En Plaza Lavalle, frente al histórico Palacio de Tribunales se encuentra emplazado un busto de Roberto Repetto, juez que integró la Corte Suprema que en 1930 avaló el golpe de Estado al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Este homenaje nos interpela acerca de la necesidad de revisar el rol histórico que ha jugado el Poder Judicial al servicio de los poderes concentrados de nuestro país.

El 10 de septiembre es una fecha nefasta para nuestra historia. En este día de 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Yrigoyen. La historia del derecho de esta Nación recordará por siempre la acordada de aquella Corte donde se echan por tierra los principios constitucionales de nuestro joven Estado y que servirá como sustento jurídico de los sucesivos golpes cívico militares.

En ninguna de estas criminales interrupciones los “grandes estudios jurídicos” y el Poder Judicial estuvieron ajenos. En el caso del golpe de Estado de 1930, el marco pseudojurídico fue prefigurado y patrocinado por los grandes “buffetes” porteños, reunidos en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo local de la calle Montevideo hasta hace poco tiempo podía apreciarse la constancia del homenaje rendido por esta entidad al general Uriburu.

En perspectiva histórica, entonces, el mes de septiembre es esclarecedor. En primer lugar por lo que significó la “Revolución Fusiladora” del 16 de septiembre, con su correlato de violencia y proscripción. Pero es preciso identificar también que fue un 6 de septiembre, algunos años antes, cuando tuvo lugar el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Trágico acontecimiento ya que se abrió, desde entonces, la fatal secuencia de interrupciones institucionales promovidas por la oligarquía argentina.

Una vez tomado el poder por la fuerza, Uriburu comunicó por oficio esa asunción espuria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la que, cuatro días después, con inusitada celeridad, resuelve convalidarla. Las firmas de todos los integrantes: José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna, y la del procurador general Horacio Rodríguez Larreta, ratifican, en una acordada, la ruptura del orden constitucional y habilitan la instalación “legal” de un régimen de facto.

Mediante esta sentencia la Corte Suprema admite no sólo que las autoridades de la Constitución Nacional pueden ser depuestas por la fuerza sino que, además, éstas no pueden invocar en su defensa la vía constitucional, como lo intentara el presidente Yrigoyen en su presentación en 1931. Se inaugura así una deplorable tradición jurídica que se conoce como “doctrina de facto”.

Años más tarde, al asumir la primera presidencia el general Juan Domingo Perón y restituido el Congreso en sus plenas funciones, la Corte Suprema mantenía aún la composición heredada de la “década infame”. Por esa razón se inició ese mismo año un proceso de reordenamiento constitucional que hacia 1947 finalizaría con el juicio político y la remoción de la totalidad de los miembros de aquella Corte. Entre los fundamentos de aquel histórico juicio político se citó la nefasta acordada del 10 de septiembre.

Como revancha inadmisible, una vez derrocado nuevamente un Presidente popular como Juan Perón y entronizados por la fuerza los mismos sectores oligárquicos cívico-militares, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promovió la reivindicación del Dr. Repetto colocando un busto en Plaza Lavalle, lo que constituye un aval a la doctrina de facto y el repudio al orden constitucional y democrático.

En la actualidad, cuando se explicita a viva voz el rol del “Círculo Rojo” por aquellos que perdieron el favor de los poderosos, es preciso comprender que no nos encontramos frente a un grupo de poder coyuntural que está operando frente a un gobierno en particular, sino que se trata de sectores de poder históricos que hoy pugnan por volver a constituirse como los únicos conductores de los designios económicos y políticos de nuestro país. Quizá por eso, asistimos hoy a un proceso que puede ser una verdadera bisagra en la historia de la Argentina.

Desde 2003, el actual proceso político conducido primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández está logrando que la política se ponga al servicio de los intereses del pueblo y de la Nación contradiciendo las apetencias de los grupos concentrados de poder.

Debido a ello, este proyecto sufre el hostigamiento permanente de los grupos económicos  y mediáticos que no soportan este verdadero “escollo” -impensado años atrás- para operar con la discrecionalidad que le han permitido los anteriores gobiernos.

Han cambiado los personeros, han cambiado sus necesidades pero sigue vivo, aunque herido por años de política popular y democrática, un mismo proyecto oligárquico de país, lejos de los intereses del pueblo y en las antípodas de un proyecto estratégico de emancipación nacional y latinoamericana.

En esta historia de proyectos antagónicos, de poderes en pugna es preciso, al ver el busto de Repetto, recordar que ese monumento, que mira a nuestro Palacio de Justicia (esa Justicia que aún espera su proceso de democratización profunda) representa a quien fuera uno de los jueces de la Corte Suprema que firmó la nefasta acordada del 10 de septiembre  de 1930.

En el día de hoy estamos presentando un proyecto en la Legislatura porteña, para que el busto de Repetto siga permaneciendo en su emplazamiento original, pero recordando en una placa el rol que jugó este jurista en la historia de nuestra patria.