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¿Qué expresa la quita de subsidios?

A fines de marzo, el gobierno anunció un recorte parcial en los subsidios al gas natural y al agua, lo que implicará un ajuste tarifario escalonado por segmentos. Si bien no hay un cálculo firme, Kicillof declaró que el recorte se ubicaría en el rango de los 5.000 a los 13.000 millones de pesos. Desde Martín Lousteau a Domingo Cavallo, la oposición aplaudió la medida, aunque criticando la demora en efectivizarla. Por su parte, la presidente Cristina Kirchner defendió la decisión planteando que busca profundizar la redistribución, ya que la “década ganada” permitió la recomposición de los salarios y volvería innecesario el nivel actual de transferencias para mantener las tarifas congeladas. Estas declaraciones optimistas ocultan una realidad más preocupante. La quita no resuelve el déficit fiscal, y es más que nada un saludo a los organismos internacionales de crédito, por la necesidad creciente de conseguir financiamiento para maquillar los límites de la acumulación de capital.

La función de los subsidios

Durante toda su historia, la industria argentina, en casi todos sus renglones, fue ineficiente en términos internacionales, debido a sus mayores costos por una menor escala y productividad. Por ese motivo, precisó de transferencias que le permitieran sostener su actividad. Esas transferencias no podían surgir de impuestos a esos capitales, puesto que no se sostenían por sí mismos. Necesariamente, debían originarse en una fuente “externa” al sector. O bien del recorte de algún gasto social, o bien de otros recursos extraordinarios como la renta diferencial de la tierra agraria o el endeudamiento.

A lo largo del siglo XX, la industria argentina se reprodujo por esos flujos, que se materializaron en forma de créditos, protección arancelaria, tipo de cambio, o bien por subsidios directos. Esto permitía el crecimiento de la estructura industrial durante cierta cantidad de años, hasta que ese recurso se agotaba o se volvía insuficiente para sostener ese peso, lo que derivaba en crisis periódicas y cada vez más agudas, que dejaban tras de sí el tendal de quiebras y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.

Luego de una de esas grandes crisis, la del 2001, la industria se recuperó mediante las transferencias a los sectores económicos, uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo. Eso permitió mantener congeladas las tarifas de energía y transporte, insumo esencial para el sector. No obstante, la industria argentina no logró derribar sus límites crónicos. A pesar de la inmensa batería de transferencias, que en 2013 alcanzó el 5% del PBI, no se solucionó el problema de fondo. La economía argentina se vuelve cada vez más marginal y sus capitales cada vez más pequeños en la competencia internacional. Lo que obliga a incrementar el volumen del respirador artificial que la sostiene en su conjunto.

En la situación actual, la posibilidad de mantener el nivel de transferencias para soportar la estructura industrial se ve acotada por la insuficiencia de los ingresos por exportaciones agrarias, en el contexto de la desaceleración de China, principal comprador de soja. El recurrir a la emisión, como se viene sosteniendo en parte el déficit fiscal, profundiza las tendencias inflacionarias y anula los efectos de la devaluación de principios de año, lo que plantea la perspectiva de una nueva devaluación y una corrida hacia el dólar. La única alternativa que le queda al gobierno es volver a endeudarse como en los ‘90. Los capitales que acumulan en el mercado interno, incluidos las filiales de grandes multinacionales, presionan en este sentido puesto que de eso depende su supervivencia, y con ello la del mismo gobierno.

En ese contexto el kirchnerismo patea la pelota hacia adelante, mientras envía guiños a los organismos de crédito. La crisis reclama un ajuste. Pero si desmantela los subsidios y desata las tarifas, firma su certificado de defunción. Por eso, busca ganar tiempo con medidas de prueba. La quita anunciada, en el más extremo de los cálculos, no alcanza siquiera al 10% de los subsidios a sectores económicos. Es decir, está lejos de poner en orden las cuentas fiscales. En realidad, lo que busca esta medida es mostrar una voluntad de ajuste frente a los organismos de crédito sin realizarlo abiertamente. En el mismo sentido que la indemnización a Repsol, el debut del nuevo IPC, o las gestiones de funcionarios en Europa y Estados Unidos, la quita parcial intenta mostrar a la Argentina como un país confiable, con capacidad de pago, para recibir deuda. A la vista de los nulos resultados, el gobierno no pretende mucho más que un préstamo que le permita llegar a 2015, para que el trabajo sucio lo terminen otros. La quita de subsidios, lejos de mostrar la fortaleza de una industria que ya puede sostenerse por sí misma, es más bien el síntoma de una crisis profunda. El gobierno y la oposición sólo pueden encararla mediante más deuda y bajas salariales, porque no están dispuestos a enfrentar a los capitalistas ineficientes a quienes representan.

Después de los cortes

Los porteños nos hemos acostumbrado a los cortes eléctricos cuando se acerca el verano. Durante el último diciembre fueron más prolongados, lo que motivó piquetes en las calles y cacerolazos en diferentes barrios de la ciudad.  Mientras, los responsables se pateaban la pelota: el gobierno señalaba como causa el incremento de la demanda y culpabiliza a las distribuidoras por la falta de inversión. Por su parte, éstas reclamaron contra el congelamiento de tarifas, lo que erosionaría su situación contable y les impediría invertir.

Efectivamente la demanda aumenta de forma anual, pero ese crecimiento durante los últimos años fue a tasas menores que en los 90s. La desinversión existió, tal como reconocen Edesur y Edenor: mientras en los 90s gastaban 600 millones de dólares anuales en mantenimiento y ampliación, en 2012 no erogaron siquiera una tercera parte. Por último, si bien el congelamiento tarifario también es real, tal como veremos tampoco es la explicación de fondo. Todos estos elementos son expresiones superficiales de un problema más general. En el medio de esta situación, los usuarios reciben un servicio cada vez más precario, a pesar de los millonarios subsidios que se destinan a la actividad.

Tarifas y subsidios

Desde 2002, las tarifas están congeladas, con escasos aumentos nominales. Por su parte, los costos de la cadena se incrementaron. La forma de sostener el nivel de tarifas es mediante subsidios que compensen la brecha con el costo real de generación. En 2013 ascendieron a más de 81 mil millones de pesos.

Durante más de una década, el gobierno transfirió recursos a subsidiar la electricidad. El discurso era que se buscaba proteger los ingresos de los hogares. Pero el motivo de fondo de esta política tuvo un destinatario privilegiado: el capital que acumula en el mercado interno. La industria argentina, en casi todos sus sectores, es ineficiente porque tiene una escala y productividad menores y costos más altos que la de los capitales que determinan la media internacional. Esto se manifiesta en que, en los últimos diez años, la Argentina mantuvo su posición marginal en el mercado mundial, lo mismo que el tamaño de su economía medida en términos del PBI; mientras que la estructura de exportaciones no se modificó en relación a sus características históricas. Por ello la industria argentina precisa constantes compensaciones para reducir sus desventajas en la competencia capitalista, no ya para poder exportar, sino incluso para competir en su propio mercado contra las importaciones. El congelamiento de tarifas eléctricas, insumo primordial de la industria, fungió como transmisor de riquezas a ese sector que, a la vista de los resultados, no logró revertir sus déficits.

El congelamiento de tarifas compensa a la industria de una segunda manera, por medio del mantenimiento del nivel salarial, estancado en términos reales desde 2010. Al ser la electricidad un componente del consumo obrero, conservar las tarifas estancadas mantiene bajo el precio de la fuerza de trabajo y, por el momento, evita (mayores) reclamos salariales.

La “crisis energética” como crisis del capital

Este esquema es el que, debido al ahogo de las cuentas públicas y los problemas de infraestructura de la actividad, el gobierno no puede sostener. A este panorama se suma otro inconveniente, que es la dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética. En efecto, la producción eléctrica en Argentina se asienta principalmente en la generación térmica (un 61%). Es decir, en plantas que “fabrican” electricidad por medio de combustibles fósiles. Pero tanto la producción de crudo como de gas natural en Argentina se encuentran en declive: de 2004 a 2013, la primera cayó en casi 23% y la de gas en 19,7%. Esto generó la necesidad de importar combustibles, lo que provocó déficits en la balanza energética desde 2011.

Los combustibles importados (gas licuado y derivados pesados del crudo) para suplir la caída de la producción local de gas son menos eficientes y reducen la vida útil de los equipos, aumentando el costo de generación. Esto se magnifica por el alza de los precios internacionales, que desde fines de 2008 a la fecha acumulan un incremento del 100%, sobre todo del gas licuado.

No se trata de una simple “crisis energética”, sino del sinceramiento de los límites de la acumulación en el marco de la crisis. La perspectiva de una posible quita parcial de subsidios, ante las dificultades de conseguir endeudamiento externo, no hace más que reconocer este fracaso. Un escenario como el que se vislumbra, sin un cambio en la estructura general de la propiedad del sector, es el de un círculo vicioso: el alivio en las arcas del gobierno por el sinceramiento de tarifas profundizará la contracción de la economía, y con ello la crisis.