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Las confesiones de Videla

El último golpe de Estado fue el más organizado de todos los que ocurrieron en nuestro país. Las primeras conversaciones ocurrieron, de manera informal, nueve meses antes, cuando el general Jorge Rafael Videla fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante el gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón.

En una de las entrevistas para mi libro Disposición Final, Videla sostuvo que “la planificación del golpe en forma orgánica comienza luego cuando me convierto en comandante en jefe del Ejército”, el 28 de agosto de 1975, cuando, durante una crisis militar y política, el Ejército impuso a la Presidenta la designación de Videla.

“En ese momento, empiezo a recibir visitas de gente interesada en verme”, agregó.

A esa altura, el gobierno peronista estaba muy debilitado: un drástico programa de ajuste económico, bautizado el “Rodrigazo” por el apellido del ministro de Economía, Celestino Rodrigo, había derivado en la primera huelga general contra un gobierno peronista y en la salida del hombre fuerte del gobierno, José López Rega.

Todo eso en medio de una densa violencia política, con distintos grupos armados, de izquierda y de derecha, que en 1975 cometieron 1.065 asesinatos por razones políticas. En las vísperas del golpe, cada cinco horas ocurría un atentado y cada tres estallaba una bomba, según el diario La Opinión, de Jacobo Timerman.

Fue el golpe más preparado y comentado de la historia nacional; tanto fue así que los últimos tres meses y medio del gobierno peronista fueron utilizados por los militares para elaborar las listas de personas que serían detenidas luego del 24 de marzo de 1976 a lo largo y ancho del país.

“No era una situación que nosotros pudiéramos aguantar mucho: los políticos incitaban, los empresarios también; los diarios predecían el golpe. La Presidente no estaba en condiciones de gobernar. El gobierno estaba muerto”, dijo Videla.

Los principales actores políticos y económicos jugaban al golpe, incluidos los grupos guerrilleros, que pensaban que el retorno de los militares al poder los favorecería porque, de esa manera, la mayoría de los argentinos comprenderían quiénes defendían, de verdad, sus genuinos intereses.

Basta recordar el comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los principales grupos armados, hace hoy 39 años: “Es el comienzo de un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria”.

Esas listas de detenidos derivaron en miles de asesinados y desaparecidos.

Según Videla, los militares protagonizaron el golpe de 1976 con un consenso básico: “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que la sociedad le pasara desapercibido. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”.

Antes de morir, en 2013, Videla asumió en Disposición Final la responsabilidad de esa “decisión”, y sostuvo que, si bien tenía “un peso en el alma, no estoy arrepentido de nada ni ese peso me saca el sueño. Duermo muy tranquilo todas las noches”.

Videla, un producto típicamente argentino

Una de las cosas que más me llamaron la atención en las entrevistas que derivaron en el libro “Disposición Final” fue que Jorge Rafael Videla se reveló como un producto auténticamente argentino; el fruto extremo de una cultura política fratricida, que divide entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, y que, en consecuencia, considera que cada gobierno tiene la misión de refundar el país. Una cultura autoritaria, que desprecia la búsqueda de equilibrios y consensos, así como es renuente a la tolerancia y a la evolución.

Videla y los militares llevaron al extremo la división de la Argentina entre amigos y enemigos: “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”, afirmó sobre el acuerdo básico de la cúpula militar que tomó el poder, hace treinta y ocho años. No sólo para “ganar la guerra contra la subversión” sino para “disciplinar a una sociedad anarquizada, volverla a sus cauces naturales”; reconstruirla como si fuera de plastilina y pudiera ser modelada por la fuerza.

Sería hermoso que el relato kirchnerista fuera cierto, al menos en este punto; que Videla y los militares hayan sido una anomalía o más bien la expresión de solo una parte de la Argentina, esa gente mala, egoísta, a la que solo le preocupan sus intereses particulares: la prensa hegemónica, el campo, la Iglesia, las clases medias (cuando no votan como tienen que hacerlo), el empresariado que no es nacional ni popular, el radicalismo, el peronismo ortodoxo o moderado, el sindicalismo “burocrático”…

Sin embargo, la realidad supera al relato. La “juventud maravillosa”, de la que el kirchnerismo se postula como legítimo heredero, no tomó las armas luego del golpe del 24 de marzo de 1976 para defender la democracia y los derechos humanos, respaldados por los partidos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones sociales que defendían los intereses populares.

No ocurrió así. Los militares desplazaron a la presidenta Isabel Perón con el apoyo de buena parte de la sociedad, que estaba harta de la inflación, el desabastecimiento, la violencia de derecha e izquierda (en 1975 hubo 1.065 muertos por razones políticas), la fragilidad del gobierno y de la Presidenta y las denuncias de corrupción. Tanto fue así que no hubo protestas callejeras ni huelgas en las fábricas o los comercios.

La prensa reflejó ese respaldo social: no solo La Nación y Clarín, como ahora machacan los voceros del kirchnerismo; también La Opinión, de Jacobo Timerman, un diario considerado de centro izquierda que apoyaba abiertamente al almirante Emilio Massera, y el vespertino La Tarde, dirigido por su hijo, el actual canciller Héctor Timerman.

Buena parte de los empresarios y del Episcopado respaldaron el golpe de Estado. Pero también el Partido Comunista, que alababa a las “palomas” de la dictadura, como Videla, y proponía un gobierno cívico-militar. Las guerrillas recibieron el golpe con entusiasmo: ya existían antes del 24 de marzo de 1976; el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) no había abandonado las armas durante los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976, y Montoneros, de origen peronista, había vuelto a la clandestinidad luego de la muerte del presidente Juan Perón, el 1° de julio de 1974.

Tanto el ERP como Montoneros jugaron al golpe, a “fascistizar” al Ejército, seguros de que una nueva dictadura convencería a los sectores populares de que eran ellos quienes defendían sus intereses. Para concretar el sueño de la revolución socialista, habían creado “ejércitos populares”, con grados y uniformes. Esto no es una interpretación, son hechos; se pueden consultar los documentos de la época y las declaraciones de los jefes guerrilleros, como Mario Firmenich y Mario Santucho.

Fueron muchos los actores que condujeron al poder a los militares, cuya dictadura fue un desastre: miles de detenidos asesinados y desaparecidos según el macabro método llamado “Disposición Final”, crisis económica y hasta una guerra perdida contra Gran Bretaña y sus aliados por las Islas Malvinas. La memoria es importante pero luego de conocer la verdad, toda la verdad.