El relato trata de justificar por qué el mundo necesita de unos Estados Unidos poderosos.

Si bien el país ha conservado la tradición de que los Gobiernos salientes no critican a su inmediato sucesor, no ha sido el caso de Cheney, que no se ha privado de nada cuando le ha llegado el turno de hablar de Obama y de su presidencia.

El antiguo vicepresidente sostiene que el centro de la próxima elección debe concentrase en reconstruir la fortaleza militar norteamericana, algo que podría calificarse como políticamente incorrecto, pero que el funcionario no disimula para nada.

En general, los términos de la corrección política en los Estados Unidos es completamente diferente de lo que por ello se entiende en la Argentina. Mientras en nuestro país muchas veces se toca la hipocresía o se recurre a la herramienta de la indirecta, cuando de política se trata, en Estados Unidos las cosas se dicen con mayor frontalidad y eso no necesariamente genera un escándalo. Puede sí producir reacciones controvertidas, pero todo el mundo entiende que ese es precisamente el juego de la democracia.

Cheney rechaza completamente la idea de que la invasión norteamericana a Irak haya sido la causante de todos los problemas que sucedieron luego en la zona. Al contrario, considera a Obama directamente responsable de la aparición de ISIS por haber retirado las fuerzas norteamericanas de Irak sin dejar una dotación con el suficiente poder como para ayudar al naciente nuevo sistema iraquí a desarrollarse y echar raíces sin que peligros como el que terminó ocurriendo sucedieran. Hoy entiende que los Estados Unidos deberían estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer para terminar con la amenaza de los decapitadores, incluida la posibilidad de desplegar fuerzas militares terrestres.

En lo referido al acuerdo con Irán, que muchas veces ha sido utilizado por la señora de Kirchner como elemento de prueba a su favor en el sentido de que negociar con los iraníes no es pecado (en una completa tergiversación de los hechos, ya que en el caso argentino el Memorándum de Entendimiento supone el desconocimiento constitucional del principio del juez natural y el apartamiento de la Justicia argentina de un hecho criminal sucedido en su territorio), Cheney es contundente: El país se arrepentirá en el futuro si el Congreso aprueba ese acuerdo.

En medio de fuertes controversias sobre cómo el país piensa compatibilizar sus fines de seguridad con la vigencia de las libertades de la Constitución, Cheney se muestra partidario de sostener los interrogatorios que Obama ha calificado como de “tortura” y cree que el país sería demasiado estúpido si se desnudara voluntariamente de sus posibilidades de defensa. El allí cunado insiste: “Hoy estamos más inseguros que el 11 de septiembre ‘gracias’ a las políticas del Presidente”.

Preguntado sobre si no le causa reparos romper con aquella tradición de no criticar al sucesor, responde firmemente que lo que le causa reparos es la manera en que el presidente Obama conduce el país.

Y su mayor “reparo” es el bendito acuerdo con Irán, que tiene fecha de vencimiento para que el Congreso lo apruebe el próximo 17 de septiembre. Si las cámaras lo rechazan, Obama anticipó que vetará el rechazo. Y según se cuenta en los pasillos del Senado, el Presidente estaría en condiciones de conseguir los 34 votos demócratas que necesita para respaldar su veto.

Cheney asegura que los congresistas que voten a favor del acuerdo se arrepentirán en el futuro. “Verán ese voto como uno de los peores de sus vidas”, dijo como para que no le queden dudas a nadie acerca de cuál es su opinión.

]]> http://opinion.infobae.com/carlos-mira/2015/09/02/reprobando-al-conductor/feed/ 0 http://opinion.infobae.com/carlos-mira/2015/02/19/por-un-gobierno-controlado/ http://opinion.infobae.com/carlos-mira/2015/02/19/por-un-gobierno-controlado/#comments Thu, 19 Feb 2015 12:20:48 +0000 Carlos Mira http://opinion.infobae.com/carlos-mira/?p=776 continuar leyendo →]]> En 1976 se publicó la extraordinaria novela de Irving Wallace “El Documento ‘R’”, una historia de intriga y suspenso que cuenta el intento de concretar una conspiración para derogar la Ley de Derechos de los Estados Unidos y que está dirigida entre bastidores por el FBI.

En un trasfondo de creciente violencia, Wallace pone frente a frente dos fuerzas opuestas: por una parte, aquellos que tratan de modificar la Constitución para que el gobierno pueda imponer sin miramientos un programa de “ley y orden”; por otra, quienes creen que tras la Enmienda XXXV se oculta un plan de mayor alcance que tiene por fin subvertir el proceso del gobierno constitucional y reemplazarlo por un estado policíaco.

La Constitución de Estados Unidos es un documento difícil de modificar. Una enmienda es un cambio al documento aprobado en 1788. Tal y como lo especifica el Artículo V de la Constitución, existen dos formas de enmendarla. Una de ellas no ha sido utilizada nunca.

Uno de los dos métodos de enmendar la Constitución es que ambas cámaras del Congreso; la Cámara de Representantes y el Senado aprueben una propuesta para realizar el cambio. El voto debe alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Una vez que la propuesta sea aprobada, se dirige a los estados. Treinta y ocho de las 50 legislaturas estatales deben aprobar la enmienda, es decir tres cuartos de los estados de la nación. Otra vía para lograr un cambio en la Constitución es si dos tercios de los estados convocan una convención constitucional en la que propondrían la(s) enmienda(s). De ahí en adelante, las propuestas de enmienda se decidirían por las legislaturas o convenciones estatales. Estados Unidos nunca ha recurrido a este método para enmendar su Constitución.

Lo cierto es que la historia de Wallace suponía la existencia de una nomenklatura fascista en la nación que pretendía derogar el diseño constitucional de 1787 y cambiarlo por otro en donde el centro del poder de decisión de la sociedad no estaría en los individuos sino en el Estado.

Parafraseando la historia de Wallace, podríamos decir que los argentinos nos encontramos frente al “Factor R”. Tan solo esa letra sirve para diferenciar la dramática decisión que tarde o temprano tendremos que tomar. La ambigüedad de mantener en lo formal una Constitución que pone al hombre libre en el centro del protagonismo social y, en lo real o sustancial, una realidad que retiene a ese protagonista para reemplazarlo por el Estado, no va más. Ese doble discurso ya no resiste. Es preciso que la sociedad resuelva esta disyuntiva que la mantiene postergada desde hace más de 80 años.

Se trata de elegir entre un sistema con un gobierno controlado (justamente por la sociedad, a través de los jueces, de los organismos independientes del poder ejecutivo y de la prensa) o con un gobierno controladoR , es decir que tiene en su puño la capacidad de regimentar la vida de todos a fuerza del dictado indiscutido e indiscutible de sus disposiciones.

Es hora de que la Argentina elija definitivamente si quiere tener un gobierno completamente desligado de la ley, sin control social y por encima de la Constitución, en donde los funcionarios vigilan a los ciudadanos, o si, al contrario y como establece la Ley Fundamental, la sociedad se inclina por vivir en un sistema en donde el gobierno está sujeto a severas limitaciones que le impiden avanzar sobre el círculo de soberanía individual que la Carta de Derechos reserva a los ciudadanos.

Como se ve por la simple enunciación teórica de los sistemas en pugna, se trata de dos concepciones completamente antagónicas de la vida. La cuestión no se limita simplemente a elegir un tipo de organización social; se trata de elegir una forma de vivir, una forma de ver el mundo, una forma de interrelacionarse con los semejantes y, como país, una forma de relacionarse con los demás países.

La conveniencia de la nomenklatura estatal hizo que millones de individuos se convencieran de que no pueden solos; de que no hay manera de cumplir los sueños individuales porque los “intereses de los poderosos” siempre se interpondrán en el camino y que sin la intervención milagrosa del Estado, estarían desahuciados. Esa minusvalía, esa profunda carencia de autoestima y de postración hizo que enormes franjas de la sociedad estuvieran de acuerdo en entregar su libertad a cambio de que el Estado les proveyera de una manutención mínima: renunciaron al cielo, por tocar el cielorraso.

Eso hizo que nos convirtiéramos en un país de techos bajos, chato, gris, sin protagonismo, intrascendente, como si para nosotros no estuvieran preparadas las grandes cosas, las grandes empresas.

Pero incoherente e hipócritamente hemos mantenido una Constitución escrita por un conjunto de visionarios que creía que los argentinos no tendríamos techo, si dejábamos volar nuestros sueños y le poníamos pasión, esfuerzo y trabajo a nuestros anhelos. Ninguno de esos Padres Fundadores nos creyó tan pusilánimes como para entrar en una transacción con un conjunto de vivos que nos vendió el paquete de la “seguridad económica” a cambio de quedarse con nuestras libertades. No creímos nunca que con nuestras libertades podíamos superar con creces lo que nuestros “protectores” nos ofrecían; transamos por migajas.

Este choque cultural ya no puede sostenerse. Y creo que detrás del 18F y el merecido recuerdo a la memoria del fiscal Nisman, muchos argentinos estarán mostrando que ya no quieren las consecuencias de aquella pusilanimidad. Creo que muchos de los que salieron a la calle  lo hicieron para pronunciarse por eliminar el “Factor R”, dejar atrás el gobierno “controladoR” y pasar a tener un gobierno “controlado”.

Se trata de llevar al Derecho Internacional Público las normas del derecho privado comercial en donde, efectivamente, cuando una empresa se presenta en convocatoria, si allí logra el consentimiento de un determinado porcentaje de acreedores, el resto debe aceptar su plan y empezar a cobrar de acuerdo a la propuesta presentada y aprobada.

La Presidente viene haciendo de esta postura una especie de batalla quijotesca por la Justicia Social Universal y en contra de los carroñeros fondos buitre que cuentan -en el escenario presidencial- con el invalorable apoyo del gobierno del Imperio que defiende los intereses de esos explotadores como si fueran propios.

Sin embargo, los hechos dicen otra cosa muy distinta a los ubicuos mensajes de antinorteamericanismo con los que la jefa de Estado ha bombardeado los oídos de todos nosotros en una inexplicable explotación demagógica de la política internacional.

A las muchas presentaciones de “amicus curiae” que el gobierno norteamericano ha hecho a favor de la Argentina durante todo el tiempo que duró el proceso en el juzgado de Griesa, se le sumó hace 20 días una propuesta que la administración de Barack Obama hizo ante la ICMA (International Capital Markets Association) para que a partir de ahora los acreedores minoritarios no puedan desconocer lo resuelto por una mayoría calificada en un programa de rerestructuración soberana. En pocas palabras, ni más ni menos que lo que la Presidente busca.

Kevin Sullivan, el encargado de negocios norteamericano en Buenos Aires a cargo interino de la Embajada, lo anunció al mismo tiempo que le recomendó al país salir del default para empezar a recibir las inversiones que necesita.

Ese fue su error. Era imperioso encontrar alguna palabra del diplomático que permitiera ocultar el hecho de que nada menos que el Imperio enemigo estaba liderando una corriente financiera para que en el futuro los países que reestructuren su deuda puedan estar a salvo de los “buitres”. Si Sullivan hubiera callado su consejo sobre el default, al gobierno se le habría caído un enemigo, probablemente el mejor enemigo de estos tiempos de populismo “reloaded”: el imperialismo yanqui mostrado aquí como poniéndose, siempre presuroso, al lado de los poderosos y en contra de los débiles.

Es más, la presentación de hoy de la Presidente se hace en un lugar equivocado e inoperante. Resulta ya histórica la inutilidad de la ONU prácticamente para cualquier tema que haga a las preocupaciones mundiales. Su pomposa organización no ha sido capaz de entregarle al mundo una sola solución a nada y ningún conflicto internacional ha podido ser evitado por la gracia de la ONU. Es, a todas luces, un organismo burocrático inservible.

Y si lo es en los aspectos fundamentales que tienen que ver con su fundación -la paz mundial y el evitar los conflictos armados- cuanto más en una cuestión que tiene que ver con las finanzas internacionales en donde la ONU no juega ni de visitante.

La International Capital Markets Association, en cambio, es una entidad que reúne a más de 450 instituciones financieras y fondos que operan diariamente con bonos y títulos en todo el mundo y que, por lo tanto, ejerce un peso mucho mayor sobre esos operadores que el que puede tener la pobre ONU. La presentación norteamericana, reiteramos, fue hecha allí. A tal punto es importante la cuestión que esa movida de la administración Obama probablemente sea el mayor impacto que hasta ahora han tenido los “buitres” en términos efectivos y no simplemente como parte de una incendiaria verborragia de propaganda.

Como todas las cosas útiles -y fundamentalmente en donde esa “utilidad” genera inconvenientes para algún pícaro- el dato fue menos conocido (o desconocido por completo) que los fuegos de artificio que la verba de Kicillof y la Presidente lanzaron estos días en contra de los EEUU y de su gobierno. Pero cuando uno va a buscar lo que Hipólito Yrigoyen hubiera denominado “efectividades conducentes”, son los EEUU los que están jugando su peso en la futura solución de estos conflictos. Y están haciéndolo en los lugares en donde realmente vale la pena y es útil hacerlo.

Lo que la mandataria y probablemente su ministro de economía desconozcan es que lo que el Gobierno de ese país no puede hacer es ignorar las decisiones soberanas de sus jueces, que son independientes de ellos y sobre los que no tienen ningún poder ni de vigilancia, ni de control, ni de superioridad jerárquica.

Probablemente, tanto la Sra. de Kirchner como Kicillof, acostumbrados a cómo se manejan las cosas en la Argentina, hubieran esperado que el presidente Obama levantara un teléfono y pusiera a Griesa “en su lugar”, amenazándolo incluso con dejarlo de patitas en la calle. Pero eso es parte de la visión aldeana que el oficialismo tiene del mundo, que le impide ver cómo funcionan las instituciones en la civilización de la democracia.

La concepción feudal del poder que existe en el kirchnerismo cree que las cosas son iguales en todas partes, y con su discurso plagado de sofismas trasmite esa misma idea a franjas desinformadas de la sociedad argentina que sigue fomándose en ese modelo “barrial” y encerrado de ver la vida.

Ese “tupper” en el que muchos argentinos viven le ha sido excepcionalmente funcional al Gobierno que, explota esa ignorancia para hacerles creer la versión de la realidad que más le conviene.

Pero más allá de esas mentiras, lo único que vale es la verdad. Y en ese terreno el gobierno norteamericano ha hecho más por la validación del voto mayoritario en las reestructuraciones soberanas de deuda que las sobreactuadas manifestaciones de la Presidente en un escenario proverbialmente conocido por su incompetencia.

Sullivan había comentado que sería bueno que la Argentina saliera cuanto antes de esa situación para poder atraer las inversiones que tanto necesita.

Fue suficiente para que el país se considerara ofendido y estuviera a punto de declarar persona no grata al diplomático.

Se trata de otra notoria similitud con el régimen venezolano que efectivamente echó al embajador de Washington ante Caracas por considerarlo un agente del Imperio enemigo. La pregunta que surge es ¿cómo terminará la Argentina luego de acumular tantos parecidos con el país del hombre que habla con los pájaros?

Otro de los interrogantes que aparece ante la desmesurada sobreactuación de un ministro que nunca ha estado a la altura de su cargo, es si el gobierno, por un lado, está por presentar abiertamente la estrategia de los Estados Unidos como enemigo declarado de la Argentina y, por el otro, si la sociedad va a creerse esa parodia.

Es posible que los cálculos populistas del gobierno se basen en la presunción de que el argentino es uno de los pueblos más antinorteamericanos del mundo, aunque luego añore llevar a sus hijos a Disney, pasear por New York, veranear en Miami y andar ataviado con remeras escritas en inglés.

Pero lo único que vale en términos de “viveza nacional” es saber si toda esta estrategia sirve para que la gente viva mejor. Y teniendo como parámetro ese medidor,  la única conclusión a la que se puede arribar es que ese desafío estúpido no hace otra cosa más que profundizar el deterioro del nivel de vida argentino.

Los Estados Unidos, nos guste o no, representan el icono internacional del progreso y de la innovación. Los propios argentinos, cuando emigran, cuando deciden irse de la Argentina, eligen -en una sugerente cantidad de casos- los Estados Unidos como destino final de sus vidas. Y lo hacen porque en esa tierra se puede progresar y se pueden convertir en realidad los sueños personales. También se puede fracasar. Pero una cosa no sería posible sin la otra. No habría progreso y capacidad para convertir sueños en realidad si, al mismo tiempo, no existiera la posibilidad del fracaso.

Pero allí se puede empezar de nuevo, se puede intentar volver desde cero porque el sistema institucional y el orden jurídico están preparados para el éxito. El producido del trabajo no está sujeto al atropello; la propiedad es sagrada, los derechos civiles, también. 

El trabajador honrado, dispuesto y cumplidor avanza. Sea donde sea que trabaje, puede planear un futuro, tiene crédito en cuanto demuestra que puede pagar sus deudas. Y la fuerza jamás sustituye al Derecho.

En búsqueda de todo eso va el argentino que vota con los pies. Ataviado solo con su esperanza porque su país le ha quitado ya todo lo demás, se instala en esa tierra que habla otro idioma y que tiene otras costumbres.

Pero al tiempo de trabajar y de vivir se da cuenta qué visión aldeana de la vida y del mundo se tiene desde la Argentina. Cuando habla con parientes o amigos parece que escucha una novela antigua o una canción desafinada. Tiene ante sí, envuelto en la ropa de una verba desfasada, todo el drama argentino: haber caído fuera del mundo; fuera de lo que se habla en los lugares que avanzan; fuera de la corriente central de las sociedades que progresan.

Quizás Sullivan, con su opinión, haya querido entregar el mismo mensaje que esos argentinos tratan de hacerle llegar a sus parientes y amigos que siguen aquí: “Deben volver al mundo, muchachos; con guerras inútiles y batallas líricas perderán el tren del futuro; perderán el progreso, se hundirán en la pobreza”.

Sin embargo, el gobierno argentino, antes de atender ese consejo prefirió enojarse con el mensajero: “Estamos liderando una epopeya de alcance universal… Estamos cambiando las reglas por las que el mundo va regirse de ahora en más. Y frente a ese grito mundial de liberación, ¿tenemos que escuchar que este representante de los buitres nos dé consejos sobre lo que nos conviene?”

La sociedad debería abrir urgentemente los ojos. Debería reflexionar sobre la profunda hipocresía que gobierna nuestra relación con el mundo y en particular, nuestra relación con los EEUU. Deberíamos ser más valientes, más audaces internamente. Ya que somos tan “gallitos” con la lengua, pero somos tan calculadores cuando tenemos que decidir dónde ir cuando ya no nos queda más que la esperanza y unos cuantos sueños incumplidos, sería interesante que aboliéramos para siempre esa dualidad y dejáramos de prestar atención a quien sólo hace demagogia con ella.

Ni el canciller Timerman ni la señora de Kirchner se harán responsables de nuestra pobreza, de nuestras angustias y de nuestras frustraciones. Sólo la vigencia de un orden jurídico civilizado nos dará lo que vamos a buscar a otras partes cuando llegamos a la conclusión de que la Argentina lo ha perdido para siempre.

Lo que está pasando con el tema de los holdouts,  Griesa y las decisiones de la justicia norteamericana, es una especie de enorme choque cultural entre dos concepciones irreconciliables de ver el mundo y las relaciones entre los individuos. 

La Argentina (y no es una apreciación que le cabe sólo a la administración Kirchner, aunque, claramente, los ribetes de esta última década han profundizado esa cosmovisión) cree básicamente en la fuerza del poder. No logra procesar la idea de que el poder debe someterse al Derecho y que las razones de Estado tienen una jerarquía jurídica inferior a los derechos individuales.

El mundo occidental en general y los Estados Unidos en particular tienen la concepción opuesta: creen básicamente en la supremacía del Derecho y en la preeminencia de los derechos individuales por sobre las razones de Estado. 

Estas maneras de ver y entender la vida están produciendo un fenomenal choque de planetas en el caso de la deuda no reestructurada. Desde un principio la Argentina creyó que era efectivamente posible forzar a los acreedores que no habían aceptado los canjes de 2005 y 2010 a someterse a la voluntad argentina, porque ella así lo había dispuesto. Fue tal su altanería que sancionó unilateralmente la llamada “ley cerrojo” según la cual aquellos que no habían aceptado las condiciones impuestas por el país, caían en el destierro: la Argentina jamás los reconocería y nunca les pagaría nada.

El primer choque frontal de esa concepción contra el muro del Derecho, obviamente lo produjo el fallo del juez Griesa a favor de NML Elliott, el fondo que maneja Paul Singer. La decisión se apeló dos veces ante la corte de apelaciones y ante la instancia suprema y en ambos caso se refrendó el fallo de primera instancia.

Ante esa circunstancia el país volvió a reaccionar de acuerdo a sus patrones culturales y cada día que pasa aumenta el peligro de un nuevo default.

Si bien hubo en el medio de estas últimas dos semanas algunos amagues negociadores, la regla general fue la confrontación y la convicción de que el fallo debe ser enfrentado con y por la fuerza. Es la fe ciega en la eficacia de la fuerza lo que se halla por detrás de las posturas argentinas.

Siguiendo esa lógica, el ministro Kicillof dispuso el pago de $ 833 millones de dólares a los bonistas del canje sin esperar a que el juzgado o el mediador Pollak llegaran a un acuerdo genérico. La movida fue acompañada  por un comunicado –que es, sugestivamente, una especie de emblema de la fuerza- y por una solicitada en todos los diarios que traslucían claramente la manera en cómo el gobierno estaba entendiendo esta cuestión.

Por un lado -en otros términos, claro está- el gobierno decía “Yo te pagué… Ahora arréglate vos… Animate a embargar el dinero de los bonistas”. Una especie de esgrima de taita de esquina que chucea bajo el farol.

En el mismo escrito hacía responsable a los Estados Unidos “por las consecuencias que pudieran tener los fallos de su poder judicial” y adelantaba que “se reservaba el derecho de acudir a las cortes internacionales en defensa de sus intereses en tanto miembro de la comunidad internacional”.

En la solicitada, por su parte, declaraba como ya perteneciente al patrimonio de los bonistas que entraron al canje, el dinero depositado por la Argentina en las cuentas del Bank of New York.

Se trata de frases que vuelven  a reafirmar la esencia “cultural” de este conflicto. La pretensión de hacer responsable a los EEUU como país, por las consecuencias del fallo de la Justicia, es confesar tácitamente una falta de mundo muy pronunciada y un aldeanismo francamente preocupante en cuanto al entendimiento de cómo funcionan las instituciones en el mundo. Es también una manera indirecta de confirmar una vez más el escaso respeto por el sistema de la división de poderes que –cuando menos- tiene el ministro Kicillof y la reafirmación de que el país pretende que el mundo se mueva según las formas que nosotros (o el gobierno actual de la Argentina) le aplica a estas cuestiones.

Insinuar que el gobierno de los Estados Unidos debería “llamar al orden” al juez Griesa para hacerle entender cómo son las cosas, es confesar una supina ignorancia sobre los más mínimos palotes institucionales de aquel país y sobre el esquema que hace 300 años Montesquieu ideó para las democracias. El gobierno no termina de entender la idea de la independencia de la Justicia y expresándose cómo se expresa, dando a entender lo que da a entender y suponiendo que las cosas deben ser como el gobierno supone que son, no hace otra cosa más que entregar a los extranjeros razones de mayor peso para probar que en la Argentina el Estado de Derecho no se respeta y que el mundo tiene una especie de deber moral en enseñárselo.

Kicillof probablemente olvida que, antes de la sentencia, el gobierno norteamericano se expresó en más de una oportunidad a favor de una solución negociada con los holdouts  que le permitiera a la Argentina dejar en pie lo convenido en los canjes. Pero esa postura de la Administración Obama es completamente inoponible por la fuerza a las decisiones de un tribunal de justicia, cuando éste tiene –apoyado en la ley- una opinión diferente. Lo que Kicillof y el gobierno no entienden es que, en ese caso, prevalecerá el criterio del tribunal y que “el hombre más poderoso del mundo” no puede hacer nada al respecto: de nuevo el choque cultural entre la fe en la fuerza y el poder y la fe en el Derecho. Kicillof cree que Obama puede levantar el teléfono y decirle al juez: “Che, Griesa, metete el fallo el traste y déjate de joder”. Eso pasa acá, Kicillof, pero en el mundo es diferente. Y confesando que usted cree que esa es una opción efectivamente posible en EEUU, refrenda la idea que el mundo tiene de la Argentina como un país al margen de la ley que no entiende el mecanismo de las repúblicas.

Otra de las costumbres autóctonas del gobierno que la movida de Kicillof perece querer trasladar a este caso es la teoría de la culpa. Efectivamente, estamos ya muy habituados a la técnica oficial de buscar un culpable de los problemas antes que una solución. Al gobierno no le importan las soluciones, le importa encontrar un culpable. Con el pago efectuado, Kicillof buscaba forzar a Griesa a quedar como el culpable del default o como el culpable de que los bonistas no cobren. Más allá de que el juez hoy a la mañana no hizo ni una cosa ni la otra, sino que dispuso que esos fondos retornen a Buenos Aires, sería bueno que Kicillof entendiera que Griesa no tendrá ningún complejo de culpa por embargar proporcionalmente los pagos que haga la Argentina tal como los dispuso en su fallo. De nuevo: esas estocadas no se registran en el exterior; llegado el caso lo único que hará Griesa es actuar de acuerdo a la interpretación que él le ha dado a la ley. Y esa interpretación ha sido ratificada como correcta en segunda y tercera instancia.

Probablemente sea esta conclusión “cultural” la peor de todas las que puedan extraerse de este infortunado manejo de la deuda. Hemos dado muestras de una ignorancia, de una falta de mundo, de una carencia de formación, francamente alarmantes. El ombliguismo de creer que las cosas se pueden hacer en cualquier lado de la manera que las hacemos nosotros y de que la manera que nosotros hacemos las cosas es trasladable al mundo exterior nos ha traído de nuevo al borde de un abismo tan estúpido como evitable. Es penoso.