El 19 de abril se cumplió un año de las condenas dictadas en el juicio oral por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
El aniversario nos encuentra frente a una estrategia combinada para lograr la impunidad de los principales autores del crimen, especialmente de José Pedraza y Juan Carlos Fernández, los dos máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria durante tres décadas.

Prisión domiciliaria

Recientemente, los defensores de ambos se lanzaron a preparar el terreno para solicitar la prisión domiciliaria. El abogado de Pedraza, Carlos Froment, hizo circular versiones sobre el “deterioro” de la salud de su cliente y pidió a los jueces una junta médica. Es el paso previo a la solicitud del beneficio: Pedraza pretende cumplir la condena en su lujoso departamento de Puerto Madero. Una maniobra similar protagoniza el “Gallego” Fernández, quien efectivamente ya solicitó continuar purgando la pena en su casa. Por lo pronto, los jueces lo autorizaron a que se realice una intervención quirúrgica menor en una clínica bonaerense que pertenece a la UF y que médicos forenses establezcan un diagnóstico sobre su estado de salud.

En estas cuestiones, las querellas no son consideradas partes por el sistema penal y, por lo tanto, no pueden oponerse ni poner condiciones.

Casación

El fallo condenatorio se encuentra en manos de la Sala III de la Cámara de Casación Penal para ser revisado. Sus integrantes son los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Gustavo Hornos. Se trata del mismo tribunal que avaló el fraude montado por la policía para encubrir su responsabilidad criminal en la masacre de Pompeya y que condenó por segunda vez a Fernando Carrera (ver El Rati Horror Show).

Pedraza y Fernández fueron quienes ordenaron el ataque a balazos contra los obreros tercerizados del ferrocarril Roca en el que resultó asesinado Mariano para preservar sus propios intereses económicos y políticos, como demostramos en el juicio. El TOC 21 los sentenció a 15 años de prisión en calidad de coautores de homicidio simple. Atenuaron sus condenas porque -dijeron- a la burocracia “no le convenía un muerto”. Esa falacia dejó abierta la posibilidad para que ahora el tribunal de alzada reduzca las penas e incluso dicte absoluciones. De haber reconocido que existió premeditación -como nosotros reclamamos Pedraza, Fernández y los demás acusados hubieran sido condenados a prisión perpetua, ya que el Código Penal no ofrece alternativa. El TOC 21 rechazó nuestra apelación sobre la calificación del delito imputado a Pedraza, Fernández y tres de los autores materiales (Cristian Favale, Gabriel Sánchez y Pablo Díaz).
La fiscalía de Cámara está a cargo de Irma García Netto, una fiscal subrogante designada directamente por Alejandra Gils Carbó en marzo de 2013. En el juicio oral, recordamos, la fiscalía intervenida por Gils Carbó subestimó las motivaciones políticas y económicas del ataque, y acusó a los policías por “abandono de persona”, no por su efectiva y activa colaboración con los agresores.

Causas conexas

Entre las causas conexas, la referida al perito que destruyó la bala homicida culminó con una condena menor dictada por un tribunal que desvinculó a Pedraza de la maniobra, a pesar de que sus honorarios eran pagados por la UF y que el sabotaje de la prueba era de interés para los acusados por el crimen de Mariano.

La llamada “causa de las coimas” se encuentra en un limbo. El juez a cargo de la instrucción, Luis Rodríguez, cerró la investigación dictando la falta de mérito a favor de los jueces que Pedraza pretendía sobornar (claramente involucrados en la maniobra), lo cual fue apelado por la fiscalía y las querellas. Si esta maniobra se consuma, Pedraza y sus secuaces serán juzgados por coima en grado de tentativa, lo que implicaría penas ínfimas y hasta su absolución -si prosperara la versión de sus defensores de que estaba siendo estafado por el ex Side Juan Riquelme.

La investigación iniciada a raíz del crimen de Mariano acerca de los negocios ilegales que mantenían la Unión Ferroviaria, Ugofe y funcionarios de la Secretaría de Transporte en la explotación de la cooperativa Unión del Mercosur no ha avanzado un centímetro.

La corruptela entre funcionarios, empresarios y burócratas que se nutre de fondos públicos ha sido el sello distintivo de la administración de los ferrocarriles bajo el kirchnerismo. En el juicio por la masacre de Once, donde los Cirigliano, Antonio Luna, Juan Pablo Schiavi y otros que fueron los grandes ausentes en el juicio por Mariano se encuentran en el banquillo de los acusados, jueces y fiscales juegan abiertamente a su favor.

La Unión Ferroviaria -bajo la conducción de un discípulo de Pedraza, Sergio Sassia- fue el único sindicato del ferrocarril que carnereó el paro del pasado 10 de abril. Pedraza, que desde la cárcel digitó la adhesión de la UF a la CGT oficialista, continúa negociando con el poder político su impunidad. Las maniobras están a la vista.

Hace un año, con una movilización extraordinaria arrancamos las condenas. Esta lucha sigue y estará inscripta en la jornada del próximo 1º de Mayo.