La figura del Dr. Carlos Fayt ha sido la elegida para ensayar un copamiento a como dé lugar del más alto tribunal del país. Se trata del asalto final a lo que queda como estructura semi-independiente destinada a proteger los derechos civiles contra el poder arbitrario. Parece mentira que gran parte de la gente no entienda que ese mecanismo constitucional (que el Gobierno quiere demoler) ha sido diseñado en su beneficio y para limitar el poder avasallante del presidente y de un eventual Congreso dominado por una sola fuerza.

Los constituyentes hace 162 años fueron tan inteligentes que previeron que podía pasar lo que está pasando ahora. O fueron tan observadores que quisieron evitar otro episodio como el de la dictadura rosista.

Pero parecería que una indómita fuerza idiosincrática lleva a la sociedad a caer naturalmente en estos aluviones populistas y antidemocráticos, bajo el velo, justamente, de que esa marea sin límites que todo lo atropella es la mejor definición de la democracia.

El argumento utilizado hasta ahora contra Fayt es su salud psicofísica; crear la duda de si un hombre de 97 años está en condiciones de seguir entendiendo los mecanismos de la Constitución y si cumple con la condición de idoneidad para el ejercicio del cargo

No tengo pruebas de cómo se encuentra el juez Fayt desde ese punto de vista porque no lo veo desde hace 25 años. Más allá de que son incontables los casos de lucidez –y hasta de brillantez- intelectual en gente de edad avanzada, lo que sí parece indubitable es que es nada más y nada menos que la Presidente la que ignora por completo el diseño de la letra y, sobre todo, del espíritu constitucional.

La semana pasada, en respuesta a lo que había dicho el presidente de la Corte, el Dr Ricardo Lorenzetti, en el sentido de que la misión del Poder Judicial en general y de la Corte en particular es limitar el poder de los otros dos poderes a través del control de constitucionalidad de las leyes, la Presidente dijo textualmente: “el único control es el del pueblo”.

Pocas frases pueden condensar en siete palabras una aberración tan contundente. Resulta francamente grave que la jefa de Estado trasunte semejante nivel de desconocimiento acerca de cómo funciona el sistema republicano organizado por la Constitución. Si hay algo que los constituyentes quisieron evitar fue justamente el “llamado control por el pueblo”.

La razón es muy sencilla de comprender. “El pueblo” como ente controlador no existe: no tiene una organización jurídica, no tiene procedimientos y tampoco tiene el ejercicio monopólico de la coacción. Por lo tanto la frase “el único control es el del pueblo”, no es más que un desiderátum populista. Siguiendo ese criterio también podríamos -como reemplazamos el control de constitucionalidad ejercido por la Justicia por un control único ejercido por el “pueblo”- reemplazar las cárceles convencionales por “cárceles del pueblo” como las que usaban, justamente, las organizaciones criminales de los 70 que, en la terminología de la Constitución “se arrogaban la representación del pueblo”

De todos modos, la Presidente no es la responsable última de estas inconsistencias graves con la libertad. Ella cumple con el perfecto manual del demagogo populista endulzando los oídos de la gente que parece idiotizarse cuando escucha la palabra “pueblo”. Ella  conoce perfectamente cuáles son sus limitaciones, aquellas cosas que no puede hacer y por qué no podría hacerlas. Pero también sabe que eso no le conviene a sus intereses y a sus objetivos de ir por todo, entonces se ha propuesto testear la convicción libertaria de la sociedad. Y ese examen le está dando bien. Estira y estira la soga del poder y los argentinos siguen adormecidos, embobados con alguien que les dice que “ellos” tienen el control, que no tiene de qué preocuparse porque ella está allí para defender la “voluntad popular” contra los poderes oligárquicos y concentrados.

La Constitución quería otra cosa: quería investirnos de derechos inviolables para que, con su ejercicio, las decisiones de nuestras vidas las tomemos nosotros. Para garantizarnos esos derechos puso a nuestra disposición un Poder Judicial encargado de decirle al Gobierno: “Señor, no puede traspasar esta línea”. Pero a nosotros nos ha resultado más cómodo vivir como soldados.

Según esta interpretación el gobierno no sería el gobierno sino la oposición a ese poder; es decir, el gobierno actuaría con el poder del Estado pero oponiéndose al verdadero PODER, que, según esta versión, se ubicaría por fuera del Estado. Es más, según el gobierno, casi podría decirse que todo lo que no sea Estado sería el Poder Oculto al cual el gobierno debe oponerse.

Y decimos que la interpretación es curiosa por varios motivos. En primer lugar si todo lo que no es Estado es sospechoso de ser un poder oculto con intereses opuestos al pueblo, ¿cómo llamaríamos a los integrantes de ese supuesto poder?, ¿no serían parte del pueblo?

Supongamos que el éxito en su vida y en sus trabajos los hubiera llevado a formar empresas poderosas y consorcios influyentes, ¿no son el “pueblo” por eso? ¿Tenemos entonces una interpretación discriminatoria de la palabra “pueblo” para reservarla -como muchas veces ha hecho la propia Presidente y otros númenes del gobierno- a los “negros” y a los “pobres”? (Conste una vez más que usamos esta terminología con los mismos alcances que la han utilizado la Sra de Kirchner y Luis D’Elía, por ejemplo).

¿Quiere decir entonces que el Gobierno propicia un sistema de vida en donde los integrantes individuales del “pueblo” no tengan éxito en su vida, porque si tuvieran éxito dejarían de pertenecer al “pueblo” y pasarían a ser EL PODER oculto que se le opone? ¿El gobierno estimula un sistema en donde la gente no progrese? ¿No vivimos acaso en un sistema en el cual podemos mejorar nuestra condición?, ¿la mejora de nuestra condición hace que no seamos del “pueblo”?, ¿conforme más mejoremos nuestra condición más alejados del “pueblo” estaremos y pasaremos a formar parte del “poder” perseguido por el Estado? ¿Es este el cuadro social que el gobierno tiene en mente?

Y la verdad es que la descripción coincide con lo que han sido los hechos estimulados por el gobierno en estos años. ¿A qué han tendido esos hechos? A propagandear una mejora “hasta ahí” de la condición de ciertas franjas sociales cosa que éstas puedan seguir siendo explotadas electoralmente en tanto ”pueblo” pero, al mismo tiempo, ellas sientan una mejoría efectiva en su condición por la cual crean que deben estar agradecidos al Estado, es decir al gobierno, es decir a la Presidente.

De esas acciones deducimos que, efectivamente, el gobierno parecería perseguir un diseño social de “rebaño” por el cual la aventura de la vida no pueda transformar en rico (es decir en “independiente”, es decir, en “poderoso”) a nadie, porque esas personas son peligrosas para los perfiles del modelo y deben ser perseguidas en tanto no son fácilmente dominables. Según este horizonte no habría Bill Gates o Mark Zuckerbergs o Fords o Edisons o Firestones o Lee Iacocas en la Argentina, porque esas personas serían muy poderosas y aquí el único poderoso es el Estado, es decir el gobierno, es decir la Presidente.

En segundo lugar la interpretación del Poder que hace el gobierno es curiosa porque su propia conducta la desmiente. En efecto si uno observa el tsunami legislativo que ha producido en la Argentina desde 2003 para acá es francamente impresionante. Ese poder lo tiene solamente el gobierno. Ni Clarín, ni Ford, ni los sindicatos, ni la UIA, ni General Motors, ni Arcor, ni ADEBA, pueden emitir leyes susceptibles de hacerse cumplir por la fuerza. Solo el Gobierno puede hacerlo.

En los últimos meses -y como muchos creen para construir un poder residual aun después de una derrota electoral en 2105- el Gobierno ha sancionado la ley antiterrorista, la ley de abastecimiento, el nuevo Código Civil y Comercial, la ley de Hidrocarburos, la prórroga de la emergencia económica hasta diciembre de 2015, ha dado por terminado el proceso de adecuación voluntaria del Grupo Clarín, ahora presenta el nuevo proyecto para permitir a las telefónicas intervenir en el mercado de TV por cable, ha presentado el proyecto para reformar el Código Procesal Penal…

Ningún “poderoso” puede hacer eso. Al contrario los “poderosos” deben acatar sin chistar lo decretado por el número oficial. Entonces, va de nuevo, ¿dónde está el poder?

El hijo presidencial en su primera aparición pública adelantó que, en el caso de una derrota en 2015, entregarían el gobierno pero no el poder. ¿Cómo se entenderá esto a partir del año que viene si esa hipótesis terminara verificándose efectivamente?, ¿pasará a ser el kirchnerismo el PODER OCULTO a espaldas de lo que votó el “pueblo”?, ¿el nuevo gobierno debería ser entonces (para ser coherentes con una interpretación nacional, popular, aluvional y plebiscitaria del voto) la OPOSICIÓN a ese poder en las sombras que Máximo Kirchner reserva para su tropa en caso de derrota? ¿Y en esa condición de OPOSICIÓN al verdadero PODER (que, según Máximo, serían ellos) el nuevo gobierno debería iniciar una actividad derogatoria de todo lo hecho por el kirchnerismo, porque ahora el “pueblo” no votó al kirchnerismo y, como tal, éste es un PODER no POPULAR? 

Porque podría interpretarse que el “pueblo” es solo “pueblo” en tanto me vote a mí y si no me vota a mí, quienes ganan son el producto de un engaño de las minorías porque el “verdadero pueblo” sigue estando conmigo. Eso es querer la chancha y los veinte: cuando gano el “pueblo” es mío porque lo dicen los votos y cuando pierdo también porque el “pueblo” fue engañado. ¿No será mucho?

En fin, llega un momento en que los disimulos de los autoritarismos en el ropaje de las democracias son muy grotescos, y se notan… Se notan mucho.