Un día tan determinante en nuestra historia debe ser el mejor punto de partida para comprender que llegó el momento de unirnos y construir una sola Argentina, que no vuelva a tropezar con los errores del pasado y que mire hacia adelante superando el dolor, porque es imposible pensar el desarrollo de un país sin tirar todos para el mismo lado.

En este sentido, la visita de Barack Obama se integra a esa idea de reconciliación, especialmente por la actitud del presidente norteamericano al anunciar la desclasificación de los archivos sobre la guerra sucia y el hecho de que se comprometiera a darle celeridad a los mecanismos de tal desclasificación. Es un extraordinario gesto que marca el inicio de una nueva etapa de lazos fluidos y deja atrás los anteriores modos de relación: sea las “carnales”, como las de distanciamiento, que tan mal nos han hecho.

Estas acciones demuestran y le dan más relevancia a nuestra idea de diálogo permanente, no sólo con todo el arco político nacional, sino con el mundo entero. Con la palabra y el entendimiento habremos logrado en poco tiempo obtener un sinfín de información que nos ayudará a enaltecer nuestra memoria y vislumbrar la verdad sobre una época oscura de nuestra historia.

Queremos demostrar que no hace falta insultar o desprestigiar a quienes piensan distinto, sino que mediante el diálogo y el respeto hasta los pensamientos disímiles pueden acercarse. El mundo civilizado ha comprendido e implementando esta visión, porque si ante un problema no interponemos el debate, la discusión y el entendimiento, no avanzamos y así los conflictos se convierten en bloqueos, en guerras, en genocidios, en atentados multiplicando el resentimiento y el odio.

Creo que a cuarenta años del inicio del peor genocidio que haya vivido nuestro país, debemos tomarnos el tiempo de analizar lo ocurrido durante estas cuatro décadas y reflexionar hacia el futuro para construir una Argentina de todos y para todos.

A veces les sugiero que observen más que lo que escuchan. “A las palabras se las lleva el viento”, dicen. Pero mirar es distinto, es difícil que lo que vemos no sea así. Surge sola, de ese modo, la respuesta a “¿Por qué Macri?”. Porque si querés cambiar, si creés que nos merecemos un país mejor, donde el dinero de tus impuestos vuelva a vos, donde se te respete como ciudadano en la plenitud de tus derechos, en el que la Justicia cumpla su rol sin depender de los designios del poder político, la mejor y única opción es Mauricio.

Macri tiene todas esas características a plena vista. Porque gobernó ocho años la Ciudad de Buenos Aires y con trabajo e inteligencia la transformó y la ingresó al siglo XXI. Porque la educación y la salud públicas porteñas abastecen con eficiencia a los porteños y también a la provincia de Buenos Aires. Porque sin depender de fondos adicionales de la nación, que siempre se le han negado, hizo las obras más importantes de la última centuria en el distrito que le tocó gobernar.

¿Si es cierto lo que promete Macri? Mire bien y compruébelo. ¿Es cierto lo que dicen los otros candidatos? Observe lo que hicieron hace muy poco, con quiénes trabajaron, quiénes pueblan sus listas.

Todos los personajes que nos han llevado a la actual situación, de marginalidad, de miseria, de delito organizado, de degradación institucional y violación de nuestros derechos, se reparten en otras listas. No importa lo que digan, importa lo que se ve, a todas luces evidente.

Pero Macri no solamente es la mejor opción porque los otros candidatos son la continuidad de hoy. Mauricio lo es porque representa el ingreso a la Argentina del futuro. Porque aporta soluciones novedosas y eficientes a los problemas que se le presentan, porque exhibe un equipo de trabajo de personas transparentes y trabajadoras, inteligentes, formadas, con una concepción de servicio público que ya habíamos olvidado que un funcionario pudiera tener.

De tal modo, amigo ciudadano, pregunte usted todo lo que quiera, porque hay respuesta. Pero si quiere una humilde sugerencia, observe, porque todo está a la vista. Los que lo llenan de palabras pueden no ser veraces. Los que lo abarrotan de números, proyecciones y cálculos muchas veces quieren convencerlo de una realidad que no es tal.

Cambiemos es una alianza que ha contenido en perfecta armonía a tres grandes partidos políticos con clara e inobjetable vocación republicana y democrática. Muchos pronosticaban dificultades de convivencia, pero tanto Macri, como Elisa Carrió y Ernesto Sanz se han articulado perfectamente, han puesto los intereses superiores del pueblo soberano por sobre los propios. Por eso Cambiemos se encamina a transformar la Argentina.

Sepa usted: esta es una elección fundacional, no constituye cualquier proceso electoral. Es una bisagra, un antes y un después, una oportunidad histórica, como hace mucho tiempo no se presentaba. Se juega una decisión crucial en paridad de condiciones, porque los que queremos cambiar y dejar un mejor país a nuestros hijos hace años que no contábamos con una opción con posibilidades ciertas de llevar adelante ese cambio. Ahora está a la mano, es nuestro si lo queremos. Y usted decidirá en qué país quiere vivir y qué caras quiere ver administrando los impuestos que paga de aquí en más. No solamente se decide si entregará su destino a Macri o al kirchnerismo nuevamente; también se define si usted confía en María Eugenia Vidal o en Aníbal Fernández. En definitiva, se traza en esta elección un perfil de sociedad, quiénes somos y qué queremos.

¿Por qué Macri? Porque ha demostrado con hechos, más que con palabras, que otro país es posible, que si lo queremos, el futuro está allí, al alcance de la mano. Porque no solamente es el más preparado, el que cuenta con mejor equipo, sino también porque es el único que garantiza el cambio. Usted puede verlo con meridiana claridad.

Son tiempos complejos para la labor cotidiana de los abogados. En primer lugar, porque no siempre es lo reconocida que debería serlo, pero además, porque enfrentamos habitualmente un servicio de Justicia lento, poco amigable, sin estándares mínimos de calidad de gestión y, muchas veces, influido o condicionado por poderes ajenos.

Es la instancia que nos tocó, en los tiempos en que estamos aquí para llevar adelante nuestra función, que no es otra que la tutela de los derechos de nuestros asistidos. ¿Quiénes son ellos? Ciudadanos, mujeres y hombres de nuestra república que perciben que algunos de sus inalienables derechos han sido menoscabados y deben recurrir a nosotros, los abogados, para que poniendo en juego nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo consigamos el objetivo de hacer cumplir la ley.

Porque nosotros lo sabemos mejor que nadie, sin abogados no hay Justicia. Y ese rol se ha ido transformando gradualmente en cada vez más sustancial para nuestra sociedad. Porque aquellos derechos inmanentes al ser humano, individuo, ciudadano, que deberían encontrarse sobreentendidos, palpables, son cada vez más ignorados y luego vulnerados con una flagrancia sorprendente. ¿Cuánto se asemeja este funcionamiento al de una tiranía?

Y la historia, de pronto, nos otorga un rol adicional, que sobrepasa largamente el mero hecho de defender los derechos de un particular, o hacer cumplir sus deberes a la contraparte. Nos pone en el lugar de custodios del único instrumento que nos permite convivir en paz: la ley, el Estado de derecho. Lo que nos exige, además, que la demos a conocer a nuestros conciudadanos, que no tienen por qué tener nuestros conocimientos técnicos, pero que sí deben tener conciencia de una suerte de plano general de sus derechos básicos inalienables.

Porque el Estado no se ha ocupado hasta hoy de que los derechos del pueblo se difundan o “se vulgaricen”, como dice Moreno. Los mantiene ocultos, los vulnera de forma tan abierta que parece que no existiesen. Conocer lo que podemos y lo que debemos es la base fundamental de nuestro desarrollo como sociedad y allí es donde los abogados debemos hacer docencia.

Ningún ejemplo de lo dicho es mejor que la apresurada sanción del nuevo Código Civil y Comercial, plagado de lagunas, de leyes complementarias y desprolijidades, e impulsada su vigencia con una urgencia inexplicable, de manera que nadie puede comprender con exactitud a qué debe atenerse en su vida cotidiana. Podría pensarse, tal vez, que justamente este es el funcionamiento típico de las tiranías.

Cada vez que permitimos, que miramos atónitos cómo se restringen derechos de terceros, cómo se destroza la división de poderes, o cómo se manipula a los magistrados, deberíamos estar viendo, además, que seremos los próximos afectados, que es muy posible que el siguiente ciudadano que demande nuestra asistencia técnica se haya visto vulnerado por semejantes profanaciones a nuestro orden constitucional.

Es por eso que en nuestro día los invito a pensar en esta función adicional que nos compete de cara al futuro, una que no podemos ignorar porque nos la han impuesto la historia y el espíritu de los tiempos. Está en nuestras manos evitar el simple cambio de tiranos, mientras la tiranía continúa indemne.

Dicho esto, no podemos omitir plantear el cuadro de situación actual. El juez de la Cámara de Casación, Luis Cabral, era uno de los tres miembros de la sala que debía definir la constitucionalidad o no del pacto con Irán, que la Cámara Federal ya tachó de inconstitucional. Cabral integraba la Casación en carácter de subrogante. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, cuando no pudo nombrar jueces definitivos, adictos o funcionales, decidió designar jueces subrogantes, de modo que si sentenciaban distinto a los deseos oficiales eran fácilmente reemplazables por otro subrogante. El magistrado, en esas condiciones, carece de la estabilidad que la Constitución Nacional le otorga a un juez definitivo, es decir, “mientras dure su buena conducta”, dice la Carta Magna.

Sin embargo el kirchnerismo, no contento con ese manejo discrecional, sancionó mediante el Congreso Nacional, al que controla, una ley de subrogancias que establece que los juzgados vacantes deben cubrirse de modo opcional por magistrados del fuero o con integrantes de una lista de conjueces propuestos por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado, lista armada con amigos del poder. Por supuesto, los consejeros de la Magistratura K prefirieron a estos conjueces amigos antes que a otros magistrados.

Con base en esa nueva ley, quitaron a Cabral de su cargo en Casación, cuando este ya había emitido su voto para declarar la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y ratificar la decisión de la Cámara Federal.

Por otro lado, el oficialismo nacional fue también por el control del Ministerio Público Fiscal. Este “poder extrapoder”, definido así por los constitucionalistas, lleva la acusación en juicio en representación del pueblo. Cuando ocurre un robo, por ejemplo, el derecho considera que se ha producido un daño a la persona asaltada, que puede accionar contra el ladrón como “particular damnificado”, pero también entiende que se ha dañado a toda la sociedad. En representación de esa sociedad es que los fiscales llevan la acusación. Es claro que el Ministerio Público no es un instrumento del ajusticiamiento del gobierno a sus enemigos, como lo está usando el kircherismo.

Hace solo días, el Congreso dio sanción definitiva a una nueva ley de Ministerio Público Fiscal, con el único fin de concentrar poder en la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, de modo de condicionar al gobierno que asuma el 10 de diciembre. Ella tiene en su cargo la estabilidad de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Para destituirla se requiere un juicio político y dos tercios de los votos de ambas Cámaras del Congreso.

Por ende, quien reciba el mandato popular debe cargar con Gils Carbó como procuradora general y además con todas las extraordinarias potestades recibidas por la ley sancionada hace días. Han transformado la representación en juicio de la sociedad en una monarquía indigna del sistema democrático y republicano, sin control, sin frenos ni contrapesos, un dislate solo comprensible dentro de la lógica de la búsqueda de impunidad y el desprecio total a las instituciones.

La impunidad es un mal gravísimo, porque también hace que la gente, por ejemplo, no tenga agua potable. No la tiene porque los recursos del Estado para infraestructura se pierden en los laberintos de la corrupción, y eso ocurre porque hay impunidad.

En síntesis, los que empujamos un cambio en la forma de hacer política, en la relación entre ciudadanos y circunstanciales gobernantes, en la cultura de que nada tiene consecuencias y por ende todo está habilitado, debemos asistir a la convocatoria del 7 de julio, que no es solamente en apoyo de Cabral, el magistrado que en este caso deja de ser un simple juez y pasa a ser un símbolo del cambio hacia el que debemos encaminarnos. Todos los que trabajamos por ese cambio estaremos el 7 julio en las escalinatas del Palacio de Tribunales, otro símbolo, pero del imperio de la ley.

¿Es casual que en septiembre de 2011 el embajador argentino ante la ONU, Jorge Arguello, se mantuviese sentado escuchando el discurso de su par iraní en la Asamblea de Naciones Unidas, por primera vez desde el atentado? (era norma de cancillería que el embajador argentino ante ese organismo se levantase y se retirase al comenzar a hablar el embajador iraní, en señal de rechazo). ¿Cuánto de casualidad encierra que un año después, en la siguiente Asamblea General de la ONU de 2012, también por primera vez, la presidente Cristina Fernández no invitase a los representantes de la comunidad judía?

Si se lo relaciona con la causa AMIA, este es otro kirchnerismo. Siguiendo la línea de las Asambleas de ONU, en la 2014 la Presidenta llamó “demonios” a los miembros de la comunidad judía que rechazaron el pacto de impunidad, con el agravante que lo hizo en vísperas de la celebración del año nuevo judío. ¿Todo esto puede ser fruto de una casualidad?.

Tampoco puede omitirse en la suma de casualidades permanentes el incremento sideral del comercio bilateral con Irán. Entre el último año del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner (2007) y el año 2013, los negocios con Teherán se incrementaron en la friolera de 1.873%, lo que demuestra un evidente cambio en la relación con el país acusado por el atentado.

Además el memorándum con Irán se firmó casualmente un 27 de enero, fecha en que se conmemora el día Internacional en Memoria de la Víctimas del Holocausto, además de que el gobierno lo negocio a espaldas de las organizaciones judías, a quienes la presidenta había convenido en consultar previamente a dar cualquier paso en tal sentido.

La “casualidad” hizo que el gobierno kirchnerista impulsará su aprobación parlamentaria con una premura inusitada, llamándose a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero de 2013. Fue convertido en ley el 28 de ese mes, con lo cual solamente faltaba un día para que se iniciasen las sesiones ordinarias, ni esas pocas horas pudo esperar Cristina Fernández, tal era la desesperación política porque el parlamento aprobara la renuncia a la justicia para las víctimas.

¿Habrá sido casual que solamente una cláusula del Memorandum fuese operativa sin aprobación legislativa? Especialmente considerando que tal cláusula era la notificación a Interpol del acuerdo firmado con el objetivo velado del cese de las alertas rojas, entuerto que terminó no funcionando porque tal levantamiento solamente podía operarse por una orden judicial que nunca existió, y no por un acuerdo internacional que ni siquiera estaba vigente.

Siguiendo con las casualidades. Estrechar vínculos con Irán coincide con las políticas desarrolladas con respecto a varios países con los cuales Cristina Fernández buscó fluidificar las relaciones. La presidenta Cristina se mostró muy identificada en 2008 con el dictador libio Muamar Kadhafi, estrechó relaciones e incrementó el comercio (o al menos lo intentó) con el dictador angoleño Dos Santos, y se encolumnó a nivel regional detrás de la Venezuela chavista, socia estratégica de Irán. Desde este punto de vista el gobierno ha ganado coherencia: ¿cómo coexistiría una alianza con Hugo Chavez o su sucesor mientras se sostiene una cuasi ruptura de relaciones con el país persa?.

También casualmente los referentes locales de Irán, lo son también del gobierno venezolano, como Luis D’Elía, sentado en primera fila de los actos oficiales, con o sin cargo, agente directo de la presidenta en variadas cuestiones, y representante de los intereses tanto venezolanos como iraníes en la Argentina. Persona que a su vez, se ha encargado de negar reiteradamente el holocausto judío, al igual Ahmadineyad, que presidia Irán cuando se firmó el Memorandum de la impunidad.

Pero volviendo específicamente al caso AMIA, a las causalidades y a los últimos acontecimientos, el fiscal federal instruido por el ex presidente Kirchner para avanzar en el esclarecimiento del atentado, casualmente muere pocos días después de realizar la denuncia donde acusa a la Presidenta, al Canciller Timerman y a varios integrantes del gobierno de conformar un plan delictivo para darle impunidad a los acusados iraníes de cometer el peor atentado de la historia argentina. Y dicha casualidad es tan extraordinaria, que coincide con el día anterior a la presentación de su denuncia en el Congreso.

Fruto de la casualidad el Secretario de Seguridad llega al lugar del hecho antes que las autoridades judiciales, y permanece allí un largo tiempo hasta que estas arriban. Azarosamente se sostiene la teoría del suicidio, primero desde el mismo Sergio Berni y luego la mismísima presidenta de la Nación. Pero luego la ventura determina que la puerta cerrada desde adentro, estaba casi abierta (según el propio cerrajero que no sabe ni porque lo llamaron), que el cuerpo de Nisman no tenía pólvora en sus manos, y al momento que la teoría del suicidio se desvanece por insostenible, por otra obra de la casualidad Cristina Fernández cambia su postura y nos dice, clarificadora, que no se trató de un suicidio.
Casualmente la mandataria se expresa por cadena nacional, nos cuenta lo sospechoso que resulta que Nisman volviese de su viaje por Europa de modo imprevisto, y luego la fiscal del caso expresa que los pasajes para ese regreso estaban sacados en el mes de diciembre.

Frente a la mayor sucesión de casualidades de la historia argentina, hay que decir que, en cuestiones de Estado, las casualidades no existen. La lamentable muerte del fiscal Nisman no es fruto de las casualidades, sino de una serie de decisiones políticas que llevan a un inevitable resultado. La presidenta tomó decisiones, claramente distintas de las de su difunto esposo y antecesor, y la suma de ellas desembocaron en un producto, que todavía no sabemos si es el último o uno más de una serie de consecuencias que esas determinaciones generaron y generarán. Cuando en un país ocurren casualidades permanentes, la explicación no es al azar ni tampoco la victimización. Porque todo es consecuencia directa de las acciones de los gobernantes que deben asumir sus responsabilidades políticas y, en casos como este, posiblemente penales. La sociedad argentina y la justicia, al cabo, dictarán sus respectivas sentencias.

Dos motivaciones resaltan los medios como elementos clave de esta iniciativa. La primera de índole político: la Presidente estaría presente en la boleta del FpV, armonizando la voluntad electoral de sectores kirchneristas que se resisten a votar por otros candidatos. Pero además podría producirse otro fenómeno impensado, dado que los arquitectos de esta iniciativa pretenden que, al tratarse el Mercosur de un órgano supranacional, el primer paño de la boleta en las próximas elecciones nacionales, debería ser justamente el de los candidatos al Parlasur, antes que el del candidato a Presidente de la Nación. De este modo, Cristina Kirchner encabezaría la boleta, su nombre a la vista del elector, estaría antes que el de los presidenciales logrando un doble efecto: el oficialismo tendría en el primer paño de su boleta a Cristina y los demás partidos a un dirigente menor, puesto que los más importantes competirían por la Presidencia.

En segundo lugar, algunos medios resaltan que el proyecto a tratarse en diputados, asimila a los parlamentarios del Mercosur con los legisladores nacionales en cuanto a las inmunidades de arresto de las que estos últimos gozan, y tal cosa podría beneficiar a la actual Presidente respecto de los procesos judiciales por corrupción administrativa que se le siguen.

Ambas pretensiones, la de la posición del paño en la boleta y la de la inmunidad parlamentaria, deben ser analizadas a la luz de su dudosa constitucionalidad, y de aprobarse la iniciativa, no debería descartarse que sea la Corte Suprema de Justicia la que deba terminar expidiéndose al respecto.

En primer lugar, es complejo de imaginar que en una elección presidencial, se coloque en la boleta el paño del Parlasur adelante del de Presidente. Es cierto que tal organismo es intergubernamental, pero lo es en el sentido de que participa del mismo más de un Estado, pero de ningún modo implica una supranacionalidad originada en una cesión de soberanía, en grado alguno. El Mercosur es hoy una unión aduanera, con alguna característica adicional que pretende avanzar en un grado de integración mayor, pero no mucho más que eso. Su Parlamento tiene potestades básicas y menores. Según el artículo 4° del Protocolo Constitutivo: recomienda, informa, pide informes, invita personalidades. En el mejor de los casos, de acuerdo al inciso 12 del mencionado artículo, “dictamina sobre proyectos de normas del Mercosur que requieren aprobación legislativa en uno o varios Estados parte”. Es decir, claramente, no legisla, su nombre “Parlamento” es pretencioso, aspiracional, pero no es un Parlamento en sentido estricto.

Y esto es así, porque los Estados miembros no han cedido soberanía en materia legislativa a dicho órgano. El Parlasur es una buena intención porque establece la participación de los representantes de los pueblos, pero no existe razón alguna, al momento de ponderar el orden de los paños en una elección nacional, para que el primero de ellos sea el de un organismo intergubernamental sin relevancia en el derecho interno, ni en la administración de los asuntos públicos, ni en la vida de los argentinos. Ni siquiera resulta relevante todavía, a nivel de las relaciones comerciales entre los miembros del bloque, ni en la resolución de conflictos entre intereses de particulares que participan de dicho comercio. Todo ello más allá que el proceso de integración regional debería profundizarse, y por ende, ampliarse las competencias del Parlasur, incluyendo algunas funciones legislativas, que insisto, hoy no tiene, y de las que si goza, por ejemplo, el Parlamento Europeo.

Es cierto que, de sancionarse el proyecto de marras, el paño de los candidatos al Parlasur deberá estar entre los de los candidatos a cargos nacionales. Esto cobra relevancia en las provincias donde las elecciones para cargos locales y nacionales, se realizan en forma simultánea. En ellas, el orden histórico de los paños de la boleta es: primero el candidato a Presidente de la Nación, luego los legisladores nacionales (si se eligen senadores y diputados, se coloca el paño de los candidatos a la Cámara alta antes que el de los candidatos a la Cámara baja), y tras ellos los cargos locales, por ejemplo: Gobernador, legisladores provinciales, intendentes, etc.

En esa lógica, es bien probable que el paño de los candidatos al Parlasur debe ubicarse detrás de los demás cargos nacionales, y antes de los cargos locales, justamente porque su elección tendrá la característica de un cargo nacional. Pero jamás podría estar antes que los candidatos a Presidente de la Nación, o legisladores nacionales, porque el origen de estos es constitucional, sus responsabilidades y potestades frente al pueblo argentino determinan el rumbo de su existencia cotidiana, lo administran y legislan las normas que los rigen, su carácter y relevancia resultan superlativas en comparación con las de los Parlamentarios del Mercosur con el régimen actual.

En lo que respecta a las pretendidas inmunidades que establece el artículo 12 del proyecto del diputado oficialista Jorge Landau, las mismas son manifiestamente inconstitucionales. En primer lugar, justamente porque las mismas tienen en nuestro país origen en el articulado de la Carta Magna, que es reglamentado luego por la llamada ley de fueros 25.320. Así, la Constitución establece inmunidad de arresto para los legisladores a los efectos de que no se les pueda impedir a aquellos electos por el pueblo ejercer su función, la de legislar, y de hacerlo para el derecho interno. Esta dicho anteriormente, los parlamentarios del Mercosur no legislan, y mucho menos su actividad es vinculante para el derecho interno. Asimilar dos funciones tan disímiles para otorgarles inmunidad de arresto, es inconstitucional.

Justamente, la mencionada ley 25.320 en su artículo 1° regula el funcionamiento de los fueros, para todo funcionario sujeto a “desafuero, remoción o juicio político”. No es el caso de los Parlamentarios del Mercosur, no existe norma ninguna que establezca mecanismos de desafuero o remoción de los mismos, y mucho menos de juicio político. Ni siquiera el mencionado proyecto del diputado Landau establece que tales parlamentarios puedan cesar en sus mandatos antes de la conclusión ordinaria de los mismos.

Por ende, no puede jamás ser asimilada la inmunidad de los legisladores nacionales, con la de Parlamentarios regionales sin peso en el establecimiento de las normas de derecho que rigen la vida del pueblo soberano.

Así las cosas, deberá esperarse que si la intención del kirchnerismo es tener una boleta encabezada por Cristina Kirchner, y dadas sus mayorías en el Congreso, el proyecto de marras termine siendo una ley, pero la misma probablemente sea cuestionada por inconstitucional, y resulte la Corte Suprema de Justicia la que concluya decidiendo la validez de dicha norma.

El domingo último se votó en el departamento cordobés de Marcos Juárez, y nuestro espacio, que conduce Mauricio Macri, se impuso por primera vez en una intendencia alejada de la Ciudad de Buenos Aires, en una provincia gobernada por el sector justicialista cercano a Sergio Massa, y considerando que tal sector tiene un aceitado aparato partidario fruto de nada menos que cinco períodos consecutivos conduciendo el estado provincial. Aun así, en alianza con el radicalismo, a 650 kilómetros de nuestra Ciudad, el PRO ganó la intendencia.

Se trató además de una elección con las particularidades de un comicio municipal, de esos que requieren un trabajo territorial mano a mano con el vecino por parte del candidato y sus seguidores locales. La gran gestión de Macri genera por cierto una expectativa extraordinaria, pero queda claro que el Jefe de Gobierno porteño logró que su impronta comience a ser reconocida en otros dirigentes, en otros puntos del país, condición esencial para la influencia política del PRO en todo el país.

Solamente dos días después, el martes 9 de septiembre, nuestro espacio consiguió imponerse en la elección para el representante del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, por la Capital Federal. Un proceso electoral totalmente diferente, esta vez sí en territorio porteño, pero no una elección general sino estamentaria, propia de un segmento profesional que a su vez representa con bastante precisión un sector social de clase media: los abogados, unos cien mil en esta Ciudad. Aliado con el oficialismo del Colegio Público que conduce Jorge Rizzo, se consiguió derrotar al radicalismo, en este caso curiosamente apoyado por sectores kirchneristas.

Es cierto, en ambas elecciones nuestro espacio participó en alianza con otros. Ahora bien, sea por la expansión territorial en un caso o sectorial en otro, de la influencia en el electorado de la propuesta del PRO; o por la capacidad que el macrismo ha desarrollado para generar alianzas ganadoras, ambas elecciones terminaron en una victoria. Y las dos capacidades mencionadas, es decir, que nuestras ideas se expandan por todo el territorio nacional, y la generación de alianzas exitosas, son las condiciones elementales para justificar con hechos, el crecimiento exponencial de Macri en las encuestas como candidato presidencial.

El PRO ha ganado en Marcos Juárez aliado con la UCR, pero a su vez, ha derrotado a la misma UCR en la elección para el Consejo de la Magistratura, aliado a otra fuerza estrictamente profesional como es Gente de Derecho, lo que demuestra además que no depende de una alianza específica y monolítica con tal o cual, sino de la transmisión adecuada de nuestra idea de país y de la capacidad estratégica para definir la alianza adecuada.

A veces la vorágine de información nos impide analizar el contexto con más profundidad. Pero la encuesta difundida por Infobae, y los dos triunfos electorales consecutivos en solamente dos días, en espacios sociales y territoriales absolutamente distintos, tienen una sola lectura que conduce a un único punto: el PRO ha conseguido hacer llegar su mensaje a la gente, y Mauricio Macri crece a pasos agigantados con rumbo a 2015.

Pero Macri 2015 es bastante más que un slogan de campaña, es acaso, la síntesis de un himno de cambio. Nuestra Argentina ha sido gobernada en el último siglo por tres grupos: el peronismo, el radicalismo y el militarismo golpista. Cada uno de ellos ha fracasado. En el caso de los gobiernos de facto su fracaso es originario e ineludible. Violentar la voluntad popular nunca puede llevar a un buen final.

La UCR por su parte, especialmente en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, ha dado muestras de progresos históricos en materia institucional, pero a su vez, se ha envuelto en una sucesión de errores en materia económica que pusieron a nuestro país al borde del barranco. Los últimos peronismos (menemismo, kirchnerismo), por el contrario, mezclaron aciertos y errores en materia económica, pero todo enmarcado en un brutal desbarajuste institucional teñido de corruptelas diversas que conspiraron contra dichos aciertos hasta desmoronarlos totalmente.

Entonces ¿por qué Macri? Por sí mismo y por los demás. El líder del PRO ha demostrado una capacidad de gestión poco usual que ha generado una transformación espectacular de la Ciudad de Buenos Aires como ningún otro gobierno lo había hecho. A diferencia de todos los demás distritos de la Argentina, ha podido administrar y gobernar con eficiencia, aun contra la constante y diversa obstaculización del gobierno nacional. Sufriendo niveles de coparticipación injustos, ha enfrentando obstáculos en materia de obtención de crédito externo para obra pública y a pesar de ello cientos de obras se han realizado en la ciudad, desde el Metrobus hasta los mas de 20 pasos a bajo nivel recientemente inaugurados; además de recibir y gestionar con eficiencia todo aquello que el gobierno nacional ya no podía manejar, como el transporte subterráneo.

La administración Macri no dependió jamás, como otras provincias argentinas, de la buena voluntad del gobierno nacional para solventar el pago, por ejemplo, a los empleados estatales. De haber sido de este modo, hubiese sucumbido. Ha sido una isla en esta Argentina lamentablemente unitaria, dependiente del poder central: se financió con eficiencia sin rogar la asistencia del kirchnerismo.

Del mismo modo, ningún gobierno ha resultado tan inclusivo como el del PRO en los últimos seis años, asistiendo incluso a otras provincias. Durante 2012, en el brote invernal de bronquolitis, el 70% de las camas para internación en los hospitales porteños, estuvieron ocupadas por ciudadanos que residen en la Provincia de Buenos Aires. La zona sur de la Ciudad, exhibe progresos impensados hasta hace solamente seis años, en materia de transformación edilicia y de infraestructura. Se inauguraron decenas de Centros de Primera Infancia para cuidar a los hijos más pequeños de las madres trabajadoras. La escolarización se ha incrementado y las escuelas públicas de la Ciudad han vuelto a ser aptas para que los niños aprendan y se desarrollen. Pocas cosas como esta última generan tanta equidad. Y repito: todo ello no solamente sin apoyo sino con expreso boicot.

Mientras otros candidatos presidenciales crecían o se sostenían de la mano del kirchnerismo, siendo funcionarios de uno u otro gobierno K, o candidatos de dicho espacio, Macri no negociaba su posicionamiento político y a la vez conseguía gobernar con eficiencia. Nadie más, después de este decenio, puede lucir dicha medalla.

Pero además, y por si no fuese suficiente, Macri 2015 también por los demás. Porque es hora que los argentinos probemos otra fórmula que no sea la de los irremediables fracasos cíclicos. Porque alguna vez debemos romper esta espiral nociva y repetitiva que nos hunde periódicamente en lo más profundo. Porque las nuevas generaciones tienen la posibilidad de mostrar su capacidad de eludir los preconceptos estereotipados de que “sólo fulano puede gobernar” o “únicamente mengano respeta las instituciones”. Tenga usted la convicción de que es posible, incluso, que un dirigente haga ambas cosas.

Por todo eso, trabajo por Macri 2015. Porque como se ha hecho en la Ciudad, es posible gobernar con eficiencia y a la vez, respetar las instituciones. Porque se puede se progresista e inclusivo sin caer en trampa del populismo y la corruptela, y especialmente, porque es la plataforma disparadora del cambio para la Argentina del futuro. No podemos seguir volviendo atrás.

Uno de dichos tratados, moderno y regional, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica. Amén de la extraordinaria protección que el mismo texto constitucional brinda a la libertad de prensa, contenida entre otros en los artículos 14 y 32, dicho tratado, de jerarquía constitucional, resulta mucho más profundo, descriptivo, y a la vez complementario del texto original de la Constitución.

La Convención establece en su artículo 13 diversas características sobre la libertad de “pensamiento y expresión” y en su inciso tercero profundiza sobre la invalidez de eventuales maniobras elípticas por parte de los Estados para condicionar dicha libertad. Pero además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va mucho más allá de la mera protección genérica de la libertad de prensa. Resguarda con contundencia los canales de comunicación que aseguran dicha libertad.

Si se adaptan estos preceptos a la actualidad argentina, el allanamiento realizado en las casas de periodistas, la eventual expropiación de una porción de la empresa Papel Prensa, son abiertas violaciones de los principios custodios de los derechos humanos elementales contenidos en la norma transcripta, de orden constitucional. Lo mismo ocurriría si un Poder Ejecutivo decidiese intervenir una empresa de medios, o un grupo de ellas. En idéntica línea se encuentra la distribución caprichosa de la publicidad oficial. Todos estos actos implican “vías indirectas” de control sobre la libertad de expresión.

El cuadro de constante amenaza y hostigamiento del Gobierno nacional sobre la prensa que no le es complaciente transforma en imperiosa la necesidad de los Estados provinciales de defender el pluralismo tomando las herramientas legales que cada jurisdicción posee.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Carta Magna, tan joven como progresista, en el sentido cabal de la palabra, prevé en su artículo 47 que “La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas”.

En tal sentido, el decreto de necesidad y urgencia firmado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no sólo intenta hacer respetar los tan pisoteados preceptos constitucionales, sino que busca garantizar los derechos ciudadanos de poder informarse a través de todas las visiones políticas, sin presiones ni mordazas.

El Gobierno porteño, a través de esta medida, intenta defender derechos humanos fundamentales, porque la libertad de expresión no es otra cosa que la garantía de un Estado de Derecho, es la consagración de la libertad de pensamiento y el pilar desde el que se sustenta el control de la gestión pública.

Cuando un país es atacado de este modo tiene varios caminos. La Justicia argentina inició uno de ellos: determinar responsabilidades y llamar a declaración indagatoria a quienes identificó como posibles responsables. Exigió a Irán su extradición, y solicitó a Interpol su captura internacional. Si bien el juez identificó a ocho personas en tal calidad, el Comité Ejecutivo de la Interpol sólo dio curso a cinco de los pedidos de captura internacional.

Hasta aquí un camino lógico, racional, prudente pero firme. Ante la negativa iraní a prestar colaboración y extraditar a los responsables y dada la gravedad de los hechos que se imputan, la alternativa pacífica y a nivel diplomático es el retiro de la misión diplomática en ese país (de existir una) y la ruptura de relaciones políticas y comerciales, y la utilización a la vez de todos los mecanismos de presión posibles en los organismos multinacionales en búsqueda de justicia.

Sin embargo, la Argentina históricamente se condujo de forma poco convencional respecto al “país agresor”. De hecho, las relaciones políticas jamás se interrumpieron y las comerciales se fueron incrementando año a año. Desde el advenimiento del kirchnerismo esta relación de intensificó y la búsqueda de Justicia por el homicidio masivo en la AMIA fue puesta en un segundo plano.

Los motivos parecen obvios. Uno de ellos es el puramente material: ingresan muchas divisas que el gobierno necesita, del comercio con Irán. El otro motivo es político: el kirchnerismo decidió integrar un eje regional que lidera la Venezuela de Hugo Chávez e integra también el Ecuador de Rafael Correa, ambos aliados estratégicos de Irán.

Por ende, de persistir el gobierno argentino en su búsqueda de justicia, la integración al eje político de Chávez sería imperfecta. Lo dejó claro el presidente ecuatoriano cuando en su última visita a la Argentina minimizó la importancia del acto terrorista que mató a 85 personas, expresando que imputar al régimen iraní implicaba una “doble moral terrible” y agregando que ese país no es el verdadero peligro, desestimando la importancia de los asesinados en la AMIA en comparación a los que fallecieron en el bombardeo de la OTAN a Libia.

Tal disparatado enfoque de los hechos es la traducción de la actual política exterior argentina en la materia y el fundamento de la llamada “Comisión de la Verdad” que el gobierno pretende que avale el Congreso.

La posición kirchnerista en esta materia posee un antecedente en la postura exhibida durante el gobierno de Carlos Menem respecto a la cuestión Malvinas. Por entonces, la estrategia de la política exterior argentina consistía en recuperar las relaciones comerciales con el primer mundo, y el Reino Unido resultaba un país clave. Por ello se llegó a un acuerdo humillante: se estableció lo que llamaron un “paraguas de soberanía” sobre la relación entre ambos países, que implicaba llevar adelante la relación política y comercial, sin discutir, ni siquiera mencionar, la disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

Cada vez más evidente heredero del menemismo, el kirchnerismo pretende con esta “comisión” establecer un “paraguas de justicia” sobre la cuestión AMIA, para desarrollar su relación con Irán al margen del atentado, de las vidas sesgadas, de la brutal y traicionera agresión.

Así como el “paraguas de soberanía” menemista pudo haber generado un grave antecedente en materia de política exterior, una invitación a otros países a no respetar la soberanía argentina, y de hecho fue utilizado por Inglaterra para consolidar su posición en Malvinas y por los kelpers para alentar su ilegal postura de derecho a la autodeterminación, resulta evidente que el “paraguas de justicia” kirchnerista es un paso más adelante en materia de eliminación de la división de poderes en nuestro país, política que el gobierno impulsa de manera constante y creciente.

En cuanto al Poder Judicial, si bien ha designado más de la mitad de los jueces federales desde su advenimiento, el kirchnerismo sigue una política de confrontación clara y casi de supresión. Cualquier juez, ya sea de los designados por el kirchnerismo como los anteriores que resuelve una causa en forma diferente a lo que el gobierno pretende, lo transforma en el “enemigo” y obvio candidato a ser “suprimido”.

Por eso la instauración de dicha “Comisión de la Verdad” con Irán se enmarca en todo un proceso de demolición del Poder Judicial. El kirchnerismo desconoce que en nuestro país, el gobierno lo llevan adelante tres poderes diferentes, que se autocontrolan y poseen potestades propias, y viola sistemáticamente normas constitucionales para hacerse del control total del gobierno.

Si el Poder Ejecutivo se arroga a sí mismo facultades jurisdiccionales, integrando una comisión con un país agresor para que ejerza funciones judiciales, está violando abiertamente la Constitución, el principio de juez natural establecido en el artículo 18, y la prohibición expresa y taxativa de ejercer funciones jurisdiccionales del artículo 109, ambos de la Carta Magna.

En síntesis, la comisión cumple para el kirchnerismo varios de sus fines al mismo tiempo: degrada al Poder Judicial como poder del Estado; despeja un obstáculo de su política exterior en materia de pertenencia al eje regional con Venezuela y Ecuador; y garantiza el ingreso de divisas fruto del comercio bilateral con Irán.

Los muertos y sus deudos, así como la sociedad argentina agredida y humillada, deberán esperar mejores tiempos que no demorarán mucho en venir, tiempos donde el imperio de la ley se sobreponga a las ansias de poder, donde las relaciones internacionales nos paren frente al mundo en un lugar distinto, con dignidad y respeto, y en los cuales la búsqueda de beneficios materiales y políticos no se imponga sobre la muerte y el dolor.