La cuarta huelga general contra el gobierno de Cristina Kirchner tiene motivos legítimos desde el punto de vista gremial, pero también un componente político, al menos para los sindicalistas peronistas que la han organizado. Y no se trata, como se piensa, de marcar la cancha a los candidatos presidenciales. Octubre esta, todavía, demasiado lejos. Moyano, Barrionuevo, Fernández y compañía apuntan, más bien, contra el gobierno de Cristina.
En primer lugar, este paro fue organizado a partir de los estratégicos gremios del transporte, por lo cual su eficacia cuestiona directamente al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, impulsado como precandidato presidencial por la propia Cristina frente al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.
Randazzo aparece más confiable que Scioli para Cristina y para el cristinismo, con La Cámpora a la cabeza.
Ahora, un ministro que no logra impedir el protagonismo de los gremios del sector en esta huelga queda deteriorado. Más aún contando con tan generosos subsidios para los empresarios del transporte.
En la huelga anterior, el gobierno pudo maniobrar para impedir que esos sindicatos se plegaran.
La huelga también cuestiona al ministro de Economía, Axel Kicillof. Es complicado pensar Kicillof, en el marco de una economía que está por lo menos estancada y sigue con una inflación altísima, y con una huelga que, por lo que se conoce, tiene un alto acatamiento, pueda ser el candidato a vicepresidente de Scioli.
Ésta es una jugada de la que se viene hablando en el oficialismo para condicionar al gobernador de Buenos Aires.
Más allá de dónde esté cada uno en este momento, la huelga de Moyano, Barrionuevo, Fernández y compañía afecta a Randazzo y Kicillof. En este sentido, coinciden con las preocupaciones objetivas de los gobernadores e intendentes peronistas que aspiran a seguir controlando sus territorios luego de las próximas elecciones. Para eso, necesitan candidatos en la fórmula presidencial que traccionen votos, más allá de los gustos y los deseos de la Presidenta.