La “cristinización” de Scioli, una carta peligrosa

Daniel Scioli decidió ponerse un traje de antipatía para enfrentar las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Quizás sea un primer ensayo sobre el curso de modales kirchneristas que, aparentemente, ha decidido tomar.

Durante meses -si no años- trató de convencer a media ciudadanía de que, pese a ser “un hombre del proyecto”, él era distinto, dialoguista, educado, de buenas maneras.

Pero el desastre que es su provincia puesto de manifiesto por la inclemente naturaleza, sumada a la falta de controles y a una administración ineficiente, parece haber sacado de su centro al gobernador, que no tuvo mejor idea que salir al cruce de Mauricio Macri, del peor modo.

Durante mucho tiempo vendió la imagen de la amistad y de la relación de respeto que lo unía al hoy candidato de Cambiemos. Pero bastó que este comentara los trabajos de ingeniería hidráulica que harían falta en la provincia de Buenos Aires y que no se han hecho en todos estos años, para que el gobernador saliera con los tapones de punta.

A su juicio también estaría mal que los candidatos de la oposición hayan hecho comentarios sobre las inundaciones: según Scioli, esos son aprovechamientos políticos de las desgracias. Continuar leyendo

Reflexiones sobre el problema docente

Vueltos esta semana los chicos de la provincia de Buenos Aires a las aulas, es hora de que pensemos qué está ocurriendo con la educación. No solo allí, sino en el país entero. Lo primero es reconocer que este gobierno ha llevado el presupuesto educativo a niveles porcentuales del PBI nunca antes vistos: un equivalente al 6.47% de la masa global de producción de bienes y servicios del país se destina a educación. A eso hay que agregarle los presupuestos provinciales que son los que primariamente tienen a su cargo el financiamiento educativo. Se trata de una enorme masa de recursos.

Sin embargo un maestro sin antigüedad gana hoy $ 4700 por cargo (supongamos que tiene 2, son $ 9400), la estructura edilicia y de infraestructura general de las escuelas es muy deficitaria y los alumnos tienen muy malas performances en las pruebas internacionales. ¿Qué estamos haciendo mal? Probablemente todo. Porque a primera vista estamos ante un derroche de recursos que no se traducen ni en maestros bien pagos, ni en excelencia educativa ni en escuelas modernas y bien equipadas.

El porcentaje del PBI destinado a educación (por si no hicieron la cuenta) es de unos 26000 millones de dólares (el 6.47% de unos 400 mil millones de dólares). De ese dinero unos 35.000 millones de pesos quedan en órbita de jurisdicción nacional, el resto es transferido -supuestamente-  vía un sistema de transferencias automáticas (y no tan automáticas) a las provincias en concepto de coparticipación federal de impuestos. Este sistema se inventó cuando durante los 90 se provincializaron los servicios educativos y los mismos fueron transferidos por la Nación a las provincias junto con los recursos. La manera que se encontró para transferir los fondos fue la caja de la coparticipación. Algunas provincias, como la de Buenos Aires, por ejemplo, agregaron recursos recaudados de su propio presupuesto.

¿Cómo es posible que 26000 millones de dólares más lo que aportan los fiscos provinciales no alcancen para tener una educación de calidad? Es una enorme millonada. Son más de tres YPFs por año. Aquí hay algo que anda muy mal. Es muy factible que parte del problema se encuentre en el estrambótico sistema de coparticipación. El fárrago de números propagandísticos a los que nos tiene acostumbrados el modelo es muy proclive a llenar nuestra cabeza de estadísticas fantásticas, pero luego es muy difícil seguir su efectivo cumplimiento. En efecto, a partir de cierto punto de la administración Kirchner se empezó a repetir como el nuevo mantra de la hora el famoso “6,47% del PBI a educación”, pero nadie ha hecho un seguimiento escrupuloso de esos dineros. Nadie sabe en definitiva si esa fortuna está llegando a las provincias.

Si eso sucede a nivel nacional, a nivel provincial las cosas no son mejores. En ocasión del conflicto en Buenos Aires, distintos funcionarios del gobierno manejaron cifras presupuestarias referidas a educación que diferían radicalmente una de la otra, al punto de haber la friolera de $ 20000 millones de pesos de diferencia entre el que decía menos ($ 50000 millones) y el que decía más ($ 70000). En ese aquelarre de números participaron la Directora Provincial de Escuelas, Nora de Lucía, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, la ministra de economía, Silvina Batakis, y el propio gobernador Scioli. ¿Qué puede esperarse de una administración que no sabe a ciencia cierta el presupuesto educativo que maneja?

Otro tanto cabe decir de los maestros. Con los años, la profesión se ha ido bastardeando profundamente. Sin dudas la cuestión remunerativa ha tenido que ver con ello. Pero este es uno de esos casos en donde el círculo vicioso puede cortarse sin lugar a dudas: no fue el dinero lo que le arrebató la jerarquía a los maestros sino la pérdida de su jerarquía lo que planchó sus salarios. El ideal sarmientino de un trabajo cuya nobleza excedía el mero hecho de tener un empleo cesó el día que los maestros dejaron de llamarse así para pasar a ser “trabajadores de la educación”. En ese momento toda la pompa y el respeto por el docente se derrumbó y así comenzó un proceso de pérdida de su compensación económica que, profundizado por la inflación, terminó por arruinar la carrera y el futuro de miles.

El copamiento sindical de la profesión no ha hecho otra cosa que empeorar todo. Mientras en el orden regional la ratio maestro/alumnos es de 30, en la Argentina es de 11. Eso quiere decir que en el país hay casi tres veces la cantidad de maestros que en los países vecinos; la carrera es el reinado de las suplencias. Este cóctel de recursos malgastados, recursos que no se sabe dónde están ni cuántos son, junto con un deficiente sistema de coparticipación, un desborde en el número de docentes y una desjerarquización generalizada de la profesión nos ha llevado hasta donde estamos.

El tema no parece ser de una resolución fácil como sería seguir echando dinero a un barril sin fondos. Al contrario la cuestión parecería más ligada a esa pérdida de valores sarmientinos que hace rato abandonaron el espíritu no solo de los docentes sino del país. En el estudio profundo de ese alejamiento y de las razones que lo provocaron, quizás puedan encontrarse las razones más íntimas de un problema que cada día agranda nuestra brecha de conocimiento con los demás países del mundo.

Dejar de fumar

Los datos de las últimas encuestas en la provincia de Buenos Aires señalan que los bastiones del FpV en ese distrito son los sectores más pobres del conurbano y del segundo y tercer cordón metropolitano, como así también los sectores empobrecidos de las áreas rurales. Los sectores medios huyen del kirchnerismo en dirección a otras fuerzas. El fenómeno se repite también en la Capital.

El dato es interesante porque permite la posibilidad de intentar una mirada sobre la idea de la igualdad o sobre cómo ésta parece estar interpretándose fundamentalmente en la sociedad (sabemos que las “interpretaciones” de los políticos -en especial de los que, justamente, hacen de la igualdad el eje de sus discursos- distan mucho de ser sinceras y son, más bien, palabras estudiadas para ser dirigidas a aquellos que están esperando escucharlas).

Frente al aparente endoso de “los pobres” al FpV, cabe preguntarse ¿es ese voto, un voto “esperanza”, es decir un voto que se emite porque se cree que el FpV será la vía, justamente, para salir de la pobreza; o es un voto “de clase” que parece destinado, más bien, a atornillar a la gente en la condición que ya tiene?

El tema es también importante desde el lado de la política: ¿se ofrece el FpV como opción para sacar a esa gente de la pobreza o, al contrario, su interés es mantenerlos allí (y si es posible ampliar esa base) porque esa es justamente su materia prima electoral?

Parte de la oratoria oficial para conquistar esa porción de la sociedad es muy interesante desde el punto de vista sociológico. El argumento básico consiste en convencerlos de que ellos son desiguales a otros argentinos; que esa desigualdad es fruto de que esos otros argentinos los han perjudicado y que el FpV es la vía de su defensa, porque el FpV “son ellos”. Los destinatarios de esta línea de discurso parecen creerla.

Sin embargo, un análisis más detenido sobre la misma cuestión puede arrojar una interpretación diferente.

Efectivamente en la sociedad hay diferencias. Llamamos “diferencias” a las que se manifiestan en los ingresos materiales de las personas. Concretamente, unas ganan y tienen más que otras.

Según el discurso oficial, esa diferencia fue obtenida a expensas de los pobres porque gobiernos cómplices de los poderosos le permitieron a éstos apropiarse de una porción más que proporcional de la renta, en un típico caso de injusticia social. La teórica misión del gobierno “nacional y popular” sería retomar esa renta de los sectores “poderosos” y devolverla a los pobres que fueron “estafados” por aquellos.

Sin embargo, si bien uno se fija, las condiciones para que los así llamados “poderosos” se hicieran de sus diferencias estaban disponibles para todos los que quisieran usufructuarlas. Que unos las hubiesen aprovechado y otros no no puede ser reputado, a priori, con un acto “injusto socialmente”, sino simplemente como un costo de oportunidad del cual unos sacaron ventajas y otros dejaron pasar. Ese es, al menos en teoría, el esquema que rige en las sociedades consideradas “libres”.

Esos que hicieron “la diferencia”, a su vez, están sometidos a la misma ley y a las mismas autoridades que “los pobres”: deben acatar el poder de policía del Estado, y las leyes, los actos administrativos y los jueces pueden inclinar su suerte (incluso su suerte económica) del mismo modo que todo eso puede hacerlo con “los pobres”. “Los pobres” y “los ricos” son, en ese sentido, mucho más “iguales” de lo que parecen. Lo que los ha diferenciado son las decisiones que unos y otros han tomado en la vida; pero frente al Estado son más iguales entre sí de lo que los funcionarios del Estado lo son de los “pobres” (y, naturalmente, de los “ricos”).

Esos funcionarios (en tanto grupo y en tanto individuos) sí parecen disfrutar de un nivel de desigualdad y desequilibrio respecto de los ciudadanos comunes -sean estos “pobres” o “ricos”- realmente notorio. Por empezar, ellos, desde su lugar de poder, se instalan por encima y por los costados de la ley, haciéndola muchas veces inaplicable a ellos mismos, lo que los coloca en una zona de impunidad que es, por definición, bien distinta de aquella en la que están los ciudadanos, sean éstos “ricos” o “pobres”.

En segundo lugar (y esto tiene lugar paradójicamente en países como la Argentina, cuyo gobierno es discursivamente “pobrista”), desde su lugar de poder, son los funcionarios del Estado los que, muchas veces, transforman en “ricos” a ciudadanos comunes por entrar en connivencias espurias con ellos. Esas connivencias son las que explican la riqueza de ciertos “privados” que no se habría verificado si hubiera sido solo por las decisiones que el “privado” tomó. Con lo que, irónicamente, es muchas veces el gobierno “nacional y popular” el que fabrica “desiguales”, en lugar de que esa situación sea el resultado del éxito, la creatividad o el ingenio particular de un individuo.

Vistas las cosas así cabe volver a preguntarse si los pobres pueden tener esperanzas de que un gobierno como el de la señora de Kirchner los saque de su condición o al contrario lo que pueden esperar es que los hunda más en ella. Incluso uno podría preguntarse si al gobierno, siguiendo este criterio, no le convendría ampliar su base de pobres llevando a más gente a esa condición, antes de sacar de allí a los que ya están.

En ese sentido es notable lo que ha sucedido, por ejemplo, con los jubilados. Desde que el kirchnerismo llegó al gobierno la pirámide jubilatoria prácticamente se ha invertido: hoy 7 de cada 10 jubilados ganan “la mínima”. A esta situación se llegó, paradójicamente, de la mano de un discurso populista, de haber “favorecido” a los pasivos y de “aumentos como nunca antes se habían registrado”. Sin embargo, los jubilados son “igualitariamente” más pobres que antes. Lógico. El gobierno parece regirse por la máxima “si son los pobres los que me apoyan, pues que haya más pobres”, lección uno de cualquier manual de marketing.

La estafa intelectual que supone incentivar el odio de clases es un camino bien pensado para lograr varias cosas al mismo tiempo. Entre los principales objetivos que se consiguen siguiendo esa estrategia habría que consignar:

1.- Se trasmite la idea de que los funcionarios del Estado de un “gobierno nacional y popular” son “gente del pueblo”, mientras que si esos funcionarios no pertenecieran a un gobierno de ese tipo en lugar de favorecer al “pueblo” (palabra malintencionadamente usada para referirse a los “pobres”) favorecerían a los “ricos” y “poderosos” (Este argumento cae cuando los números y la realidad de las villas miseria muestran que los “pobres” han crecido en Argentina y la riqueza está más concentrada que hace 10 años. Es tanta la devoción del gobierno por los pobres que los multiplica por millones).

2.- Se expande la convicción de que hay “desigualdades” entre los ciudadanos que no derivan de las decisiones que unos y otros toman en la vida, sino de gobiernos cómplices con los poderosos (El punto cae cuando se contrasta la multimillonaria suma de subsidios -200 mil millones de dólares- que el gobierno derivó a manos privadas amigas durante los últimos 10 años; efectivamente el gobierno fabrica “desiguales”: se trata de sus socios).

3.- Se crea un escenario de “ausencia de responsabilidad por las decisiones propias”. La desgracia de la pobreza es el resultado de la acción de otro; no de la acción propia. De este razonamiento se sigue la idea de que el gobierno nacional y popular castigará a los que provocaron la pobreza de los pobres.

4.- Cuando una porción mayoritaria del electorado muerde estos anzuelos se logra que una nomenklatura verdaderamente desigual se instale en las poltronas del Estado, con el poder de hacer la ley, de ejecutarla y de juzgarla; casta que se pone por encima de los gobernados y que desde allí ejerce el poder con el solo fin de conservarlo; siendo válido, a esos fines, cualquier medio y cualquier método.

5.- Desde su desigualdad real esa nomenklatura le enrostra a la sociedad riquezas, impunidad, violaciones flagrantes a la ley a la que los demás deben someterse, uso de los recursos públicos como si fueran propios y una vida feudal de la que no goza ni el más millonario de los ciudadanos privados.

6.- Mediante la explotación de estas falsedades, se logra perfeccionar un enfrentamiento entre los “pobres” (a los que se les explota su voto) y los “ricos” algunos de los cuales -paradójicamente- terminará haciendo negocios con la nomenklatura.

El gobierno “nacional y popular” y la historieta de la “igualdad” y de los “poderosos” es, en fin, un cuento inventado por unos cuantos vivos que, como el cuento de la buena pipa, nos ha fumado a todos. Desgraciadamente no parece haber en la sociedad civil demasiada voluntad para dejar de fumar.

El campo se la ve venir

El discurso del presidente de la Sociedad Rural el sábado dijo cosas que ningún político de la oposición se anima a decir. Era él el que parecía un político. Otros dirigentes del campo se sorprendieron por la crudeza de las palabras. Pero su postura dejó en claro que la división de la Argentina es profunda y que su cicatrización será difícil. El gobierno de los Kirchner ha tenido, en ese punto, la eficiencia de la que ha carecido en la gestión. Si hubiera sido tan eficiente en disminuir la pobreza, acumular capital, elevar el nivel de vida, mejorar la infraestructura y disminuir la pobreza, hoy la Argentina sería un país vivible, con alta inversión, creación de empleo, mejora real del salario y bajos índices de inseguridad.

Pero el gobierno puso todo su énfasis en generar un enfrentamiento entre dos países irreconciliables: o se está con ellos o se está contra ellos; su último eslogan de campaña vuelve con la misma cantinela: “hay que saber elegir”, como si lo único elegible fueran ellos.

Pero a ese factor social se suma otro ingrediente. La división de la gente se apoya sobre un tembladeral económico; parte de las mentiras repetidas durante estos últimos diez años ya no tienen margen para su continuidad y mantenimiento y comenzarán a demandar correcciones impopulares.

¿Cómo reaccionarán los engañados de todos estos años? La única manera de mantener lubricado los bolsillos de aquellos a quienes se ha comprado a fuerza de dinero abundante será multiplicar la emisión. Pero ese procedimiento incendiará los billetes en las manos de la gente que verá caer su poderío de compra ya no por mes, sino por horas.

Los sindicatos pueden generar un escenario de tensiones permanentes si el gobierno no da respuestas y esas respuestas tarde o temprano deberán volcarse a la ortodoxia. Las cajas internas van agotándose (aunque quedan algunas) y el gobierno ha inmolado la posibilidad de recurrir a los mercados internacionales, que, dicho sea de paso, están por pronunciarse categóricamente en favor de que la Argentina pague lo que le debe a los tenedores de bonos que no entraron en el canje de deuda.

Esa desesperación puede ser la fuente de algunos disparates que incluso en estos días comenzaron a despuntar. En ese sentido el inefable Guillermo Moreno ha presionado a algunos bancos para que le “sugieran” a sus clientes que vendan sus dólares. ¿En calidad de qué una institución financiera va a prestarse a ese apriete?

¿Con qué autoridad supone Moreno que un banco puede decirle a una persona que venda sus dólares?

El fracaso estrepitoso de la operación de los CEDINES (que consistía en entregar dólares verdaderos a cambio de dólares falsos) puede llevar a una radicalización de la tendencia estableciendo, por ejemplo, un impuesto especial sobre fondos declarados en el exterior para obligar a una repatriación forzosa. Algunos economistas sostienen que ésta es una posibilidad nada disparatada.

El resultado de octubre (no de agosto, sino de octubre) puede tener un impacto sobre estas cuestiones.

Un gobierno normal frente a una derrota esperable en la provincia de Buenos Aires podría reaccionar reviendo algunas de sus posturas. Pero el de la señora de Kirchner no es un gobierno normal. Algunos sostienen que es el resultado de un combo de impericia, corrupción y malicia. El producto de esos ingredientes no retrocederá fácilmente aun con una derrota. Es más, sus antecedentes inmediatos lo confirman. En 2009 cuando Francisco De Narváez derrotó a Kirchner y a Scioli juntos, el entonces esposo presidencial redobló la apuesta y en pocos meses había conseguido salirse con la suya. El manejo del dinero fue fundamental para bloquear el nacimiento de una oposición más o menos ordenada. En aquel momento pudo hacerlo. ¿Están dadas las condiciones para repetirlo ahora?

Como se ve la cuestión vuelve a caer en el mismo punto: la necesidad de manejar fondos. Para hacerse de esos fondos el gobierno hará cualquier cosa. O mejor dicho, es capaz de hacer cualquier cosa.

Es justo reconocer que los Kirchner les han encontrado el punto “G” a los argentinos. Ese lugar crucial de máximo éxtasis es el dinero. A fuerza de dinero el gobierno ha conseguido objetivos que si fueran analizados desde el punto de vista de los principios o las convicciones, jamás habrían sido posibles.

Pero la sociedad tiene una cuestión evidentemente irresuelta con la plata: desarrolla un discurso completamente crítico hacia la importancia de lo material, pero luego está dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero.

La irrupción de un discurso duro como el de Etchevehere impacta más porque ningún dirigente de otra fuerza viva de la sociedad se había animado a llegar tan lejos. Todos siempre han dejado una rendija para pactar con el gobierno. No se sabe si ha sido el miedo, la revancha, el escrache o la persecución,  pero lo cierto ha sido que la comunidad empresaria no se ha expresado en defensa de los valores republicanos ni siquiera cuando el atropello llegó a los mismísimos principios por los cuales las empresas existen, como por ejemplo, cuando costados inconfundibles del modelo atentaron contra el derecho de propiedad.

Esa ausencia de valentía tiene que ver con aquella relación irresuelta con el dinero: siempre se cree que éste estará más en peligro si se enfrenta al poder real que si se pacta con él. Muchos, pensando así, han comenzado a tejer la soga con la que van a ahorcarlos.

Once millones de personas viven, de una u otra manera, gracias al dinero del Estado. Se trata de un ejército que puede defenderte o matarte. El gobierno ha apostado a la pauperización de una enorme porción de la sociedad para después colonizar su cerebro con la farsa de su relato: transforma a la gente en pobre, para después decir que es el gobierno de los pobres. Mejora su condición un escalón, pero siempre estando atento a que la mejora sea lo suficientemente visible como para usufructuarla electoralmente pero económicamente inoperante para cambiar el modelo de pauperización mental. El control sobre la ingesta alimenticia es fundamental para aspirar a seguir produciendo zombis que se encandilan con un billete nuevo en su bolsillo sin darse cuenta que ni ellos ni su prole pueden pensar.

El enorme valor agregado generado por el campo en los últimos 10 años ha servido para multiplicar una máquina de empobrecimiento. El dinero se ha usado para fabricar más pobres. Luego a esos pobres se les ha dicho que sin el gobierno de su lado morirían de hambre. Esta ha sido la manifestación más profunda de la corrupción. Una estafa divisionista que ha sido exitosa, que no tiene miras de cesar y por la que el gobierno vive y perdura. El escenario de los próximos años se caracterizará por la lucha para hacerse de los fondos que financien la continuidad de esa idea.  Etchevehere sabe que tiene todos los números de la rifa cuyo premio mayor son esos fondos. Quizás eso explique la aridez de sus palabras.

La candidatura de Massa

El lanzamiento del intendente de Tigre como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires sólo sirvió para disparar docenas de especulaciones políticas. Porque en realidad, Sergio Massa no ha dado una sola pista acerca de lo que piensa. Salvo su categórica y bienvenida opción por la no-reelección -como concepto político y no como un “no” a Cristina-, en lo demás la nueva estrella política del país ha permanecido en la ambivalencia. Massa cree en el agotamiento de las personas y de las maneras pero no del rumbo. Supone que la sociedad está harta de las peleas y del enfrentamiento pero entiende que, en general, suscribe las líneas del gobierno.

Y puede no faltarle la razón al intendente. El pequeño detalle que él y, evidentemente, la gente que piensa así no están advirtiendo es que una cosa no es posible sin la otra: este tipo de personas, las peleas, la agresión y el atropello son la consecuencia irascible y necesaria de una línea de gobierno. La continuidad de esa línea generará las mismas consecuencias que las que Massa supone -no sin razón- tienen hastiada a la gente.

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