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Un proyecto retrógrado para seguir militarizando la Provincia

Aunque disidencias en el bloque oficialista del Frente para la Victoria llevaron a postergar la sesión fijada originalmente para el 14 de mayo en la Cámara de Diputados de la Provincia una semana, la creación de las llamadas “Policías locales” cuenta con un amplio respaldo por parte tanto del oficialismo como del Frente Renovador, y con “buena prensa” en los medios del sistema. Desde el Frente de Izquierda nos opusimos al proyecto en las comisiones de la Cámara donde fue tratado y de las que somos parte (Presupuesto y Asuntos Constitucionales), y lo haremos cuando se trate en el recinto.

Las “Policías locales” vienen a reforzar el poder de fuego de la Bonaerense, no a reemplazarlo. La Bonaerense controla en la Provincia el llamado “gran delito” (narcotráfico, desarmaderos de vehículos, trata de personas, juego clandestino, etc.) en alianza con sectores del poder político, económico y judicial. Esto mismo ocurre en todo el país, como vimos con la complicidad de las Policías de Córdoba y Santa Fe con el narcotráfico o con la Policía tucumana con las redes de trata en el caso de Marita Verón. Las Policías reclutan “lúmpenes” para trabajar a su servicio, a quienes les liberan las zonas a cambio de quedarse con el grueso de lo que recaudan. También se aprovechan de jóvenes en situación de pobreza, a quienes persiguen y aun hacen desaparecer si se niegan a ponerse a su servicio, como ocurrió con Luciano Arruga en La Matanza.

Según todos los indicios, miembros de esta “maldita Policía” fueron los responsables de la desaparición de Jorge Julio López: en el año 2006 eran 9.026 los miembros de la Bonaerense que venían de los años de la dictadura y seguían en funciones, según un informe brindado por el entonces ministro León Arslanián. Recientemente la Cámara de Diputados votó favorablemente un pedido de informes que propusimos desde la banca del FIT para ver cuántos son en la actualidad, pedido que aún no ha sido respondido por el Ministerio de Seguridad provincial.

Las Policías se caracterizan también en nuestro país por la aplicación generalizada del “gatillo fácil”: según la CORREPI, de 2002 a la fecha fueron asesinadas mil cuatrocientas personas por este método o por torturas en cárceles y comisarías. En vez de desarticular este entramado mafioso organizado desde el propio aparato de Estado, Scioli y su ministro Granados refuerzan su poder creando un cuerpo policial que será controlado por cada intendente, principalmente por los “barones del Conurbano”, los cuales son parte tanto del FPV como del Frente Renovador de Massa. El ministro Granados ya implementó un antecedente de estas Policías locales en Ezeiza en base al reclutamiento de policías retirados, con denuncias de actuar como “escuadrones de la muerte” (ver Horacio Verbitsky, “Granados de guerra”, Página/12, 8-09-2013)

No hay que ser muy perspicaz para predecir que estas nuevas Policías serán grupos de choque al servicio de cada intendente, que las tendrá disponibles para utilizar contra los que reclamen por vivienda o salario y para amedrentar a los opositores de cada distrito, como ocurre ya con frecuencia en numerosos municipios. Los reclamos de varios intendentes para quitar todo mínimo control de los Concejos Deliberantes o de la población sobre los jefes de estas nuevas Policías dejan esto en claro para el que tenía alguna duda. Además, tendrán un costo adicional de unos cuatro mil millones de pesos anuales en una provincia donde hay numerosas carencias en educación, salud y vivienda. Sin ir más lejos, son miles los establecimientos escolares con problemas edilicios sin resolver y hay cientos de docentes a los que directamente no se les paga el salario durante meses.

Es claro que para este Gobierno y para opositores como los del Frente Renovador su prioridad no es la educación pública, el hospital público o el acceso a la vivienda para los trabajadores y los sectores populares, sino fortalecer el aparato represivo que, como dijimos, es quien maneja el “gran delito”. Refuerzan el poder de la Bonaerense mientras criminalizan la pobreza, transformando las barriadas populares de la Provincia en una suerte de prisión a cielo abierto y estigmatizando a los jóvenes de origen popular para lanzar contra ellos el malestar social, como se expresó en la ola de “linchamientos” fascistizantes de hace algunas semanas, alentados desde el discurso de políticos oficialistas y opositores como desde diferentes medios de comunicación. Una concepción derechista y retrógrada, basada en una suerte de “racismo social”, donde el “sujeto peligroso” a criminalizar y perseguir son los jóvenes como Luciano Arruga y no sus desaparecedores.

Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”

Una parte de los votantes del candidato oficialista en la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, justificó su voto con el argumento de “frenar a la derecha” que estaría expresada en las candidaturas de Sergio Massa y Francisco De Narváez. Sin embargo, a poco de conocerse el resultado electoral con la fuerte derrota del gobierno, este asumió la agenda de sus adversarios en lo que los voceros del sistema llaman “el problema de la seguridad”, focalizado en delitos contra la propiedad, ya sean robos o asesinatos. Por el contrario, la burguesía es ducha en no tipificar sus crímenes como delitos (a los que llaman de “guante blanco”) y atenuar las penas que a estos se le imponen pese a que tienen múltiples damnificados.

Aunque correspondería, no se habla de “inseguridad” frente los accidentes de trabajo, el empleo precario, la ausencia de una vivienda digna, la falta de acceso a la salud o la educación o ante el “gatillo fácil” de las policías “bravas”.

El propio Insaurralde se pronunció por bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años y Scioli desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad, poniendo al frente de éste último al hasta entonces intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Además, el gobierno nacional, de la mano del secretario de Seguridad, Sergio “Rambo” Berni, ordenó el despliegue de miles de nuevos gendarmes en las barriadas del conurbano. Recordemos que en las primarias, el “combate contra la inseguridad” fue uno de los ejes de Massa, resaltando que en Tigre había cámaras de seguridad por todo el municipio. De Narváez, por su parte, dijo que el oficialismo le copió sus planteos.

Ante estos planteos parte del kirchnerismo salió a decir que no acordaba con la baja de la edad de imputabilidad (aunque sí con elaborar un “régimen penal juvenil”) y desde Página/12 Horacio Verbitsky tiró munición gruesa sobre Granados, de quien recordó su responsabilidad como intendente en la actuación de “escuadrones de la muerte” en Ezeiza, a partir de incorporar a los destacamentos de la Bonaerense en el municipio a policías retirados o exonerados, involucrados en el asesinato de jóvenes que presuntamente habrían estado implicados en asaltos a comerciantes. Granados es un abierto defensor de la “mano dura” y de la “justicia por mano propia”. Su política, más allá de sus objetivos electorales de corto plazo, avanza en transformar las barriadas populares en una suerte de prisiones a cielo abierto, aumentando el poder de quienes en realidad son la cabeza del llamado “crimen organizado”, que tiene su vértice en el propio aparato estatal: las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales, como se demostró con claridad en los casos de Córdoba y Santa Fe. La consecuencia de esto será el aumento de los casos de gatillo fácil y de la represión contra los que luchan. Este despliegue represivo, que hoy se dirige esencialmente a criminalizar a la juventud de origen obrero y popular, fundamentalmente a quienes se les niega el derecho al trabajo y al estudio, que son alrededor de 500 mil en la Provincia de Buenos Aires y 900 mil a nivel nacional, va dirigido preventivamente contra un incremento de las luchas obreras y populares.

Es un hecho que la campaña persistente sobre la “seguridad” y la estigmatización de los jóvenes en situación de pobreza, machacada una y otra vez por los grandes medios, ha penetrado en sectores de los trabajadores. Es también un hecho que las condiciones de degradación social que dejó la hiperdesocupación de los ’90 sólo fue paliada muy parcialmente en la década kirchnerista, dejando a cientos de miles en situación de profunda vulnerabilidad social que es aprovechada por las mafias policiales para reclutarlos como último orejón del tarro de sus “emprendimientos delictivos”. Luciano Arruga es el caso emblemático de un joven desaparecido por la policía de La Matanza por negarse a “trabajar” como dealer para la Bonaerense.

La maniobra de sectores del kirchnerismo es presentar las cosas como si el oficialismo no estuviera al frente de impulsar estas políticas. “Insaurralde se cortó solo”; “lo de Granados es obra de Scioli”. Pero lo cierto es que Berni aplaudió el nombramiento de Granados y al gobierno corresponde la iniciativa de despliegue de la gendarmería del Proyecto X en los barrios. Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”. Es el FPV quien implementa una política clara de derecha y es su gobernador quien puso a un apañador de los “escuadrones de la muerte” como ministro de Seguridad.

En Provincia de Buenos Aires, sólo el FIT enfrenta “a la derecha” en todas sus variantes. Contra la criminalización de la juventud nuestro planteo es: terminar con las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales; trabajo con un salario mínimo igual a la canasta familiar; becas para que todos los jóvenes tengan acceso efectivo a la educación; vivienda digna para el pueblo trabajador.