Al contrario, la “constitución material” de los argentinos -es decir, el conjunto de hábitos y costumbres de la sociedad- volvió a imponerse sobre la “constitución formal” (la jurada en Santa Fe en 1853) y rodeó de seguridades y blindajes a los funcionarios del poder mientras ejercieron el poder.

En los últimos años incluso se llegó a insinuar que cualquier amague de investigación sobre ellos implicaba una actitud destituyente y un acto de golpismo activo. En lugar de aceptar que lo que se ponía en juego eran los mecanismos previstos en la Constitución, se decía, justamente, que esa pretensión constituía un alzamiento contra la Constitución. Kafkiano.

De ese modo los funcionarios utilizaron el poder como un escudo de impunidad. No hace mucho un ícono de la corrupción, Alfredo Yabrán, definió de ese modo al poder: cuando se le pidió que resumiera en una palabra lo que para él significaba el poder, el fallecido empresario respondió: “impunidad”.

Desde que el juez Bonadio decidió allanar las supuestas oficinas de la empresa presidencial Hotesur y requerir sus antecedentes a la IGJ y a la AFIP, como así también pedir las declaraciones juradas impositivas de todos los miembros de la familia de la presidente y de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se abrió una posibilidad de que por primera vez el poder sea investigado mientras es poder.

Nadie sabe muy bien si los mecanismos que se han puesto en funcionamiento van a responder a la esencia republicana del control de un poder sobre otro (en este caso de la Justicia sobre el Ejecutivo) o si todo terminará en una riña de gallos en donde los personajes involucrados quieran cobrarse cuitas personales. De ser así, sería, claramente, una picardía.

El juez Bonadío no ha sido un dechado de prolijidad. No puede acusárselo de tener una inquina personal contra los Kirchner o contra el gobierno, porque, al contrario, los ha beneficiado en otras actuaciones. Alguna de ellas, incluso, le valieron pedidos de investigación en el Consejo de la Magistratura, investigaciones que ahora el propio gobierno esgrime para echarle tierra al juez.

Pero de todos modos el concepto, digamos, “neutro” de la investigación de los funcionarios del gobierno mientras están en el gobierno hay que anotarlo como un definitivo avance.

Obviamente el kirchnerismo arde en insultos, chicanas, indirectas furiosas y todo tipo de maldiciones hacia el juez. Por lo pronto, le ha radicado denuncias “espejo” a las que él le investiga a la presidente. Capitanich volvió al remanido argumento del golpe y la Sra de Kirchner dijo que no se dejará extorsionar por los “caranchos judiciales”.

Pero desde el punto de vista de la salud institucional de la República, el evento resulta esperanzador. Brasil echó de la presidencia a Fernando Collor de Melho por un procedimiento de impeachment sin que nadie argumentara que ese mecanismo fuera la fachada de un golpe. No hace falta recordar el clásico ejemplo del caso Watergate -que a esta altura aparece como un caso menor- en donde el presidente norteamericano debió dejar el gobierno por haber espiado a sus adversarios y, fundamentalmente, por haber mentido. A nadie en su sano juicio en EEUU se le ocurrió siquiera sugerir que aquello hubiera sido una destitución encabezada por los medios corporativos.

El caso de los manejos oscuros de las empresas presidenciales y de aquellas en las que aparece el empresario Lázaro Báez, que incluyen el posible desvío de fondos de la obra pública hacia las cuentas de las firmas que controlan los hoteles de la Presidente, puede transformarse en un caso testigo en la Argentina. 

Obviamente todo está teñido por la enorme capacidad que el país ha demostrado tener para arruinar cualquier investigación, desde el caso García Belsunce hasta el de Nora Dalmaso, por mencionar solo dos y del ámbito completamente privado. La sociedad siempre ha sido privada de saber la verdad y mucho más cuando sus propios recursos estaban en juego. Si ya es grave que la Justicia no pueda arribar a certezas contundentes en caso en donde los involucrados son individuos privados, con intereses privados y fondos privados, lo es mucho más cuando esas personas, tanto como los intereses y los fondos son públicos.

Quizás estemos siendo contemporáneos de un cambio histórico: que el poder sea juzgado civilizadamente, en paz y sin que ese hecho implique ningún cortocircuito constitucional, mientras está en el poder. Si la Justicia pudiera tener por una vez en la vida un ataque de seriedad y de grandeza y pudiera mantener esta línea de investigación con el objetivo de averiguar la verdad y no con otros intereses espurios, el país habrá dado un paso enorme hacia la civilización. Allí sí que podremos decir que, aunque estemos mal, vamos bien.

Es lo que denunció Marcelo Bonelli en Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las órdenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que hacés”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecución política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la Presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo también explicaciones por ello.

Frente a esto, el Jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de quien se siente totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del poder judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de gabinete? ¿acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así Capitanich estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente. 

Según esta visión los funcionarios, desde la Presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”. 

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.