Al contrario, la “constitución material” de los argentinos -es decir, el conjunto de hábitos y costumbres de la sociedad- volvió a imponerse sobre la “constitución formal” (la jurada en Santa Fe en 1853) y rodeó de seguridades y blindajes a los funcionarios del poder mientras ejercieron el poder.

En los últimos años incluso se llegó a insinuar que cualquier amague de investigación sobre ellos implicaba una actitud destituyente y un acto de golpismo activo. En lugar de aceptar que lo que se ponía en juego eran los mecanismos previstos en la Constitución, se decía, justamente, que esa pretensión constituía un alzamiento contra la Constitución. Kafkiano.

De ese modo los funcionarios utilizaron el poder como un escudo de impunidad. No hace mucho un ícono de la corrupción, Alfredo Yabrán, definió de ese modo al poder: cuando se le pidió que resumiera en una palabra lo que para él significaba el poder, el fallecido empresario respondió: “impunidad”.

Desde que el juez Bonadio decidió allanar las supuestas oficinas de la empresa presidencial Hotesur y requerir sus antecedentes a la IGJ y a la AFIP, como así también pedir las declaraciones juradas impositivas de todos los miembros de la familia de la presidente y de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se abrió una posibilidad de que por primera vez el poder sea investigado mientras es poder.

Nadie sabe muy bien si los mecanismos que se han puesto en funcionamiento van a responder a la esencia republicana del control de un poder sobre otro (en este caso de la Justicia sobre el Ejecutivo) o si todo terminará en una riña de gallos en donde los personajes involucrados quieran cobrarse cuitas personales. De ser así, sería, claramente, una picardía.

El juez Bonadío no ha sido un dechado de prolijidad. No puede acusárselo de tener una inquina personal contra los Kirchner o contra el gobierno, porque, al contrario, los ha beneficiado en otras actuaciones. Alguna de ellas, incluso, le valieron pedidos de investigación en el Consejo de la Magistratura, investigaciones que ahora el propio gobierno esgrime para echarle tierra al juez.

Pero de todos modos el concepto, digamos, “neutro” de la investigación de los funcionarios del gobierno mientras están en el gobierno hay que anotarlo como un definitivo avance.

Obviamente el kirchnerismo arde en insultos, chicanas, indirectas furiosas y todo tipo de maldiciones hacia el juez. Por lo pronto, le ha radicado denuncias “espejo” a las que él le investiga a la presidente. Capitanich volvió al remanido argumento del golpe y la Sra de Kirchner dijo que no se dejará extorsionar por los “caranchos judiciales”.

Pero desde el punto de vista de la salud institucional de la República, el evento resulta esperanzador. Brasil echó de la presidencia a Fernando Collor de Melho por un procedimiento de impeachment sin que nadie argumentara que ese mecanismo fuera la fachada de un golpe. No hace falta recordar el clásico ejemplo del caso Watergate -que a esta altura aparece como un caso menor- en donde el presidente norteamericano debió dejar el gobierno por haber espiado a sus adversarios y, fundamentalmente, por haber mentido. A nadie en su sano juicio en EEUU se le ocurrió siquiera sugerir que aquello hubiera sido una destitución encabezada por los medios corporativos.

El caso de los manejos oscuros de las empresas presidenciales y de aquellas en las que aparece el empresario Lázaro Báez, que incluyen el posible desvío de fondos de la obra pública hacia las cuentas de las firmas que controlan los hoteles de la Presidente, puede transformarse en un caso testigo en la Argentina. 

Obviamente todo está teñido por la enorme capacidad que el país ha demostrado tener para arruinar cualquier investigación, desde el caso García Belsunce hasta el de Nora Dalmaso, por mencionar solo dos y del ámbito completamente privado. La sociedad siempre ha sido privada de saber la verdad y mucho más cuando sus propios recursos estaban en juego. Si ya es grave que la Justicia no pueda arribar a certezas contundentes en caso en donde los involucrados son individuos privados, con intereses privados y fondos privados, lo es mucho más cuando esas personas, tanto como los intereses y los fondos son públicos.

Quizás estemos siendo contemporáneos de un cambio histórico: que el poder sea juzgado civilizadamente, en paz y sin que ese hecho implique ningún cortocircuito constitucional, mientras está en el poder. Si la Justicia pudiera tener por una vez en la vida un ataque de seriedad y de grandeza y pudiera mantener esta línea de investigación con el objetivo de averiguar la verdad y no con otros intereses espurios, el país habrá dado un paso enorme hacia la civilización. Allí sí que podremos decir que, aunque estemos mal, vamos bien.

El gobierno parece estar adoptando esta actitud infantil para todo aquel que lo acusa de algo: si me denunciás por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, te denuncio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva. Es genial; es estúpido.

En la causa en la que el juez Claudio Bonadio estudia el caso de la empresa Hotesur, de propiedad de la familia presidencial, ya están acusados por los mismos delitos que el juez investiga, el propio magistrado, la denunciante y la principal testigo.

En efecto, primero el mismísimo Banadío y luego Margarita Stolbizer y Silvina Martinez una ex empleada de la IGJ que presentó su testimonio ante el juez han sido denunciados por hacer lo que ellos dicen que hacen los funcionarios.

Se trata de una regresión a la adolescencia. Margarita Stolbizer podrá tener éstas o aquéllas ideas pero ¿quién puede creer en su sano juicio que lava dinero o que se enriqueció ilícitamente?

Resulta francamente increíble este tipo de respuesta. Parecería que uno está frente a un camorrero, antes que frente a una persona adulta, a cargo del Estado.

La propia presidente por Twitter hizo revelaciones sobre la situación legal de una sociedad en la que Bonadío es parte, olvidando que es algo muy parecido a un delito que un funcionario revele la situación patrimonial de otro, a la que tuvo acceso justamente por ser funcionario. Nadie puede valerse del hecho de que, por ser funcionario público, uno tiene acceso a determinada información de ciudadanos particulares, para, después, andar divulgándola por allí para obtener una ventaja personal o ejercer una presión indebida. Pero se ve que la Sra de Kirchner es muy afecta a esos procederes: ya lo había hecho con el inmobiliario que se había atrevido a opinar que el cepo cambiario había afectado al mercado inmueble y con aquel abogado a quien tachó de amarrete por regalarle solo un alfajor a su nieto.

Hoy el diputado Roberto Felletti dijo que “ordenar un allanamiento de una empresa en la cual la Presidente es parte,  para crear sospechas sobre su buen nombre es una actitud absolutamente golpista”. “El procedimiento del allanamiento fue innecesario, no recabó ninguna información. Lo hace en connivencia con otra diputada, como Stolbizer, que también tiene ribetes golpistas”, agregó.

A ver, Felletti, vayamos con cuidado. Invirtamos el argumento y preguntemos ¿qué podría esperarse de funcionarios que saben de antemano que cualquier acción de investigación que quiera insinuarse contra ellos sería catalogada inmediatamente como “golpista”? Si a ningún funcionario no se lo puede tocar porque el mero hecho de amagar hacerlo significa protagonizar un intento de golpe, ¿dónde quedan los frenos y contrapesos de la Constitución, Felletti? Si un funcionario sabe que es intocable; que está más allá de la ley aplicable al resto de la ciudadanía; si los temores a la aplicación de la ley que tiene el resto de los ciudadanos lo tiene a él (o a ella) sin cuidado, ¿dónde terminaríamos, Felletti? ¿No le convendría volver a los libros, Felletti? Salvo que usted tenga una visión medieval de la Argentina y quiera proponer un esquema feudal de minorías privilegiadas integradas, entre otros, por usted mismo, su razonamiento está completamente fuera de foco… y fuera de la ley también.

El artículo 16 de la Constitución dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es decir: todos somos iguales; nadie es superior a nadie, ni por título, ni cargo, ni fortuna, ni títulos, ni nada. ¿Ha venido el gobierno de los Kirchner a delinear otra fisonomía para la Argentina, Felletti? Porque si así fuera, sería interesante que tuvieran la valentía de decirlo; con todas las letras: “Venimos a imponer una nueva nobleza que está por encima de ustedes y que no puede ser investigada porque se haya desligada del cumplimiento del orden jurídico general”. Diganlo. No es difícil. Me llevó apenas un reglón y medio escribirlo. Pero no lo den a entender: diganlo. Aunque crean que han dado ya suficientes muestras de que ese es su objetivo, no importa: díganlo. Diganselo en la cara al pueblo, a los “40 millones de argentinos”, como repite la locutora oficial.

Que la presidente tome el micrófono y diga: “Pretender someterme a mí a las leyes a las que están sometidos ustedes es un acto destituyente y todo aquel que pretenda investigarme a mí o a los funcionarios de mi gobierno bajo el imperio de esas leyes, será considerado, por ese solo hecho, como golpista; como alguien que quiere derrocarme por trabajar para intereses foráneos y corporativos que solo persiguen el perjuicio del pueblo”.

Es hora de dejar los infantilismos atrás. De un lado y del otro. El gobierno debe dejar de pronunciar “que te ‘recontras’” y la sociedad debe dejar de creer en el cuento de hadas de que los funcionarios deben gozar de impunidad para que puedan dedicarse a cuidar al pueblo.

Esto es una República, muchachos, por si no se dieron cuenta. Hay esfuerzos denodados por convertir a la Argentina en una República Bananera. Pero eso no quiere decir que vayan a tener fatalmente éxito, si algunos resortes de reacción están con vida aún.