Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

Es lo que denunció Marcelo Bonelli en Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las órdenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que hacés”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecución política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la Presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo también explicaciones por ello.

Frente a esto, el Jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de quien se siente totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del poder judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de gabinete? ¿acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así Capitanich estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente. 

Según esta visión los funcionarios, desde la Presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”. 

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

En efecto, a partir de que se fueron conociendo por partes incompletas lo que parecían ser algunos acuerdos para cambiar la imagen de las transmisiones deportivas de los fines de semana, mucha gente creyó que el gobierno daba una señal de salir de un empecinamiento fanático, irreductible y militante para dar paso –aunque más no sea en el fútbol- a la preponderancia de algo más profesional.

Se especuló entonces con la llegada de personas que tuvieran más que ver con la historia del fútbol por TV de toda la vida, que hicieran del fútbol su trabajo cotidiano y que las transmisiones dejaran de tener el claro embanderamiento político que habían tenido hasta el final del campeonato pasado, para pasar a ser algo más relacionado con el fútbol y con el espectáculo.

Se habló entonces de que Tinelli y su empresa IDS se encargarían de los contenidos artísticos y comerciales de las transmisiones para que ingresara dinero privado genuino en concepto de publicidad y los entretiempos de los partidos dejaran de ser espacios de propaganda y adoctrinamiento partidario pagados con el dinero que toda la sociedad aporta con sus impuestos.

Se supo que los más grotescos representantes del felpudismo militante como el relator Javier Vicente y el comentarista Alejandro Apo (que cobraron durante estos últimos 4 años cifras mensuales de 5 dígitos o más para cumplir su rol de poleas de transmisión del relato con la plata de todos) serían separados de sus lugares para dejar ingresar a profesionales como Closs, Latorre, Varsky y Vignolo, que a su vez pasarían a cobrar honorarios de 6 dígitos mensuales.

El proyecto, entonces, podía ser tildado como de una “apertura” de los grifos del gobierno para dejar entrar un poco de aire fresco a tanto encierro. El acuerdo incluía a la empresa Torneos y Competencias (la misma que antes “secuestraba” los goles) que aportaría los profesionales, a cambio de que sus salarios los pagara la jefatura de gabinete.

En una rememoración de lo que aquel inolvidable personaje de Olmedo en “Costa Pobre” le gritaba a sus opositores, “La Cámpora” pareció gritar al unísono contra toda esta idea: ¡“De acaaá”..!!

“¡De acá… si creen que le vamos a entregar las banderas a Tinelli y a Torneos..!” Hasta Hebe de Bonafini salió con los tapones abiertamente de punta a decir que Fútbol para Todos se había creado “para hacer política, como dijo Néstor”, en una confesión que, no por obvia, se había manifestado tan groseramente como lo hizo la más famosa de todas las Madres. Hasta la Presidente dejó entrever su furia bajo la socrática pregunta “¿qué se cree Tinelli, que tiene más poder que yo?”

El productor número 1 de la TV empezó allí con una catarata de retweets en donde llegó a publicar uno en el que los 7 pecados capitales aparecen ilustrados con fotos acordes de personajes del gobierno (La gula: Máximo Kirchner; la pereza: Florencia Kirchner; la soberbia: Cristina Kirchner; la envidia: Luis D’Elía, etcétera). A la madrugada de hoy los relatores nuevos fueron notificados de que su trabajo no comenzaba este fin de semana.

La Cámpora había ganado la batalla. Y La Cámpora es la Presidente. Sus integrantes son como muñecos de cera, como las marionetas del Capitán Escarlata y el XL5: no existen si la presidente no mueve sus hilos. La inconmovible es Cristina. Vicente, Apo, la propaganda y el adoctrinamiento de los entretiempos son Cristina. Y es la Presidente la que fulmina con sus negativas cualquier indicio de frescura que la sociedad crea ver ante la más mínima esperanza de que asome un cambio. Acá no va a cambiar nada, muchachos. El choque será con las botas puestas.

También cuando Jorge Capitanich llegó a su sillón hubo 48hs de un “frescor” que parecía iba a mezclar el aroma ya rancio del encierro con alguna novedad que ilusionara. Duró nada. A los dos días ya lo teníamos al Jefe de Gabinete en su nuevo rol de transmisor del mismo relato, cerrado a toda crítica y recargado contra los mismos de siempre.

Es más, no sería extraño que Fútbol para Todos se convirtiera en una pieza de propaganda aún más recalcitrante a partir de ahora. Rotos los últimos diques de disimulo con las manifestaciones sincericidas de Hebe, ya habrá un cauce furibundo y libre como para que no haya razones para hacer concesiones al a la “diplomacia”. Es muy posible que incluso los relatores deban dar muestra de su fe kirchnerista y que Javier Vicente y Alejandro Apo sean sus jefes. La presidente no se va a bajar de ningún pedestal y no abandonará ninguna “bandera”. La presunta intransigencia de “los pibes de la liberación” es la intransigencia de ella, de ningún otro.

Varias veces hemos comentado aquí nuestra sospecha de que más allá de sus ausencias visibles, la Presidente no ha resignado un gramo de su poder. Aún en la ausencia es ella la que toma las decisiones; es ella la que dirige la orquesta, ella es La Cámpora y es a ella a quien nadie se le anima.

El caso del fútbol era una de las pastillitas que venían en el pretendido frasco renovador del gobernador del Chaco cuando aceptó ser jefe de gabinete. El experimento acaba de morir como murieron todas sus anteriores intenciones en la medida en que fueran contrarias a lo que siempre fue el kirchnerismo. Si alguien suponía que el gobierno se iba a volver “abierto”, simplemente porque había perdido unas elecciones, todo lo que pasó desde octubre hasta aquí debería bastar como para que esas opiniones se revisen.

Desde el Fútbol para Todos hasta endilgar a los demás las culpas de los efectos que sus propios desaguisados crean en materia económica, el kirchnerismo no ha cambiado en nada. Por la sencilla razón de que el “kirchnerismo” no existe. Solo existe una persona: Cristina Kirchner. Y las personas no cambian.

Capitanich pareció olvidar aquella vieja teoría de la psicología que dice que cuando uno habla, habla de uno, porque efectivamente el que está dando vergüenza es él. Lo último que necesitaba la piel argentina en este momento de desasosiego, cuyo único culpable es el gobierno, era un balde de odio y acusaciones rencorosas de unos contra otros para seguir avivando un fuego divisorio que, con los ingredientes que el gobierno se ha encargado de mezclar, podría resultar explosivo.

La irresponsabilidad del gobernador del Chaco solo puede explicarse por el nivel de desesperación y de ignorancia técnica que paraliza al gobierno por la vía de sumergirlo en una -paradójicamente- hiperactividad contradictoria y chapucera. Son tantas las consecuencias disparatadas que este conjunto de impericias ha causado, que el gobierno no tiene mejor idea que inventar un culpable al cual señalar públicamente para despertar la furia y la bronca de los desesperados.

Para completar este desaguisado, Capitanich advirtió que está considerando mandar a la calle a los sindicalistas de la UOCRA para revisar los precios de la construcción, seguramente aprovechando las modalidades civilizadas que estas personas suelen utilizar cuando tienen que resolver algún diferendo (como la recordada persecución a los tiros de Madonna Quiroz a sus colegas de camioneros en 2006 o los desastres de la cancha de Defensores de Belgrano cuando en 2008, Kirchner asumió como presidente del PJ o los más recientes enfrentamientos con heridos de hace tres días). Este sistema acelera la velocidad de la Argentina para dirigirse a un sistema de Estado policial de vigilancia con similitudes cada vez más visibles al populismo dictatorial de Venezuela en donde brigadas parapoliciales someten al escarnio y al terror a la población civil.

En esa misma línea se encuentra la novedad dada a conocer por la Comisión Nacional de Valores con su decisión de mandar a publicar los nombres, apellidos y números de CUIT de las personas que actúen en el mercado financiero comprando bonos. Se trata de un nivel mayúsculo de irresponsabilidad en los momentos de inseguridad criminal que vive el país -respecto de la cual el gobierno tampoco hace nada ( antes bien, está por convalidarlo con la sanción de un Código Penal que poco falta para que premie a los delincuentes y encarcele a las víctimas)- y por el cual tranquilamente se podría responsabilizar a Enrique Vanoli y a la CNV por lo que pudiera sucederle a las personas cuyos nombres sean revelados por esta nueva GESTAPO.

Lo cierto es que mientras el jefe de gabinete acusa a los comerciantes de “inescrupulosos”, “antipatrióticos” y “desestabilizadores”, el sector privado argentino está haciendo un ajuste fenomenal en términos de nivel de vida que, por supuesto, tiene su contracara en la obscena manifestación de riqueza del sector público, encarnada por sus funcionarios.

Mientras todo esto ocurre, el país conoció ayer una grabación llevada adelante y autorizada por el juzgado del cual José María Campagnoli era fiscal, en la que el hermano de la ministra de seguridad, Cecilia Rodriguez, hablaba con el “Mudo” Penna, un barrabrava de River Plate, en la que éste le proponía hacer facturas truchas por $ 300 millones para lavar esa cantidad de dinero del socio presidencial, Lázaro Baez. Lo que no quedó claro es si ésta conversación también forma parte la conspiración internacional de alcance planetario que Capitanich denunció ayer como la usina que pretende desestabilizar a países como la Argentina y, de paso, quedarse con sus recursos naturales para producir nuestra miseria.

Habría que recordarle al jefe de gabinete que la Argentina YA ESTA a la miseria como consecuencia de 10 años de despilfarro, corrupción y mala praxis económica y que para alcanzar tan despreciable “mérito” no fue necesaria la participación de ninguna oscura logia del mal, sino simplemente la pretensión de llevar adelante los caprichitos ideológicos del kirchnerismo.

La pregunta racional que enfrenta el país es si estamos a tiempo de hacer algo. Por supuesto que siempre se está a tiempo de actuar… si se quiere actuar. El drama que ha carcomido las esperanzas y las posibilidades desperdiciadas de la Argentina es el exceso de gasto. Hoy ese número alcanza a $ 1.2 billones.

Ese gasto esta financiado con emisión monetaria porque el enfoque económico del gobierno ha espantado la inversión genuina. La emisión produce inflación y ésta finalmente ha provocado la devaluación de la moneda. El gobierno, tenaz con su teoría conspirativa, luego de declarase conforme con el nuevo valor del “dólar oficial de convergencia”, al mismo tiempo dijo que se estaba en presencia de un ataque especulativo contra el peso. ¿En qué quedamos?, ¿fue una medida pensada y aquilatada para llevar el dólar oficial a un valor de “convergencia”, o es la consecuencia de una corrida especulativa producida por la conspiración internacional alentada desde la Trilateral Commission?

El ministro Kicillof también acusó de conspiradores a “los que nos quieren hacer bajar el gasto” pero lo cierto es que esa cifra es hoy 7 puntos más del PBI que en 2004, cuando gobernaba, no el menemismo, sino el mismísimo Nestor Kirchner. La presidente parece haber pasado el punto de no retorno. Sus tuits desde La Habana (en donde se emocionó frente a una foto del asesino Guevara) confirman esa línea de absoluta perdición. La señora de Kirchner ya no puede volver atrás. Pero no por una imposibilidad fáctica sino porque su capricho así lo ha decidido. No dará el brazo a torcer, aunque su brazo “físicamente” pueda torcerse. Se autoacuarteló en un espacio sin puertas del que no puede salir porque ella misma no quiere. Podría salir, pero no va a salir.

El único horizonte esperable ante esta testarudez es el perfeccionamiento de un Estado policial de vigilancia con cada vez más severas restricciones al ejercicio de los derechos civiles y un empobrecimiento veloz, fruto de la huida de capitales y de la huida de las mejores mentes. Como venimos diciendo aquí desde hace tiempo, ese nivel de degradación y de miseria no será compensado por los ajustes a posteriori que la historia le suele reservar a los iluminados. Para ese momento será tarde cualquier noción de Justicia.

Pero no. Hoy, además de que nada de aquello ha mejorado, hay otros muchos parámetros que han empeorado velozmente. La tasa de inflación y de devaluación se han disparado. Las reservas del BCRA no dejan de caer, la presidente sigue ausente y el jefe de Gabinete da, definitivamente, pena.

Jorge Capitanich deberá pensar bien lo que hace de ahora en más. Está en un momento en que mucha gente siente lástima por él y otra que prefiere reírse de lo que no puede interpretarse de otro modo sino como comicidades cotidianas. Pero está cada vez más cerca de despertar broncas irascibles. El humor de gente tiene cada vez menos espacio para la cargada y el gobernador del Chaco -en uso de licencia- está tirando cada vez más peligrosamente de esa cuerda.

Decir que el país tiene “un sistema de tipo de cambio libre y único” es tomarle el pelo a la gente. Y la gente ya tiene suficiente con lo que el “modelo” le ha “regalado” como para que sus autores -que deberían estar utilizando todo su tiempo para reparar los daños que han causado-, encima, los carguen. La velocidad del deterioro en materia económica desde que comenzó el año es francamente alarmante. El dólar blue está ya en $ 12. Los sindicalistas amenazan con lanzar paritarias con un mínimo de 30% de aumento. La inflación se ha acelerado de manera dramática y está cada vez más cerca de provocar el fenómeno conocido como de “rechazo del dinero” por el cual la velocidad de desprendimiento de los pesos es cada vez mayor espiralizando la suba de los precios.

En medio de este panorama la ciudadanía no tiene ninguna señal de que alguien esté a cargo y, al contrario, está muy cerca de creer que todos estamos a la buena de Dios. Extrapolar esta abulia a diciembre de 2015 resulta directamente imposible.

Al gobierno no se le ocurre otra cosa que manejarase con una bicicleta de bonos que sólo convierte en millonarios sin trabajar a unos pocos y pone en serio riesgo la futura capacidad de pago de las jubilaciones. El Estado se encamina a estafar a otras varias generaciones de argentinos trabajadores que cuando dejen de trabajar, no encontraran nada. Ya lo hizo una vez, condenando a millones a una vejez indigna, y lo volverá a hacer, sencillamente porque así es cuando un conjunto de funcionarios se encuentran delante de sí con una inconmensurable bolsa de plata: la hacen desaparecer.

Aquellos defensores de la jubilación de reparto deberán darle una explicación a los que aportaron el dinero que se esfumó financiando al Tesoro y pretendiendo hacer bajar la temperatura del dólar. La presidente silenciosa, la que ha decido tomarse su trabajo como un hobby al que le dedica el tiempo intermedio entre largos periodos de descanso, llevará esa carga de culpa de por vida.

En estas condiciones de deriva, la señora de Kirchner no da una sola señal de liderazgo. Nadie sabe lo que hace o si hace algo. Nadie sabe si da una directiva y a quién; nadie sabe si existe una perspectiva presidencial de la situación actual del país, nadie sabe, en fin, si la presidente tiene los conocimientos mínimos necesarios como para sortear los serios obstáculos que la Argentina tiene por delante.

En medio de este desorden, una sensación de descomposición aún más grave se conoció hace unos días: el gobierno se dispone a modificar el Código Penal. Si Capitanich se debe cuidar de trasponer el límite entre mantener un relato y cargar a la gente (porque los que hoy le tienen lástima y hasta los que se ríen de él, pasarán a sentir furia) la presidente también debería tener un cuidado similar.

La ciudadanía esta ya cansada de enterrar muertos, de llorar pérdidas y de ver el avance sin pausa de una delincuencia que se florea, impune, delante de nosotros. Frente a ese panorama, la reforma del Código con el sello abolicionista de Zaffaroni (¡qué apellido para un “penalista”!) puede resultar ofensivo para la sociedad honrada que pretende vivir honestamente.

El proyecto consagra directamente la supremacía moral del delincuente y sale a defenderlo a capa y espada atenuándole incluso las penas cuando resultara “dañado” en el proceso de cometer su propio ilícito. Sí, sí, como lo escuchan: si un delincuente resulta lastimado o herido en la comisión de su propio crimen, ese hecho debe considerarse un atenuante en el juicio. Y mucho más si el delincuente utiliza a su hijo en la comisión del delito y el perjudicado resulta ser el menor.

Del mismo modo, en el juzgamiento de los casos deberán tomarse en cuenta las condiciones sociales y económicas de las víctimas, insinuando, con todas la letras, que si los asesinados, robados, o violados tienen dinero, eso será un atenuante para el delincuente tan o más importante que la propia condición económica del que delinque. La reincidencia ya no se tomará en cuenta: un asesino serial será juzgado por cada uno de sus crímenes como si cada uno fuera el primero. La prisión perpetua desaparecerá de la ley argentina y los asesinos volverán a las calles después de una temporada de diversión junto a Vatayón Militante. En esto está la presidente: mientras el país se incendia y la gente llora las consecuencias de la delincuencia todos los días, ella está pensando en cómo hacerle la vida más fácil a los malvivientes.

Si esta reforma llegara a aprobarse -y no veo a ninguna organización preocupada por hacerle saber a la sociedad lo que le espera- la preocupación número uno de los argentinos -la seguridad- se potenciará a límites extremos: seremos los inocentes, los honrados y los honestos los que deberemos andar pidiendo públicamente disculpas, mientras se instrumenta el señorío de los delincuentes.

Existen tres etapas en la descomposición moral de los países, todas relacionadas con el posicionamiento del bien y del mal. Una primera etapa sucede cuando los países tienen dificultades en distinguir lo que está bien de lo que está mal. Una segunda ocurre cuando aún distinguiendo lo uno de lo otro, las sociedades eligen hacer voluntariamente lo que está mal porque tienen la certeza de que eso les conviene desde el punto de vista práctico. Y por fin el último y más profundo pozo de descomposición ocurre cuando una sociedad instaura orgullosamente el mal como entidad moral superior. En esta instancia ingresaría la Argentina si el Congreso transforma en ley la reforma Zaffaroni. Una especie de resumen Lerú de la década ganada.

La corrosión kirchnerista no detecta frenos, ni morales ni económicos. Ninguno de esos frentes le son ajenos. Viene actuando en todos con un poder demoledor, multiplicando la pobreza, la escasez, el aislamiento y el crimen. Después de diez años de una siembra sistemática de disvalores, la cosecha se envuelve en una furia de resultados alarmantes. Viviendo encerrados, sin libertad, con una casta privilegiada que obscenamente ostenta su desigualdad frente a nosotros, somos testigos de un deterioro veloz e inmoral que no tiene ni líderes que lo enfrenten ni convicciones que lo detengan.