El periodista Jose Crettaz escribió el día jueves en La Nación que el “Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto 677, que pone en marcha la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), la súper poderosa agencia de regulación de las telecomunicaciones que creó la ley Argentina Digital, sancionada el 16 de diciembre de 2014. El decreto prevé que el directorio de la AFTIC, que estará integrado por siete miembros, inicie sus funciones el 29 de mayo próximo. Los funcionarios, que deben ser designados por el Poder Ejecutivo, durarán en sus cargos cuatro años y su remoción se decidirá por mayoría de dos tercios de los integrantes del Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, otro órgano creado por el decreto publicado ayer. Ese consejo, compuesto de 34 personas, se integra a su vez por representantes de las 24 provincias y de entes públicos y privados del sector”.

La presunción es que el Gobierno se asegure al menos 5 miembros leales en la configuración de este Directorio que continuará en funciones aun después de las elecciones y de la asunción del nuevo presidente. Sólo dos directores representarían a fuerzas políticas opositoras (los de la primera y la segunda fuerza parlamentaria). El decreto no estableció un sistema de concursos y antecedentes para los directores ni para el resto de la plana de la autoridad, dice José en su artículo.

Esta nueva autoridad de aplicación reemplazará a la Secretaria de Comunicaciones, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a Arsat y al Correo Oficial, y todo indica que será una nueva pista de aterrizaje para miembros de la Campora, en consonancia con otras agencias creadas por el Gobierno, especialmente en materia de comunicaciones como así también en otras diversas áreas de las actividades del Estado

La noticia preocupa porque denota un despliegue más de una táctica militar para gobernar aun sin conservar la presidencia en manos propias. El gobierno y sus tácticos están identificando “cabeceras de playa” estratégicas para ocupar antes del 10 de diciembre y encargan a expertos legales un encuadre jurídico para asegurarse esos bastiones más allá del cambio de gobierno.

El establecimiento de períodos de “administración” que superen el límite de diciembre y la imposición de mayorías calificadas para conseguir la remoción de sus miembros parece ser el formato clásico que la Presidente está eligiendo para perpetrar “el modelo” en el centro del ring.

Cuando el 1 de marzo en la sesión de inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, aparecieron carteles que decían “El candidato es el proyecto” todo el mundo los interpretó como una frase de ninguneo para Scioli que, en ese momento, era aun seriamente criticado por el núcleo duro del cristinismo. Pero, ahora, con la revelación cada vez mas evidente de la puesta en marcha de un plan sistemático de copamiento de agencias claves del gobierno, aquella leyenda cobra otro significado.

En efecto, el kirchenrismo se propone gobernar más allá de diciembre de 2015 aun con un candidato que no responda a la pureza que algunos de sus propios sectores exigen.

Los candidatos de la oposición no se han manifestado –por lo menos de modo importante- respecto de esta cuestión. Pero no se si podrán soslayar el tema por mucho más tiempo. Cualquiera de los candidatos que llegue al gobierno (incluido hasta el propio Scioli) se encontraran con un Estado “tomado”.

La planta de empleados públicos consolidados del país realmente asusta. Vale recordar que el presupuesto total de salarios consolidados del sector público argentino era de 25 mil millones de pesos en 2002. Hoy supera los 560 mil millones. Toda esa es gente que ha sido nombrada por el kirchnerismo y que en gran medida le responde. Ahora, a esa estrategia de “inundación” de personal le sigue ésta, un poco más sofisticada, en donde se crean dependencias a las que se le hacen nombramientos políticos con periodos de gestión que van más allá de diciembre y para la que se prevén normativas muy complicadas de remoción.

Sé que existen varios estudios abocados a determinar la constitucionalidad de estos nombramientos, designaciones y creaciones de organismos. Pero de todos modos aun considerando una eventual inconstitucionalidad, el tema implica una severa capitis diminutio para el próximo presidente que verá seriamente recortado su poder y la posibilidad de establecer sus políticas respecto de amplios sectores de la administración.

El kirchnerismo ha sido la agrupación política con mayor criterio militar para gobernar el país de lo que recuerda la última parte de la historia argentina. En efecto, sus planteos estratégicos, el aprovechamiento al máximo de las debilidades contrarias y de las fortalezas propias, un sentido bélico de la confrontación política y el criterio de la ocupación de territorios son modalidades típicamente militares traídas a la política civil. Desde el punto de vista de la concepción del poder, hay que sacarse el sombrero. Pero desde el punto de vista de la libertad individual, no debería pasar un minuto sin que nos preocupemos.