El incidente que describe el periodista Luis Novaresio en su última columna en Infobae, donde un ciudacoches le exige una suma de dinero, es parte de un problema que debemos abordar desde las distintas instituciones del Estado de la Ciudad.
Hoy su enojo recae eventualmente sobre mí o sobre algunos diputados. Por ello debemos estar a la altura de un debate honesto que intente resolver las preocupaciones de los porteños en vez de apaciguarlas con propuestas efectistas de muy poca aplicación práctica.
Lo cierto es que la escena que narra el periodista por Twitter, hoy no solo está prohibida sino que tiene una sanción estipulada en el Código Contravencional. Sin embargo, la Justicia Contravencional, el Ministerio Público Fiscal y el Cuerpo de Control de Tránsito han desistido hace tiempo de perseguir estas infracciones.
Frente a ello, y a la indignación lógica de ciudadanos que como el periodista se encuentran con una exigencia de una suma fija – algo que es denunciado ampliamente en espectáculos masivos-, la respuesta del PRO es más de lo mismo: extender la prohibición a aquellos cuidacoches que ejercen esta actividad realmente a voluntad, sin explicar cómo la van a hacer cumplir, cuando hoy no pueden hacer efectivas las prohibiciones que ya están contempladas.
El episodio que le tocó vivir a Luis Novaresio desnuda que los vecinos no creen, en muchos casos con fundamento, en la Justicia y esto no tiene porque cambiar ante la sola existencia de una prohibición más amplia.
Lo que daría mayor impulso a los ciudadanos como Novaresio a comprometerse sería ver un Estado presente, en la calle, controlando y haciendo cumplir la ley. Y en el caso de los cuidadoches, un dispositivo que permita atender las situaciones de vulnerabilidad e irregularidad, pero a la vez que persiga y sancione las conductas ilícitas, sobre cuando se trata de organizaciones mafiosas.
Así las cosas, nos asalta la siguiente interrogante ¿por qué el PRO agota su preocupación sobre el tema en un discurso fácil mientras el Cuerpo de Control de Tránsito deja el espacio público librado al azar? ¿Por qué no tiene en cuenta esta problemática a la hora de instalar cámaras de seguridad en estadios o sitios donde se llevan a cabo espectáculos masivos? ¿Por qué se negaron sistemática a incluir en la Ley de Estacionamiento Medido las zonas de los espectáculos deportivos durante la duración de los mismos habilitando el pase libre a las mafias de las barras?
Por último, nos preguntamos, frente a los sucesos de público conocimiento de mafias organizadas alrededor de la Feria del Libro, ¿qué actuaciones se hicieron desde el Ministerio Público Fiscal local?
Entiendo el enojo del periodista porque vivo en esta Ciudad y por ello intenté con la mejor buena voluntad canalizar su denuncia ante su expreso y directo pedido. Esperemos que los porteños podamos reconstruir la confianza necesaria en las instituciones para hacer cumplir la ley.