Cuando las mujeres votamos por primera vez, en 1951, un 22% de las representantes fueron mujeres. Avanzamos muchísimo en estos treinta años de vida ininterrumpida en democracia. En 1983 sólo había cuatro diputadas de la nación. Ahora las diputadas somos el 35% de la Cámara Baja y el 41% en el Senado. Y podremos ser más si prospera un proyecto de ley de una y uno en listas electorales que respete el 50% de mujeres y 50% de varones en forma alternada.

Nuestra Constitución incorporó un conjunto de normas internacionales que reconocen y promueven la igualdad de género. Sancionamos las leyes de educación y salud sexual y procreación responsable, de prevención y sanción de la trata, de matrimonio igualitario, de amas de casa, cupo sindical y de violencia contra las mujeres. Queda mucho por hacer. Se trata de construir a partir de lo construido. No sólo en las leyes que faltan, sino en la eficacia de la implementación de las que ya existen y en la sensibilización con la agenda de género, especialmente en el Poder Judicial.

En lo que va del año, hubo 28 femicidios. Muchos delante de sus hijos, víctimas por partida doble. A Cintia Laudonio, de 24 años, en Castelar, la mató de 17 puñaladas el padre de uno de sus hijos, que tenía restricción perimetral. A Débora Díaz, de 32, en Pilar, su ex marido. También con restricción de acercamiento. Ni las medidas por sí mismas ni los botones antipánico resultan eficaces. Por eso, presentamos un proyecto de ley para que tengan prisión efectiva quienes incumplan la prohibición perimetral y la exclusión del hogar conyugal.

Además, una ley para implementar pulseras electrónicas al agresor y a las mujeres en situación de violencia, que alerte a las autoridades policiales cuando el agresor vulnere la restricción perimetral, e impida el acercamiento y la eventual agresión.

Como sociedad no debemos tolerar ni podemos naturalizar esta realidad. A diferencia de otras prioridades, lo que sí es de necesidad y urgencia es realizar, en forma integral y coordinada, una campaña nacional de concientización y prevención de violencia de género, una declaración de la emergencia pública y la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Esto no puede esperar más. Sin embargo, la cuestión de género incluye pero no se agota en la dimensión de la violencia. El desafío es simultáneamente seguir avanzando en acciones positivas para la igualdad. ¿Por qué las mujeres de 30 a 45 años que trabajan en el Poder Judicial casi no se presentan a concursos para ocupar cargos? Porque tienen tareas de cuidado. Necesitamos equidad en el ingreso y cobertura de cargos jerárquicos en la administración pública, el sector privado y las organizaciones intermedias.

¿Cuántas mujeres son ministras en el Gobierno nacional? ¿Por qué no hay mayor perspectiva de género y mujeres en la Corte Suprema? Estos interrogantes se formulan sobre la realidad concreta que nos atraviesa todos los días. Entre los más de cien mil despidos recientes, tanto en el Estado como en el sector privado, estamos las mujeres. Algunas, embarazadas. Por eso, una economía socialmente injusta también es parte de la agenda de género.

Convoco a los varones con perspectiva de género a que sigan acompañándonos y abogo porque los que aún no la tengan por fin la incorporen. Estoy segura de que así ellos, sus hijas y nosotras viviremos más felices y sanos. De eso se trata. De honrar la vida.

Pretendemos que las nuevas generaciones puedan reconocerse en una convivencia solidaria, libre de violencia y discriminación, progresando a la par.

La violencia hacia las mujeres es un mal global y, en la mayoría de las regiones, ningún lugar es más inseguro para la mujer que su propia casa: más de una de cada tres mujeres sufren violencia, y en la Argentina cada 30 horas muere una mujer.

La violencia de género afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia presentes en la sociedad. No se limita a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres. Nos atraviesa a todos y en especial, a todas.

No solo debemos cuestionar la violencia física. Necesitamos visibilizar las violencias que tienen formas sutiles de expresión, pero que evidencian relaciones de poder e inequidad entre varones y mujeres. Mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales y naturalizan la subordinación y la violencia. 

Esa violencia simbólica  tiene un carácter transversal, se refiere a un “algo” establecido, inconscientemente interiorizado e incorporado, algo que es difícil poner en cuestión  porque no nos damos cuenta de ello. Cuesta reconocerla en la vida cotidiana y en nuestros cuerpos. Es parte de nuestras creencias.

Necesitamos preguntarnos por las razones profundas que hacen posible que ocurra una y otra vez. Las pistas de ello están en una cultura que vemos como natural o no vemos, porque es desde ella que sabemos el mundo.

La violencia de género es un problema social y de derechos humanos muy complejo, la prevalencia de la violencia contra las mujeres y niñas demuestra que este fenómeno aun necesita abordarse con todos los recursos, medidas y compromisos sociales y políticos. Por eso, desde hace tres años, en el Consejo Provincial de las Mujeres trabajamos en el Plan Integral Maltrato Cero, entendiendo que como Estado debemos implementar políticas públicas adecuadas; a fin de dar una respuesta pronta y eficaz para una mujer que pide ayuda. Buscamos generar mecanismos tempranos de detección a través de campañas como “Reconocé las Señales”, “¿es amor?” y otras,  para actuar sobre los primeros signos de violencia, como son el control, los celos desmedidos y los insultos degradantes.  Y no sólo en el golpe, es decir en la aparición de la violencia física que muchas veces es la última vez en manifestarse, porque ahí llegamos tarde.

La búsqueda de la paz, la eliminación de los obstáculos para que la equidad entre mujeres y varones sea real y efectiva, la eliminación de todas las formas de violencia y maltrato de género, son puntos ineludibles en el camino de construcción de una sociedad sin violencia, que privilegia el diálogo, la tolerancia, la cooperación y el respeto a los derechos humanos de TODXS.

Necesitamos tomar conciencia social de manera urgente; estamos frente a una oportunidad histórica que debería marcar una bisagra, en la cual todos trabajemos conjuntamente, para que #NiUnaMenos sea una realidad y no una consigna.

La parroquia tiene una historia que se inicia a tres años de la fundación de nuestra capital provincial. Construida en 1885,  incluyó una escuela a partir de 1888 y un convento al año siguiente, bajo la conducción de la orden religiosa que hizo de la pobreza una bandera: los Franciscanos.

El lugar elegido por Perón y Evita, que en aquellos turbulentos y esperanzados días de finales de 1945 los hermanó en un destino en común junto a una orden eclesiástica íntimamente vinculada a la historia de ambos protagonistas que transformarían definitivamente a la Nación.

La provincia tiene un importante patrimonio cultural y espiritual, y esta Iglesia es reflejo de eso. Nuestra vocación ha sido y siempre será preservar la cultura de nuestro pueblo. Gracias al trabajo conjunto entre el gobierno nacional de Cristina Kirchner y el gobierno provincial de Daniel Scioli, la iglesia fue habilitada, completamente restaurada y embellecida en su formato original.

Todavía hoy, la parroquia conserva el reclinatorio donde ambos contrayentes se arrodillaron frente al padre Fray Francisco C. Sciammarella en una ceremonia “sencilla, íntima y familiar” a la que “asistió toda la familia de Evita, los padrinos Domingo Mercante y Juana Ibarguren de Duarte”.

Dos meses después, Juan Domingo Perón se convertiría en Presidente de los argentinos y Eva Duarte de Perón en Evita, la mujer que le daría su sello propio al trabajo por los más humildes en el país y en exterior.

En el año 1975, la parroquia fue declarada Monumento Histórico Provincial, pero la Dictadura Militar en su política antipopular, la retiró del listado de monumentos históricos. Recién en 1987, el gobernador Cafiero le repuso esa condición y finalmente en 2011 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Celebramos la decisión del Gobernador de poner en valor la Iglesia San Francisco, y ratificamos nuestra vocación de seguir recuperando espacios culturales de nuestra Provincia como lo venimos haciendo: donde había un estadio abandonado, hoy tenemos la infraestructura deportiva multipropósito más moderna de Latinoamérica, y donde había un baldío en Mar del Plata, hoy tenemos el maravilloso Museo de Arte Contemporáneo.

La Iglesia San Francisco es un ejemplo más de este esfuerzo de recuperación del patrimonio cultural, un hecho que honra nuestra memoria y nos proyecta al futuro.

Este avance que hemos logrado responde a la necesidad de agilizar y proteger los derechos tanto de los niños como de los padres. Terminar con los años de espera, con la burocracia innecesaria que suponía antes el proceso de adopción para avanzar hoy hacia una nueva era más humana y transparente.

Necesitábamos una ley que modificara una situación que, durante décadas, provocó la angustia de muchas familias. Y es que la adopción no priorizaba el bienestar del chicos. Envuelta en un manto de sinsentidos, la legislación dejaba profundos vacíos que favorecían situaciones de ilegalidad. Es por esto que, a partir del 2003, se da un nuevo enfoque y se busca cambiar el sentido de la ley protegiendo al menor ante toda situación.

Hoy gracias al trabajo de todos los bloques que integran las cámaras legislativas de la Provincia de Buenos Aires y a la fuerte decisión del gobernador Daniel Scioli, tenemos esta ley que prioriza, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, niña y adolescente: el interés superior del niño.

En este sentido, cubriendo los anteriores vacíos legales, ahora prima: el respeto por el derecho a su identidad; el agotamiento de las posibilidades de permanencia en su familia de origen; la preservación de sus vínculos fraternos o jurídicos; el derecho a conocer sus orígenes; su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los diez años.

De esta forma, los miles de niños, seres humanos únicos e irrepetibles, que esperan con ilusión un hogar dispuesto a darles amor y formación, se podrán criar en igualdad de oportunidades.

Esta iniciativa, sumada a Ley de Fertilización Asistida que con orgullo vimos nacer a la Provincia y que luego fue sancionada a nivel nacional, es el reflejo de un trabajo conjunto entre todos los argentinos y argentinas que formamos parte de este proyecto nacional y popular, con el que desde el 2003 estamos construyendo beneficios sociales y derechos para todos.