En primer lugar se siente el impacto de corroborar cómo todo lo que se preveía se fue dando en los hechos, como si la obviedad no solo se hubiera naturalizado en la Argentina sino que también seamos inmunes a ella: aun cuando se termine verificando en la realidad aquello de lo que hasta un chico de cinco años se daba cuenta, es como que no nos importa, no nos afecta. Dale que va. Todo sigue, todo se olvida.

En este caso, la burda y grosera maniobra de esperar a que venza el turno del fiscal Ricardo Weschler para que la apelación del fiscal de Cámara Germán Moldes recayera en el Fiscal de Casación Javier De Luca, integrante de Justicia Legítima y partidario del gobierno, fue de tal magnitud que no se explica cómo el país la acepta así como así, como si todo estuviera bien.

De Luca empezó a cobrar notoriedad pública el año pasado en la Feria del Libro cuando en una ronda de debates por el Código Penal que impulsaba el gobierno bajo el sello de Zaffaroni, dijo que el Código actual era “sexista, clasista y oligárquico” y que una norma de ese tipo debe ser “no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado… El anteproyecto da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa”, dijo en aquel momento De Luca.

Luego, ya en su intervención en la causa Ciccone con el vicepresidente Amado Boudou como imputado, dijo que los hechos no constituían delito y ahora dice lo mismo respecto de una denuncia que ni siquiera se abrió a prueba en ninguna instancia. ¿Cómo sabe que no hay delito si no propone investigar los hechos y producir la prueba propuesta por tres fiscales antes que él?

Una denuncia no constituye una sentencia. Nisman decía que la Presidente era una encubridora porque él era fiscal y su misión era acusar si creía que tenía pruebas para hacerlo. Pero eso no quiere decir que tuviera razón. La gracia de la investigación radicaba, justamente, en traer certeza judicial al caso. Ahora, dado lo que ocurrió, no sabemos. Quizás nunca sabremos si aquella denuncia era verosímil o no.

Recordemos que la Presidente y los demás denunciados no fueron sobreseídos. Eso significa que su situación procesal respecto del caso sigue abierta hasta que alguien impulse el proceso con hechos y pruebas nuevas. ¿No era preferible terminar definitivamente con esto con un sentencia de sobreseimiento emitida por los jueces, en lugar de terminar en una nube de dudas por las puertas que el fiscal De Luca cerró?

La otra cuestión impactante es, quizás, más preocupante. Y bordea lugares hasta difíciles de explicar. En efecto, el archivo de la causa cuyo denunciante apareció muerto con un balazo en la cabeza en el baño de su casa, mete miedo. Resulta efectivamente tenebroso pensar que ese hombre murió en vano, gratis. Que dejó dos hijas sin padre al divino botón, simplemente por trabajar de lo que trabajaba.

Tampoco sabemos si lo mataron, aun cuando todo hace sospechar ese final. Pero aun frente a un suicidio, no caben dudas que Nisman murió por el trabajo que cumplía. Y frente a ese hecho, cuatro jueces y un fiscal consideraron que no había mérito suficiente para investigar lo que él decía. Su muerte ni siquiera les pareció sospechosa en relación con su denuncia. La pérdida de su vida no le agregó un solo gramo de sospecha a nadie. Y eso, verdaderamente, da miedo.

Da miedo pensar lo inútil que pueden resultar ciertas empresas y lo peligroso que al mismo tiempo puede ser el hecho de intentarlas. Nisman pagó su épica con su vida. No es chiste: denunció al poder y murió de un balazo. Es escalofriante.

Pero es más escalofriante -si es que puede haber algo más escalofriante que eso- que el país siga como si nada. Enfrascados en sus propias miserias los argentinos no pedimos explicaciones, no enviamos mensajes electorales, no nos manifestamos de modo indubitable en el sentido de que esto no nos gusta.

¿Por qué hemos caído tan bajo? ¿Por qué tenemos entre nosotros un nivel de empatía muy cercano a cero? ¿Por qué estas barbaridades nos resbalan y se precisa muy poco tiempo para que nos olvidemos?

Es raro lo que le pasa a la sociedad. Pero no caben dudas de que el gobierno ha sido muy sabio en decodificar ese estado mental, cualquiera sea.

En efecto, la apuesta al olvido, a que todo se arregla con el lanzamiento de un plan para pagar en cuotas o con un verano a pleno en Mar del Plata, es algo que el gobierno ha desentrañado con maestría. Por lo tanto no es su culpa, sino nuestra. Somos nosotros.

La administración de los Kirchner claramente no aprovechó su lugar de privilegio para usarlo  en el sentido docente de la vida, para mejorar la condición humana de la sociedad. No. Utilizó ese poder para profundizar ese costado desechable de nosotros. Se apoyó en esas flaquezas para aumentar y consolidar su poder. Y nosotros lo hemos permitido.

Con una estrechez de miras francamente llamativa, con una claudicación barata a los efluvios del consumo y del clientelismo, la sociedad se dejó comprar. Y hoy hemos llegado a un estadio de tal profundidad en esos disvalores que la gente que habla aparece muerta en el baño de su casa y nadie se inmuta; todos se olvidan, los jueces se callan, los fiscales piden no investigar.

Nos hemos convertido, en gran medida, en una sociedad anestesiada. Nada nos mueve el amperímetro. Asistimos impávidos a cuestiones que en otros países serían escandalosas y ni siquiera tenemos una expresión de condena.

Por mucho menos, la presidente Dilma Rousseff, y su colega Michelle Bachelet han visto desplomarse su imagen pública, envueltas en la necesidad de dar mil explicaciones. Nadie murió ni en Brasil ni en Chile. Pero las oscuridades de Petrobras y un préstamo pedido en condiciones no claras por el hijo de Bachelet, fueron suficientes para una reacción social de repudio.

Aquí, sin embargo, rige el “dale que va”. Un hombre murió gratuitamente y sus papeles van camino de un archivo tan grande como aquel en el que terminará su propia causa.

Recordemos que Campagnoli fue suspendido de su cargo y su fiscalía de Saavedra semidesmantelada por haber “investigado de más” en una causa que lo llevó directamente a Lázaro Báez.

Mientras analizaba las conversaciones grabadas de un barra de River con otra persona -que resultó ser el hermano de la actual ministra de seguridad Cecilia Rodriguez-, Campagnoli accedió a pruebas palmarias sobre un caso de lavado de dinero de la empresa Austral Construcciones. Como no podía ser de otra manera, dado su cargo de fiscal, abrió una línea de investigación sobre esos pormenores que, efectivamente, no estaban en la causa original.

Ese es el sacrilegio que le imputan. Según Gils Carbó -la procuradora que más que procuradora del Estado parece ser procuradora del gobierno-, Campagnoli debería haberse abstenido de abrir esa línea de investigación contra Báez porque no era su causa original (la de los barras)

En lugar de mandar a los otros fiscales a imitar a Campagnoli, que honró la excelencia del ministerio público tratando de esclarecer un delito, el gobierno quiere echarlo de su puesto por eso.

El tribunal que lo juzga tiene mayoría kirchnerista de 4 a 3. El fiscal que elevó el dictamen del ministerio público en su contra fue Javier De Luca, el hombre de Justicia Legítima que acaba de enseñarnos que el delito no es delito, sino “conflicto social” y que las penas a los que roban y matan deben ser abolidas porque en realidad esos hechos son la consecuencia de las maldades que la sociedad cometió antes, excluyendo y segregando a parte de la población a la que no le quedó otro camino que volcarse a lo que los burgueses llaman “crimen” y él “conflicto”.

La audiencia que decidió la suspensión y el desmantelamiento de la fiscalía de Saavedra no permitió el ejercicio del derecho de defensa ni la presentación de pruebas a Campagnoli. En un día lo puso fuera de su cargo, le bajó 40% su sueldo y le impidió seguir trabajando. “Estoy a su disposición, Sra. presidente”, había dicho Gils Carbó cuando la Sra. de Kirchner le tomó juramento.

Estas negativas, por cierto, no se tienen ni con el peor de los delincuentes. Si algún juez negara los beneficios de la defensa y de las pruebas al acusado de cualquier delito, terminaría expulsado de su juzgado -como correspondería, por otra parte- al caer en uno de los principales vicios del totalitarismo.

Pero eso, precisamente, es lo que el gobierno ha hecho con Campagnoli, en decisiones tomadas entre gallos y medianoche y sin que ninguna voz haya podido oponerse a ese avance atronador del poder.

Ahora, para la audiencia de hoy, se ha dispuesto un operativo poco menos que secreto. Campagnoli había pedido que el acto fuera abierto, que pudiera ingresar la prensa y los legisladores que quisieran participar y que todos pudieran escuchar los cargos y las pruebas que se presenten, como asi también las que él arrimara para sustentar su posición en el caso. Pero toda esa aspiración no solo fue rechazada sino que se dispuso expresamente que el ingreso sea completamente restringido.

La destitución del fiscal dará un paso más hacia su concreción. El tribunal que lo juzga carece de la más elemental característica que debe tener un juez: la imparcialidad, la equidistancia y la limpieza de los procedimientos.

El caso de Campagnoli es uno de los emblemas de la falta de escrúpulos del gobierno para llevar adelante lo que se propone contra todo y contra todos, a la vista de todo el mundo y sin que le importe en lo más mínimo la forma republicana de gobierno, el respeto a las instituciones y la defensa en juicio.

Cuando Daniel Reposo -el asombroso candidato a procurador que el gobierno presentó al Senado luego de que Boudou consiguiera echar a Esteban Righi- pasara el papelón que pasó en la Comisión de Acuerdos en donde un asistente pelado le soplaba todas las respuestas mientras el senador Sanz se quejaba “che, el pelado le está soplando todo…”, desde estas columnas sospechamos que aquello no podía ser otra cosa que una escenografía plantada: un hombre que nadie podía aprobar, pondría a la oposición frente a la opción de hierro de rechazarlo. Con esa carga sobre sus espaldas, los senadores de la oposición no se animarían a rechazar al siguiente candidato si éste era al menos “presentable”.

Fue lo que ocurrió con Gils Carbó, una verdadra soldado del gobierno. ¿Habría sido aprobada la actual procuradora si hubiera sido candidata de entrada? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que nadie se animaría a rechazarla después de haber rechazado a otro. Los propios senadores radicales lo admitieron sin disimulo en conversaciones privadas.

Este escenario allanó el camino a Gils Carbó. Lo demás es historia conocida: Justicia Legítima, Campagnoli, e innumerables pruebas de un alineamiento militante desde un lugar que, en una República normal, debería ser garantía de independencia, de investigación y de control.

Nuestro argumento en aquella oportunidad fue que, al contrario, en los últimos años se había profundizado un cambio sustancial en la visión clásica sobre la delincuencia y el delito en el sentido de que ahora una corriente minoritaria pero muy presente en el activismo judicial y político había ganado el centro de la escena ideológica batiendo el parche de que los delitos y los delincuentes no son una actividad ilícita que proviene del simple hecho de violar la ley y de causar daños materiales o físicos a las personas, sino que son la consecuencia de un mal anterior -del verdadero y único mal, según esta idea- que comete la sociedad al excluir a determinada población del goce de una vida igualitaria.

Esa exclusión sería el resultado de la aplicación de medidas racistas, sexistas y oligárquicas que basándose en el color de piel, en el origen social o en el sexo de las personas, intencionadamente condena a una parte de ellas a la pobreza, a la marginación y a la miseria.

La reacción de esas personas contra la sociedad racista, oligárquica y sexista sería lo que a su vez ésta llama “delitos” porque los considera atentados contra su propiedad o incluso contra su vida. Como esa sociedad nefasta es la que tiene el poder de reprimir, sanciona leyes para hacer penalmente responsables a los que en realidad son sus víctimas; víctimas de la exclusión y de la segregación.

Esta teoría fue ratificada ayer en una participación en la Feria del Libro por dos fiscales del poder judicial de la nación. Los doctores Javier De Luca y Alejandro Alagia expusieron esta tesis en defensa del proyecto de nuevo Código Penal, explicando que la pena al llamado “delito” debía ser reducida a una mínima expresión porque su convalidación era una manera de continuar el daño que se le había hecho a las personas a quienes la concepción del actual código conservador y oligárquico persigue.

Estas personas, según ellos -y en coincidencia con lo que explicábamos hace una semana- son las verdaderas víctimas y su persecución y condena no sería más que un ensañamiento de la sociedad que, no conforme con el daño que ya les causó, los persigue y los encierra.

Ratificando lo que decíamos el 24 de abril, los delincuentes y el delito serían en realidad manifestaciones de respuesta de las víctimas de la sociedad hacia la sociedad: una forma de emparejar los tantos de la Justicia. La sociedad no sólo debería abstenerse de perseguir y castigar penalmente a estas personas sino que debería aguantar los “actos de justicia” que se comenten contra ella (robos, violaciones, asesinatos) porque esas conductas no serían delitos sino manifestaciones de un conflicto social no propuesto ni querido por quienes los cometen sino por la sociedad que los segregó.

Siguiendo esta línea de ideas, llegaríamos a la conclusión de que la presente situación en la que vivimos en la Argentina no es la manifestación del fracaso de una política de seguridad mal implementada o mal concebida sino el resultado querido por la concepción que logró imponer su punto de vista en el poder judicial y en las corrientes de opinión política.

Esto es lo “nuevo bajo el sol”. Hace 20 años estas teorías (como también ocurre con ellas en todo el resto del mundo civilizado en donde no puede anotarse un solo país que las aplique) estaban en los márgenes del pensamiento político, judicial y penal de la Argentina. Allí aparecía el inefable juez de los inmuebles de usos múltiples, Eugenio Zaffaroni, explicando sus alambicadas ideas sobre las verdaderas víctimas y los verdaderos victimarios, pero poco más podía anotarse en ese sentido. Veinte años de constante repiqueteo en la Academia no ha transformado a estos pensamientos en mayoritarios pero sí en minoritariamente influyentes.

El kirchnerismo ha sido un recipiente apto para recibir los agregados de estas ideas y hoy es la manifestación política que abre paso a su implementación. Las ideas que en materia social ha desplegado el gobierno han introducido, en efecto, en la sociedad, quizás por primera vez de manera masiva, los conceptos de racismo, clasismo, sexismo, segregación, exclusión. Se ha valido de una impresionante penetración en los medios para machacar sobre estos conceptos y ha logrado transformar en políticamente correcto el pensamiento según el cual la sociedad debe sentirse culpable por lo que le ocurre a parte de sus ciudadanos. Y en alguna medida debe pagar por ello. Ese pago consistiría en aceptar que se la robe, se la viole y se la mate porque esos actos equilibran la balanza de la igualdad y la Justicia.

El domingo, en un acto del kirchnerismo puro en donde estuvieron presentes y hablaron Milagro Sala, Carlos Zanini, Luis D’Elía y el candidato a presidente preferido de Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández, también habló el director del SEDRONAR el padre Juan Carlos Molina que dijo que para “ellos”, “nosotros somos basura, chorros, negros…”

Sin bien Molina no aclaró lo que debía entenderse por “ellos” y por “nosotros”, no es difícil interpretarlo si seguimos las instrucciones que surgen de estas ideas.

De modo que los que creen que son honestos deberían revisar sus conceptos. Los que, creyendo aquello, esperan que en algún momento se persiga a quienes en su criterio son los delincuentes, también deberían ir pensando en cambiar sus convicciones.

Lo que está en marcha es un plan. No es la consecuencia de la mala praxis, de las malas leyes o de la mala suerte en la aplicación de una política de seguridad. No, no, no. Lo que está ocurriendo se quiere que ocurra. Y como tal, seguirá ocurriendo.