Allí, escribió que “la corrupción –aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política”. Brienza se declara “brutalmente honesto” por decir lo que dice y continúa: “La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quién no tiene recursos, no puede hacer política; ni acá ni en Estados Unidos”.

“Una campaña presidencial cuesta decenas de millones de dólares, los afiches, los spots televisivos, las entrevistas pagas, los actos, las movilizaciones, todo eso cuesta un dineral. Ir a un programa de gran audiencia para que un periodista haga preguntas condescendientes cuesta entre 150 mil y 250 mil pesos. ¿Quién dispone de ese dineral para ser entrevistado? Y lo peor es que esa operatoria está legitimada por el televidente. Si un ciudadano no ve en la televisión a su candidato, no lo conoce, no lo seduce, por lo tanto no lo vota. Para existir en política es necesario estar en los medios. La televisión lo sabe, por eso cobra derecho por silla calentada por el culo de un político”, dijo Brienza hablando de un arte que él debe de ser el primero en cultivar.

El insólito argumento central es que el robo le permite a quienes no tienen ese dinero presentarse a la política para defender “los intereses del pueblo”; del mismo pueblo, claro está, al que primeramente robó.

Dice Brienza: “Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas (solo) aquéllos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos.

No sabemos por qué, existiendo más de 190 países registrados en la ONU, el señor Brienza se refiere solo a los Estados Unidos, pero es más que seguro que se debe a la anticuada monserga de suponer que los Estados Unidos están interesados en influir en la Argentina. Brienza debería mirar lo que ocurrió en Venezuela, en donde no hizo falta ninguna intervención norteamericana para sumir a ese pueblo en el caos, en la miseria y en la muerte. Antes bien llegaron justamente a esa instancia por pretender demostrarle al mundo que los “yanquis” estaban equivocados. El socialismo del siglo XXI se encargó de todo: ahora todo el mundo es igual en la ignorancia, la pobreza y la escasez.

Luego agrega Brienza: “Si un diputado o un senador cuenta con un presupuesto, entre sueldos, asesores, viáticos, de 100 mil o 150 mil pesos por mes. ¿De dónde saca el dinero ese diputado para llegar a ser presidente? Está ‘obligado’ a financiar irregularmente su campaña”.

Desde ya que Brienza no cree en la posibilidad de que los diputados generen una propuesta que resulte atractiva y que alguien decida apoyarla desde la honradez y la honestidad.

El camino que Brienza propone no conduce a otro final que no sea admitir que la corrupción es correcta porque ella permite que llegue al poder la “gente del pueblo” (que según su propio argumento debió robarle al pueblo para hacerse rica y llegar a la política)

Ese razonamiento olvida, por ejemplo, que los Kirchner robaron antes que nada para ellos, situación que queda en evidencia solamente por la exponencial multiplicación de su riqueza personal declarada (sin hablar de los miles de millones de dólares que le robaron a los pobres y que los negrearon quién sabe dónde).

Es absolutamente falsa la idea de una casta de pobres robando dineros públicos para financiar su actividad política pero manteniéndose personalmente pobres, porque todo ese emolumento sustraído al pueblo se vuelca de lleno en beneficio, justamente, de defender a los más débiles. No. A los débiles se los roba y luego se los usa, pero esa gente nunca sale de su condición precaria y paupérrima. Al contrario: el arte de la política de este tipo consiste en mantenerlos en esa suerte de medianía necesitada, para que siempre dependan de la concesión de estos nouvelle princes.

Lo de Brienza da vergüenza. No porque describa algo que no es. Sino por querer convertir desde una filosofía vulgar la mugre en virtud, el vicio en nobleza, y el delito en acción popular revolucionaria.

El kirchnerismo se ha caracterizado por ser una especie de maximización de lo gramsciano: le ha cambiado el sentido común medio a la sociedad, al punto tal de que hoy alguien como Brienza pueda decir, muy suelto de cuerpo, en las páginas de un diario, que la corrupción es buena para el pueblo, porque así la gente “como uno” puede llegar al poder e impedir que solo gobiernen los ricos. Pongamos punto final a esta larga noche de una buena vez, por favor.

Esta es la situación que domina el ambiente mediático y político desde el domingo a la tarde, cuando se conocieron los pormenores de los llamados “Panama Papers”, que, entre otras cosas, develaron que Mauricio Macri figuraba como director de una empresa offshore con sede en Panamá.

Desde ese momento hasta ahora se han sabido muchos detalles del asunto divulgados de manera bastante inorgánica por el propio Presidente y por otra gente del Gobierno. Según esas aclaraciones, Macri simplemente llenaba un lugar de un requerimiento burocrático necesario para que Franco Macri —su padre— pudiera abrir, en 1998, esta empresa.

También se supo que el titular del grupo familiar había declarado, ante la entonces Dirección General Impositiva (DGI), la existencia de esa empresa y que esta no habría operado ni siquiera para lo que se suponían que eran los objetivos iniciales, esto es, llegar al mercado brasileño con el servicio de cobros exprés Pago Fácil.

Luego, Perfil dio a conocer otra empresa —Kagemusha— en donde el esquema se repetía, con un movimiento de 1.950 dólares en total. Ambas compañías ya no existen y fueron dadas de baja.

Hasta aquí, y así explicado, parecería que se trata de una nimiedad en la que no merece perder demasiado el tiempo. Sin embargo, en la Argentina, nada es igual a lo que parecería desprenderse del sentido común. Por principio, lo explosivo de la novedad (explosivo en gran parte por el léxico involucrado: “paraíso fiscal”, “offshore”, “Panamá”, “empresa fantasma”, etcétera) no iba a ser dejado de lado así nomás por una oposición ávida de encontrar un filón por donde equilibrar tantos dardos que se le vienen encima con el tema corrupción.

Las citaciones de Cristina Fernández, Julio de Vido, Lázaro y Martín Báez y la detención (con ventilador incluido) de Ricardo Jaime, debían ser contrarrestadas con algo y esto fue un regalo del cielo: poner al Gobierno en la necesidad de dar explicaciones sobre una cuestión que en principio aparece con todos los ribetes de lo sórdido e ilegal es el desiderátum de cualquier político a la defensiva.

Es más llamativa la reacción de algunos sectores de la propia coalición de Gobierno, que han vuelto a dejar solo al Presidente, como ya lo habían hecho en ocasión de los aumentos de tarifas.

Pero lo realmente importante de toda esta ensalada es qué repercusión tendrá en el ánimo social y cuánto capital de apoyo y confianza ha puesto en juego el Presidente. En ese sentido, se han llegado a escuchar análisis que cuando uno les presta atención dice “cómo puede ser que hayamos llegado al punto de que razonamientos como este no sólo tengan cabida en la Argentina, sino que uno tiene que admitir que tienen razonabilidad entre nosotros”.

Por ejemplo, se ha dicho que, frente a la sociedad, Cambiemos tiene un problema, porque como ha trasmitido la idea de la honestidad y la decencia, la gente le tiene menos paciencia cuando ocurren cosas como esta. En cambio —dicen quienes ensayan este análisis— agrupaciones que han tenido con la corrupción posiciones, digamos, más laxas, cuentan con más plafón de la opinión pública, porque de alguna manera esta se acostumbró a que con ellos la cosa sea así.

Es maravilloso: en lugar de que la sociedad le tenga menos paciencia al que no se cansó de “hacerlas todas”, al que realmente acusamos es al que se manda la primera, incluso en el caso de que ni siquiera “se la haya mandado”. Algo muy profundo debe estar pasando en la psiquis nacional como para que ocurran estas cosas.

Sí quedará para la discusión si el Gobierno y el propio Presidente se movieron bien desde el punto de vista comunicacional o si debieron tomar el caso con mayor formalidad. Quizás una de las cosas que Macri y su equipo deberían pensar es en dejar de hacer exactamente lo contrario a lo que se hacía durante el kirchnerismo, sin más razones que no sean que esas cosas las hacía, precisamente, el kirchnerismo.

El uso y el abuso de los medios de comunicación pública que hizo la ex Presidente, con la intensiva utilización del aparato de propaganda paraestatal que había sido creado al efecto, se quieren contrastar ahora con una onda light, que no haga demasiada historia con las cosas y que se conforme con una explicación más o menos bien dada por algún vocero.

Por supuesto que la sobreactuación exagerada del Frente Renovador exigiendo la presencia del Presidente en cadena nacional refiriéndose a su caso personal es un extremo que no pedimos ni recomendamos. Pero quizás una conferencia de prensa, simple, ordenada, aséptica, corta y abundante en documentación habría cortado por lo sano y, en un minuto, tanta especulación, tanta aspiración a estrella (que siempre surge en la mente de ignotos que ven en estas espectacularidades la oportunidad de hacerse famosos) y, sobre todo, tanto malentendido y pseudoespecialistas que hemos visto desfilar en las últimas horas por los medios, hubieran desaparecido.

Es una pena que una circunstancia como esta sea aprovechada para trasmitir a la sociedad la imagen de que todo es lo mismo y, fundamentalmente, que se hayan sacado energías nacionales de la única obsesión que debe perseguirnos: dejar atrás tanta miseria, tanto aislamiento, tanta mentira y tanta frustración. Frustrar una esperanza puede ser el vehículo que muchos vean para salvarse ellos. La sociedad, una vez más, debería ser lo suficientemente perspicaz como para advertir la maniobra. Y el Presidente, lo bastante valiente como para decir la verdad y seguir apostando a que la gente le crea. En esos valores inasibles que muchos —Macri, entre ellos— han definido como “confianza” se halla el secreto para que los años que vienen sean mejores y no peores.

En efecto, el hecho de que porciones importantes de la oposición más cerrada del peronismo —reunida en el llamado kirchnerismo— hayan votado con el resto de los legisladores del oficialismo y de sus aliados permanentes o específicos para estas leyes constituye un hecho histórico que no debe dejar de mencionarse ni comentarse.

El senador Miguel Ángel Pichetto fue ayer tan lejos como para decir que había “recuperado la capacidad de pensar por sí mismo”, en una tácita confesión de que, durante los años de la “década ganada” no sólo él sino varios peronistas habían sido abducidos por una fuerza centrífuga que secuestró a gritos y prepotencias los más íntimos pliegues de las conciencias de muchos dirigentes que no se atrevieron a saltar ese cerco de esclavitud y estuvieron de acuerdo en rebajarse hasta ponerse de rodillas para darle el gusto a jefes que no se sabe con qué los amenazaban. Resulta obvio que con gente que no piensa por sí misma y que está entregada a un mando mesiánico que cree que es la encarnación misma de la sabiduría no se puede ir muy lejos.

La mayor importancia de lo que se votó ayer en el Senado radica precisamente en eso: en que la Argentina vuelva a ser un país en donde el consenso sea posible y en donde las diagonales de los acuerdos reemplacen los bandos militares que seguirán llevando ese nombre aunque sean emitidos por Gobiernos civiles votados por el pueblo.

Resulta indudable que el primero que debe recibir este mensaje es el peronismo. Para probar ese extremo no hace falta mucho más que decir que poco menos que al mismo tiempo que parte de sus dirigentes daban ese ejemplo en el Congreso, otros encabezados por el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, llamaban a la gente del Conurbano bonaerense a salir masivamente a las calles para voltear al Presidente. Resulta increíble que no haya aparecido hasta ahora ningún fiscal a poner en funcionamiento los mecanismos de la ley de defensa de la democracia y abrir las causas que correspondan y que se desprenden del artículo 22 de la Constitución, que condena con el delito de sedición a los que se alcen contra las autoridades legítimamente constituidas.

En estas cosas se aprecian los aspectos prácticos de un Ministerio Público cooptado por quienes muchos llaman la “encubridora general de la nación”, la Dra. Alejandra Gils Carbó. ¿No encuentra acaso la procuradora motivos suficientes para que algún subordinado suyo abra una causa contra Espinoza y contra los otros dirigentes del Frente para la Victoria que lo secundaron en su delirante propuesta?, ¿o será que la ley para la defensa de la democracia es, en realidad, una ley para la defensa de los Gobiernos de ciertos partidos de la democracia y no de todos?

Lo cierto es que, una vez más, es el peronismo el que le debe una prueba definitiva al país de que realmente se transformó en un partido civilizado, que acepta la alternancia democrática y que no conspira contra todo lo que no le pertenezca. El golpismo declarado que manifestó Espinoza no es extraño a la naturaleza del peronismo. Ya lo había dicho Luis Barrionuevo en la mesa de Mirtha Legrand: “¿Cuánto duraría Macri si nosotros salimos a la calle?”. Esa amenaza con la calle debe terminar. Hace rato que decimos, desde estas columnas, que las calles deben ser para circular, para ir a trabajar, para andar por la vida, para reunirse pacíficamente, para unir un punto con el otro, pero no una propiedad que algún partido se adjudique para, desde allí, extorsionar a quien ese “dueño” se le ocurra.

Volviendo al corazón de lo que el Senado convirtió en ley ayer, debemos decir que se trata de una condición necesaria, aunque no suficiente, para continuar con la tarea de ordenar el colosal desbarajuste dejado por la Sra. Cristina Fernández y su inexperto y arrogante ministro, el pequeño ignorante ilustrado Axel Kicillof.

La derogación de leyes que habían significado un tiro en el pie de la propia Argentina (porque por las leyes cerrojo y de pago soberano el país se había autobloqueado la capacidad de negociar cualquier salida con los acreedores que complicaban seriamente el frente externo) allana el camino de solución al default y al pago de los acreedores que sí habían entrado a los canjes de 2005 y 2010, a los cuales no se les paga desde hace casi dos años. Esa ficha es una más que se pone en su lugar. El armado del rompecabezas que dejó el kirchnerismo es la parte costosa que el nuevo Gobierno debía transitar en estos meses. Otras fichas de ese mismo puzle las componen el reordenamiento de los precios relativos de los servicios públicos, cuyo acomodamiento está generando ruidos en materia de inflación y hasta de convivencia interna en el frente Cambiemos. Pero era imposible evitar este tránsito. Sin un frente externo arreglado y sin precios relativos encuadrados y proporcionalmente armonizados, era imposible sentar las bases del crecimiento genuino de la economía y del empleo.

Esta es otra lección que el peronismo debe aprender y de la cual también debe dar una señal clara a la sociedad de que la aprendió y de que ya no coqueteará con la demagogia fácil para complicar inútilmente el camino del que viene a poner en orden el desarreglo causado por aquellas irresponsabilidades. En este aspecto, es crucial el crecimiento mental de la dirigencia sindical.

Desde que la democracia se recuperó, hace 33 años, se viene hablando de los acuerdos de La Moncloa, como si la experiencia española fuera trasladable así nomás a los márgenes del Plata. Prueba de que eso puede ser deseable pero no posible simplemente porque a alguien se le ocurra ha sido el hecho de que, justamente, ha pasado todo este tiempo sin que esos acuerdos hayan podido alcanzarse.

Quizás —sólo quizás— ahora, sin que nadie lo proponga expresamente, esos acuerdos puedan empezar a gestarse de modo tácito, de a poco y sin que su concreción sea un objetivo buscado específicamente. Por supuesto que, en ese caso, lo que importará es el resultado y no la espectacularidad de un acto transmitido a todo el mundo, en donde la dirigencia argentina se compromete con el sentido común. Si ese compromiso va surgiendo por el imperio de los hechos y no tiene los ribetes pomposos de La Moncloa, no importa. Lo verdaderamente importante es que ese piso de tolerancia, que expulse a los impresentables como Espinoza y multiplique a los racionales como Pichetto, exista y se solidifique. El peronismo tiene una enorme responsabilidad en que eso suceda, porque los impresentables y los racionales le pertenecen por igual.

Se trata, para colmo, de un tipo de descomposición de las que hacen más daño público: la descomposición moral, la que no trepida en provocar acusaciones de unos contra otros, enfrente de todos; personas que integraban el mismo espacio (para algunos la misma banda) hasta hace algunos meses tirándose con dardos envenenados y calificándose con duros adjetivos, o bien recomendando “no perder la memoria” (como Lázaro Báez le sugirió a la mismísima Alicia Kirchner).

Es, al final de cuentas, el escenario político que todo dirigente en el Gobierno desearía ver en el interior de las agrupaciones que se le oponen políticamente. Sin embargo, al lado de este panorama en el kirchnerismo más cerril, también se abren disyuntivas en Cambiemos. La Dra. Elisa Carrió ya ha emprendido una avanzada para impulsar las causas de investigación contra funcionarios del Gobierno anterior —empezando, claro está, por Cristina Fernández— o contra empresarios relacionados con ese régimen —Báez y Cristóbal López, principalmente.

A esa postura se han unido desde la vicepresidente Gabriela Michetti hasta funcionarios como Laura Alonso o ministros como Patricia Bullrich o Germán Garavano.

Otra corriente entiende que debe irse con cuidado en ese terreno y —según las denuncias de Carrió— comandados por Daniel Angelici pretenden influir en los jueces para que esos procesos se retarden, al creer que con eso se contribuye a la calma política. Los partidarios de esta tesis sostienen que una avanzada contra el corazón kirchnerista (léase un acorralamiento de la situación judicial de Cristina Fernández) podría derivar en un clima de tensión que se volvería en contra del Gobierno de Macri.

La diputada aliada del Presidente ha sido concluyente: “Es Angelici o Carrió”, con lo que pone a Macri enfrente de una disyuntiva peligrosa.

Más allá de estas cuestiones prácticas que Macri deberá resolver, existe un nivel de deber ser que no tendría que pasarse por alto. En efecto, la Argentina deberá dar, alguna vez en la vida, una pauta de que los cinismos de la política pueden hacerse a un lado para recuperar el valor de la ley y del ejemplo.

Quizás para algunos sea entendible “muñequear” las causas candentes para no ponerse al peronismo en contra, cuando se depende de él para apoyar varios proyectos importantes para el Gobierno en el Congreso. Con esa misma lógica, durante las primeras semanas del nuevo Gobierno, se intentó convencer al Presidente de que no era conveniente revelar el verdadero estado en que recibió el país el 10 de diciembre.

Se entendía que un sinceramiento de ese tipo pondría al peronismo a la defensiva y se generaría una oposición cerrada en el Congreso que impediría la sanción de iniciativas cruciales. Otros creían —y me incluyo como uno de los primeros en eso— que era un acto de completa injusticia permitir que quienes no dejaron desastre por hacer se salieran con la suya, sin que nadie los revelara ante la sociedad.

Finalmente, el 1º de marzo el Presidente eligió una diagonal y enumeró durante veinticinco minutos algo de lo mucho que había para decir en materia de herencia. En un momento, cortó aquel listado bajo el argumento de no aburrir a los legisladores y a los argentinos que seguían el discurso por televisión.

En este momento las cuestiones son más graves. Durante doce años se perfeccionó en la Argentina un sistema de saqueo de los fondos públicos tendiente a convertir en millonaria a una casta minoritaria y privilegiada que se propuso vivir a costillas del pueblo. Ahora, esas inmundicias están saliendo a la luz, incluso por los dichos públicos de muchos de los que fueron sus protagonistas, que, para salvarse, no dudan en mandar al frente a quienes eran sus cómplices hace tan sólo unas semanas, en un dantesco espectáculo de inmoralidades.

El famoso deber ser indica que el Presidente tendría que dar —quizás por primera vez en décadas— una señal de que en el país no es posible hacer cualquier cosa sin pagar el costo de las consecuencias. ¿Habrá algunos que intenten hacer aparecer esa decisión como una persecución política o ideológica? Puede ser. Pero lo que en definitiva deben prevalecer son las pruebas.

El hasta hace pocos meses ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, siempre afirmó que las “opiniones son libres, pero los hechos son sagrados”. Nadie debería mover un dedo para que un juez demore un proceso o una decisión cuando ese juez tiene en sus manos las pruebas incriminatorias. Como nadie puede ser perseguido por pruebas fabricadas, nadie podría esquivar el accionar de la Justicia si esta cuenta con las evidencias necesarias.

Ni el Presidente, ni Angelici, ni Jaime Durán Barba, ni ningún gurú experto en encuestas y en focus group deberían poder privar a la sociedad de saber la verdad.

Es una señal que la Argentina espera hace mucho tiempo. De los últimos tiempos quizás sea este el momento en que más cerca se está de resolver esa disyuntiva en favor del deber ser y no en favor del cinismo político.

Creo que la sociedad —cuando se la informe sobre el peso de las pruebas— recibirá con beneplácito las noticias que le informen sobre lo estúpida que ha sido. Es posible que algunos se nieguen a admitirlo (porque a nadie le gusta reconocerse como estúpido o porque una ceguera ideológica les nubla la claridad de la visión). Pero ese será un problema menor al lado de las ventajas de haber hecho lo correcto y lo que correspondía.

La dureza de las medidas que aún deben tomarse para encarrilar una economía devastada transforma a aquellos que las deben tomar en deudores de la verdad más descarnada. No se les pueden pedir sacrificios a aquellos a los que se engaña.

No se trata aquí de volver a armar el muñeco de la pureza con el que muchas veces se trató de caricaturizar a Elisa Carrió. Se trata, por el contrario, de aprovechar la oportunidad (única quizás) en donde el deber ser tiene una enorme coincidencia oportunista con la conveniencia: hacer lo que se debe hacer esta vez no sólo es moralmente correcto, sino que es políticamente oportuno.

Si el Presidente analiza bien esta cuestión, es posible que, de pronto, lo que parece ser una encrucijada, en realidad sea una liberación. Si eso ocurre, la sociedad podría estar en la antesala de un hecho poco menos que inédito en la historia: que quienes las hicieron las paguen.

Porque hay efectivamente una diferencia sustancial entre “mirar para adelante y no buscar culpables”, como parece decir el discurso zen del Gobierno y consolidar un estado de impunidad que la gente votó cambiar.

La sociedad —y en esto incluyo a muchos de los que votaron por Daniel Scioli— está cansada de ver a vivos que se salen con la suya. Los ha visto por años. Los ha bancado con su dinero. Ha visto cómo se le reían en la cara. El presidente Mauricio Macri no tiene ningún derecho a defraudar a esa gente que confió en que él podría ser el inicio de un cambio en ese sentido.

Por lo demás, nadie le reconocerá nada a Macri por no revelar estas informaciones. Nadie se lo agradecerá, ni le concederá ninguna tregua política por ser bueno con ellos. Al contrario, si pueden verlo caer como culpable de lo que ellos hicieron, sentirán una enorme satisfacción. Es más, seguramente ya están trabajando para eso.

Mientras el tiempo pasa, las líneas divisorias de las responsabilidades se siguen diluyendo. Las caras de piedra de los que destruyeron todo están agazapadas para volver, aprovechándose de este silencio. En ningún caso interpretarán esta decisión como una invitación tácita a la despedida de la política. No. De ningún modo. Insistirán. Y no descartarán ningún medio para materializar su regreso.

Desde antes de que el Gobierno de Cambiemos asumiera, estamos reclamando desde estas columnas que se revele el estado de cosas del país al 10 de diciembre de 2015. Fuimos los primeros en reclamar e insistir en ese punto. Pedíamos “una gigantesca conferencia de prensa” para que el Presidente dijera lo que encontró. Luego, otros muchos, desde los medios de comunicación, se fueron plegando a ese reclamo.

Hasta Jorge Lanata lo ha pedido en un artículo del fin de semana pasado en el diario Clarín, con palabras muy parecidas a las que nosotros usamos en Infobae en la columna “El discurso del 1° de marzo” hace ya varios días. Es probable que ahora, porque lo dijo Lanata, muchos le presten más atención. Pero, si así fuera, francamente resulta incomprensible cómo fue necesario que lo dijera Lanata para entender el valor de una obviedad más grande que una casa.

También hemos repetido hasta el cansancio que la actitud del Presidente y del ala zen del Gobierno conlleva una enorme subestimación de la sociedad. En efecto, no es posible considerar madura a la sociedad para aceptar los cambios (como dijo Macri) y luego no tener el mismo concepto de ella cuando se trata de informarle cómo están las cosas.

El pueblo tiene derecho a saber por qué se le van a pedir tantos sacrificios. También tendría derecho a conocer, aunque más no sea, una proyección estimada de los resultados de ese sacrificio. Pero pedir el esfuerzo y no explicar por qué se pide no es aceptable.

En los corrillos políticos se decía que esta deuda inentendible se vería parcialmente reparada en el discurso de inauguración del Congreso el 1° de marzo. Se dijo que el Presidente le dedicaría 50 minutos a explicar lo que recibió y 50 minutos a hablar del futuro.

Pues bien, esos rumores han empezado a disiparse. Ahora parece que los 50 minutos de inventario ya no serán tantos. Francamente, no se entiende. La insistencia en esta especie de tara inútil no tiene ningún justificativo.

Nadie creerá que por revelar cómo se encontraron las cosas el día que se asumió el Gobierno, Macri vaya a ser considerado un hijo de tal por cual o alguien que quiere seguir profundizando la división.

No hay peor división que aquella que se oculta artificialmente. No hay peor manera de unir que intentar hacerlo con la mentira o con la ocultación de la verdad, que, a los efectos prácticos, es más o menos lo mismo.

La unión de los argentinos —que valientemente el Presidente identificó como uno de sus objetivos de gestión— debe lograrse a partir de que todos sepamos las mentiras a las que fuimos sometidos, el formidable robo a que el país fue expuesto, y el penoso estado en que quedaron las cuentas públicas, gracias, entre otras cosas, al financiamiento, justamente, de un relato fantástico.

Es cierto que muchas porciones de la sociedad ya lo saben y otras lo presumen, aun cuando no tengan los datos duros. Pero eso no basta. Es necesario llegar con la información precisa a quienes se han entregado a un credo vacío que hundió al país en una sombra de la que llevará años salir.

Esa gente debe conocer cómo fue robada, ultrajada, usada, ninguneada, engañada. Debe tener el detalle de cómo se evaporaron años de dinerales públicos que fueron a parar a manos privadas. Debe conocer las fortunas mal habidas, los desfalcos, el crecimiento inexplicable de los patrimonios, la desaparición de miles de millones de dólares y las múltiples fuentes de la corrupción.

El Gobierno que terminó el 10 de diciembre no se privó de nada. Desde las millonadas de Milagro Sala, Lázaro Báez, Cristóbal López y Electroingeniería hasta chorear con las habitaciones de los hoteles de Calafate o adulterar los viáticos de los viajes presidenciales al exterior, el kirchnerismo le entró a todo, sin reparar si lo robado eran grandes sumas o chiquitajes. No hay derecho a que ese mecanismo sistemático de exacción del Tesoro Público quede impune y en el anonimato.

La revelación de lo encontrado debería tener el mismo rango de magnitud: desde los grandes negociados hasta los cuadros y las computadoras que faltaban en la Casa Rosada y en los ministerios cuando dejaron el Estado.

Ninguna postura de equilibrio de las emociones puede justificar la impunidad de lo que aquí ocurrió. Esas armonizaciones del espíritu están bien para alcanzar la paz individual, pero no son trasladables al ejercicio de la jefatura del Estado.

La sociedad no puede seguir siendo tratada como una adolescente, porque si todo el mundo, por razones diversas, la trata así, pues eso es lo que seguirá siendo.

Además, no es cierto que las posturas de dar vuelta la página y mirar para adelante den siempre resultado. Y desde ya ni siquiera deberían ser una opción cuando lo que está en juego es el desenmascaramiento del verso más pernicioso que alguien haya montado jamás en la Argentina. El Presidente, por más zen que sea, no puede darse ese lujo. La sociedad no lo votó para que quiera convencernos de que lo que es bueno para su propio espíritu lo sea para el de todos. La sociedad lo votó para que diga la verdad y para que termine con el malicioso círculo de que, quien las hace, no las paga.

Producido el cambio de Gobierno, el presidente Mauricio Macri decidió reponerla en su cargo bajo la dirección general de Jorge Todesca. Cuando el economista —que había sido uno de los multados por Moreno y que llevó a juicio a “Lassie” por considerar inconstitucional que se impidiera que expresara libremente las conclusiones de sus trabajos, demanda que Todesca ganó— se hizo cargo del instituto, dijo que este estaba destruido, que aquello era “tierra arrasada”, que no quedaba nada. Lo cual era bastante creíble, dados los métodos que todos le conocíamos al “economista” que ahora publica libros prologados por el Papa. (Seguramente Francisco no está al tanto de que este señor hablaba con la gente con un revolver 38 arriba de su escritorio y, por eso, cándidamente, ha accedido a prologar su “obra”).

De allí pasamos a la información que decía que elaborar un índice confiable, respetado e internacionalmente reconocido llevaría unos ocho meses. Dicho período era mucho más corto de lo que internacionalmente se conoce como tiempos de elaboración de un índice de precios razonablemente creíble. Los especialistas en la materia dicen que ese tiempo es de entre uno y dos años. Ocho meses parecían, entonces, un tiempo adecuado para la reconstrucción. Más allá de los desvaríos de Moreno, el instituto estaba allí, se suponía que algo podría rescatarse y utilizarse. La mezcla de uno y otro dato daba que ocho meses era un término razonable: ni dos años, como los especialistas dicen que se tarda cuando se empieza de cero, ni un mes, como quien se encuentra tan sólo con problemas menores, de detalle.

Mientras tanto, Todesca anunció que se utilizarían como índices de referencia los de la ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de San Luis, que forman parte del sistema nacional de estadísticas y que son organismos confiables.

Pasaron unas semanas y el tema inflación comenzó a ser batido como un parche que no podía esperar. A la cabeza de esos reclamos se ubicaron los muchachos que antes ni siquiera pronunciaban esa palabra, que se enojaban cuando la pronunciaban otros y que te llenaban de insultos cuando tus comentarios hacían centro en la inflación de diez años del Gobierno de los Kirchner. La ex presidente Cristina Fernández nunca pronunció esa palabra en público, ni la palabra ‘inseguridad’, ni ninguna que contraviniera el relato de Walt Disney World. Pero ahora Macri es el primer inflacionario, el demonio insensible que mata a la gente con los precios.

El Gobierno asumido el 10 de diciembre fue el primero en hablar del tema y en considerarlo como el problema más grave que tenía la economía. Presentó un programa de metas para llevar la inflación al 5% en el último año de esta administración. Pero no alcanzó. Los nacionalkirchneristas, los sindicatos y alguna parte de la oposición peronista acusaron al Gobierno de esconder los índices bajo el argumento de estar arreglando el Indec.

Entonces, el Gobierno tomó la decisión de desplazar a Bevacqua y sugirió así que, en efecto, no se podían esperar ocho meses. Los efectos de la decisión han sido múltiples. Por empezar, sectores gremiales del Indec resisten la medida. Algunos directores amenazaron con renunciar si Bevacqua no seguía. Los nacionalkirchneristas dicen que los acusaban a ellos de desplazar a directores del Indec y que Macri hace lo mismo.

Se trata de una situación francamente kafkiana, en donde quien parece darle el gusto a otro recibe los cachetazos de ese otro, y en donde la reflexión más a mano consiste en preguntarse si el Gobierno está realmente firme en sus decisiones o se bambolea cuando soplan los vientos de la oposición.

Si realmente elaborar un índice de precios confiable e internacionalmente aceptado y respetado lleva entre 12 y 24 meses, ¿por qué no respaldar a la funcionaria que prometió entregarlo en ocho, sea quien sea el que venga batiendo el parche?

Macri dijo que es falible, que puede equivocarse. Esa realidad contrasta, a su vez, con 12 años en donde la Argentina vivió creída que estaba en manos de seres que dominaban hasta el más diminuto detalle de la sabiduría humana, desde la arquitectura egipcia hasta la abogacía exitosa.

La escena huele al típico péndulo argentino en donde pasamos del blanco al negro sin escalas. Si el Gobierno pretendía confeccionar un sistema de medición de precios confiable, no tenía ninguna necesidad de dejarse patotear por los que le exigían un número ya. Tendría que haberse hecho fuerte alrededor de la idea de que el nacionalkirchnerismo destruyó el Indec (como era cierto) y que levantarlo sobre sus escombros llevaría ocho meses. Que mientras tanto se utilizarían los índices de San Luis y Buenos Aires.

Esos índices dieron 6 y 4% de incremento en enero, respectivamente. Hasta el índice Congreso fue menor (3,6%). De modo que no se podía decir que el Gobierno estaba mandando a utilizar índices que lo favorecían. Además, Bevacqua era una técnica buena, reconocida por toda la profesión seria.

La histeria por la inflación debe acabar. A la inflación hay que combatirla, no usarla como argumento político. Encima, por los que la crearon y la ocultaron, por los que la reprimieron. La hipocresía en este campo debe acabar. El Gobierno debe ser consciente de que su mayor activo con la sociedad sana es decir la verdad por más que esta sea dura, lenta o desagradable. Lo decimos una vez más: el Presidente, cuando era candidato, dijo que creía que la sociedad estaba madura para aceptar el cambio. No hay ninguna razón para que ahora dude acerca de nuestra madurez para entender las razones que lo imponen.

Como todo el mundo sabe, el Gobierno de Cambiemos ha sido etiquetado como un Gobierno de gerentes, lo que da a entender que tiene una inclinación a medir toda la realidad argentina por resultados aritméticos y a no considerar los inasibles e inmedibles costados de esa misma realidad que algunos califican, justamente, como la política.

Así se expresó la semana pasada la reina de esa frase, la ex presidente Cristina Fernández, que hizo de su mandato una especie de éxtasis de lo inasible, al mismo tiempo que —mientras cantaba esa canción— hacía desaparecer miles de millones de dólares (muy asibles) que nadie sabe dónde están. Porque la verdad es que no están. En la década de mayor flujo de dinero hacia la Argentina por los precios de sus commodities y las condiciones financieras internacionales, la infraestructura se destruyó y la pobreza alcanzó la satelital cifra del 30% de la población. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? Si no está en obras y no lo tiene la gente, ¿se lo habrá llevado la política? No se sabe, lo único cierto es que no está.

Por otro lado, el rotulado como “CEO insensible a la política” está conduciendo el proceso más gradualista de que se tenga memoria y, por lo menos hasta ahora, sin haber hecho público un beneficio de inventario. En efecto, Macri y el conjunto de sus gerentes parecen tener en cuenta más consideraciones políticas de las que les aconsejarían muchos de los economistas ortodoxos, que, según Fernández, son los que ahora, con sus criterios, gobiernan el país.

De todos modos, no está mal que el Presidente intente minimizar los daños colaterales de las medidas que debe tomar, al menos aquellos evitables con una buena comunicación. Desde el 11 de diciembre que, desde estas columnas, venimos insistiendo en que el primer paso de esa comunicación debe ser la revelación lisa y llana del estado del país al 10 de diciembre de 2015. Parece que (cumpliendo por lo demás con lo que establece la Constitución) el Presidente hará ese balance el 1.º de marzo, el día de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.

En efecto, la Constitución argentina, siguiendo el modelo de la norteamericana, obliga al Presidente a entregar anualmente un estado de la nación para que el pueblo sepa cuál es la situación del país. Es el famoso State of the Union que cada año el presidente norteamericano da en Washington a mediados de enero. Aquí habrá que decir cuál es el punto de partida. El contraste entre la realidad y el relato kirchnerista es de tal magnitud que no debe quedar sombra de duda de todo lo que hay que arreglar.

Sin dudas será un mazazo para los que creyeron aquel cuento. Es más, muchos estarán dispuestos a negar la realidad, a decir que el inventario presentado por el nuevo Gobierno es falso. Por eso, las pruebas deben ser contundentes y completamente abiertas para quien quiera verificarlas. La Argentina debe entrar alguna vez en un tiempo en donde la justicia cósmica reparta las suertes de acuerdo con un criterio de benevolencia. No puede ser que gobiernos que no se merecen nada se lleven los laureles por una gestión que no hicieron.

El kirchnerismo, que demonizó los noventa, vivió doce años de las inversiones en infraestructura que se hicieron en aquellos años, hasta que —a fuerza de no hacer nada y comerse todo ese capital— todo comenzó a caerse a pedazos.

El ministro Juan José Aranguren acaba de revelar que, de salir todo bien, el nivel de cortes de luz por persona por año podrá volver a los niveles de 2003 recién en 2017. Es algo así como un juego de la oca al revés, en donde retroceder en el tiempo implica una mejora en los servicios. Deleites y milagros del engendro populista.

Por eso, es preciso que la sociedad comience a merituar la buena administración y a hacer coincidir su preferencia electoral con aquellos que mejor administran sus recursos y no premiar con su voto a quien rifa o roba los dineros públicos para después encargarle a otro que arregle ese estofado, mientras se prepara para castigarlo cuando lo logra.

La idea de hacer jugar a la política en las difíciles decisiones que hay que tomar debe asemejarse al manejo de un joystick para medir cuidadosamente los momentos y las dosis. Pero detrás de esa expresión no debe montarse —como se hizo durante el Gobierno de Fernández— una fachada de épica y revolucionismo que para lo único que sirvió fue para tapar y disimular una corrupción monumental que nos ha costado miles de millones y una decadencia inútil que ahora llevará años remontar.

Está claro que la importancia del viaje radica en un costado inasible de los acontecimientos, como son los símbolos. Porque, efectivamente, el aspecto más relevante del viaje no son los resultados concretos con que pueda volverse Macri, sino la señal que el Gobierno argentino está enviando tanto interna como externamente.

Luego de doce años de cautiverio paleolítico, en donde se confundió la política exterior del país con la temática de las asambleas de estudiantes universitarios (y a veces ni siquiera universitarios), años en que el Gobierno kirchnerista afilió al país junto a una caterva de autocracias (cuando no directamente a totalitarismos puros y simples) con la idea de que eso era revolucionario y que era una manera de mojarles la oreja a los poderosos, que, supuestamente, se iban a alarmar por las compañías que estaba echando la Argentina, el país regresa a una mesa a la que se sientan las democracias del mundo y los países líderes en calidad de vida y desarrollo humano. Por supuesto que a nadie le interesaron las divagaciones del país durante aquellos años y simplemente le soltaron la mano, como aquellos que dejan a los locos hablando solos.

La Argentina pagó un precio enorme por esos delirios. En un momento ideal para sacarles el jugo al flujo de capitales y a la abundancia de dólares en el planeta, el país quedó aislado, sin crédito, enojado con todo el mundo, en default y con un pésimo concepto internacional.

Mientras tanto, la señora de Kirchner especulaba con que esas posturas le significaban votos dentro de las fronteras argentinas, porque, según su lectura, la sociedad compraba esos versos aislacionistas —y fundamentalmente antinorteamericanos— que ella había decidido sobreactuar.

Desde insultar a Barack Obama, abrir con alicates contenidos secretos de aviones militares, reclamar por los derechos humanos de Osama Bin Laden y decir que las ejecuciones de ISIS eran montajes hollywoodenses hasta agarrárselas con el Pato Donald, la ex Presidente prácticamente no dejó nada por hacer dentro de los capítulos del Manual del perfecto idiota latinoamericano (Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. Barcelona: Editorial Atlántida, 1996).

Por supuesto que detrás de esas actuaciones pour la galerie había negocios secretos, reparto de plata que nunca sabremos adónde fue a parar y otras corrupciones que fueron el costo adicional que el país pagó por un monumental ostracismo.

Obviamente que resabios duros de esas estupideces aún quedan. Estos días pasados, por ejemplo, las agrupaciones kirchneristas publicaron una suerte de manual de la resistencia, en donde describían distintas acciones a ser llevadas a cabo por ciudadanos comunes para, justamente, resistir al Gobierno de Macri, como si el Presidente fuera un coronel de Angola que se asentó en el poder por la fuerza de sus carros de asalto.

Además de los giros fascistas clásicos (como identificar comercios que no tengan la ideología nacional y popular y señalarlos como los SS señalaban con alquitrán las puertas de los judíos), se recomendaba glosar los títulos de los diarios de los bares. Munidos de una lapicera, se aconsejaba hacer notas colaterales, por ejemplo, al artículo que informaba: “Obama visitaría el país en 2016” hacerle un comentario que dijera: “Macri entregando el país”.

Siempre me pregunté por qué estas tendencias podían darse el lujo de caer en estas extravagancias, no sólo prácticamente sin costo alguno, sino, al contrario, reuniendo algunas voluntades, mientras que quienes tienen posiciones contrarias no podían, por ejemplo, escribir en el mismo diario: “Cristina entregando el país”, cuando el mismo periódico informaba tiempo atrás sobre la visita de Vladimir Putin o de Xi Jinping. Parece ser que la entrega del país sólo ocurre para un solo lado, a pesar de que, en el caso de los chinos, la Argentina por primera vez delegó soberanía territorial concreta en una potencia extranjera por 99 años.

Este año la conferencia anual de Davos está referida a la educación y al conocimiento. Casi diría que es un título sintomático para la Argentina en el momento de su regreso a ese foro. Por esos lugares pasan las claves del futuro y quienes queden aprisionados en creencias del Mesozoico serán un lastre para el país. Durante muchos años la Argentina se dio el lujo de entregarles nada más y nada menos que la administración del destino de todos a estos dinosaurios que pusieron en peligro nuestras relaciones hasta con el mismísimo Uruguay, al mismo tiempo que tendían lazos vergonzantes con corruptos, tiranos y místicos.

Ojalá este sea el punto de partida para un regreso a la normalidad de las relaciones exteriores del país y el primer capítulo de un nuevo manual: el del perfecto inteligente latinoamericano.

Obviamente se trató de una notoria inocencia de nuestra parte: la profundidad de la podredumbre es de tal magnitud que habría sido imposible trasmitirla a solo horas de haber asumido. Y conste que aquel reclamo estaba destinado a que se revelara un inventario más bien económico del estado del país. Pero con los acontecimientos de la triple fuga y de la posterior persecución no caben dudas de que la cuestión económica es casi una “decoración” de la degradación a la que el gobierno de los Kirchner -y fundamentalmente el de Cristina Fernández- ha llevado a la Argentina.

Los apóstoles de la supremacía del Estado han desmantelado el Estado. Aquella pantalla solo servía para el enriquecimiento personal, pero no para dotar a las instituciones y a las fuerzas públicas de la eficiencia y de la profesionalidad que deben tener en un país moderno.

Los argentinos han sido puestos ante una orfandad atroz. Por una impericia -o quizás connivencia- que no registra antecedentes entre los funcionarios públicos y el bajo mundo del delito, el país está completamente huérfano de fuerzas que lo cuiden.

Las nuevas autoridades prácticamente deberían estar haciendo muchas de las tareas de recaptura de Cristian Lanatta y Victor Schillachi con sus propias manos para estar seguros de que sus indicaciones se cumplen en tiempo y forma. Otro tanto cabría para la nueva custodia que debería tener Martin Lanatta: lo único seguro seria que poco menos el mismísimo presidente sea su carcelero.

En ese estado de indefensión se encuentra el Gobierno y el país entero. Este estado de cosas, conforme avance el tiempo y se progrese en la toma de conciencia sobre cómo ha quedado todo, debe darse a conocer a la sociedad.

De la misma manera que los números económicos de la provincia de Buenos Aires empiezan a conocerse con expresiones de espanto (deudas no registradas por 54.000 millones de pesos, deuda de 28.000 millones con el Banco Provincia, atraso en el pago a proveedores por 8.000 millones, deuda con la obra social estatal (IOMA) por 2.500 millones y con los municipios por 1.400 millones, y otros 16.000 millones en déficit de sueldos y aguinaldos) a nivel nacional el gobierno de Macri debe revelar el estado contable, la situación institucional, la mugre de los organismos de seguridad, su conexión con el narcotráfico, la cantidad de agentes estatales acomodados por el régimen, en fin, todo, dar a conocer el estado completo de descomposición al que doce años de populismo han sometido a la Argentina.

Se sabe que muchas veces los bienintencionados especulan con no revelar todo el mal cometido por los malintencionados para no seguir profundizando las divisiones y para dar un corte y una vuelta de página a un pasado oscuro. Incluso muchas veces especulan que, con ese proceder, los malintencionados se conviertan en bienintencionados. Olvídenlo con Cristina Fernández. Nada de lo que haga Cambiemos para bajar los decibeles del rencor hará que ella se desvíe un milímetro de su objetivo de destruir toda posibilidad de éxito para el nuevo Gobierno. Su norte la dirigirá a hacer cualquier cosa con tal de entorpecer, ensuciar, boicotear los pasos del presidente. Dará órdenes, reclamará lealtades, dispondrá estrategias, todo para lograr su meta que es regresar al poder para reinstalar un populismo recargado.

En ese marco no tiene sentido ser condescendiente, como indica la teoría Durán Barba: nadie recordará las responsabilidades manifiestas de la Sra. de Kirchner si el nuevo gobierno no las pone a todas y cada una en blanco sobre negro delante de la sociedad e, incluso, en manos de la Justicia.

El triste espectáculo del fin de semana que reveló cómo fuerzas penetradas por el delito luego de años de abandono material y espiritual en manos de un gobierno que se propuso poco menos que destruirlas, son capaces de jugar a favor de prófugos peligrosos, de engañar a los superiores de los que emanan órdenes precisas con coordenadas exactas, debe servir de lección no solo a Macri -para saber con qué bueyes ara- sino a toda la ciudadanía para saber separar la paja del trigo y señalar con toda fortaleza a los verdaderos responsables de este desquicio.

No hay ninguna razón para que los irresponsables demagogos que se enriquecieron ilícitamente durante años y que encima nos entregaron a semejante estado de indefensión se salgan con la suya. Estamos hablando de responsabilidades que deben ser primero reveladas a todos nosotros y luego cobradas con todo el peso de la ley.

La Justicia no puede estar ausente de este partido. Los jueces no pueden hacerse los zonzos. Su deber es desentrañar hasta su mayor profundidad toda esta decadencia infame y toda esta putrefacción maloliente.

Lo mismo vale para el peronismo que quiera convertirse de una buena vez en republicano. Su deber es expulsar de su partido a quienes, usando su sello, han llevado a las instituciones a este estado de desaprensión.

Si el gobierno, -dando a conocer el estado en que el país se encuentra de verdad y el plan que tiene para recuperarlo-, la oposición republicana -terminando de una buena vez con la especulación estúpida y acercando ideas para mejorar-, la Justicia –actuando como corresponde para poner presos a quienes tengan que ir presos- y la ciudadanía -entendiendo lo que realmente pasó aquí y quiénes son sus verdaderos responsables- no hacen lo que tienen que hacer la Argentina habrá perdido una oportunidad única para limpiar, de una buena vez, toda la mugre que tapa su futuro.

El discurso ante la Asamblea Legislativa fue un discurso con los ojos puestos en el futuro, básicamente convocando a la unidad y al trabajo en conjunto. Sólo se anunció una medida: la universalización de las asignaciones por hijo. Después, no hubo anuncios concretos de política económica ni mucho menos de medidas operativas. Los bancos funcionaron sin feriado cambiario, lo mismo que ocurrirá mañana. El mando se trasmitió en un día laborable, sin asueto de ningún tipo, en otro indicio de que el país necesita trabajar sin parar para salir del desastre económico al que fue conducido.

No obstante, una multitud voluntaria, ajena a los micros y a los punteros, se juntó en la Plaza de los Dos Congresos, a lo largo de la Avenida de Mayo y, sobre todo, en la Plaza de Mayo.

Macri saludó desde el balcón de la Casa Rosada en la que esperamos que sea su única aparición en ese lugar propio de imágenes no modernas de la política.

La era que se inicia en la Argentina no debe ser interpretada como una nueva refundación de la república: la Argentina debe ser el país que más veces ha sido fundado en el mundo. Cada uno que ha llegado al mando se ha creído una especie de iluminado con la capacidad de inaugurar un país nuevo.

Macri repitió varias veces que no es infalible y que abrirá el Gobierno para que todos puedan señalarle sus errores y sus pasos en falso. Después de décadas de Gobiernos caudillistas, la Argentina se abre a una modalidad nueva, quizás nunca antes experimentada desde la independencia.

Aun con la vigencia de la Constitución en su más pleno esplendor en el siglo XIX y comienzos del XX, el país tuvo liderazgos paternalistas que hacían punta en una persona. Y más allá de los buenos o los malos planteles ministeriales que hayan acompañado a los presidentes, era la figura del presidente la que terminaba decidiendo todo por su propia voluntad.

Macri anunció hoy una nueva manera de manejarse. Se declaró antes que nada falible, esto es, no cree que sea el dueño de una verdad revelada ni el portador exclusivo de la argentinidad. Pidió ayuda a todos y apeló a la unidad.

Fue una sutil manera de notificarnos que ya no tenemos un padre (ni una madre) en la Presidencia. Nuestra vida es nuestra. En su mensaje se lo entrevió como estar presto para remover los obstáculos que se interpongan entre nuestro plan de vida y nuestros objetivos. Pero ya nos dijo que no nos proveerá de un plan de vida. Ese es nuestro desafío, nuestra oportunidad, nuestro protagonismo. Esta debe ser la hora de los argentinos, no solamente la hora de Macri.

Ese plan debe incorporar la relación confiada con el otro, sabiendo que todos estamos sometidos a un orden jurídico igualitario y aplicado por una Justicia imparcial.

El Presidente tendrá una tarea ciclópea por delante. Hacer frente al desastre generalizado provocado por doce años de kirchnerismo, tanto en las cuentas públicas como en la moral de la nación, lo ponen a prueba como líder, como estadista y como ser humano. El espíritu maligno, lleno mordacidad y sarcasmos, con el que la señora de Kirchner ha gobernado durante los últimos ocho años ha calado hondo en muchos sectores sociales de cuya buena voluntad el Presidente electo también va a necesitar.

En ese sentido fue atinado no hacer referencia a su antecesora en malos términos. Sí dejó en claro que el Estado no será ya confundido ni con la propiedad ni con el patrimonio de los funcionarios, pero fue prudente al abstenerse de chicanas que otros no hubieran dudado en usar.

La principal tarea del nuevo Gobierno, por encima de las urgencias económicas, de la terminación del aislamiento internacional, del enfrentamiento a la inseguridad o al narcotráfico consiste en cerrar las heridas abiertas gratuita y artificialmente durante estos últimos años. Seguramente habrá interesados en mantenerlas. Como lo probaron los oprobiosos hechos de los últimos días.

Pero el nuevo Presidente debe seguir sin prisa pero sin pausa en suturar esas divisiones. Naturalmente que mucho dependerá de cómo le vaya en lo económico, porque, para bien o para mal, aun quienes viven quejándose del materialismo, eso es, precisamente, lo único que les interesa.

En ese punto sí, entonces, deberá ser muy claro, en esta misma semana que viene, para informar al país con qué se ha encontrado y cuál es el verdadero estado de la Argentina. No se puede decir la verdad si no se es descarnado desde el inicio.

Finalmente, al lado de esas sabidurías económicas, el nuevo Gobierno deberá ser implacable con la honestidad pública, pasada, presente y futura. Nada que encuentre que sea oscuro o sospechoso debe quedar fuera del alcance de la investigación judicial, sean quienes sean los involucrados. La Justicia deberá estar a la altura de los acontecimientos y quizás, por primera vez, tomar el guante de la independencia y la imparcialidad. Nunca más los fallos deben ser el reflejo de los vientos políticos, sino el resultado de un contraste entre las conductas y las leyes.

La sociedad también deberá aportar no sólo aquella dosis de adultez de tomar la vida en sus propias manos, sino ser paciente y comprensiva. El daño ha sido mayúsculo como para que el orden aparezca mágicamente de la noche a la mañana.

Por último, el peronismo está a prueba de cara a todo un país que lo mira. Es su oportunidad de dejar atrás la demagogia, el usufructo del Estado en provecho propio y el ejercicio de la conspiración como deporte partidario. Ha llegado la hora de demostrar que, como dijo su líder, primero está la Argentina. El menudeo y la pequeñez en que generalmente se han movido debe quedar atrás si no quieren convertirse en una secta que sólo busca revanchas.