La Argentina tempranamente en 1968 ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la incorporó a su plexo normativo por Ley Nº 17.722. Tenemos una sociedad plural, diversa y que reconoce las diferencias como una riqueza en el diálogo y la convivencia pacífica.
De todos modos, podemos reconocer la existencia de diferentes discursos racistas y xenófobos, de formas de racismo que simbólicas y en ocasiones violentas físicamente y que en muchos casos por omisiones u acciones del Estado y de otros actores vulnera y niega derechos. Según el último informe del Mapa de Discriminación del INADI del 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos aparece como primer tipo de discriminación el “Ser Migrante”. También hay algunas manifestaciones preocupantes de estigmatización y xenofobia antisemitas e islamofobicas. Y hay dos poblaciones invisibilizadas y que especialmente son víctimas de racismo y discriminación: los afrodescendientes y los gitanos.
Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venimos trabajando hace ya ocho años con el objetivo de erradicar estas prácticas minoritarias pero que en definitiva nos alejan de una cultura de Derechos Humanos. Tomamos como lineamientos de nuestra gestión a la ”Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobadas en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. La idea de pluralismo cultural es la que nos mueve en el sentido de incluir e integrar desde las diferencias, lo que implica la promoción del respeto entre culturas pero también el intercambio. Celebrar las particularidades, generar una política de reconocimiento del otro en el espacio público, promover la cultura de los migrantes, generar espacios de intercambio y entendimiento entre las colectividades son algunos de los ejes de nuestras políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Reconociendo que somos un mosaico de identidades, en el que cada parte brilla por su peso especifico, es que construimos una sociedad con más y mejor convivencia e integración.
Nuestro país ha tenido avances significativos con la creación del Instituto para la lucha contra la Discriminación Racial, la Xenofobia y el Racismo (INADI) –promovido de manera mancomunada en 1995 por la DAIA, FEARA y APDH entre otros organismos de derechos humanos-, la implementación del Plan Nacional contra la Discriminación, y el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de la jurisdicción de la Argentina que aleguen ser víctimas por parte del Estado Nacional de violaciones a los derechos estipulados en la Convención Internacional.
Sin embargo, compartimos la preocupación del Comité (CERD) respecto a la falta de actualización y ampliación de la legislación en materia de actos discriminatorios que incorpore la discriminación racial como delito tipificado penalmente; la falta de nombramiento desde 2009 del Defensor del Pueblo de la Nación; la persistencia en el Estado y en algunos ámbitos públicos y sociales de prejuicios y estereotipos negativos que afectan, entre otros, a los pueblos indígenas, a judíos, musulmanes y afrodescendientes; la necesidad de reforzar las actividades de capacitación de la policía y de los funcionarios de la justicia penal sobre los mecanismos y procedimientos de la legislación nacional en el campo de la discriminación racial; la jerarquización del INADI mediante la designación de un Presidente que concluya el largo período de intervención del organismo.
Todos desafíos que redoblan nuestro compromiso por trabajar de manera conjunta por la eliminación de la discriminación racial en nuestro país y en nuestra región latinoamericana.