Sin embargo, en los días posteriores y respecto de uno de esos temas, Mauricio Macri tuvo un acierto destacable. Me refiero a la integración de la Corte Suprema de Justicia y al nombramiento de los jueces para los sillones vacantes.

El candidato de Cambiemos, luego de conversar el tema con su equipo de justicia liderado por Ernesto Sanz, en un reportaje propuso a dos constitucionalistas para esos lugares.

Macri explicó que la Corte es el último escalón de defensa de la Constitución, de los derechos civiles y de las garantías individuales de los ciudadanos. Allí debe haber especialistas en la materia, porque nadie mejor que ellos para cancelar la aplicación de leyes, decretos o resoluciones que violen su letra o su espíritu. Así se podrá anteponer la supremacía de la ley fundamental y del derecho individual por sobre las pretensiones del poder y del Estado.

En efecto, si uno se pone a pensar cómo está integrada actualmente la Corte (y en general cómo históricamente se integró), nota que los constitucionalistas son una minoría (o directamente una incomprensible ausencia).

Veamos lo de hoy, con los jueces que han quedado: Ricardo Lorenzetti, un civilista positivista, fruto de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen; Juan Carlos Maqueda, más que nada, un político peronista; Elena Highton de Nolasco, civilista y Carlos Fayt, un cientista político.

Ni hablar de los que fallecieron o se retiraron: Eugenio Zaffaroni, zafador de presos, Carmen Argibay, también penalista (aunque, hay que decirlo, una jueza que falló con la Constitución aun cuando a priori eso fuera contradictorio con sus convicciones) y Enrique Petracchi, un abogado especialista en derecho comparado por la Tulane University de New Orleans. Como se ve, de la especialización en la Constitución ni rastro. Parece mentira, pero así es.

Quien también se expidió sobre el punto fue Sergio Massa, pero claramente la elección del renovador pareció más dirigida a usufructuar un aprovechamiento político electoral que a constituir una corte que tenga en el centro de la escena a la defensa de la Constitución y a los derechos de los ciudadanos por sobre los intereses del poder. En ese sentido, el ex intendente de Tigre se despachó con el nombre de Margarita Stolbizer, que, claramente, es una buena persona y una muy honesta candidata, pero que obviamente no está a la altura de ser parte integrante de la Corte. Aunque es abogada, Margarita no es especialista en la Constitución y no tiene antecedentes de peso en el ejercicio del derecho que le aseguren al ciudadano que con ella allí el poder tendrá menos chances y no más de invadir la privacidad de la vida y la soberanía individual.

Está claro que quien hoy marcha tercero en las encuestas quiso arrimar a su molino a los votantes de Progresistas, el nombre de fantasía con que Stolbizer se presenta a las elecciones, en este tiempo de no partidos.

La Argentina tiene constitucionalistas de nota como Gregorio Badeni o Daniel Sabsay, por ejemplo, que se han cansado de marcar el alejamiento pertinaz que el orden jurídico del país viene teniendo con su Constitución. Mientras, su órgano-custodio número uno está presidido por un hombre cuya obra cumbre —la modificación del Código Civil y Comercial— es una muestra de un espíritu contrario al de 1853, consistente en confiar en el protagonismo del individuo y no del Estado, algo bien diferente a lo que surge del nuevo código de Lorenzetti.

Sería de la mayor importancia que las vacantes de la Corte las ocuparan especialistas en la Carta Magna. Y si alguien, en la seguridad de que allí habrá jueces apegados al espíritu constitucional, se animara a empezar a presentar demandas de inconstitucionalidad contra las toneladas de reglamentaciones que restringen las libertades de los argentinos, la mayor tarea de esos nuevos magistrados será, antes que nada, una tarea derogatoria. Una actividad que deshaga el enjambre legislativo de décadas y décadas de inconstitucionalidad, toleradas por un espíritu blando y explicable sólo por la presencia de una cultura permisiva con el poder y masoquista para con los derechos civiles y las libertades propias.

La Argentina debe volver a tener una Corte defensora de la constitucionalidad de las leyes. Este sistema hipócrita y contradictorio no puede sostenerse más. Las leyes no pueden ser constitucionales e inconstitucionales al mismo tiempo. Esta permisividad con lo que está mal debe acabar. Y es la Corte la que tiene la tarea de acabarlo. Pero para eso sus integrantes deben haberse formado en el espíritu original de la ley fundamental y no provenir de otras especialidades más proclives a darle prioridad a la positividad del derecho que a su naturaleza.

Sin embargo, la ausencia de Daniel Scioli, además de injustificada, privó al encuentro de las características de un verdadero debate.

En efecto, todos quienes estaban allí tenían posturas contrarias al rumbo que el país tiene bajo el kirchnerismo y la real gracia de la cuestión hubiera consistido en enfrentar, justamente, las posiciones de defensa y ataque al modelo actual.

El gobernador de Buenos Aires dio una malísima señal al ausentarse. Se sabe que su presencia no fue “autorizada” por la plana mayor del Gobierno, esto es, por la señora de Kirchner. Obedeciendo esas órdenes Scioli reafirma las dudas que pesan sobre su real capacidad de mando y sobre su verdadero nivel de autonomía. Aunque al no ir al debate haya evitado que le hicieran preguntas como esa, no pudo impedir que su atril vacío fuera una especie de confirmación de las sospechas.

El experimento debe mejorarse, no caben dudas de eso. Los candidatos aparecían como recitando su “cuentito” en los dos minutos que tenían y, al estar vedadas las repreguntas, no se podían profundizar las posiciones.

Pero al menos se avanzó rompiendo el hielo de la inercia negativa y la experiencia sirvió para dejar muy expuesto al candidato ausente.

Las insinuaciones que hiciera Scioli sobre la no existencia de una ley que regule la cuestión resultan francamente ridículas. Prácticamente en ninguno de los países en que hay debates presidenciales serios existe una ley que los regule: Las normas se establecen de común acuerdo.

Es obvio que en esta ocasión las normas tuvieron que ser tan restrictivas para lograr el acuerdo de todos que el intercambio perdió frescura y espontaneidad.

Los cinco candidatos se manejaron con respeto y, en el caso de Mauricio Macri y Sergio Massa, hasta pareció haber cierta invitación a acuerdos posteriores a la primera vuelta.

No se pudo apreciar un ganador del debate. La figura de Adolfo Rodríguez Saá fue la que se vio más apagada o, en realidad, como en otra sintonía de época. Nicolás del Caño deberá mejorar su forma de hilvanar los pensamientos, pero, por ser el más joven y el de menos experiencia, cumplió.

Margarita Stolbizer, Macri y Massa coincidieron en muchos pasajes sobre los problemas y las soluciones, lo que sirvió para confirmar cuán atomizado está el arco político argentino, que no es capaz de reunir bajo el amplio paraguas de un partido a los distintos matices que puedan tener las personas.

Los que hemos seguido, por ejemplo, los debates del Partido Republicano en Estados Unidos claramente pudimos advertir cómo allí había diferencias de opinión más profundas que las que se podían encontrar en el debate entre Macri, Massa y Stolbizer.

Esta es una cuestión que el país deberá mejorar. Los “yoísmos” tendrían que desaparecer para organizar partidos fuertes con líneas internas diferenciadas, pero que a la hora de las elecciones no le presenten a la sociedad un desmembramiento tan nocivo como inútil.

Es evidente que el país no se recuperó de ese efecto monumental que trajo aparejado la crisis de 2001. La desaparición de los partidos, estimulada silenciosamente por el Gobierno, sumió al país en una verdadera disgregación que no logra superar, aun a pesar de que han pasado ya catorce años de aquel estallido.

Resultó bastante patético ver a Alberto Pérez, jefe de gabinete de la provincia y jefe de campaña de Scioli, quejarse porque los organizadores habían dejado el atril del candidato del Frente para la Victoria vacío. Seguramente Pérez aspiraba a que, encima, todo el mundo protegiera al gobernador para que su ausencia fuera menos visible. Pretensiones fútiles.

Lo de anoche fue positivo, pero falta mucho para que un debate presidencial pueda ser útil a la ciudadanía. El anhelo existe porque la audiencia de América fue mucha y la repercusión en las redes también. Pero no hay dudas de que el país está en pañales en esta cultura democrática que hasta ayer evitaron los candidatos de todos los colores. Ojalá que haya sido un comienzo, y que de ahora en más nadie eche mano de justificaciones ilógicas para esquivar el contraste de ideas. Será que muy poca fe se le tiene a lo que se dice si se evita salir de frente, con esa palabra, a exponerse y a discutir.

Han quedado seis finalistas, dos con chances claras, uno que tercia en esa discusión y tres que no tienen ninguna posibilidad.

La primera pregunta es qué ocurrirá con estos últimos ¿mantendrán sus candidaturas o las bajarán? Entre los tres reúnen algo así como el 9% de los votos. No parece que Nicolás Del Caño vaya a tomar esa decisión porque representa un sector bien definido que necesita tener un candidato propio. Pero Adolfo Rodríguez Saá y Margarita Stolbizer, en función de determinados fines, podrían hacerlo. Estamos hablando del 6% de los votos. 

Otro interrogante es saber qué pasó con la gente que no fue a votar que fue un porcentaje más alto que lo normal. Allí hay 30% del padrón. 

Luego están las preguntas que surgen respecto de los votos que recibió cada candidato y qué podría pasar con el comportamiento de quienes los votaron.

Mucho se habla de un acercamiento entre Mauricio Macri y Sergio Massa y de la necesidad que tienen ambos de alcanzar algún acuerdo para ganar en primera o, eventualmente, en segunda vuelta. Pero allí, inmediatamente surgen las disquisiciones sobre los votos individuales frente a lo que fueron los votos de las agrupaciones.

Esto quiere decir que tanto Macri como Massa, en primer lugar van a tener que consolidar los votos recibidos por “Cambiemos” y “UNA”. En ese sentido, parecería que es bien ostensible el esfuerzo del Jefe de Gobierno por mostrarse públicamente unido a Ernesto Sanz y a Lilita Carrió y el compromiso público de éstos para hacer campaña por Macri. Pero, bueno, las personas son personas y habrá que ver cómo reaccionan en octubre. 

Del mismo modo Massa, que parece tener un problema más serio en ese sentido con José Manuel De la Sota: muchos analistas coinciden en que, desaparecido el gobernador cordobés de la contienda, sus votantes no estarían tan comprometidos con seguir apoyando al ex intendente de Tigre. 

Allí tiene esperanzas de ir a pescar Daniel Scioli, del mismo modo que aparece como tentación el caudal “del Adolfo”.

Está claro también que en mucha medida esos son votantes compatibles también con Macri o, en todo caso, que no puede hacerse un pre anuncio colectivo respecto de lo que puede ocurrir con los individuos que votaron a De la Sota o a Rodríguez Saá. Es cierto que, en principio, son peronistas y que, desde ese punto de vista, podrían tener una mayor cercanía a Scioli o eventualmente a Massa, pero todo está por verse.

La gran cuestión es si Scioli, valiéndose de la tramposa matemática que introdujo la reforma constitucional de 1994 (el famoso 45% o 40% con más diferencia de 10% sobre el segundo) puede ganar en primera vuelta. 

El resultado de las PASO, dice que quedó a poco menos del 2% de los votos de lograrlo. Pero la cuenta para el 25 de octubre no es tan simple como mandar a Scioli a buscar ese puñado de votos y listo, porque para que eso se diera, Macri no debería sumar un solo voto más, dado que si lo hace la diferencia de 10% no se verificaría. Y esa es una eventualidad muy lejana.

Por lo tanto un escenario posible para la primera vuelta de octubre sería Scioli obteniendo 42% de los votos, Macri un 33% de los votos, Massa un 15%, con un 10% de votos repartidos entre las otras opciones. Esta alternativa no le alcanza a Scioli para consagrarse: no tiene el 45% y si bien tiene más de 40% no tiene 10% de diferencia con Macri. Este escenario de ballottage sería el más complejo para el gobernador de Buenos Aires, porque ante la alternativa clara de desalojar al kirchnerismo del gobierno, es muy probable que Macri y Massa alcancen un acuerdo programático de administración, que le permita al jefe de gobierno llegar a la presidencia.

Para todas estas alquimias, vuelve a ser decisiva la provincia de Buenos Aires. Allí hay tres candidatos (María Eugenia Vidal, Aníbal Fernández y Felipe Solá) por los que puede estar pasando en este mismo momento la llave del futuro político argentino.

Desaparecido Julián Domínguez de las opciones, muchos se preguntan a quién votaran los que lo votaron a él el domingo de las PASO. No cabe duda que no deben tener sentimientos de cercanía hacia Aníbal Fernández, que es en sí mismo una figura muy discutida, que tiene muy mala imagen y cuyo nombre aparece involucrado en hechos oscuros que algún momento deberá enfrentar.

Muchos dicen que por la candidatura a gobernador de la provincia (que puede a su vez arrastrar decisiones en materia de voto presidencial) es por donde puede pasar una eventual conversación Macri-Massa: “Bajo mi candidato a gobernador y establezcamos algún acuerdo a cambio…”, por ejemplo.

Son todas hipótesis. En realidad no sabemos nada. Scioli está cerca, pero puede quedarse en la mismísima orilla si los demás son inteligentes. Macri tiene al alcance de la mano su mejor posibilidad en años, pero debe reciclar su campaña y parte de su discurso para lograrlo. Y Massa es el vector que puede decidir todo. Son setenta y cinco días que pueden pasar a ser recordados como los que salvaron la Argentina o el lapso de tiempo en donde el país decidió perder para siempre el tren del progreso.

El gobierno parece estar adoptando esta actitud infantil para todo aquel que lo acusa de algo: si me denunciás por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, te denuncio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva. Es genial; es estúpido.

En la causa en la que el juez Claudio Bonadio estudia el caso de la empresa Hotesur, de propiedad de la familia presidencial, ya están acusados por los mismos delitos que el juez investiga, el propio magistrado, la denunciante y la principal testigo.

En efecto, primero el mismísimo Banadío y luego Margarita Stolbizer y Silvina Martinez una ex empleada de la IGJ que presentó su testimonio ante el juez han sido denunciados por hacer lo que ellos dicen que hacen los funcionarios.

Se trata de una regresión a la adolescencia. Margarita Stolbizer podrá tener éstas o aquéllas ideas pero ¿quién puede creer en su sano juicio que lava dinero o que se enriqueció ilícitamente?

Resulta francamente increíble este tipo de respuesta. Parecería que uno está frente a un camorrero, antes que frente a una persona adulta, a cargo del Estado.

La propia presidente por Twitter hizo revelaciones sobre la situación legal de una sociedad en la que Bonadío es parte, olvidando que es algo muy parecido a un delito que un funcionario revele la situación patrimonial de otro, a la que tuvo acceso justamente por ser funcionario. Nadie puede valerse del hecho de que, por ser funcionario público, uno tiene acceso a determinada información de ciudadanos particulares, para, después, andar divulgándola por allí para obtener una ventaja personal o ejercer una presión indebida. Pero se ve que la Sra de Kirchner es muy afecta a esos procederes: ya lo había hecho con el inmobiliario que se había atrevido a opinar que el cepo cambiario había afectado al mercado inmueble y con aquel abogado a quien tachó de amarrete por regalarle solo un alfajor a su nieto.

Hoy el diputado Roberto Felletti dijo que “ordenar un allanamiento de una empresa en la cual la Presidente es parte,  para crear sospechas sobre su buen nombre es una actitud absolutamente golpista”. “El procedimiento del allanamiento fue innecesario, no recabó ninguna información. Lo hace en connivencia con otra diputada, como Stolbizer, que también tiene ribetes golpistas”, agregó.

A ver, Felletti, vayamos con cuidado. Invirtamos el argumento y preguntemos ¿qué podría esperarse de funcionarios que saben de antemano que cualquier acción de investigación que quiera insinuarse contra ellos sería catalogada inmediatamente como “golpista”? Si a ningún funcionario no se lo puede tocar porque el mero hecho de amagar hacerlo significa protagonizar un intento de golpe, ¿dónde quedan los frenos y contrapesos de la Constitución, Felletti? Si un funcionario sabe que es intocable; que está más allá de la ley aplicable al resto de la ciudadanía; si los temores a la aplicación de la ley que tiene el resto de los ciudadanos lo tiene a él (o a ella) sin cuidado, ¿dónde terminaríamos, Felletti? ¿No le convendría volver a los libros, Felletti? Salvo que usted tenga una visión medieval de la Argentina y quiera proponer un esquema feudal de minorías privilegiadas integradas, entre otros, por usted mismo, su razonamiento está completamente fuera de foco… y fuera de la ley también.

El artículo 16 de la Constitución dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es decir: todos somos iguales; nadie es superior a nadie, ni por título, ni cargo, ni fortuna, ni títulos, ni nada. ¿Ha venido el gobierno de los Kirchner a delinear otra fisonomía para la Argentina, Felletti? Porque si así fuera, sería interesante que tuvieran la valentía de decirlo; con todas las letras: “Venimos a imponer una nueva nobleza que está por encima de ustedes y que no puede ser investigada porque se haya desligada del cumplimiento del orden jurídico general”. Diganlo. No es difícil. Me llevó apenas un reglón y medio escribirlo. Pero no lo den a entender: diganlo. Aunque crean que han dado ya suficientes muestras de que ese es su objetivo, no importa: díganlo. Diganselo en la cara al pueblo, a los “40 millones de argentinos”, como repite la locutora oficial.

Que la presidente tome el micrófono y diga: “Pretender someterme a mí a las leyes a las que están sometidos ustedes es un acto destituyente y todo aquel que pretenda investigarme a mí o a los funcionarios de mi gobierno bajo el imperio de esas leyes, será considerado, por ese solo hecho, como golpista; como alguien que quiere derrocarme por trabajar para intereses foráneos y corporativos que solo persiguen el perjuicio del pueblo”.

Es hora de dejar los infantilismos atrás. De un lado y del otro. El gobierno debe dejar de pronunciar “que te ‘recontras’” y la sociedad debe dejar de creer en el cuento de hadas de que los funcionarios deben gozar de impunidad para que puedan dedicarse a cuidar al pueblo.

Esto es una República, muchachos, por si no se dieron cuenta. Hay esfuerzos denodados por convertir a la Argentina en una República Bananera. Pero eso no quiere decir que vayan a tener fatalmente éxito, si algunos resortes de reacción están con vida aún.

Es lo que denunció Marcelo Bonelli en Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las órdenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que hacés”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecución política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la Presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo también explicaciones por ello.

Frente a esto, el Jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de quien se siente totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del poder judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de gabinete? ¿acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así Capitanich estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente. 

Según esta visión los funcionarios, desde la Presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”. 

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.