A su vez, dichas propiedades habían estado en el candelero público desde hacía al menos cuatro años, ya que más de una publicación periodística había dado cuenta de ellas con suficiente detalle. El juez Sebastián Casanello recién ahora dispone esta pesquisa. Qué podrá encontrarse allí, habiendo dado la Justicia todo este tiempo de ventaja a los delincuentes, no se sabe. Lo que sí es completamente seguro es que todo este proceder parece un chiste. Lo único que falta es que al no encontrar nada ahora digan: “¿Vieron que Lázaro es inocente? No había nada”.

La actuación de los jueces involucrados en las investigaciones contra el clan Kirchner es francamente vergonzosa. Casanello, que se ha mostrado velocísimo para investigar los hechos de consumo de drogas en Costa Salguero, ha sido prácticamente un encubridor de los imputados en la causa por la ruta del dinero K. Llevaba el expediente con una notoria demora hasta que el video de La Rosadita, con la obscena escena de parte de los acusados contando más de cinco millones de dólares, lo puso en evidencia y algo tuvo que hacer. En ese contexto recibió a Fariña, pero sugestivamente permitió que su declaración se filtrara a la luz pública y no se movió con prontitud respecto de la catarata de datos que aportó el valijero.

La Cámara lo apuró (mandándolo incluso a recuperar parte del botín) y en ese contexto dispuso los allanamientos de hoy, pero con el retardo que mencionamos y cuando todas las propiedades sospechadas estaban en las pantallas de televisión desde hacía 48 horas. ¿No debería ser sancionado Casanello? Si puede seguir tranquilo por la vida, como si hubiera hecho todo bien, ¿no estaría dando la Justicia una pésima señal a la sociedad? Me parece que la respuesta es obvia.

Otro juez, Daniel Rafecas, hace siete meses que recibió la causa Hotesur —extirpada de las manos de Claudio Bonadio cuando este mandó a allanar las oficinas de Máximo Kirchner en Santa Cruz— y no movió ni una hoja de papel. La abundante documentación traída desde el sur (aun cuando se sospecha que los Kirchner pudieron retirar mucha más antes de que el operativo en Río Gallegos fuera finalmente habilitado, luego de tres horas de espera por la jueza local, que había recibido el exhorto de Bonadio) duerme en un cuarto de la Gendarmería, sin que el juez le preste la menor atención. ¿Seguirán esos papeles, discos rígidos, pendrives y demás archivos allí? ¿O alguien ya los habrá inutilizado?

Durante el tiempo en que las Fuerzas Federales y la Policía Metropolitana tuvieron que esperar en la puerta de la inmobiliaria de Kirchner, varios empleados retiraron bolsos que cargaron en el baúl de un auto y se los llevaron. Esa escena está filmada. Nadie actuó en consecuencia.

La llamada “ruta del dinero K” (obra pública sobrefacturada por Báez, bóvedas y cuentas offshore que armaron Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Fabián Rossi) tiene una conexión necesaria con la causa Hotesur, en la que se investiga cómo los cuartos de hotel de Cristina Fernández eran alquilados y pagados por Báez, aunque nunca los ocupara nadie. Sin embargo, esta conexión de hecho no aparece reflejada en una investigación judicial global que unifique toda la operatoria y demuestre la alianza para saquear el Estado que había constituido Kirchner con Báez.

A su vez, ese modus operandi aparece repetido en otras muchas áreas de la gestión del Estado, como lo demuestra la reciente denuncia de la diputada provincial de Jujuy Mabel Balconte, que relató cómo parte de los dineros que el Gobierno de los Kirchner le daba a la organización Túpac Amaru, de Milagro Sala, volvía a Olivos en la forma de bolsones de plata para Máximo Kirchner, “El Principito”.

Lo que vamos teniendo enfrente, entonces, es la constitución de una sociedad madre formada para robar los dineros del Tesoro Público a través del armado de distintas subsociedades que operaban en distintos frentes: con la obra pública (Báez), con los planes sociales (Sala), con los transportes (Ricardo Jaime), con la energía (Julio de Vido, Francisco López), etcétera.

Si esta ingeniería, muy hábil y sofisticada en la teoría, pero llena de chapucerías en los hechos (desde el cuadernito de Néstor hasta la farandulización de Fariña), no es correspondida con una investigación omnicomprensiva, responsable y limpia por parte de los jueces, hay muchísimas posibilidades de que, una vez más, los responsables se salgan con la suya y —en este caso— no sólo se salgan con la suya, sino que produzcan un regreso político rodeado de una gloria parecida a la que suele acompañar a las víctimas redimidas.

Los resortes de superintendencia que tiene la Justicia respecto de los jueces de primera instancia deberán estar muy atentos a cómo estos manejan estos casos. Y por supuesto esa tarea de vigilancia debe implementarse sin caer en una demora semejante a la que se opera en primera instancia. Concretamente: Casanello y Rafecas no pueden continuar sin que sean advertidos públicamente por la Cámara Federal y esta no podría evitar poner los pliegos de los jueces a disposición del Consejo de la Magistratura para su juicio político si no recibe respuestas prontas y satisfactorias.

La sociedad, que saca conclusiones por la aplicación del sentido común, no puede entender cómo las cosas en la Justicia funcionan de un modo tan alejado a ese criterio. Es preciso que los jueces junten de una vez los tiempos de los procedimientos judiciales con los tiempos del sentido común medio de la sociedad. De otra forma, las excusas de los tiempos procesales no serán interpretadas por la gente de otro modo que no sea el de un pretexto para extender un nuevo salvoconducto de impunidad.

Es cuestión de ver lo que sucede con causas que en otros países serían un escándalo de tal magnitud que hubieran puesto en apuros al más fuerte de los gobiernos. Nos referimos, claramente a la causa AMIA, a la del doble encubrimiento de los posibles autores del atentado, de la muerte violenta del fiscal especial de su investigación y a la firma del tratado que intentó llevar a la Argentina a negociar con los presuntos asesinos.

La primera de todas, la causa madre, hace 21 años que está bloqueada, sin avances, con acusados pero sin juicio, con enormes dudas sobre posibles conexiones locales y sin ningún horizonte de solución y de justicia para las víctimas.

Esa causa tiene, a su vez, dos sub-causas por encubrimiento. Una en donde Carlos Menem y Hugo Anzorreguy están imputados por encubrimiento y otra en donde la presidente Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron acusados por el fiscal especial de la causa de montar una operación para salvar de la justicia a los acusados iraníes.

A su vez, para llevar adelante este último objetivo, esa fiscalía especial a cargo de Alberto Nisman supuso que se firmó un pacto inconstitucional con el gobierno de Ahmadinejah para saltear los tribunales argentinos y someter a los acusados a un “fallo” convenido con el presunto autor ideológico del crimen.

Cuatro días después de hacer pública semejante hipótesis y de plasmarla en una denuncia, Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el balo de su casa.

Esa causa fue un barrial desde el inicio y probablemente se haya echado tanta tierra y tanta agua en ese lodazal inicial que ya no se posible avanzar en ninguna luz aclaratoria. ¿Cómo es posible confiar o tener esperanzas en el funcionamiento institucional de la Argentina si las gravedades involucradas en estas causas pueden ser susceptibles de ser sometidas a una manipulación de tal porte como para que todo sea reducido a la nada?

Lo ocurrido con la apelación de la denuncia de Nisman en la Cámara Federal (Sala 1) es francamente inaudito. Tan inaudito como groseramente obvia la maniobra.

La apelación debía llegar al primer piso de Comodoro Py desde el segundo piso de ese edificio el miércoles antes de las 13:30 para que el impulso de la denuncia recayera en el fiscal Ricardo Weschler, un funcionario judicial de larga trayectoria, imparcial y no adicto a ninguna agrupación política.

Extrañamente, el escrito -que debía recorrer no más de 100 escalones- no llegó antes de las 13:30. A esa hora vencía el turno de Weschler  y comenzaba el de Javier De Luca, un fiscal de Justicia Legitima, cuya jefe política es la imputada en la denuncia.  A su vez la sala de Casación que debería tratar la causa -si es que De Luca recomienda abrirla (lo que en las presente circunstancias sería un milagro)- es la misma que decidirá la suerte de otro juez quien tiene en la mira a la presidente y a su familia por las actividades de Hotesur, el juez Claudio Bonadío.

También esa sala deberá decidir sobre la declaración de inconstitucionalidad del Memorandum con Irán, que antes había dictado la Sala 1 de la cámara Federal.

En medio de todas estas extravagancias, se tomó conocimiento oficioso sobre la existencia de canales de comunicación entre la presidencia y algunos jueces para sellar una especie de pacto de no agresión, por el cual se garantizara la no investigación del poder, como mínimo hasta las elecciones.

Resulta francamente increíble que quienes tienen supuestamente a su cargo la defensa última de los individuos frente al poder claudiquen ese alto cometido  en aras de arreglos cuyos beneficios solo ellos conocen.

Si alguien a esta altura tiene dudas de por qué la Argentina ha descendido a los infiernos del subdesarrollo luego de haber conocido las bondades de la civilización, de la abundancia y la afluencia del desarrollo, debería buscar la respuesta en estos meandros nauseabundos que han hundido la vigencia y el funcionamiento de las instituciones.

Si la justicia de los contratos, la seguridad jurídica de las inversiones y la previsibilidad de las normas se rigieran -como se rigen- por los mismos principios que en el país se han utilizado para manejar las causas que aquí comentamos, no es para nada extraño que aquí no venga nadie a poner un peso, como de hecho no vienen.

No hay casualidades en el mundo sino causalidades. Lo que le ocurre a la Argentina en materia económica -un notable languidecimiento de su performance y un diferencial inexplicable entre su realidad y su potencia- es consecuencia de la debilidad de las instituciones de limitación del poder del Estado, empezando, claro está, por la debilidad, la falta de jerarquía y la pusilanimidad de su Justicia.

Aunque parezcan cuestiones desconectadas, el que quiera explicar su pobreza y su falta de recursos, no debería mirar tanto a su billetera como a los sillones de sus jueces.

La aparición de la nada de Máximo Kirchner en la boca de todos los referentes camporistas como un dirigente de altura, capaz de postularse incluso hasta la mismísima presidencia de la nación es una guasada tan grosera que cualquiera se da cuenta de que se trata de una maniobra de instalación persiguiendo el doble efecto de seguir jugando con el apellido Kirchner en una boleta electoral y, de paso, entregarle al hijo presidencial la protección judicial que necesita (o bien el orden de los objetivos podría ser el inverso).

Máximo aparece ahora involucrado junto a Nilda Garré en cuentas secretas y multimillonarias en los EEUU, las Islas Caimán e Irán. Como todo argumento para negar la información, Kirchner dijo que hace 13 años que no sale del país -en el marco de una entrevista que le hizo el relator deportivo kirchnerista Víctor Hugo Morales- como si salir físicamente del país fuera necesario en el siglo XXI para abrir una cuenta en un banco.

El hijo de la Presidente también aparece comprometido, en su carácter de titular de la firma Hotesur, la empresa administradora de los hoteles presidenciales, en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, causa, dicho sea de paso, que ha entrado en un sugestivo impasse, coincidente con el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal que ordenó archivar por segunda vez la denuncia Nisman-Pollicita-Moldes.

Todos estos destellos de vida activa que demuestra el gobierno, no solo evidencian que el kirchnerismo sigue teniendo un dominio notorio de los medios y del centro del ring, sino que sigue representando como nada esa esencia argentina que sin dudas nos ha depositado donde estamos.

Una de esas características de la filosofía nacional es escasa vocación por enfrentar al poder. Debe alguien que supuestamente lo ostenta estar muy en la lona para que la sociedad decida enfrentarse a él. Quizás el ejemplo moderno más sintomático de esa veta del carácter nacional sea Fernando De La Rúa, que pagó con su ostracismo el ensañamiento que la sociedad tuvo para con él una vez que ya era seguro que el ex presidente no tenía ningún poder. Fue Gardel cuando se presentó como la antítesis de Carlos Menem (otro inmolado cuando perdió todo el poder) y luego fue tratado como un trapo de piso.

Recién lo adelantábamos, pero Menem fue otro caso. Más allá de insinuaciones más o menos estentóreas (como ahora pueden tener los Kirchner) la sociedad se aseguró de que estuviera bien “muerto” antes de “matarlo”.

Se trata de una característica muy cobarde de los argentinos que parecen muy gallitos cuando las consecuencias son más o menos intrascendentes, pero que se van al mazo cuando las papas queman.

Este encuadre genérico le cae como anillo al dedo a algunos jueces, por ejemplo, que sin conciencia de su deber republicano, negocian sus fallos con quien aparece aun con el calor del poder.

¡Y qué decir de los miles de acomodados, ñoquis, militantes convenientes, titulares de curros que encontraron el filón de vivir sin trabajar y gritando “Argen-tina, Argen-tina… y de otros tantos que temen perder los distintos sobornos económicos con los que el kirchenrismo ha comprado voluntades y acciones durante estos últimos doce años!

Sobre la base de esas flaquezas de carácter especula gran parte de la estrategia electoral del gobierno y también la búsqueda de protección para los integrantes de la familia presidencial.

El kirchnerismo sigue siendo un movimiento muy representativo de todas estas bajezas. Las ha explotado como nadie; las ha estimulado y potenciado hasta donde su ingenio y su creatividad le permitió extenderlas y sigue especulando con su utilización aun en el último tramo de su vida en el poder.

Se anima incluso a desafiar ese final, echando a rodar el apellido de su emblema y ensayando un plan de copamiento de todos los centros estratégicos del poder con miles de integrantes de su tropa, siempre lista para acudir en ayuda del portador de los billetes. Condiciona con éxito la vida  política del candidato más pusilánime que recuerde la historia reciente, amenazando con nombrarle a todos sus colaboradores, a todos sus diputados y a su compañero de fórmula, bajo la amenaza de dejarlo afuera de la iglesia kirchnerista y confiesa abiertamente que, a lo sumo, “entregará el gobierno pero no el poder”.

La sociedad argentina es una amalgama (si es que la hay) rara. Pero si hay algo que no es, es brava. Es cócora, pero no brava. No está cómoda en el riesgo y el gobierno ha desentrañado ese íntimo pliegue con astucia y picardía. Tiene a medio país sobornado con el miedo a hacerle creer que esto que tiene hoy es lo máximo que puede tener y que, en manos de otro, lo puede perder. Los argentinos (o una mayoría decisiva de ellos) que tranquilamente podrían haber sido los autores de la frase “más vale pájaro en mano que cien volando” son un mercado tentador para quien quiera correrlos con el temor.

El núcleo central del país no es ambicioso; adora los productos y las consecuencias de la ambición, pero no es ambicioso. La sociedad tiene un centro mayoritario conservador, temeroso y quedado; el vuelo no es lo suyo; la altura, tampoco.

En esas aguas pretende nadar el gobierno y a ese núcleo quiere apelar con el apellido Kirchner y la ignota figura de Máximo. Todo el núcleo duro del kirchnerismo responde a esas características. Me refiero al núcleo social, no a la militancia acomodada y explotadora de los recursos públicos. Y en ese campo va el oficialismo a plantar sus esperanzas de ganar. Por eso las próximas elecciones no solo decidirán un presidente sino que servirán para seguir teniendo pistas sobre la definición más profunda del carácter argentino.

Pero otros que aspiren a conservar al menos algo de esa honestidad deberán pensar dos veces las cosas antes de inhibir la apertura a prueba de la investigación. Archivar la denuncia de un delito sin investigarlo, sin siquiera tener la curiosidad profesional de producir al menos un puñado de las pruebas solicitadas por los fiscales, es de una temeridad tal que se hace impensable en el caso de tres jueces de Cámara.

Ya resultó bastante inexplicable que el juez Daniel Rafecas haya fallado como lo hizo, valiéndose incluso de documentos que le acercaron los fiscales de Justicia Legitima que se hicieron cargo de la Unidad Fiscal AMIA, documentos que no figuraban en la denuncia de Pollicita y que, sin embargo, sí fueron utilizados como “prueba” de “descargo”, aunque, al mismo tiempo, no se habilitó la producción de ninguna de las pruebas “de cargo”.

Ese manejo completamente parcial, discrecional y arbitrario del juez no puede volver a repetirse; la sociedad tiene derecho a saber si la denuncia tiene fundamentos antes de ser archivada. 

Si la Cámara dispone la apertura a prueba y el inicio de la investigación, la presidente necesitará de un paraguas político que la cubra de semejantes inclemencias.

Otro tanto ocurre con Hotesur, la causa que investiga el juez Claudio Bonadio y en donde aparece involucrada no sólo la Sra de Kirchner sino el resto de la familia presidencial, empezando por su hijo Máximo. Las comprobaciones que ya están en manos del juez son lo suficientemente graves como para que la presidente sepa que no puede quedar huérfana de un dique de contención.

Y luego está, por supuesto, el costado político. Una lista de diputados provinciales encabezados por ella misma, mandará a Daniel Scioli al descenso; quiero decir, a los eventuales candidatos del gobernador a ocupar lugares en esas listas. La sábana se llenara de camporistas que intentarán arrastrar, con Cristina a la cabeza, la mayor cantidad de lugares en la cámara baja y con ello condicionar seriamente las posibilidades de cambio del próximo gobierno.

La elección de octubre renueva la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Con ello queda claro que la otra mitad de diputados y dos tercios de los senadores actuales quedaran en sus lugares. Si el kirchnerismo lograra neutralizar el efecto cascada que siempre produce una elección presidencial y de ese modo mantener un número mínimo de diputados capaz de obstruir cualquier iniciativa que tendiera a desmantelar el tipo de sistema socioeconómico instaurado en los últimos doce años, indudablemente habría obtenido una victoria política resonante.

La Presidente está apostando a ese escenario. ¿Puede ese horizonte llegar al extremo de expulsar a Scioli de las filas “oficiales” para presentar una variante de kirchnerismo puro y duro? Es posible. Algunas espadas importantes del oficialismo ya se encontrarían trabajando detrás de una idea como esa.

Hace unos días el dirigente camporista José Ottavis lo dijo con todas las letras: ellos sueñan con una continuidad cristinista en manos de Kicillof, Larroque, o De Pedro lo que sería un sinceramiento neomarxista del gobierno. Zanini -otro que comulga desde su juventud con las mismas ideas y que solo se unió al peronismo por conveniencia electoral de acuerdo al plan trazado por el “entrismo” sesentista- también adhiere a la misma idea.

¿Puede una candidatura de la Sra de Kirchner cambiar la composición del caudal electoral del kirchnerismo? Es difícil. A la Presidente podrá convenirle personalmente (por las razones judiciales expuestas) mantenerse al calor de una candidatura. Pero el gobierno podría entregar al ruedo político a su principal ficha que dejaría las Altas Torres del palacio para bajar al barro de la pelea y de los pases de factura. En la oposición parece haber una larga lista nombres anotados para agregar más agua y más tierra a ese barro.

La presidente deberá decidir esto de aquí a 60 días. No le queda mucho tiempo. Si desistiera de competir (y este puede ser otro elemento que tenga en cuenta para su toma de posición) el fragor de la campaña la puede dejar sin protagonismo, incluso entes de ese tiempo, cuando empiecen las PASO en la ciudad. Las fichas de la conveniencia están puestas en su candidatura. Hay millones de razones por las que la Presidente no querrá quedar marginada de la campaña que viene.

Al contrario, la “constitución material” de los argentinos -es decir, el conjunto de hábitos y costumbres de la sociedad- volvió a imponerse sobre la “constitución formal” (la jurada en Santa Fe en 1853) y rodeó de seguridades y blindajes a los funcionarios del poder mientras ejercieron el poder.

En los últimos años incluso se llegó a insinuar que cualquier amague de investigación sobre ellos implicaba una actitud destituyente y un acto de golpismo activo. En lugar de aceptar que lo que se ponía en juego eran los mecanismos previstos en la Constitución, se decía, justamente, que esa pretensión constituía un alzamiento contra la Constitución. Kafkiano.

De ese modo los funcionarios utilizaron el poder como un escudo de impunidad. No hace mucho un ícono de la corrupción, Alfredo Yabrán, definió de ese modo al poder: cuando se le pidió que resumiera en una palabra lo que para él significaba el poder, el fallecido empresario respondió: “impunidad”.

Desde que el juez Bonadio decidió allanar las supuestas oficinas de la empresa presidencial Hotesur y requerir sus antecedentes a la IGJ y a la AFIP, como así también pedir las declaraciones juradas impositivas de todos los miembros de la familia de la presidente y de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se abrió una posibilidad de que por primera vez el poder sea investigado mientras es poder.

Nadie sabe muy bien si los mecanismos que se han puesto en funcionamiento van a responder a la esencia republicana del control de un poder sobre otro (en este caso de la Justicia sobre el Ejecutivo) o si todo terminará en una riña de gallos en donde los personajes involucrados quieran cobrarse cuitas personales. De ser así, sería, claramente, una picardía.

El juez Bonadío no ha sido un dechado de prolijidad. No puede acusárselo de tener una inquina personal contra los Kirchner o contra el gobierno, porque, al contrario, los ha beneficiado en otras actuaciones. Alguna de ellas, incluso, le valieron pedidos de investigación en el Consejo de la Magistratura, investigaciones que ahora el propio gobierno esgrime para echarle tierra al juez.

Pero de todos modos el concepto, digamos, “neutro” de la investigación de los funcionarios del gobierno mientras están en el gobierno hay que anotarlo como un definitivo avance.

Obviamente el kirchnerismo arde en insultos, chicanas, indirectas furiosas y todo tipo de maldiciones hacia el juez. Por lo pronto, le ha radicado denuncias “espejo” a las que él le investiga a la presidente. Capitanich volvió al remanido argumento del golpe y la Sra de Kirchner dijo que no se dejará extorsionar por los “caranchos judiciales”.

Pero desde el punto de vista de la salud institucional de la República, el evento resulta esperanzador. Brasil echó de la presidencia a Fernando Collor de Melho por un procedimiento de impeachment sin que nadie argumentara que ese mecanismo fuera la fachada de un golpe. No hace falta recordar el clásico ejemplo del caso Watergate -que a esta altura aparece como un caso menor- en donde el presidente norteamericano debió dejar el gobierno por haber espiado a sus adversarios y, fundamentalmente, por haber mentido. A nadie en su sano juicio en EEUU se le ocurrió siquiera sugerir que aquello hubiera sido una destitución encabezada por los medios corporativos.

El caso de los manejos oscuros de las empresas presidenciales y de aquellas en las que aparece el empresario Lázaro Báez, que incluyen el posible desvío de fondos de la obra pública hacia las cuentas de las firmas que controlan los hoteles de la Presidente, puede transformarse en un caso testigo en la Argentina. 

Obviamente todo está teñido por la enorme capacidad que el país ha demostrado tener para arruinar cualquier investigación, desde el caso García Belsunce hasta el de Nora Dalmaso, por mencionar solo dos y del ámbito completamente privado. La sociedad siempre ha sido privada de saber la verdad y mucho más cuando sus propios recursos estaban en juego. Si ya es grave que la Justicia no pueda arribar a certezas contundentes en caso en donde los involucrados son individuos privados, con intereses privados y fondos privados, lo es mucho más cuando esas personas, tanto como los intereses y los fondos son públicos.

Quizás estemos siendo contemporáneos de un cambio histórico: que el poder sea juzgado civilizadamente, en paz y sin que ese hecho implique ningún cortocircuito constitucional, mientras está en el poder. Si la Justicia pudiera tener por una vez en la vida un ataque de seriedad y de grandeza y pudiera mantener esta línea de investigación con el objetivo de averiguar la verdad y no con otros intereses espurios, el país habrá dado un paso enorme hacia la civilización. Allí sí que podremos decir que, aunque estemos mal, vamos bien.

El gobierno parece estar adoptando esta actitud infantil para todo aquel que lo acusa de algo: si me denunciás por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, te denuncio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva. Es genial; es estúpido.

En la causa en la que el juez Claudio Bonadio estudia el caso de la empresa Hotesur, de propiedad de la familia presidencial, ya están acusados por los mismos delitos que el juez investiga, el propio magistrado, la denunciante y la principal testigo.

En efecto, primero el mismísimo Banadío y luego Margarita Stolbizer y Silvina Martinez una ex empleada de la IGJ que presentó su testimonio ante el juez han sido denunciados por hacer lo que ellos dicen que hacen los funcionarios.

Se trata de una regresión a la adolescencia. Margarita Stolbizer podrá tener éstas o aquéllas ideas pero ¿quién puede creer en su sano juicio que lava dinero o que se enriqueció ilícitamente?

Resulta francamente increíble este tipo de respuesta. Parecería que uno está frente a un camorrero, antes que frente a una persona adulta, a cargo del Estado.

La propia presidente por Twitter hizo revelaciones sobre la situación legal de una sociedad en la que Bonadío es parte, olvidando que es algo muy parecido a un delito que un funcionario revele la situación patrimonial de otro, a la que tuvo acceso justamente por ser funcionario. Nadie puede valerse del hecho de que, por ser funcionario público, uno tiene acceso a determinada información de ciudadanos particulares, para, después, andar divulgándola por allí para obtener una ventaja personal o ejercer una presión indebida. Pero se ve que la Sra de Kirchner es muy afecta a esos procederes: ya lo había hecho con el inmobiliario que se había atrevido a opinar que el cepo cambiario había afectado al mercado inmueble y con aquel abogado a quien tachó de amarrete por regalarle solo un alfajor a su nieto.

Hoy el diputado Roberto Felletti dijo que “ordenar un allanamiento de una empresa en la cual la Presidente es parte,  para crear sospechas sobre su buen nombre es una actitud absolutamente golpista”. “El procedimiento del allanamiento fue innecesario, no recabó ninguna información. Lo hace en connivencia con otra diputada, como Stolbizer, que también tiene ribetes golpistas”, agregó.

A ver, Felletti, vayamos con cuidado. Invirtamos el argumento y preguntemos ¿qué podría esperarse de funcionarios que saben de antemano que cualquier acción de investigación que quiera insinuarse contra ellos sería catalogada inmediatamente como “golpista”? Si a ningún funcionario no se lo puede tocar porque el mero hecho de amagar hacerlo significa protagonizar un intento de golpe, ¿dónde quedan los frenos y contrapesos de la Constitución, Felletti? Si un funcionario sabe que es intocable; que está más allá de la ley aplicable al resto de la ciudadanía; si los temores a la aplicación de la ley que tiene el resto de los ciudadanos lo tiene a él (o a ella) sin cuidado, ¿dónde terminaríamos, Felletti? ¿No le convendría volver a los libros, Felletti? Salvo que usted tenga una visión medieval de la Argentina y quiera proponer un esquema feudal de minorías privilegiadas integradas, entre otros, por usted mismo, su razonamiento está completamente fuera de foco… y fuera de la ley también.

El artículo 16 de la Constitución dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es decir: todos somos iguales; nadie es superior a nadie, ni por título, ni cargo, ni fortuna, ni títulos, ni nada. ¿Ha venido el gobierno de los Kirchner a delinear otra fisonomía para la Argentina, Felletti? Porque si así fuera, sería interesante que tuvieran la valentía de decirlo; con todas las letras: “Venimos a imponer una nueva nobleza que está por encima de ustedes y que no puede ser investigada porque se haya desligada del cumplimiento del orden jurídico general”. Diganlo. No es difícil. Me llevó apenas un reglón y medio escribirlo. Pero no lo den a entender: diganlo. Aunque crean que han dado ya suficientes muestras de que ese es su objetivo, no importa: díganlo. Diganselo en la cara al pueblo, a los “40 millones de argentinos”, como repite la locutora oficial.

Que la presidente tome el micrófono y diga: “Pretender someterme a mí a las leyes a las que están sometidos ustedes es un acto destituyente y todo aquel que pretenda investigarme a mí o a los funcionarios de mi gobierno bajo el imperio de esas leyes, será considerado, por ese solo hecho, como golpista; como alguien que quiere derrocarme por trabajar para intereses foráneos y corporativos que solo persiguen el perjuicio del pueblo”.

Es hora de dejar los infantilismos atrás. De un lado y del otro. El gobierno debe dejar de pronunciar “que te ‘recontras’” y la sociedad debe dejar de creer en el cuento de hadas de que los funcionarios deben gozar de impunidad para que puedan dedicarse a cuidar al pueblo.

Esto es una República, muchachos, por si no se dieron cuenta. Hay esfuerzos denodados por convertir a la Argentina en una República Bananera. Pero eso no quiere decir que vayan a tener fatalmente éxito, si algunos resortes de reacción están con vida aún.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

Es lo que denunció Marcelo Bonelli en Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las órdenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que hacés”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecución política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la Presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo también explicaciones por ello.

Frente a esto, el Jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de quien se siente totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del poder judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de gabinete? ¿acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así Capitanich estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente. 

Según esta visión los funcionarios, desde la Presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”. 

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.