la plata en efectivo que a un hombre de izquierda”.

Pablo Emilio Escobar Gaviria

Hoy el diario Infobae publicó una información que puede cambiar el curso de los acontecimientos en una de las causas judiciales más importantes que tramitan hoy ante los juzgados federales.

Se trata de un escrito presentado por los hijos menores de Lázaro Báez, Leandro y Luciana, por el que recusan al juez Sebastián Casanello bajo el argumento de que el juez montó la causa que tiene detenido a su padre para proteger a la familia Kirchner y que la estrategia del expediente —incluidos los abogados de Báez— es dirigida directamente por Cristina Fernández, en un diseño decidido por la ex Presidente en reunión con el juez Casanello, Wado de Pedro y el ex viceministro de Justicia, Julián Álvarez, que tuvo lugar en Olivos.

Tal y como si fuera el relato de escenas que transcurren en la serie El Patrón del Mal, la crónica describe serias divergencias en el seno de la familia del ex cajero del Banco Santa Cruz que habrían estallado ahora con la presentación que tiene como objetivo separar a Casanello de la causa.

El escrito cuenta que el juez disponía desde hace por lo menos tres años de un caudal de pruebas idéntico al que posee ahora (salvo por el video de gente contando dinero en La Rosadita, aun cuando aclara que, a falta de ese, disponía de otro en el que se veía a varias personas sacando abundante documentación del mismo lugar, sin que el juez hubiera movido un dedo por eso) y que se basó, para detener a Báez, en declaraciones del testigo Leonardo Fariña, incluso cuando se cuidó muy bien de usar otras de sus declaraciones para llamar a pedir explicaciones ante su juzgado a las personas que ejercieron el poder hasta el 10 de diciembre.

En efecto, Leandro y Luciana Báez ponen ahora por escrito lo que saltaba a la vista de un modo groseramente obvio: tanto Casanello como Guillermo Marijuán se la han pasado hablando de sobreprecios en la obra pública y de adelantos financieros del Estado sin que por ello se les haya ocurrido, aunque sea por simple curiosidad judicial, citar a los estrados a los funcionarios que los aprobaban para que den las correspondientes explicaciones. Del mismo modo, hacen notar que la propia trama que aparece en la causa no sería posible sin la participación de una cantidad importante de entes estatales a cuyos responsables tampoco se ha citado. Hacen la excepción de Ricardo Echegaray, aun cuando tampoco se muestran conformes con la profundidad con la que el juez lo ha investigado.

Los hijos de Báez ponen especial énfasis en relatar que el juez no parece interesado en saber quiénes eran los últimos eslabones de la cadena de corrupción y que pretende detener su investigación acusando de todo a su padre, quien a juicio de ellos sería tan sólo un prestanombre de Kirchner.

En ese sentido, el escrito de hoy solamente sería una primera presentación a la que seguiría otra, en donde los hermanos menores de la familia mostrarían un contradocumento que demuestra que su padre era un mero testaferro de los Kirchner.

Según supo Infobae, Leandro y Luciana tendrían en su poder una agenda de su padre en la que constan al menos tres encuentros, todos a medianoche, en Olivos, entre la entonces Presidente, el juez Casanello, Wado de Pedro, Álvarez y el propio Báez. En ese mismo material constarían comunicaciones entre Báez y Casanello antes de que el primero fuera detenido. Los hermanos Báez pedirían que se investiguen al menos cuarenta llamadas telefónicas que el juez Casanello hizo a Santa Cruz el día que Báez fue detenido en San Fernando.

Como surge del relato, no hay nada nuevo que la gente común, medianamente informada, que ha leído los diarios en los últimos tres años o ha visto los programas de investigación periodística por televisión, no supiera. Sólo Casanello ha aparecido como al margen de lo que estaba ocurriendo. Cuando todo pasó a ser demasiado evidente, sólo se limitó a levantar el nivel de espectacularidad mediática de las actuaciones, pero no a dirigir sus investigaciones hacia el origen del dinero que, como no puede ser de otra manera, proviene del robo a los bolsillos del pueblo.

Casanello ha repetido más de una vez que Cristina Elisabet Fernández no está siendo investigada en esta causa y que no será citada a declarar. Recientemente, en un reportaje para La Nación, dijo que no la conoce y que nunca en su vida la vio en persona y que nunca habló por teléfono con ella, al mismo tiempo que negó su vinculación con la agrupación política La Cámpora.

Hace ya varios meses que en estas mismas columnas hemos avisado sobre el papel que en un futuro próximo deberían tener los tribunales de alzada, jerárquicamente superiores a Casanello, para salvar esta investigación y para que finalmente los culpables últimos y verdaderos responsables del saqueo al Estado no se salieran con la suya.

Los hijos menores de Báez han apretado el botón que enciende esa maquinaria. Ahora será la Cámara Federal la que, más tarde o más temprano, deberá entender en el pedido de recusación. Recordemos que esa misma Cámara le había solicitado al juez que ampliara su investigación y que no la limitara a menudencias.

Si esos mecanismos funcionaran, Casanello podría ser reemplazado como juez de la causa de la ruta del dinero, lo que daría una oportunidad más a la verdad. Luego podría tener un Jury en el Consejo de la Magistratura y un juicio político que, eventualmente, lo destituya.

Pero eso no es lo importante. Casanello es, al fin y al cabo, una anécdota. Lo importante aquí es que los mecanismos de vigilancia y control funcionen intrajudicialmente. Hasta ahora no lo han hecho, porque —repetimos—, tal como lo dicen los hermanos Báez, las pruebas para dirigir la investigación hacia los Kirchner estaban a disposición del juez hace ya varios años y, sin embargo, más que esos rezongos infantiles, Casanello no fue interpelado por sus superiores como hubiera correspondido.

Tampoco Daniel Rafecas, que durmió la causa Hotesur por ocho meses y puso en peligro pruebas cruciales, ha recibido un solo pedido de explicación de la Cámara que debe ejercer sobre él una tarea de superintendencia.

Ojalá ahora la enjundia furiosa de un par de chicos sirva para que esta vez la causa reciba el zamarrón que está necesitando urgentemente.

A su vez, dichas propiedades habían estado en el candelero público desde hacía al menos cuatro años, ya que más de una publicación periodística había dado cuenta de ellas con suficiente detalle. El juez Sebastián Casanello recién ahora dispone esta pesquisa. Qué podrá encontrarse allí, habiendo dado la Justicia todo este tiempo de ventaja a los delincuentes, no se sabe. Lo que sí es completamente seguro es que todo este proceder parece un chiste. Lo único que falta es que al no encontrar nada ahora digan: “¿Vieron que Lázaro es inocente? No había nada”.

La actuación de los jueces involucrados en las investigaciones contra el clan Kirchner es francamente vergonzosa. Casanello, que se ha mostrado velocísimo para investigar los hechos de consumo de drogas en Costa Salguero, ha sido prácticamente un encubridor de los imputados en la causa por la ruta del dinero K. Llevaba el expediente con una notoria demora hasta que el video de La Rosadita, con la obscena escena de parte de los acusados contando más de cinco millones de dólares, lo puso en evidencia y algo tuvo que hacer. En ese contexto recibió a Fariña, pero sugestivamente permitió que su declaración se filtrara a la luz pública y no se movió con prontitud respecto de la catarata de datos que aportó el valijero.

La Cámara lo apuró (mandándolo incluso a recuperar parte del botín) y en ese contexto dispuso los allanamientos de hoy, pero con el retardo que mencionamos y cuando todas las propiedades sospechadas estaban en las pantallas de televisión desde hacía 48 horas. ¿No debería ser sancionado Casanello? Si puede seguir tranquilo por la vida, como si hubiera hecho todo bien, ¿no estaría dando la Justicia una pésima señal a la sociedad? Me parece que la respuesta es obvia.

Otro juez, Daniel Rafecas, hace siete meses que recibió la causa Hotesur —extirpada de las manos de Claudio Bonadio cuando este mandó a allanar las oficinas de Máximo Kirchner en Santa Cruz— y no movió ni una hoja de papel. La abundante documentación traída desde el sur (aun cuando se sospecha que los Kirchner pudieron retirar mucha más antes de que el operativo en Río Gallegos fuera finalmente habilitado, luego de tres horas de espera por la jueza local, que había recibido el exhorto de Bonadio) duerme en un cuarto de la Gendarmería, sin que el juez le preste la menor atención. ¿Seguirán esos papeles, discos rígidos, pendrives y demás archivos allí? ¿O alguien ya los habrá inutilizado?

Durante el tiempo en que las Fuerzas Federales y la Policía Metropolitana tuvieron que esperar en la puerta de la inmobiliaria de Kirchner, varios empleados retiraron bolsos que cargaron en el baúl de un auto y se los llevaron. Esa escena está filmada. Nadie actuó en consecuencia.

La llamada “ruta del dinero K” (obra pública sobrefacturada por Báez, bóvedas y cuentas offshore que armaron Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Fabián Rossi) tiene una conexión necesaria con la causa Hotesur, en la que se investiga cómo los cuartos de hotel de Cristina Fernández eran alquilados y pagados por Báez, aunque nunca los ocupara nadie. Sin embargo, esta conexión de hecho no aparece reflejada en una investigación judicial global que unifique toda la operatoria y demuestre la alianza para saquear el Estado que había constituido Kirchner con Báez.

A su vez, ese modus operandi aparece repetido en otras muchas áreas de la gestión del Estado, como lo demuestra la reciente denuncia de la diputada provincial de Jujuy Mabel Balconte, que relató cómo parte de los dineros que el Gobierno de los Kirchner le daba a la organización Túpac Amaru, de Milagro Sala, volvía a Olivos en la forma de bolsones de plata para Máximo Kirchner, “El Principito”.

Lo que vamos teniendo enfrente, entonces, es la constitución de una sociedad madre formada para robar los dineros del Tesoro Público a través del armado de distintas subsociedades que operaban en distintos frentes: con la obra pública (Báez), con los planes sociales (Sala), con los transportes (Ricardo Jaime), con la energía (Julio de Vido, Francisco López), etcétera.

Si esta ingeniería, muy hábil y sofisticada en la teoría, pero llena de chapucerías en los hechos (desde el cuadernito de Néstor hasta la farandulización de Fariña), no es correspondida con una investigación omnicomprensiva, responsable y limpia por parte de los jueces, hay muchísimas posibilidades de que, una vez más, los responsables se salgan con la suya y —en este caso— no sólo se salgan con la suya, sino que produzcan un regreso político rodeado de una gloria parecida a la que suele acompañar a las víctimas redimidas.

Los resortes de superintendencia que tiene la Justicia respecto de los jueces de primera instancia deberán estar muy atentos a cómo estos manejan estos casos. Y por supuesto esa tarea de vigilancia debe implementarse sin caer en una demora semejante a la que se opera en primera instancia. Concretamente: Casanello y Rafecas no pueden continuar sin que sean advertidos públicamente por la Cámara Federal y esta no podría evitar poner los pliegos de los jueces a disposición del Consejo de la Magistratura para su juicio político si no recibe respuestas prontas y satisfactorias.

La sociedad, que saca conclusiones por la aplicación del sentido común, no puede entender cómo las cosas en la Justicia funcionan de un modo tan alejado a ese criterio. Es preciso que los jueces junten de una vez los tiempos de los procedimientos judiciales con los tiempos del sentido común medio de la sociedad. De otra forma, las excusas de los tiempos procesales no serán interpretadas por la gente de otro modo que no sea el de un pretexto para extender un nuevo salvoconducto de impunidad.

Bajo los influjos de ese estupefaciente nació una generación de zombies que siguió, poco menos que ciegamente, un proyecto cuyo único objetivo consistía en el saqueo del Tesoro Público.

El relato se apoyó, básicamente, en dos sostenes fundamentales: una épica revolucionaria, populista, nacionalista, divisoria y antioccidental; y una lluvia de mensajes a repetición que llenaba el espacio público con supuestos logros que solo aparecían en estadísticas falseadas, en obras que nunca se hacían, y en un copamiento visual constante que no ahorró cadenas nacionales, la construcción de un aparato paraestatal de propaganda fondeado con dinero de todos y una irresponsable emisión monetaria que depreció la moneda local hasta convertir a su billete de máxima denominación en el equivalente a cinco dólares.

Toda esta infernal maquinaria tenía como objeto mantener una mentira; a poco que se retirara la polvorienta superficie poblada de palabras huecas y de histrionismos baratos, no se encontraba nada, solo robo y corrupción.

Sin embargo el modelo no solo funcionó, sino que concitó el 48 por ciento de apoyo electoral en las elecciones de noviembre del año pasado.

Este dato da la pauta de que a una enorme porción de la sociedad le gusta el verso; más allá de que viva como el traste, esté colgada de un plan y su trabajo solo consista en precariedades, sigue adorando el mito del Estado salvador y de personas que pueden confundirse con la mismísima Patria. Se trata del mismo sustrato que uno encuentra en las sectas: una irracionalidad tras otra que, sin embargo, producen un fenómeno muy real y contra el que es difícil luchar porque en la mayoría de los casos viene acompañado de una dosis de fanatismo que no entiende razones.

Esta es la naturaleza, nos guste o no, que habita en las creencias y en la idiosincrasia de una parte importante del pueblo argentino.

Frente a esta verificación nos encontramos con lo que sucedió en noviembre: la mayoría cambió de bando y, por escaso margen, retiró del gobierno a los encantadores de serpientes y colocó allí a gente con un discurso diferente; a gente que cree que su principal misión en el gobierno es generar las condiciones socioeconómicas necesarias para que cada uno salga adelante por sí mismo y no por la ayuda asistencialista del Estado. Se trata de un cambio enorme. Es el choque de dos mundos completamente incompatibles.

Producido el cambio político, es natural que, quien ganó, saque la rápida conclusión de que lo hizo porque la sociedad entendió su mensaje, cambió de verdad y está dispuesta a emprender esta nueva manera de vivir que consiste en encarar la vida con un plan propio (básicamente fundado en las aspiraciones y en los gustos personales y no en aguantar lo que otro o las circunstancias de la vida dispongan), en ser responsable por los actos y las decisiones propias y en dar por sentado que el gobierno debe ser concebido no como un dador de soluciones llave en mano, sino como un removedor de obstáculos para que cada uno nos demos a nosotros mismos las soluciones que más nos plazcan.

La pregunta entonces es: ¿de verdad la sociedad produjo ese cambio? ¿El resultado electoral fue la consecuencia de que la sociedad cambió el chip y quiere ir hacia esa vida autónoma e individualmente responsable?

Una primera aproximación de respuesta nos la da el propio resultado de las elecciones: 52 a 48. Evidentemente no estamos aquí ante un escenario claro de cambio. Podría decirse incluso que dentro de la nueva mayoría hay mucha gente que votó a Cambiemos porque estaba harta de los Kirchner, de tanta impunidad, de tanto relajo, de tanta corrupción obscena y de tanta soberbia prepotente. Pero puestos esos extremos a salvo, mucha de esa gente sigue compartiendo la concepción paternalista de la vida según la cual cada uno de nosotros debe aspirar a recibir una vida resuelta y no simplemente las herramientas para que cada uno la resuelva solo.

Por lo tanto a medida que Mauricio Macri (probablemente convencido de que en la Argentina finalmente se produjo aquel click mágico) avance hacia el alumbramiento de un nuevo contrato social en el que cada argentino debe ser el artífice de su propio destino, con independencia de los planes que el Estado tenga para él, es posible que aparezcan resistencias culturales a esa pretensión porque ella desafía seriamente los cimientos de una estructura de pensamiento que ha dominado el subconsciente y el sentido común medio de la sociedad durante los últimos 60 años.

Y es aquí en donde se plantea entonces el imperio de una paradoja tal vez inmensamente cínica pero que vale la pena ensayar sabiendo que es para bien de todos y para el bien de la Argentina como proyecto en este mundo. Después de todo si las herramientas que vamos a sugerir aquí se usaron con éxito para hacer el mal, para dar nacimiento a una casta de privilegiados que nos esquilmó y nos dejó en la miseria; si sirvieron para aislar a la Argentina hasta convertirla en un rincón oscuro y muchas veces innombrable en el concierto internacional, ¿por qué no intentarlas por las buenas razones, por los buenos motivos, por el bien, por un futuro mejor? 

Me dirán ¿acaso sugiere que las herramientas que se usaron para hacer el mal se usen para hacer el bien?, ¿y parte del mal no eran las propias herramientas? Veamos…

Empecemos por el llamado “relato”. Si hubo un relato de la mentira, ¿por qué no puede haber un relato de la verdad? El gobierno parece animado por la idea de que la gente “se dará cuenta sola de lo que hacemos bien”. No, muchachos. No es así: hay que repiquetear constantemente con los logros y sus consecuencias. Va un ejemplo: la salida del default después de casi 15 años pasó desapercibida; quedó sepultada por Báez, Chueco y por Cristina Fernández reunida con intendentes del FpV. ¡Es increíble! ¡No se puede regalar la cancha así! ¡Y menos a un conjunto de sucios que no dudarán un instante en tergiversar los hechos para salirse con la suya!

Otro ejemplo. El Presidente dio a conocer un paquete de medidas tendientes a aliviar la situación económica de más de 10 millones de argentinos, con diferentes paliativos que tienen que ser temporales pero que en este momento son muy importantes. ¿Cuándo lo hizo? ¡Un sábado a la mañana! ¿Pero quién los aconseja? ¿El enemigo?

Esto debe cambiar. Es imprescindible que un equipo profesional que conozca a la perfección la idiosincrasia nacional se haga cargo de la situación y diseñe un plan comunicacional para que, desde la palabra, le gente escuche lo que necesita escuchar AL MISMO TIEMPO QUE, POR OTRO LADO, se van haciendo las cosas para que esa misma gente vaya advirtiendo las ventajas de vivir de acuerdo al otro modelo: al que la invita a diseñar su vida y a intentar concretarla por sí misma.

La imagen que mejor refleja esta idea es la de tomar a cada uno de la mano porque estoy convencido que es mejor que cada uno camine solo. Este es el imperio de la paradoja al que me refería más arriba.

¿Pero cómo voy a tomar a cada uno de la mano si lo que creo –justamente- es que es mejor (antes que nada para él mismo) que camine solo? Porque si creo que de repente ese ser humano acostumbrado poco menos a que le den de comer en la boca, cambió diametralmente y ahora quiere comerse el mundo por sí mismo, me voy a equivocar.

Hay que construir un relato libertario para que el gobierno pueda demostrar en el escenario preferido de los argentinos -la calle- que su concepción del mundo y de la vida cuenta con el apoyo de una mayoría decisiva de la sociedad. Si se cede ese terreno bajo argumentos tales como “la gente se va a dar cuenta sola”; “no perdamos energía en eso”, etcétera, etcétera, va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta de que perdimos el objetivo porque desdeñamos y subvaluamos lo que puede ser un mensaje inteligente y cautivador.

Los argentinos prefieren ser seducidos por las palabras antes que por los hechos. Alguien urgentemente debe darse cuenta de eso en el gobierno. Si de todos modos Cambiemos sabe que lo anima la buena leche de no entregar solo palabras sino también hechos, ¿por qué renunciar a las palabras? Si medio país cayó narcotizado por un proyecto que no tenía más que verso y sanata, ¿por qué no agregarle al eficientismo de los hechos, la humanidad de las palabras? Sería muy estúpido que esta oportunidad se perdiera porque nadie supo desentrañar como conquistarnos.

El kirchnerismo demostró que supo advertir unas cuantas cosas que nos gustan a los argentinos. Las puso en práctica y enamoró a millones que le permitieron robar y saquear al Estado para beneficio propio. ¿No será posible que alguien indague sobre esos gustos y los use inteligentemente para hacer de la Argentina y de los argentinos algo mejor? Estoy de acuerdo en que lo que nos gusta es, justamente, lo que tenemos que cambiar. Pero… ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? Lo único que no puede hacerse es subestimar el inconsciente. Imperiosamente hay que encontrar una manera para que, usándolo, alumbremos un país nuevo y una vida mejor.

Investida de un renovado brío de rencor, la Sra. de Kirchner estuvo una hora y media delante del micrófono repartiendo críticas por doquier, haciendo campaña política de modo indisimulado mediante el uso de los recursos públicos pagados por los argentinos de todas las ideas (no solo por aquellos que comparten las suyas) y empezando esas admoniciones por ¿su propio candidato?, Daniel Scioli.

De lo dicho por la Presidente, se desprende que su proyecto es maniatar a cualquiera que venga a partir del 10 de diciembre para que no puedan tocar un solo grano de arena de la montaña que se ha formado en los 12 años de kirchnerismo. Para ese sector cualquier cambio equivale a una traición. A tal punto ha crecido su convencimiento de que ellos son la Argentina que entiendan que cualquiera que intente modificar ese rumbo es un enemigo de la nación.

Para ello, aun en el caso de que gane Scioli, preparan una estrategia de trincheras en el Congreso para tornar imposible el gobierno de un cambio. Parte de eso por ejemplo tiene que ver con el anuncio del envío de un proyecto de ley al Congreso según el cual para introducir cambios en la estructura accionaria de empresas que tengan acciones de la ANSES se requerirá una aprobación legislativa que reúna los 2/3 de los votos. Más trabas, más cepos, más prohibiciones, más regulaciones para una economía ya asfixiada por ataduras de todo tipo, que la han postrado y, en muchos casos, le han provocado la muerte. No sería extraño que en la nueva agencia creada por esa ley termine llevando la voz cantante el hoy ministro de economía Axel Kicillof.

Cuando la Presidente se metió de lleno en la campaña, habló de la existencia de “mala gente”. Es probable que la Sra. de Kirchner tenga razón, aun cuando haya discrepancias sobre quién es esa “mala gente”.

La referencia apareció cuando comentó cómo algunos candidatos habían “usado” –según ella- el drama de las inundaciones para tratar de sacar rédito político. ¿Será que la Presidente habla desde el lugar que tiene alguien que prácticamente ha hecho un doctorado de esa práctica? Mencionó (sin nombrarla, como es un clásico en ella) a María Eugenia Vidal a la que describió como calzándose las botas para hacer demagogia. Seguramente olvidó su propia e incómoda visita a La Plata, en 2013, cuando, también con botas, intentaba explicar el casi centenar de muertos que se llevó el agua. O sus incursiones en el barro salteño cuando, también con botas, aparecía frente a las víctimas de un aluvión, quizás en un momento en donde le daba más valor a su presencia que a su borrada.

Intentó conectar a Macri con los 90, cuando también sin nombrarlo habló del salariazo y la revolución productiva. Uno se pregunta ¿quién hacía política con Menem en ese momento, Macri o los Kirchner, para quien Menem fue el más grande presidente argentino?

Dedició un párrafo -que habría sido mejor evitar- para el militante radical muerto a balazos en Jujuy por repartir volantes de apoyo al senador Gerardo Morales. La Presidente entró en una pueril discusión sobre la afiliación del asesinado, asegurando que pertenecía al movimiento Tupac Amaru y a Unidos y Organizados. El pequeño detalle que olvidó es que en el régimen comuno-fascista que de hecho gobierna Jujuy no se puede vivir si no se está afiliado al movimiento que lidera la dirigente antidemocrática Milagro Sala: para estudiar, para trabajar, para hacer lo que sea en Jujuy, hay que afiliarse al ejército de Sala porque así se accede a planes, a viviendas y a las demás prebendas que Tupac Amarú negocia con el gobierno nacional.

La Sra. de Kirchner en ningún momento condenó el hecho. Sus palabras tendieron a desincriminar a quien es apuntado por las pruebas más importantes de haber cometido el crimen (la agrupación de Sala) pero no reservó ninguna palabra para la condena de la muerte, sea de quien sea.

El argumento del asesinato en ocasión de robo de celular no tiene ni pies ni cabeza, en un operativo en donde participaron tres motocicletas.

Luego la Sra. de Kirchner salió en una velada defensa de Lázaro Baez proponiendo que se investigue a todas las empresas concesionarias de obras públicas, un expediente muy parecido a armar una ensalada inentendible en donde, finalmente, no se investigue a nadie.

Respaldada por “filminas”, mostró los listados de esas empresas y en una de ellas aparecía entre paréntesis (en una variante bastante poco profesional) la leyenda “amigos de Macri”. Lo verdaderamente curioso es que al lado del nombre de Electroingeniería, la segunda empresa con más obra pública concesionada, no aparecía en ningún paréntesis aclaratorio la leyenda “amigos de Zannini” como públicamente es Gerardo Ferreyra.

La reaparición de la Presidente en cadena nacional no agregó un solo gramo positivo a los momentos nada tranquilos que vive la Argentina. Se necesita una palabra calma y de diálogo, no la exaltación de una utopía como aquella a la que le cantaban el clásico conjunto de desaforados del Patio de las Palmeras: la reelección de Cristina. ¿De qué hablan? ¿en qué planeta viven?.

Todo terminaría allí si el episodio se limitara a esa minoría. Pero los gestos sin equilibrio, desde un balcón elevado, de la que debería marcar los límites de la moderación son los que producen la preocupación y las dudas.

Al contrario, la “constitución material” de los argentinos -es decir, el conjunto de hábitos y costumbres de la sociedad- volvió a imponerse sobre la “constitución formal” (la jurada en Santa Fe en 1853) y rodeó de seguridades y blindajes a los funcionarios del poder mientras ejercieron el poder.

En los últimos años incluso se llegó a insinuar que cualquier amague de investigación sobre ellos implicaba una actitud destituyente y un acto de golpismo activo. En lugar de aceptar que lo que se ponía en juego eran los mecanismos previstos en la Constitución, se decía, justamente, que esa pretensión constituía un alzamiento contra la Constitución. Kafkiano.

De ese modo los funcionarios utilizaron el poder como un escudo de impunidad. No hace mucho un ícono de la corrupción, Alfredo Yabrán, definió de ese modo al poder: cuando se le pidió que resumiera en una palabra lo que para él significaba el poder, el fallecido empresario respondió: “impunidad”.

Desde que el juez Bonadio decidió allanar las supuestas oficinas de la empresa presidencial Hotesur y requerir sus antecedentes a la IGJ y a la AFIP, como así también pedir las declaraciones juradas impositivas de todos los miembros de la familia de la presidente y de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se abrió una posibilidad de que por primera vez el poder sea investigado mientras es poder.

Nadie sabe muy bien si los mecanismos que se han puesto en funcionamiento van a responder a la esencia republicana del control de un poder sobre otro (en este caso de la Justicia sobre el Ejecutivo) o si todo terminará en una riña de gallos en donde los personajes involucrados quieran cobrarse cuitas personales. De ser así, sería, claramente, una picardía.

El juez Bonadío no ha sido un dechado de prolijidad. No puede acusárselo de tener una inquina personal contra los Kirchner o contra el gobierno, porque, al contrario, los ha beneficiado en otras actuaciones. Alguna de ellas, incluso, le valieron pedidos de investigación en el Consejo de la Magistratura, investigaciones que ahora el propio gobierno esgrime para echarle tierra al juez.

Pero de todos modos el concepto, digamos, “neutro” de la investigación de los funcionarios del gobierno mientras están en el gobierno hay que anotarlo como un definitivo avance.

Obviamente el kirchnerismo arde en insultos, chicanas, indirectas furiosas y todo tipo de maldiciones hacia el juez. Por lo pronto, le ha radicado denuncias “espejo” a las que él le investiga a la presidente. Capitanich volvió al remanido argumento del golpe y la Sra de Kirchner dijo que no se dejará extorsionar por los “caranchos judiciales”.

Pero desde el punto de vista de la salud institucional de la República, el evento resulta esperanzador. Brasil echó de la presidencia a Fernando Collor de Melho por un procedimiento de impeachment sin que nadie argumentara que ese mecanismo fuera la fachada de un golpe. No hace falta recordar el clásico ejemplo del caso Watergate -que a esta altura aparece como un caso menor- en donde el presidente norteamericano debió dejar el gobierno por haber espiado a sus adversarios y, fundamentalmente, por haber mentido. A nadie en su sano juicio en EEUU se le ocurrió siquiera sugerir que aquello hubiera sido una destitución encabezada por los medios corporativos.

El caso de los manejos oscuros de las empresas presidenciales y de aquellas en las que aparece el empresario Lázaro Báez, que incluyen el posible desvío de fondos de la obra pública hacia las cuentas de las firmas que controlan los hoteles de la Presidente, puede transformarse en un caso testigo en la Argentina. 

Obviamente todo está teñido por la enorme capacidad que el país ha demostrado tener para arruinar cualquier investigación, desde el caso García Belsunce hasta el de Nora Dalmaso, por mencionar solo dos y del ámbito completamente privado. La sociedad siempre ha sido privada de saber la verdad y mucho más cuando sus propios recursos estaban en juego. Si ya es grave que la Justicia no pueda arribar a certezas contundentes en caso en donde los involucrados son individuos privados, con intereses privados y fondos privados, lo es mucho más cuando esas personas, tanto como los intereses y los fondos son públicos.

Quizás estemos siendo contemporáneos de un cambio histórico: que el poder sea juzgado civilizadamente, en paz y sin que ese hecho implique ningún cortocircuito constitucional, mientras está en el poder. Si la Justicia pudiera tener por una vez en la vida un ataque de seriedad y de grandeza y pudiera mantener esta línea de investigación con el objetivo de averiguar la verdad y no con otros intereses espurios, el país habrá dado un paso enorme hacia la civilización. Allí sí que podremos decir que, aunque estemos mal, vamos bien.

Parecería que, en este último caso, aquella enjundia que comprende el accionar conjunto y coordinado de varias agencias gubernamentales, deja paso a un notorio desdén que termina con argentinos muertos y con historias de desgracias cotidianas, sin que haya nunca ningún responsable tras las rejas.

Para el gobierno el delito no es la amenaza que se despliega cada vez que sale el sol sobre la vida y la propiedad de millones de indefensos, sino las conjuras que el mismo oficialismo imagina se tejen detrás de los cortinados de las “cuevas”. Y allí promete caer “con todo el peso de la ley”.

Se trata de la implantación final de un sistema de vida bajo vigilancia, no de los delincuentes, sino de lo que el gobierno considera delincuentes. Lo vivido ayer en el microcentro porteño, con decenas de camionetas azules que parecían camiones celulares listos para las redadas y con cientos de “policías” envueltos en mamelucos del mismo color como si fueran agentes de una división de tareas especiales -una especie de GEOF financiero- fue francamente bochornoso.

Saber que el Estado esta dispuesto a ingresar por la fuerza a una propiedad privada en busca de las pruebas de lo que ya ha dado por sentado, es francamente macabro. Sbatella, el titular de UIF, ha llegado a insinuar, incluso, que si eventualmente no se encuentra nada en los operativos, es porque esos lugares estuvieron avisados de antemano del procedimiento y gracias a esa información pudieron prevenirse y esconder las pruebas que los incriminaban. Si esta es la concepción, uno se pregunta por qué no se condena directamente a esas personas sin juicio previo y nos ahorramos estos espectáculos y estas declaraciones deprimentes.

La misma metodología, sugestivamente, se está llevando a cabo con los medios de difusión. En Bahía Blanca se ha procesado a Germán Sasso un periodista a quien le allanaron la redacción de su medio on line, La Brújula 24, para secuestrarle material relacionado con una investigación que vinculaba a Juan Ignacio Suris con Lazaro Baez en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Sasso fue acusado de encubrimiento agravado por no querer revelar sus fuentes cuando el secreto de esa información periodística está protegido por la Constitución.

Del mismo modo se ha dispuesto la “adecuación” por la fuerza del Grupo Clarín al tiempo que se aprueba la titularidad de medios en exceso de la ley a otros grupos.

La sociedad parece asistir absorta a estas movidas. No hay un estado de conmoción en las conversaciones cotidianas que aparezca como la otra cara de la moneda de lo que está pasando en las calles. Parece haber un acostumbramiento a que el delito que asesina, roba, viola y secuestra no tiene demasiado remedio mientras que, en el otro extremo, se ve como normal que brigadas de “inspectores” allanen propiedad privada en busca de pruebas de delitos que el poder ya ha configurado como tal antes de los operativos.

Muchos se preguntan si lo que está en marcha es la consecuencia de una enorme improvisación o si es el intento de aplicar una determinada teoría a la realidad de la Argentina. Algunos se preguntan, recordando los tiempos de Nestor Kirchner, por qué estas cuestiones no ocurrían en aquellos años. ¿No ocurrían?, ¿quién sino Néstor Kirchner fue quien comenzó a trasmitir la idea de la existencia de un conjunto de “anti-argentinos” que elucubraban todo el día operaciones secretas y delictivas para perjudicar al país?, ¿no fue acaso el choque manifiesto de esas ideas y esos procederes lo que terminó por erosionar la relación del ex presidente con su ministro Roberto Lavagna, de resultas de lo cual éste fue echado del gobierno?, ¿ y no fue acaso la salida de Lavagna la rotura del último eslabón que unía al gobierno con al menos algo de racionalidad económica para dejar primero la economía directamente en manos del presidente y luego, con la llegada de Cristina, en manos de un conjunto de marxistas que, como no podía ser de otra manera, impusieron el sesgo policial y de persecución al que hoy estamos asistiendo?

Creer que este aspecto persecutorio de la “política económica” es el fruto del chambonismo, de la incapacidad, de la ineficiencia o de la negativa a hacer lo que habría que hacer, es la otra cara de la resignación que recién comentábamos y que resulta más que evidente a esta altura de los acontecimientos. Se trata de una subestimación de la amenaza que la Argentina enfrenta realmente. En la medida en que lo que ocurre se crea la consecuencia de un conjunto de chambones que no saben dónde están parados seguiremos así, como despreocupados de la verdadera gravedad a la que estamos expuestos.

Esa subestimación puede resultar muy simpática en términos de pretender “bajarle el copete” a un conjunto de engreídos y tomarles un rato el pelo, pero no es eficiente en términos de implementar mecanismos de defensa.

No estamos aquí frente a un conjunto de chambones, que como no saben cómo manejar las variables cambiarias, lanzan a la calle decenas de celulares para meter presos a los operadores. Estamos frente a un conjunto de ideólogos que creen que los países deben manejarse así: con la bota del Estado en la cabeza de la gente. Hoy será el dolar y mañana el papel higiénico, como ocurre en Venezuela. Pero aquí no estamos ante los procedimientos arrebatados de un conjunto de ignorantes sino frente a una concepción que se propone dirigir a la sociedad a punta de pistola.

No resulta coherente quejarse contra la falta de reacción de la sociedad frente a lo que ocurre y luego subestimar el problema y limitarlo a ser la consecuencia de la pobreza intelectual de la gente que maneja hoy el país.

Yo no sería tan incauto. Cuando se habla de “modelo” no es chiste. Aquí hay en marcha un “modelo”; un modelo contraconstitucional de dominación y yugo que tiene objetivos claros y una meta definida. Nada de lo que se hace es el fruto de la casualidad o del chambonismo. Es el fruto de una ideología más vieja que la puerta y que, pese a su estrepitoso fracaso mundial, no se rinde ante la evidencia e intenta seguir probando que es posible organizar un país sobre el establecimiento de una casta privilegiada y rica y una sociedad esclava que obedece órdenes o va a la cárcel. Mientras no asumamos qué es lo que nos está pasando en realidad solo estaremos condenados a sufrir sus consecuencias.

Recordemos que Campagnoli fue suspendido de su cargo y su fiscalía de Saavedra semidesmantelada por haber “investigado de más” en una causa que lo llevó directamente a Lázaro Báez.

Mientras analizaba las conversaciones grabadas de un barra de River con otra persona -que resultó ser el hermano de la actual ministra de seguridad Cecilia Rodriguez-, Campagnoli accedió a pruebas palmarias sobre un caso de lavado de dinero de la empresa Austral Construcciones. Como no podía ser de otra manera, dado su cargo de fiscal, abrió una línea de investigación sobre esos pormenores que, efectivamente, no estaban en la causa original.

Ese es el sacrilegio que le imputan. Según Gils Carbó -la procuradora que más que procuradora del Estado parece ser procuradora del gobierno-, Campagnoli debería haberse abstenido de abrir esa línea de investigación contra Báez porque no era su causa original (la de los barras)

En lugar de mandar a los otros fiscales a imitar a Campagnoli, que honró la excelencia del ministerio público tratando de esclarecer un delito, el gobierno quiere echarlo de su puesto por eso.

El tribunal que lo juzga tiene mayoría kirchnerista de 4 a 3. El fiscal que elevó el dictamen del ministerio público en su contra fue Javier De Luca, el hombre de Justicia Legítima que acaba de enseñarnos que el delito no es delito, sino “conflicto social” y que las penas a los que roban y matan deben ser abolidas porque en realidad esos hechos son la consecuencia de las maldades que la sociedad cometió antes, excluyendo y segregando a parte de la población a la que no le quedó otro camino que volcarse a lo que los burgueses llaman “crimen” y él “conflicto”.

La audiencia que decidió la suspensión y el desmantelamiento de la fiscalía de Saavedra no permitió el ejercicio del derecho de defensa ni la presentación de pruebas a Campagnoli. En un día lo puso fuera de su cargo, le bajó 40% su sueldo y le impidió seguir trabajando. “Estoy a su disposición, Sra. presidente”, había dicho Gils Carbó cuando la Sra. de Kirchner le tomó juramento.

Estas negativas, por cierto, no se tienen ni con el peor de los delincuentes. Si algún juez negara los beneficios de la defensa y de las pruebas al acusado de cualquier delito, terminaría expulsado de su juzgado -como correspondería, por otra parte- al caer en uno de los principales vicios del totalitarismo.

Pero eso, precisamente, es lo que el gobierno ha hecho con Campagnoli, en decisiones tomadas entre gallos y medianoche y sin que ninguna voz haya podido oponerse a ese avance atronador del poder.

Ahora, para la audiencia de hoy, se ha dispuesto un operativo poco menos que secreto. Campagnoli había pedido que el acto fuera abierto, que pudiera ingresar la prensa y los legisladores que quisieran participar y que todos pudieran escuchar los cargos y las pruebas que se presenten, como asi también las que él arrimara para sustentar su posición en el caso. Pero toda esa aspiración no solo fue rechazada sino que se dispuso expresamente que el ingreso sea completamente restringido.

La destitución del fiscal dará un paso más hacia su concreción. El tribunal que lo juzga carece de la más elemental característica que debe tener un juez: la imparcialidad, la equidistancia y la limpieza de los procedimientos.

El caso de Campagnoli es uno de los emblemas de la falta de escrúpulos del gobierno para llevar adelante lo que se propone contra todo y contra todos, a la vista de todo el mundo y sin que le importe en lo más mínimo la forma republicana de gobierno, el respeto a las instituciones y la defensa en juicio.

Cuando Daniel Reposo -el asombroso candidato a procurador que el gobierno presentó al Senado luego de que Boudou consiguiera echar a Esteban Righi- pasara el papelón que pasó en la Comisión de Acuerdos en donde un asistente pelado le soplaba todas las respuestas mientras el senador Sanz se quejaba “che, el pelado le está soplando todo…”, desde estas columnas sospechamos que aquello no podía ser otra cosa que una escenografía plantada: un hombre que nadie podía aprobar, pondría a la oposición frente a la opción de hierro de rechazarlo. Con esa carga sobre sus espaldas, los senadores de la oposición no se animarían a rechazar al siguiente candidato si éste era al menos “presentable”.

Fue lo que ocurrió con Gils Carbó, una verdadra soldado del gobierno. ¿Habría sido aprobada la actual procuradora si hubiera sido candidata de entrada? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que nadie se animaría a rechazarla después de haber rechazado a otro. Los propios senadores radicales lo admitieron sin disimulo en conversaciones privadas.

Este escenario allanó el camino a Gils Carbó. Lo demás es historia conocida: Justicia Legítima, Campagnoli, e innumerables pruebas de un alineamiento militante desde un lugar que, en una República normal, debería ser garantía de independencia, de investigación y de control.

Resulta obviamente más fácil caerle a estos dos “perejiles” que profundizar una investigación sobre el empresario patagónico de las “cavas” domésticas que quién sabe adónde puede terminar.

Empecemos por recordar que, de la carátula del expediente original, el nombre de Lázaro había sido eliminado por presión de la Procuradora General Gils Carbo, la soldado de la presidente que según sus propias palabras se puso “ su disposición” al asumir su cargo.

La militante de Justicia Legítima movió sus fichas para que en la portada del expediente solo quedaran los nombres del valijero Fariña y del arrepentido de sí mismo Elaskar. Solo la presión de la información pública hizo que el nombre de Báez no pudiera seguir ausente del título de aquel expediente.

De todos modos -dado lo que ahora conocemos- la decisión de sacar al dueño de Austral Construcciones del centro de la investigación ya estaba tomada.

Fariña y Elaskar están procesados por el lavado de casi 60 millones de dólares en una causa que involucró la participación de una cadena de empresas fantasma y que recorrió Panamá, EEUU y Suiza.

El valijero declaró públicamente que él trabajaba para Báez y que ese dinero no le pertenecía a él sino al empresario patagónico. El mediático ex esposo de Karina Jellinek también dio a entender que Báez tampoco era el último eslabón de la cadena en esa generación turbia de fondos.

Es esa escalera ascendente en la averiguación del origen de los fondos la que la Justicia se niega a escalar.

Hay documentación que a esta altura es pública y que ha circulado desde la televisión hasta las manos del fiscal Campagnoli que deja a los procesados de ayer a la altura de unos nenes de pecho cuando se compara su involucramiento con el de otros peces gordos.

Resulta obvio que Fariña y Elaskar han puesto a disposición su “trabajo” (uno su caradurez sin límites y el otro su ingeniaría financiera) para canalizar ciertas operaciones que permitieran sacar dinero al exterior y para volcarlo al circuito legal, pero que no son ni los cerebros ni los generadores de los hechos que terminan produciendo estas avalanchas de fortunas.

La Justicia debería investigar el origen final de los fondos. Casanello se apoya justamente en esos vericuetos para justificar por el momento el no procesamiento de Báez. Pero si la investigación va a continuar algún día por el sendero del sentido común, no caben dudas de que el hilo debería desenredarse hacia las actividades que generaron esos dineros.

Luego, por su puesto, está la ingeniería que constituye empresas aquí y allá par confundir y hacer dificl la trazabilidad de la ruta. Pero el núcleo central de la investigación debería consistir en averiguar qué produjo esas fortunas.

Y es allí donde la investigación a Lazaro Báez puede volverse vidriosa. El empresario patagónico, que era oficial de cuentas del Banco de Santa Cruz, tenía una amistad muy cercana con los Kirchner, fundamentalmente con Néstor. Fue el ex presidente el que lo sacó del Banco para aprovechar todo el conocimiento que Báez tenía de la gente con deudas en Santa Cruz.  Con esa base de datos Kirchner se constituyó en un financista paralelo al sistema financiero oficial de la provincia. Hasta aquellos días se remonta su amistad.

Cuando Kirchner llega al gobierno, Báez se transforma milagrosamente en un empresario de la construcción con una capacidad admirable para ganar licitaciones.

Si bien Casanello fundamentó su decisión respecto de Elaskar y Fariña en el hecho de que se trata de operaciones realizadas en el mercado local y que, respecto de Báez, aún está esperando información internacional, lo cierto es que unas operaciones (las de expatriación de capitales en la que está acusado Báez) no podrían ser posibles sin las otras.

La señal dada ayer por la Justicia ayer parece dar validez a la versión más farándulezca de los episodios sin vocación por profundizar los costados más oscuros del caso.

Cuando los nombres de Fariña y Elaskar saltaron al dominio público, el gobierno hizo un esfuerzo muy notorio para llevar el caso a los programas mediáticos de chimentos, aprovechando la aparición de algunos personajes que tenían que ver con el mundo del espectáculo como la mujer de Fariña, Karina Jellinek, o Ileana Calabró, la esposa de Fabián Rossi, uno de los involucrados en los trámites de constitución de empresas en el exterior que llevaba adelante “la Rosadita” de Elaskar.

Pero la Justicia no debería “comerse ese amague” y, al contrario, debería tratar de profundizar la línea de investigación que intente descubrir dónde se originaba el dinero que Báez confiaba a Fariña y Elaskar para que lleven de un lado a otros en una maraña financiera-legal que, sobre todo Elaskar, daba muestras de manejar con maestría.

Capitanich pareció olvidar aquella vieja teoría de la psicología que dice que cuando uno habla, habla de uno, porque efectivamente el que está dando vergüenza es él. Lo último que necesitaba la piel argentina en este momento de desasosiego, cuyo único culpable es el gobierno, era un balde de odio y acusaciones rencorosas de unos contra otros para seguir avivando un fuego divisorio que, con los ingredientes que el gobierno se ha encargado de mezclar, podría resultar explosivo.

La irresponsabilidad del gobernador del Chaco solo puede explicarse por el nivel de desesperación y de ignorancia técnica que paraliza al gobierno por la vía de sumergirlo en una -paradójicamente- hiperactividad contradictoria y chapucera. Son tantas las consecuencias disparatadas que este conjunto de impericias ha causado, que el gobierno no tiene mejor idea que inventar un culpable al cual señalar públicamente para despertar la furia y la bronca de los desesperados.

Para completar este desaguisado, Capitanich advirtió que está considerando mandar a la calle a los sindicalistas de la UOCRA para revisar los precios de la construcción, seguramente aprovechando las modalidades civilizadas que estas personas suelen utilizar cuando tienen que resolver algún diferendo (como la recordada persecución a los tiros de Madonna Quiroz a sus colegas de camioneros en 2006 o los desastres de la cancha de Defensores de Belgrano cuando en 2008, Kirchner asumió como presidente del PJ o los más recientes enfrentamientos con heridos de hace tres días). Este sistema acelera la velocidad de la Argentina para dirigirse a un sistema de Estado policial de vigilancia con similitudes cada vez más visibles al populismo dictatorial de Venezuela en donde brigadas parapoliciales someten al escarnio y al terror a la población civil.

En esa misma línea se encuentra la novedad dada a conocer por la Comisión Nacional de Valores con su decisión de mandar a publicar los nombres, apellidos y números de CUIT de las personas que actúen en el mercado financiero comprando bonos. Se trata de un nivel mayúsculo de irresponsabilidad en los momentos de inseguridad criminal que vive el país -respecto de la cual el gobierno tampoco hace nada ( antes bien, está por convalidarlo con la sanción de un Código Penal que poco falta para que premie a los delincuentes y encarcele a las víctimas)- y por el cual tranquilamente se podría responsabilizar a Enrique Vanoli y a la CNV por lo que pudiera sucederle a las personas cuyos nombres sean revelados por esta nueva GESTAPO.

Lo cierto es que mientras el jefe de gabinete acusa a los comerciantes de “inescrupulosos”, “antipatrióticos” y “desestabilizadores”, el sector privado argentino está haciendo un ajuste fenomenal en términos de nivel de vida que, por supuesto, tiene su contracara en la obscena manifestación de riqueza del sector público, encarnada por sus funcionarios.

Mientras todo esto ocurre, el país conoció ayer una grabación llevada adelante y autorizada por el juzgado del cual José María Campagnoli era fiscal, en la que el hermano de la ministra de seguridad, Cecilia Rodriguez, hablaba con el “Mudo” Penna, un barrabrava de River Plate, en la que éste le proponía hacer facturas truchas por $ 300 millones para lavar esa cantidad de dinero del socio presidencial, Lázaro Baez. Lo que no quedó claro es si ésta conversación también forma parte la conspiración internacional de alcance planetario que Capitanich denunció ayer como la usina que pretende desestabilizar a países como la Argentina y, de paso, quedarse con sus recursos naturales para producir nuestra miseria.

Habría que recordarle al jefe de gabinete que la Argentina YA ESTA a la miseria como consecuencia de 10 años de despilfarro, corrupción y mala praxis económica y que para alcanzar tan despreciable “mérito” no fue necesaria la participación de ninguna oscura logia del mal, sino simplemente la pretensión de llevar adelante los caprichitos ideológicos del kirchnerismo.

La pregunta racional que enfrenta el país es si estamos a tiempo de hacer algo. Por supuesto que siempre se está a tiempo de actuar… si se quiere actuar. El drama que ha carcomido las esperanzas y las posibilidades desperdiciadas de la Argentina es el exceso de gasto. Hoy ese número alcanza a $ 1.2 billones.

Ese gasto esta financiado con emisión monetaria porque el enfoque económico del gobierno ha espantado la inversión genuina. La emisión produce inflación y ésta finalmente ha provocado la devaluación de la moneda. El gobierno, tenaz con su teoría conspirativa, luego de declarase conforme con el nuevo valor del “dólar oficial de convergencia”, al mismo tiempo dijo que se estaba en presencia de un ataque especulativo contra el peso. ¿En qué quedamos?, ¿fue una medida pensada y aquilatada para llevar el dólar oficial a un valor de “convergencia”, o es la consecuencia de una corrida especulativa producida por la conspiración internacional alentada desde la Trilateral Commission?

El ministro Kicillof también acusó de conspiradores a “los que nos quieren hacer bajar el gasto” pero lo cierto es que esa cifra es hoy 7 puntos más del PBI que en 2004, cuando gobernaba, no el menemismo, sino el mismísimo Nestor Kirchner. La presidente parece haber pasado el punto de no retorno. Sus tuits desde La Habana (en donde se emocionó frente a una foto del asesino Guevara) confirman esa línea de absoluta perdición. La señora de Kirchner ya no puede volver atrás. Pero no por una imposibilidad fáctica sino porque su capricho así lo ha decidido. No dará el brazo a torcer, aunque su brazo “físicamente” pueda torcerse. Se autoacuarteló en un espacio sin puertas del que no puede salir porque ella misma no quiere. Podría salir, pero no va a salir.

El único horizonte esperable ante esta testarudez es el perfeccionamiento de un Estado policial de vigilancia con cada vez más severas restricciones al ejercicio de los derechos civiles y un empobrecimiento veloz, fruto de la huida de capitales y de la huida de las mejores mentes. Como venimos diciendo aquí desde hace tiempo, ese nivel de degradación y de miseria no será compensado por los ajustes a posteriori que la historia le suele reservar a los iluminados. Para ese momento será tarde cualquier noción de Justicia.