El gobierno parece estar adoptando esta actitud infantil para todo aquel que lo acusa de algo: si me denunciás por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, te denuncio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva. Es genial; es estúpido.

En la causa en la que el juez Claudio Bonadio estudia el caso de la empresa Hotesur, de propiedad de la familia presidencial, ya están acusados por los mismos delitos que el juez investiga, el propio magistrado, la denunciante y la principal testigo.

En efecto, primero el mismísimo Banadío y luego Margarita Stolbizer y Silvina Martinez una ex empleada de la IGJ que presentó su testimonio ante el juez han sido denunciados por hacer lo que ellos dicen que hacen los funcionarios.

Se trata de una regresión a la adolescencia. Margarita Stolbizer podrá tener éstas o aquéllas ideas pero ¿quién puede creer en su sano juicio que lava dinero o que se enriqueció ilícitamente?

Resulta francamente increíble este tipo de respuesta. Parecería que uno está frente a un camorrero, antes que frente a una persona adulta, a cargo del Estado.

La propia presidente por Twitter hizo revelaciones sobre la situación legal de una sociedad en la que Bonadío es parte, olvidando que es algo muy parecido a un delito que un funcionario revele la situación patrimonial de otro, a la que tuvo acceso justamente por ser funcionario. Nadie puede valerse del hecho de que, por ser funcionario público, uno tiene acceso a determinada información de ciudadanos particulares, para, después, andar divulgándola por allí para obtener una ventaja personal o ejercer una presión indebida. Pero se ve que la Sra de Kirchner es muy afecta a esos procederes: ya lo había hecho con el inmobiliario que se había atrevido a opinar que el cepo cambiario había afectado al mercado inmueble y con aquel abogado a quien tachó de amarrete por regalarle solo un alfajor a su nieto.

Hoy el diputado Roberto Felletti dijo que “ordenar un allanamiento de una empresa en la cual la Presidente es parte,  para crear sospechas sobre su buen nombre es una actitud absolutamente golpista”. “El procedimiento del allanamiento fue innecesario, no recabó ninguna información. Lo hace en connivencia con otra diputada, como Stolbizer, que también tiene ribetes golpistas”, agregó.

A ver, Felletti, vayamos con cuidado. Invirtamos el argumento y preguntemos ¿qué podría esperarse de funcionarios que saben de antemano que cualquier acción de investigación que quiera insinuarse contra ellos sería catalogada inmediatamente como “golpista”? Si a ningún funcionario no se lo puede tocar porque el mero hecho de amagar hacerlo significa protagonizar un intento de golpe, ¿dónde quedan los frenos y contrapesos de la Constitución, Felletti? Si un funcionario sabe que es intocable; que está más allá de la ley aplicable al resto de la ciudadanía; si los temores a la aplicación de la ley que tiene el resto de los ciudadanos lo tiene a él (o a ella) sin cuidado, ¿dónde terminaríamos, Felletti? ¿No le convendría volver a los libros, Felletti? Salvo que usted tenga una visión medieval de la Argentina y quiera proponer un esquema feudal de minorías privilegiadas integradas, entre otros, por usted mismo, su razonamiento está completamente fuera de foco… y fuera de la ley también.

El artículo 16 de la Constitución dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es decir: todos somos iguales; nadie es superior a nadie, ni por título, ni cargo, ni fortuna, ni títulos, ni nada. ¿Ha venido el gobierno de los Kirchner a delinear otra fisonomía para la Argentina, Felletti? Porque si así fuera, sería interesante que tuvieran la valentía de decirlo; con todas las letras: “Venimos a imponer una nueva nobleza que está por encima de ustedes y que no puede ser investigada porque se haya desligada del cumplimiento del orden jurídico general”. Diganlo. No es difícil. Me llevó apenas un reglón y medio escribirlo. Pero no lo den a entender: diganlo. Aunque crean que han dado ya suficientes muestras de que ese es su objetivo, no importa: díganlo. Diganselo en la cara al pueblo, a los “40 millones de argentinos”, como repite la locutora oficial.

Que la presidente tome el micrófono y diga: “Pretender someterme a mí a las leyes a las que están sometidos ustedes es un acto destituyente y todo aquel que pretenda investigarme a mí o a los funcionarios de mi gobierno bajo el imperio de esas leyes, será considerado, por ese solo hecho, como golpista; como alguien que quiere derrocarme por trabajar para intereses foráneos y corporativos que solo persiguen el perjuicio del pueblo”.

Es hora de dejar los infantilismos atrás. De un lado y del otro. El gobierno debe dejar de pronunciar “que te ‘recontras’” y la sociedad debe dejar de creer en el cuento de hadas de que los funcionarios deben gozar de impunidad para que puedan dedicarse a cuidar al pueblo.

Esto es una República, muchachos, por si no se dieron cuenta. Hay esfuerzos denodados por convertir a la Argentina en una República Bananera. Pero eso no quiere decir que vayan a tener fatalmente éxito, si algunos resortes de reacción están con vida aún.

Resulta obviamente más fácil caerle a estos dos “perejiles” que profundizar una investigación sobre el empresario patagónico de las “cavas” domésticas que quién sabe adónde puede terminar.

Empecemos por recordar que, de la carátula del expediente original, el nombre de Lázaro había sido eliminado por presión de la Procuradora General Gils Carbo, la soldado de la presidente que según sus propias palabras se puso “ su disposición” al asumir su cargo.

La militante de Justicia Legítima movió sus fichas para que en la portada del expediente solo quedaran los nombres del valijero Fariña y del arrepentido de sí mismo Elaskar. Solo la presión de la información pública hizo que el nombre de Báez no pudiera seguir ausente del título de aquel expediente.

De todos modos -dado lo que ahora conocemos- la decisión de sacar al dueño de Austral Construcciones del centro de la investigación ya estaba tomada.

Fariña y Elaskar están procesados por el lavado de casi 60 millones de dólares en una causa que involucró la participación de una cadena de empresas fantasma y que recorrió Panamá, EEUU y Suiza.

El valijero declaró públicamente que él trabajaba para Báez y que ese dinero no le pertenecía a él sino al empresario patagónico. El mediático ex esposo de Karina Jellinek también dio a entender que Báez tampoco era el último eslabón de la cadena en esa generación turbia de fondos.

Es esa escalera ascendente en la averiguación del origen de los fondos la que la Justicia se niega a escalar.

Hay documentación que a esta altura es pública y que ha circulado desde la televisión hasta las manos del fiscal Campagnoli que deja a los procesados de ayer a la altura de unos nenes de pecho cuando se compara su involucramiento con el de otros peces gordos.

Resulta obvio que Fariña y Elaskar han puesto a disposición su “trabajo” (uno su caradurez sin límites y el otro su ingeniaría financiera) para canalizar ciertas operaciones que permitieran sacar dinero al exterior y para volcarlo al circuito legal, pero que no son ni los cerebros ni los generadores de los hechos que terminan produciendo estas avalanchas de fortunas.

La Justicia debería investigar el origen final de los fondos. Casanello se apoya justamente en esos vericuetos para justificar por el momento el no procesamiento de Báez. Pero si la investigación va a continuar algún día por el sendero del sentido común, no caben dudas de que el hilo debería desenredarse hacia las actividades que generaron esos dineros.

Luego, por su puesto, está la ingeniería que constituye empresas aquí y allá par confundir y hacer dificl la trazabilidad de la ruta. Pero el núcleo central de la investigación debería consistir en averiguar qué produjo esas fortunas.

Y es allí donde la investigación a Lazaro Báez puede volverse vidriosa. El empresario patagónico, que era oficial de cuentas del Banco de Santa Cruz, tenía una amistad muy cercana con los Kirchner, fundamentalmente con Néstor. Fue el ex presidente el que lo sacó del Banco para aprovechar todo el conocimiento que Báez tenía de la gente con deudas en Santa Cruz.  Con esa base de datos Kirchner se constituyó en un financista paralelo al sistema financiero oficial de la provincia. Hasta aquellos días se remonta su amistad.

Cuando Kirchner llega al gobierno, Báez se transforma milagrosamente en un empresario de la construcción con una capacidad admirable para ganar licitaciones.

Si bien Casanello fundamentó su decisión respecto de Elaskar y Fariña en el hecho de que se trata de operaciones realizadas en el mercado local y que, respecto de Báez, aún está esperando información internacional, lo cierto es que unas operaciones (las de expatriación de capitales en la que está acusado Báez) no podrían ser posibles sin las otras.

La señal dada ayer por la Justicia ayer parece dar validez a la versión más farándulezca de los episodios sin vocación por profundizar los costados más oscuros del caso.

Cuando los nombres de Fariña y Elaskar saltaron al dominio público, el gobierno hizo un esfuerzo muy notorio para llevar el caso a los programas mediáticos de chimentos, aprovechando la aparición de algunos personajes que tenían que ver con el mundo del espectáculo como la mujer de Fariña, Karina Jellinek, o Ileana Calabró, la esposa de Fabián Rossi, uno de los involucrados en los trámites de constitución de empresas en el exterior que llevaba adelante “la Rosadita” de Elaskar.

Pero la Justicia no debería “comerse ese amague” y, al contrario, debería tratar de profundizar la línea de investigación que intente descubrir dónde se originaba el dinero que Báez confiaba a Fariña y Elaskar para que lleven de un lado a otros en una maraña financiera-legal que, sobre todo Elaskar, daba muestras de manejar con maestría.