El caso del vicepresidente Amado Boudou puede llegar a traer a colación -en un tiempo más cercano que lejano- una cuestión que desde hace un tiempo pareció salir de las noticias argentinas y olvidarse de los comentarios periodísticos, pero que sigue estando pendiente de resolución, respecto de la cual el gobierno no ha bajado sus pretensiones y que el Senado tiene en carpeta para aprobar.

Nos referimos a la limitación de la responsabilidad del Estado, cuyo proyecto surgió el año pasado y causó -como no podía ser de otra manera- un enorme revuelo jurídico y periodístico y que, pasado ese tsunami, quedó allí, metido en la nube del olvido con la que muchas veces el gobierno especula para obtener lo que se propone.

Según ese proyecto, el gobierno se propone deslindar la responsabilidad de los funcionarios por hechos cometidos durante su gestión, en una confesión lisa y llana de que la estructura del Estado es finalmente utilizada para privilegiar la situación personal de personas físicas y no el bien general.

La palabra “Estado” es utilizada frecuentemente en general por los gobiernos poco afectos a respetar las instituciones republicanas como un escudo para trasmitir la idea demagógica de que lo que se persigue desde la función pública es el bien de todos cuando en general esa superestructura es utilizada para beneficiar y privilegiar la situación personal de personas tan “privadas” como nosotros, tan “de carne y hueso” como nosotros, pero que se diferencian de nosotros precisamente por el hecho de que ellas están sentadas en las poltronas del Estado y nosotros no.

Ese pequeño detalle muchas veces trata de esconderse para no dejar ver el procedimiento por el cual se crea una verdadera casta desigual que se mueve en otro nivel diferente al nuestro, que disfruta de otro tipo de vida diferente a la nuestra y que está sujeta a otras reglas -más favorables- diferentes de aquellas a las que estamos sujetos nosotros.

Con este proyecto, el kirchnerismo ha innovado en el sentido de ser ya desembozado frente a la sociedad y descargarse con una ley que directamente les saque la responsabilidad de encima a los funcionarios por los actos que cometen mientras ejercen la función pública. Aquí la máscara de entelequia con la que suelen adornar al “Estado” para confundirlo con el gobierno e incluso con la Patria, ya cae definitivamente para decir: “Señores, los que no vamos a responder por los actos que cometemos somos nosotros, los funcionarios”.

Se trata de un círculo perfecto de impunidad que obviamente solo pueden completar los privilegiados que se sientan en los sillones del Estado. Ningún particular tiene la facultad de dictarse para sí mismo una ley que lo exima de las responsabilidades por sus actos. Los funcionarios sí. Ellos son el Estado. Ellos tienen el poder legislativo para regular nuestra vida y la de ellos. En la nuestra, para imponernos obligaciones, cargas y deberes; en la de ellos, para eximirse de responsabilidades.

Si ese proyecto llegara a transformarse en ley podría tener un enorme impacto en el caso Boudou. Si bien en principio de lo que se habla allí es de la responsabilidad civil del Estado, la inexistencia de responsabilidad civil de Boudou en el caso Ciccone podría tornar abstracta la cuestión penal por la que el vicepresidente fue indagado el lunes. Y como en derecho penal rige el principio de la ley más benigna a favor del acusado, la aprobación en el Senado de la ley de “irresponsabilidad del Estado” (léase de sus funcionarios) podría tener un impacto importante en la situación procesal del vicepresidente.

Si Boudou no resulta civilmente responsable por lo actuado en Ciccone, mal podría haber cometido un delito. La cuestión caería dentro del amplio marco de discrecionalidad que los funcionarios pasarían a tener una vez aprobada esta ley. A esta altura es importante recordar que el vicepresidente viene insinuando veladamente que en algún momento revelará los costados “políticos” de la operación, como dando a entender que el plan de quedarse con empresas privadas consideradas “estratégicas” formaba parte de la matriz central del pensamiento y de la táctica de gobierno del kirchnerismo. En ese marco, con la ley de “irresponsabilidad del Estado” sancionada, Boudou podría argumentar que lo suyo fue una decisión política por la cual no le cabe responsabilidad.

Pero más allá de las implicancias para Boudou, lo que debería quedar claro frente a la sociedad es que el gobierno ha tenido la desfachatez de prepararse para sí mismo una ley de impunidad con la pretensión de hacerle creer a la gente que desde el Estado se la defiende. No hay mentira más flagrante frente a un proyecto que, en este sentido, pone las cosas en blanco sobre negro, bien claras: el gobierno pertenece a la escuela que cree que quien gana unas elecciones se apodera del Estado y tiene derecho a confundir la esencia de la nación con las personas de carne y hueso que acceden a los cargos. Desde allí como ellos son la Patria tienen derecho a hacer cualquier cosa y, quien se interponga, es un enemigo del país.

Esta secuencia, que ha estado clara desde el nacimiento del kirchnerismo en 2003, por este proyecto se blanquea inescrupulosamente. El gobierno nos dice que tiene el poder para sancionar normas que consagren el privilegio de los funcionarios por sobre los ciudadanos comunes y que lo va a hacer. Todo eso al mismo tiempo en que dice que es la representación de los ciudadanos comunes y en especial de aquellos más desposeídos , que menos tienen y que en peor situación están.

No hay dudas de que el vicepresidente Boudou se aprovechó de su función para beneficiarse personalmente o que trazó un plan para lograr ese cometido quedándose con la fábrica de hacer billetes, algo que claramente está muy lejos de poder ser hecho por un particular común, liso y llano.

No hay dudas de que la administración trató de tapar todo ese accionar sancionado por ley del Congreso la estatización de Ciccone, comprometiendo recursos públicos, aunque luego se haya cometido el doble crimen de no pagarle a nadie.

Muy bien, todo ese manejo, solo posible a la sombra de los mecanismos que permite el manejo del Estado, puede quedar impune por la sanción de una ley que sencillamente dice que, precisamente, el Estado (sus funcionarios) no es responsable por los actos que produce. ¿Qué delito puede haber cuando no hay responsabilidad? Esa buena noticia puede estar a la vuelta de la esquina en los expedientes de Boudou.