La sala sorteada para entender en la apelación ha sido la sala I, la misma que declaró inconstitucional el memorándum con Irán y la misma que confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa Hotesur. Antes de eso, el fiscal Carlos Rívolo deberá elevar su dictamen sobre la procedencia de la apelación, en lo que todo el mundo prevé como un respaldo incondicional a la investigación que pide Pollicita.

Éste, a su vez, se basó en hechos prácticamente derivados del sentido común para pedir a la Cámara que se aboque al entendimiento en la causa: “Señores, por favor investiguen; lo que les estoy presentando no es una sentencia, es simplemente eso: un pedido de investigación… Creo que hay suficientes medidas de prueba pedidas como para desestimar in límine la actuación”.

Eso fue precisamente lo que hizo Rafecas: el juez abiertamente dijo que ni siquiera se había tomado el trabajo de escuchar una de las miles de grabaciones adjuntas a la denuncia. Conforme esos audios se han ido escuchando, a la gente común se le hace cada vez más difícil entender cómo el juez no tuvo siquiera la curiosidad de prestarles atención. O a lo mejor sí lo hizo y por eso falló como falló y luego dijo lo que dijo.

La investigación debe ser en primer lugar una oportunidad de defensa para los señalados como responsables del encubrimiento o del intento de encubrimiento. Pollicita insiste en que el hecho de que el delito no se haya consumado por razones ajenas a quien lo intentó no es suficiente causa de inocencia y que, en todo caso, la figura sería la del encubrimiento en grado de tentativa.

Pero lo mejor que puede ocurrirle a la Presidente, al Canciller, a Larroque, a D’Elía, a Esteche y demás imputados es tener una oportunidad judicial de aclarar su situación.

En ese contexto, resultó apresurada la solicitada publicada ayer por el gobierno cuando los tiempos de la apelación aún estaban abiertos. Es posible que dicho apresuramiento se haya basado en las seguridades que tanto Julio De Vido como Wado De Pedro parecían darle a la presidente en lo que respecta a la suerte de una eventual apelación: esos operadores entendían que Pollicita no apelaría. Parte de los argumentos del gobierno se basan en la existencia de borradores encontrados entre los papeles de Nisman de los cuales se desprendía que el fiscal tenía una opinión distinta del caso y de la posición del gobierno un tiempo atrás, lo cual debilitaba todo su razonamiento. Esa línea de operación especulaba con que el nuevo fiscal interviniente conocía esa circunstancia y por lo tanto archivaría el caso.

Sin embargo, esa situación fue suficientemente aclarada por una de las secretarias de Nisman que presentó un documento ante la Justicia explicando que el fiscal, dados los hechos nuevos que llegaron a su conocimiento a partir del memorándum, había cambiado radicalmente de opinión.

El Gobierno olvida que, quizás con ese mismo criterio (el de basarse en borradores descartados), Nisman pensó en algún momento en pedir la detención inmediata de la Presidente. Pero luego de lado esa iniciativa y optó por otro camino.

Lo que Pollicita explica respecto de este punto también parece estar cargado con la misma dosis de obviedad que de sentido común: lo único que vale y que puede ser tomado en cuenta por los jueces es el cuerpo final de la denuncia, no sus borradores preparatorios. Concluir lo contrario implicaría darle fundamento a la idea de que los jueces podrían especular con detener a la Sra de Kirchner, tal como alguna vez lo pensó Nisman. Y eso, claramente, no puede ocurrir.

Otro tema a prestarle atención a partir de ahora será como la Sala I de la Cámara meritúa su propia decisión respecto del memorándum. Como estos jueces ya se han pronunciado muy duramente en el sentido de que dicho documento atenta contra la Constitución, es posible que consideren que esta es una causa muy próxima a aquella otra y que decidan excusarse. En ese caso debería intervenir la Sala 2.

La Sala 1 está integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah que en muchos caso tuvieron fallos cercanos a los intereses del gobierno pero que últimamente además de las dos decisiones ya apuntadas sobre Irán y Bonadío, también confirmaron el procesamiento del vicepresidente Boudou.

Estos puntos de vista deberían ser normales y, además, indicadores de que, en algún punto, la Justicia sigue funcionando con algún grado de lógica jurídica, dando o quitando la razón según sea su interpretación de la ley en cada caso concreto.

Lo cierto es que el caso que pareció llevar tranquilidad al seno presidencial y que le dio un aire triunfalista al último discurso de la Sra de Kirchner ante la Asamblea Legislativa está abierto nuevamente. La presidente debería tomar esto como una oportunidad para demostrar su punto: si las escuchas son una truchada, si Khalil no era un representante de la diplomacia paralela de Irán, si los cursos de acción de su gobierno no pasaban por estos canales antes que por las formalidades de las cancillerías y si el gobierno no intentó desimputar a los sospechosos de la voladura de la AMIA por razones estratégicas, comerciales, ideológicas o las que fueran. Eso, como decía Nisman, no está en discusión y el Poder Ejecutivo tendría sus argumentos para defender la postura de que está facultado para decidir qué sesgo le da a su política exterior, a su relacionamiento internacional de comercio o con qué aliados decide transitar la vida. Claramente esas cuestiones están fuera del alcance de los jueces. Pero lo que el Poder Ejecutivo no puede hacer es buscar esos objetivos derribando una investigación judicial completa porque le resulta incómoda a sus propósitos ideológicos, comerciales o de posicionamiento internacional. La causa le da a la Presidente una oportunidad de aclararlo y de poner todo esto en blanco sobre negro.

No se sabe si, en su descripción de la Justicia, lo de Rafecas habrá que tomarlo como proveniente de un poder aristocrático, antipopular y como tal ilegítimo. Porque si así fuera, la Presidente habría sentado las bases para dudar de la resolución que ahora la beneficia. 

Es una paradoja, pero cuando uno lanza una guerra contra alguien y luego ese alguien define una determinada situación a favor de uno, es como que la posición propia queda colgada de la palmera: ¿en qué quedamos: los jueces tienen imparcialidad para analizar equidistantemente las situaciones que se le presentan o no (porque son golpistas, elitistas, contramayoritarios y contrarios a la “voluntad popular”)?

Sea como sea, la expectativa por lo que la Presidente va a decir el domingo es alta. Por lo que va a decir y por cómo lo va a decir. Nadie espera una mano tendida ni un ofrecimiento de paños fríos. Al contrario, son muchos los que aseguran que se vienen varios baldazos de nafta al fuego.

Entre esas especulaciones se contaba la que muchos atribuyen a las iniciativas de Carta Abierta respecto de un núcleo central de la Constitución y que el gobierno tiene atravesada como un hueso de pollo en la garganta.

La presidente ha seguido en muchas oportunidades lo que Carta Abierta anticipa solo con horas de diferencia. Resulta obvio que ésa es su usina discursiva. Esos autodenominados “intelectuales” se la “tienen jurada” al control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Muy sencillo: que cualquier juez, de cualquier lugar del país, de la localidad más insignificante de la república, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso o de cualquier decreto o resolución del PE.

Se trata de una fortísima arma de defensa del derecho individual. Cualquier ciudadano, por pequeña que sea su influencia en la vida de la Nación, puede detener la aplicación de una ley para su caso personal si logra convencer a su juez natural de que lo dispuesto por la ley o por el decreto viola sus derechos y garantías constitucionales. Un gobierno con pretensiones absolutas no puede bancarse eso. Es así de sencillo: no puede bancárselo; necesita eliminarlo.

Necesita, en otras palabras, transformar el control constitucional en una ensalada de difícil aplicación práctica por la cual pueda decirle al mundo que en el país la constitucionalidad de las normas se controla (porque formalmente dispone de un sistema) pero en la práctica dicho esquema suponga para el ciudadano damnificado el embarcarse en un laberinto jurídico que nunca terminará por detener la ley o el decreto que lo perjudica. Eso se logra por la vía de concentrar el control de constitucionalidad.

Dijimos que la democracia supera su “prueba ácida” sólo cuando logra demostrar que puede proteger el derecho concreto de personas concretas. El resto, como diría Youssef Khalil, es “piri pipi”. Hablar de “mayorías”, del “pueblo”, de “los trabajadores”, de los “pobres”, de las “clases populares”, es no hablar de nada: los derechos son solo ejercidos por personas físicas o jurídicas. Hablar de que el gobierno “protege los derechos del pueblo, de los trabajadores, la las clases populares, de los pobres” es no decir nada. O, peor aún, es decir que no protege los derechos de nadie. Sólo si un sistema político es capaz de demostrar que una persona concreta en el caso de una violación concreta de su derecho tiene elementos sencillos y prácticos al alcance de su mano para defenderse, es una democracia. En caso contrario, no lo es. Es así de simple.

Vaya la paradoja, pero el control difuso de constitucionalidad de las leyes es el que le entrega al ciudadano común una herramienta concreta de defensa. Y por eso lo aborrecen. Y por eso lo quieren cambiar.

¿Cambiarlo por qué cosa? Por la creación, seguramente, de un mamotreto concentrado llamado “Tribunal Constitucional” cuyo acceso se haga difícil y lejano para el ciudadano común y -también paradójicamente- torne difusa su posibilidad de defensa frente al atropello del poder.

Como se ve, lo difuso es concreto (en términos de defensa de los derechos individuales) y lo concentrado es difuso, porque las personas concretas verán dificultado su acceso a un tribunal de defensa.

Esta sería una verdadera radicalización del gobierno y su intento de llevarlo adelante sin modificar la Constitución, un verdadero golpe de Estado.

La presidente ha decidido gobernar con La Cámpora, con Carta Abierta y con Milani como jefe de inteligencia. Es lo que indican los cambios de gabinete que ha introducido. Aníbal Fernández es un cruzado, Wado de Pedro un militante acérrimo y Milani un espía. Es lógico que no se pueda prever moderación ni para el discurso del domingo ni para lo que resta del año. 

Las causas judiciales que más preocupan a la Presidente -que no eran las que la imputaban como encubridora de los 8 acusados de la voladura de la AMIA- sino la que investiga en juez Bonadío en relación a la empresa Hotesur, marcarán el resto de la agenda política. La Sra de Kirchner intentará imponer la idea de que todo es una patraña para impedir que el “gobierno popular” lleve adelante sus banderas y la reivindicación de los oprimidos en contra de los poderosos. Quienes se le oponen seguirán sosteniendo que lo de las “causas populares” es una pantalla demagógica para perfeccionar el accionar de un gobierno que es el que más ha robado en la historia del país. Entre esas dos aguas navegará la Argentina en lo que resta del año. Pero seguramente las elecciones cerrarán una manera de entender la política en el país. Me parece que todo será diferente luego de octubre. Y será una diferencia para mejor.