Y puede no faltarle la razón al intendente. El pequeño detalle que él y, evidentemente, la gente que piensa así no están advirtiendo es que una cosa no es posible sin la otra: este tipo de personas, las peleas, la agresión y el atropello son la consecuencia irascible y necesaria de una línea de gobierno. La continuidad de esa línea generará las mismas consecuencias que las que Massa supone -no sin razón- tienen hastiada a la gente.

Por lo tanto Masa y la gente tienen un problema: creer que es posible construir un kirchnerismo democrático, respetuoso de la Constitución y noble en los modales y procedimientos. Error. Esa es una contradicción en los términos.

El intendente -que tiene mayores responsabilidades que la gente común- debería hacer un esfuerzo por definirse frente a los temas que hoy concentran la atención de todos. En su edición de ayer el diario La Nación, requirió la opinión de Massa sobre seis cuestiones de perentoria actualidad: la ley de medios, el cepo al dólar, el blanqueo de capitales, reforma constitucional, reforma judicial y sus proyectos para el Congreso.

Salvo en lo referente a la reelección de la presidente (no necesariamente sobre otros aspectos de la Constitución), Massa no se expidió concluyentemente en ninguno de los casos y en todos respondió con ambigüedades.

La sociedad ya tiene un ejemplo certero sobre cómo terminan los personajes que adhieren a este tipo de rol. Daniel Scioli apostó a la nada durante 10 años. Y se quedó sin nada. Massa debería reflexionar sobre la vida política del gobernador.

Habiendo hecho lo más difícil -presentar una lista por fuera del Frente para la Victoria- debería ser más preciso en el perfil social y de país que tiene en mente. Es obvio que sus aspiraciones presidenciales son inocultables. Y, develadas, es muy posible que tenga chances. Pero si el intendente cree que el rumbo actual es correcto, estaría produciendo un engaño masivo si creyera que los errores son sólo de formas, de la falta de cierta urbanidad y elegancia.

Es necesario conocer sus opiniones sobre el rol del Estado en la economía, sobre las libertades civiles, sobre el control que el gobierno ejerce sobre la vida individual, sobre las relaciones internacionales de la Argentina y la precisión de sus aliados comerciales y políticos, sobre la vigencia del derecho de propiedad, sobre la división de poderes, sobre la libertad de trabajo y del ejercicio de las industrias lícitas, sobre la eliminación de los índices de pobreza, de inseguridad y de inflación… Es necesario, en fin, conocer sus ideas de gobierno.

Es correcto que la presente postulación de Massa es a una banca de diputado. Pero no nos engañemos: el intendente ha comenzado su camino a 2015 y en ese sendero se precisan explicaciones y definiciones certeras; no sanata.

No van más los “siganme que no los voy a defraudar”, o “un país normal”, o “la fuerza de la gente”. Esos eslóganes vacíos deben acabar. La sociedad tiene derecho a saber qué vota y que se propone hacer el votado. Es necesario un compromiso; la gente está harta de sorpresas.

¿Cuántos votos habría sacado Cristina si hubiera anticipado su cepo al dólar, sus trabas a libertades cotidianas mínimas, su “vamos por todo”, su intento de copamiento a la Justicia, la intensificación de la vigilancia ciudadana a través de la oficina de impuestos? Si Massa cree que un modelo de intervención en la vida individual como éste se puede llevar adelante con buenos modales y sin empellones, debería revisar sus teorías. No es posible seguir imaginando semejante nivel de intervencionismo sin la presencia de la violencia. En todo el mundo ha sido igual: un régimen con semejante pretensión de control debe recurrir tarde o temprano a la fuerza.

Como es lógico esperar que los tocados por la “intervención” (que cada vez son más) pataleen, el que aspira a que el control no se les vaya de las manos debe ejercer el monopolio de la coacción para enervar las rebeliones. Entonces aparece primero el insulto, luego el empellón y final, y eventualmente, la fuerza bruta.

Las maneras son, por lo tanto, una consecuencia necesaria del modelo de opresión. Aunque llegue un “educadito” como Massa, si su pretensión es el control social, deberá ejercer coacción y la coacción no se caracteriza por sus buenos modales.

En el camino hacia 2015 (que no será posible para nadie sin 2013) la sociedad espera definiciones. No importa que enfrentemos una elección legislativa de medio término. La gente empieza a reclamar precisiones. Ya ha tenido demasiado de la escuela de Scioli para ver al gobernador terminar arrodillado a los pies de la presidente, casi pidiendo perdón, mientras Cristina no se priva de seguir castigándolo. La sociedad necesita un líder positivo. Un líder democrático. Un líder civil, no místico, que asuma el desafío de poner a los individuos delante de él mismo. Y la sociedad también necesita asumir ese rol de protagonista, no de una sonoridad amorfa y masiva sino de una creatividad individual que multiplique la riqueza y deje atrás los dramas de la pobreza y del subdesarrollo.

La señora Gils Carbó, el mismo día que asumió, se puso a “disposición de lo que la presidente necesitara” (esas fueron sus palabras textuales) cuando en realidad el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente y autónomo del Poder Ejecutivo cuya principal misión es defender los intereses de la sociedad frente al Estado y generar la actuación de oficio cuando el patrimonio y los recursos de todos los argentinos estén en peligro.

Desde que está en su puesto, Gils Carbó no ha hecho otra cosa que sobreactuar su genuflexión frente a la presidente. Es más, desde su sillón encabezó un movimiento público para respaldar el avance del poder ejecutivo sobre el Poder Judicial en lo que finalmente anunció la señora de Kirchner hace una semana.

Desde que el programa PPT de Jorge Lanata emitió al aire un informe con muy serias pruebas que involucran al ex presidente Kirchner en maniobras corruptas viabilizadas por su socio Lázaro Báez a través del dinero de la obra pública que el Estado le concedía a la empresa del ex empleado bancario santacruceño, la señora Gils Carbó no ha instruido a ningún fiscal para que tome cartas en el asunto e investigue qué se hizo con ese dinero aspirado de los bolsillos inocentes de los argentinos.

A este momento no se conoce una sola iniciativa del Ministerio Público que pretenda indagar sobre los dichos de los “arrepentidos” que declararon por TV el domingo a la noche.

Uno de ellos, Leonardo Fariña, llegó a mensurar la fortuna de Baez (a quien no dudó en identificar como socio de Néstor Kirchner) en U$S 5000 millones que se encontrarían depositados en efectivo en la bóveda del la ex sucursal del Banco Hipotecario de Río Gallegos que Baez habría hecho trasladar a su estancia cuando el banco cerró esa dependencia.

La denuncia, con abundante documentación, de estos hechos, sin embargo, no ha hecho que Gils Carbó moviera un dedo. Su movimiento quinta columna “Justicia Legitima” sí se cansó de emitir comunicados para respaldar el avance de la presidente sobre la imparcialidad del Poder Judicial, pero de esto no ha dicho ni hecho nada.

En esta realidad se haya resumido el futuro que le espera a los argentinos cuando sus intereses individuales aparezcan en controversia con los del Estado (es decir, de ahora en más, con los caprichos y las ocurrencias de la presidente): ningún juez actuará, como así tampoco actuaron los fiscales dirigidos por la teóricamente “independiente” Gils Carbo en el caso de Baez/Kirchner.

Otro costado de esta cuestión es el ingente esfuerzo del gobierno y de sus medios controlados para que lo que claramente es el caso “Baez/Kirchner” (o “Baezgate”, como prefieran) sea presentado como el caso “Fariña/Rossi” o, peor aún, como una farandulesca versión de Karina Jellinek y de Ileana Calabró que termine discutiéndose en Intrusos, el programa de Jorge Rial.

La verdad es que a veces el destino cruza tragicómicamente lo que el poder jamás hubiera querido que se crucen. Que el estallido del Baezgate se haya producido en la misma semana en que la presidente pomposamente anunció que la Justicia para ser democrática debe fallar siempre en el mismo sentido que se expresa la voluntad de los funcionarios elegidos por la mayoría circunstancial de una elección, es una ironía casi sobrenatural.

Resulta que el mismo poder que se autoatribuye ser la voz inatacable del mismísimo pueblo, frente al que ningún individuo puede retobarse y frente al que ninguna Justicia puede dictar un fallo que lo contradiga, es aquel que desvía fondos que ese mismo pueblo paga trabajosamente a través de sus impuestos para engordar los bolsillos privados de personas privadas que, despojadas de todo su ropaje de poder público, deberían ser iguales que nosotros frente a la ley.

No puede más que seguir resultando paradójico que el gobierno que eleva lo “publico” prácticamente al estadio de la divinidad y condena lo “privado” prácticamente al escarnio de lo inmoral use el resultado dinerario del esfuerzo de millones para enriquecerse privadamente y que luego utilice la misma estructura del poder público para no investigar, para cajonear y para desviar la atención de la causa.

Estamos frente a un momento decisivo de la historia democrática (si es que se le puede dar ese nombre) del país. En muchos otros, por mucho menos, los gobiernos debieron dar una profunda cuenta de lo que hicieron y señalar con nombre y apellido a los culpables.

¿Estará la Argentina a la altura de las circunstancias? ¿O lo que se denunció seriamente en el programa de un “Jorge” (Lanata) terminará diluido banalmente entre plumas de vedettes en el programa de otro “Jorge” (Rial)?