Al contrario, la “constitución material” de los argentinos -es decir, el conjunto de hábitos y costumbres de la sociedad- volvió a imponerse sobre la “constitución formal” (la jurada en Santa Fe en 1853) y rodeó de seguridades y blindajes a los funcionarios del poder mientras ejercieron el poder.

En los últimos años incluso se llegó a insinuar que cualquier amague de investigación sobre ellos implicaba una actitud destituyente y un acto de golpismo activo. En lugar de aceptar que lo que se ponía en juego eran los mecanismos previstos en la Constitución, se decía, justamente, que esa pretensión constituía un alzamiento contra la Constitución. Kafkiano.

De ese modo los funcionarios utilizaron el poder como un escudo de impunidad. No hace mucho un ícono de la corrupción, Alfredo Yabrán, definió de ese modo al poder: cuando se le pidió que resumiera en una palabra lo que para él significaba el poder, el fallecido empresario respondió: “impunidad”.

Desde que el juez Bonadio decidió allanar las supuestas oficinas de la empresa presidencial Hotesur y requerir sus antecedentes a la IGJ y a la AFIP, como así también pedir las declaraciones juradas impositivas de todos los miembros de la familia de la presidente y de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se abrió una posibilidad de que por primera vez el poder sea investigado mientras es poder.

Nadie sabe muy bien si los mecanismos que se han puesto en funcionamiento van a responder a la esencia republicana del control de un poder sobre otro (en este caso de la Justicia sobre el Ejecutivo) o si todo terminará en una riña de gallos en donde los personajes involucrados quieran cobrarse cuitas personales. De ser así, sería, claramente, una picardía.

El juez Bonadío no ha sido un dechado de prolijidad. No puede acusárselo de tener una inquina personal contra los Kirchner o contra el gobierno, porque, al contrario, los ha beneficiado en otras actuaciones. Alguna de ellas, incluso, le valieron pedidos de investigación en el Consejo de la Magistratura, investigaciones que ahora el propio gobierno esgrime para echarle tierra al juez.

Pero de todos modos el concepto, digamos, “neutro” de la investigación de los funcionarios del gobierno mientras están en el gobierno hay que anotarlo como un definitivo avance.

Obviamente el kirchnerismo arde en insultos, chicanas, indirectas furiosas y todo tipo de maldiciones hacia el juez. Por lo pronto, le ha radicado denuncias “espejo” a las que él le investiga a la presidente. Capitanich volvió al remanido argumento del golpe y la Sra de Kirchner dijo que no se dejará extorsionar por los “caranchos judiciales”.

Pero desde el punto de vista de la salud institucional de la República, el evento resulta esperanzador. Brasil echó de la presidencia a Fernando Collor de Melho por un procedimiento de impeachment sin que nadie argumentara que ese mecanismo fuera la fachada de un golpe. No hace falta recordar el clásico ejemplo del caso Watergate -que a esta altura aparece como un caso menor- en donde el presidente norteamericano debió dejar el gobierno por haber espiado a sus adversarios y, fundamentalmente, por haber mentido. A nadie en su sano juicio en EEUU se le ocurrió siquiera sugerir que aquello hubiera sido una destitución encabezada por los medios corporativos.

El caso de los manejos oscuros de las empresas presidenciales y de aquellas en las que aparece el empresario Lázaro Báez, que incluyen el posible desvío de fondos de la obra pública hacia las cuentas de las firmas que controlan los hoteles de la Presidente, puede transformarse en un caso testigo en la Argentina. 

Obviamente todo está teñido por la enorme capacidad que el país ha demostrado tener para arruinar cualquier investigación, desde el caso García Belsunce hasta el de Nora Dalmaso, por mencionar solo dos y del ámbito completamente privado. La sociedad siempre ha sido privada de saber la verdad y mucho más cuando sus propios recursos estaban en juego. Si ya es grave que la Justicia no pueda arribar a certezas contundentes en caso en donde los involucrados son individuos privados, con intereses privados y fondos privados, lo es mucho más cuando esas personas, tanto como los intereses y los fondos son públicos.

Quizás estemos siendo contemporáneos de un cambio histórico: que el poder sea juzgado civilizadamente, en paz y sin que ese hecho implique ningún cortocircuito constitucional, mientras está en el poder. Si la Justicia pudiera tener por una vez en la vida un ataque de seriedad y de grandeza y pudiera mantener esta línea de investigación con el objetivo de averiguar la verdad y no con otros intereses espurios, el país habrá dado un paso enorme hacia la civilización. Allí sí que podremos decir que, aunque estemos mal, vamos bien.

Focieri está en Washington como director por la Argentina del Banco Mundial. Aparentemente no se presentará ante Lijo fundado en que sus ocupaciones en la capital norteamericana le impedirían viajar. Es más algunos especulan con que el Gobierno le asigne rápidamente funciones relacionadas con los temas de la deuda y los holdouts para justificar y prolongar su ausencia.

El juez no parece haber hecho lugar a esas justificaciones y podría ordenar su captura internacional para que se presente ante sus estrados, dado que no probó, con documentación del Banco Mundial, los verdaderos motivos de su imposibilidad.

El detalle cobra importancia porque Forcieri es el único indagado que falta declarar. En teoría, como la citación a indagatoria fue emitida para todos los involucrados, los diez días hábiles para que Lijo se expida sobre la situación procesal de todos no puede empezar a correr sino hasta que todos se hayan presentado, declarando o no.

Por ejemplo, más allá de que no declaró formalmente, Nuñez Carmona se considera presentado; el juez ya no debería esperar una defensa amplia para empezar a contar el plazo.

Una vez que todos se hayan presentado -con declaraciones formales, por escrito o negándose a declarar- el juez tiene esos diez días hábiles para decidir. Algunos entienden que dicho plazo no es perentorio y el magistrado podría estirarlo algunos días si lo creyera conveniente para fundamentar su decisión.

Las tres alternativas que tiene son declarar el sobreseimiento, procesar o decretar la falta de mérito. Esta última opción no implica una absolución como podría indicar su nombre para un lego, sino una declaración del juez de que necesita más elementos probatorios para dilucidar la situación procesal de alguno de los implicados. Los fundamentos de la decisión deben ser, por supuesto, ajustados a los casos de cada uno de los implicados por separado, no pudiéndose emitir una decisión grupal o de conjunto.

De todos los indagados fue Boudou el que pasó más tiempo en el juzgado declarando ante el juez. Muchos indican que el vicepresidente salió más comprometido con el caso de lo que estaba antes de ver a Lijo. Sus declaraciones fueron inconsistentes, muchas veces contradictorias y no llevaron claridad a su situación procesal, sino todo lo contrario. 

Fuera de las esperadas apariciones del Sr Vanderbroele y de Nuñez Carmona (Vanderbroele presentó un escrito y Carmona pidió declarar más adelante) fue la presentación que hiciera el entonces jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner la que más llamó la atención y la que más compromete a Boudou y a su socio comercial.

Resnick contó que mantuvo una reunión en el Ministerio de Economía en relación a la moratoria solicitada por Ciccone en donde el Sr Forcieri le presentó a Nuñez Carmona como el funcionario del Ministerio de Economía que estaría al tanto del asunto de allí en más. Se trata de una declaración muy comprometedora, tanto si Nuñez Carmona fuera o no funcionario del ministerio. Si lo era porque sus vinculaciones comerciales con el entonces ministro y hoy vicepresidente tornarían ese cargo como manifiestamente incompatible. Y si no lo era porque estaba usurpando una función publica en nombre del Estado para llevar adelante un trámite frente a otra dependencia pública, en este caso, la AFIP.

Forcieri a su vez negó esa aseveración. Dijo que jamás le presentó a nadie a Resnick y que el expediente de Ciccone Calcográfica nunca pasó por sus manos. Sin embargo parece no estar demasiado apurado por gritar esas afirmaciones de inocencia en la puerta del juzgado de Lijo: le hizo saber al juez que no podría viajar a Buenos Aires antes del 11 de agosto.

Mientras el vicepresidente sale fuera del país en representación oficial de la Argentina en un viaje que lo tendrá fuera de nuestras fronteras una semana, visitando Panamá y Cuba. Por este viaje tampoco podrá presentarse a otra declaración indagatoria ante el juez Bonadío que lo citó para que se defienda de los cargos por tener un automóvil de su propiedad con papeles falsos.

Lamentablemente todos estos antecedentes parecen indicar que Lijo no tomará una decisión sobre la situación procesal de cada implicado en un futuro cercano; un futuro cuya prontitud nos deje satisfechos y tienda un manto de certeza sobre este caso por demás espinoso. Habrá que ver incluso cómo interpreta el magistrado la presentación de ayer de Nuñez Carmona, si como suficiente para empezar a contar el plazo o si como meramente formal, haciendo lugar al pedido del interesado de una “ampliación” de su declaración para “más adelante”.

Sería lamentable que ello ocurriera porque el caso se oscurecería más de lo que está. Las ambivalencias que lo vienen caracterizando aumentarían y la inseguridad jurídica respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados se prolongaría en el tiempo.

Por ello sería interesante que el juez considerara como declarado a Nuñez Carmona y que habilitara una declaración por escrito de Forcieri ante un funcionario consular de la Embajada argentina en Washington para que pudiera empezar a correr el plazo de diez días hábiles establecido por el Código Procesal Penal para que empiecen a dilucidarse las responsabilidades públicas y privadas de este caso, al menos en sus instancias iniciales.

Toda tardanza contribuirá a agregar dudas y sospechas sobre un expediente de por sí grave como para que se le sumen más susceptibilidades. Esperemos que Lijo repare en el hecho bochornoso de ayer ocurrido en el jury de Campagnoli cuando en la audiencia de alegatos en su contra, se produjo la ausencia repentina e inesperada de la jueza Cristina Cordoba por “un pico de estrés”, lo que motivó la suspensión de su juicio político hasta que termine la licencia otorgada a la ausente. Lo grave del caso es que todas las fuentes tribunalicias aseguraban que Córdoba emitiría un “voto clave” en la audiencia, por lo que la suerte de Campagnoli, de la estrategia del gobierno y gran parte del prestigio de la justicia argentina en general, dependían de lo que sucediera ayer. Sugestivamente ayer se produjo este incidente que paraliza abruptamente la decisión, generando las suspicacias de todos.

Lijo tiene maneras de evitar que esto suceda con la causa que tiene en sus manos. Esperemos que arbitre los medios necesarios para lograrlo.