¿Es casual que en septiembre de 2011 el embajador argentino ante la ONU, Jorge Arguello, se mantuviese sentado escuchando el discurso de su par iraní en la Asamblea de Naciones Unidas, por primera vez desde el atentado? (era norma de cancillería que el embajador argentino ante ese organismo se levantase y se retirase al comenzar a hablar el embajador iraní, en señal de rechazo). ¿Cuánto de casualidad encierra que un año después, en la siguiente Asamblea General de la ONU de 2012, también por primera vez, la presidente Cristina Fernández no invitase a los representantes de la comunidad judía?

Si se lo relaciona con la causa AMIA, este es otro kirchnerismo. Siguiendo la línea de las Asambleas de ONU, en la 2014 la Presidenta llamó “demonios” a los miembros de la comunidad judía que rechazaron el pacto de impunidad, con el agravante que lo hizo en vísperas de la celebración del año nuevo judío. ¿Todo esto puede ser fruto de una casualidad?.

Tampoco puede omitirse en la suma de casualidades permanentes el incremento sideral del comercio bilateral con Irán. Entre el último año del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner (2007) y el año 2013, los negocios con Teherán se incrementaron en la friolera de 1.873%, lo que demuestra un evidente cambio en la relación con el país acusado por el atentado.

Además el memorándum con Irán se firmó casualmente un 27 de enero, fecha en que se conmemora el día Internacional en Memoria de la Víctimas del Holocausto, además de que el gobierno lo negocio a espaldas de las organizaciones judías, a quienes la presidenta había convenido en consultar previamente a dar cualquier paso en tal sentido.

La “casualidad” hizo que el gobierno kirchnerista impulsará su aprobación parlamentaria con una premura inusitada, llamándose a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero de 2013. Fue convertido en ley el 28 de ese mes, con lo cual solamente faltaba un día para que se iniciasen las sesiones ordinarias, ni esas pocas horas pudo esperar Cristina Fernández, tal era la desesperación política porque el parlamento aprobara la renuncia a la justicia para las víctimas.

¿Habrá sido casual que solamente una cláusula del Memorandum fuese operativa sin aprobación legislativa? Especialmente considerando que tal cláusula era la notificación a Interpol del acuerdo firmado con el objetivo velado del cese de las alertas rojas, entuerto que terminó no funcionando porque tal levantamiento solamente podía operarse por una orden judicial que nunca existió, y no por un acuerdo internacional que ni siquiera estaba vigente.

Siguiendo con las casualidades. Estrechar vínculos con Irán coincide con las políticas desarrolladas con respecto a varios países con los cuales Cristina Fernández buscó fluidificar las relaciones. La presidenta Cristina se mostró muy identificada en 2008 con el dictador libio Muamar Kadhafi, estrechó relaciones e incrementó el comercio (o al menos lo intentó) con el dictador angoleño Dos Santos, y se encolumnó a nivel regional detrás de la Venezuela chavista, socia estratégica de Irán. Desde este punto de vista el gobierno ha ganado coherencia: ¿cómo coexistiría una alianza con Hugo Chavez o su sucesor mientras se sostiene una cuasi ruptura de relaciones con el país persa?.

También casualmente los referentes locales de Irán, lo son también del gobierno venezolano, como Luis D’Elía, sentado en primera fila de los actos oficiales, con o sin cargo, agente directo de la presidenta en variadas cuestiones, y representante de los intereses tanto venezolanos como iraníes en la Argentina. Persona que a su vez, se ha encargado de negar reiteradamente el holocausto judío, al igual Ahmadineyad, que presidia Irán cuando se firmó el Memorandum de la impunidad.

Pero volviendo específicamente al caso AMIA, a las causalidades y a los últimos acontecimientos, el fiscal federal instruido por el ex presidente Kirchner para avanzar en el esclarecimiento del atentado, casualmente muere pocos días después de realizar la denuncia donde acusa a la Presidenta, al Canciller Timerman y a varios integrantes del gobierno de conformar un plan delictivo para darle impunidad a los acusados iraníes de cometer el peor atentado de la historia argentina. Y dicha casualidad es tan extraordinaria, que coincide con el día anterior a la presentación de su denuncia en el Congreso.

Fruto de la casualidad el Secretario de Seguridad llega al lugar del hecho antes que las autoridades judiciales, y permanece allí un largo tiempo hasta que estas arriban. Azarosamente se sostiene la teoría del suicidio, primero desde el mismo Sergio Berni y luego la mismísima presidenta de la Nación. Pero luego la ventura determina que la puerta cerrada desde adentro, estaba casi abierta (según el propio cerrajero que no sabe ni porque lo llamaron), que el cuerpo de Nisman no tenía pólvora en sus manos, y al momento que la teoría del suicidio se desvanece por insostenible, por otra obra de la casualidad Cristina Fernández cambia su postura y nos dice, clarificadora, que no se trató de un suicidio.
Casualmente la mandataria se expresa por cadena nacional, nos cuenta lo sospechoso que resulta que Nisman volviese de su viaje por Europa de modo imprevisto, y luego la fiscal del caso expresa que los pasajes para ese regreso estaban sacados en el mes de diciembre.

Frente a la mayor sucesión de casualidades de la historia argentina, hay que decir que, en cuestiones de Estado, las casualidades no existen. La lamentable muerte del fiscal Nisman no es fruto de las casualidades, sino de una serie de decisiones políticas que llevan a un inevitable resultado. La presidenta tomó decisiones, claramente distintas de las de su difunto esposo y antecesor, y la suma de ellas desembocaron en un producto, que todavía no sabemos si es el último o uno más de una serie de consecuencias que esas determinaciones generaron y generarán. Cuando en un país ocurren casualidades permanentes, la explicación no es al azar ni tampoco la victimización. Porque todo es consecuencia directa de las acciones de los gobernantes que deben asumir sus responsabilidades políticas y, en casos como este, posiblemente penales. La sociedad argentina y la justicia, al cabo, dictarán sus respectivas sentencias.

Dos motivaciones resaltan los medios como elementos clave de esta iniciativa. La primera de índole político: la Presidente estaría presente en la boleta del FpV, armonizando la voluntad electoral de sectores kirchneristas que se resisten a votar por otros candidatos. Pero además podría producirse otro fenómeno impensado, dado que los arquitectos de esta iniciativa pretenden que, al tratarse el Mercosur de un órgano supranacional, el primer paño de la boleta en las próximas elecciones nacionales, debería ser justamente el de los candidatos al Parlasur, antes que el del candidato a Presidente de la Nación. De este modo, Cristina Kirchner encabezaría la boleta, su nombre a la vista del elector, estaría antes que el de los presidenciales logrando un doble efecto: el oficialismo tendría en el primer paño de su boleta a Cristina y los demás partidos a un dirigente menor, puesto que los más importantes competirían por la Presidencia.

En segundo lugar, algunos medios resaltan que el proyecto a tratarse en diputados, asimila a los parlamentarios del Mercosur con los legisladores nacionales en cuanto a las inmunidades de arresto de las que estos últimos gozan, y tal cosa podría beneficiar a la actual Presidente respecto de los procesos judiciales por corrupción administrativa que se le siguen.

Ambas pretensiones, la de la posición del paño en la boleta y la de la inmunidad parlamentaria, deben ser analizadas a la luz de su dudosa constitucionalidad, y de aprobarse la iniciativa, no debería descartarse que sea la Corte Suprema de Justicia la que deba terminar expidiéndose al respecto.

En primer lugar, es complejo de imaginar que en una elección presidencial, se coloque en la boleta el paño del Parlasur adelante del de Presidente. Es cierto que tal organismo es intergubernamental, pero lo es en el sentido de que participa del mismo más de un Estado, pero de ningún modo implica una supranacionalidad originada en una cesión de soberanía, en grado alguno. El Mercosur es hoy una unión aduanera, con alguna característica adicional que pretende avanzar en un grado de integración mayor, pero no mucho más que eso. Su Parlamento tiene potestades básicas y menores. Según el artículo 4° del Protocolo Constitutivo: recomienda, informa, pide informes, invita personalidades. En el mejor de los casos, de acuerdo al inciso 12 del mencionado artículo, “dictamina sobre proyectos de normas del Mercosur que requieren aprobación legislativa en uno o varios Estados parte”. Es decir, claramente, no legisla, su nombre “Parlamento” es pretencioso, aspiracional, pero no es un Parlamento en sentido estricto.

Y esto es así, porque los Estados miembros no han cedido soberanía en materia legislativa a dicho órgano. El Parlasur es una buena intención porque establece la participación de los representantes de los pueblos, pero no existe razón alguna, al momento de ponderar el orden de los paños en una elección nacional, para que el primero de ellos sea el de un organismo intergubernamental sin relevancia en el derecho interno, ni en la administración de los asuntos públicos, ni en la vida de los argentinos. Ni siquiera resulta relevante todavía, a nivel de las relaciones comerciales entre los miembros del bloque, ni en la resolución de conflictos entre intereses de particulares que participan de dicho comercio. Todo ello más allá que el proceso de integración regional debería profundizarse, y por ende, ampliarse las competencias del Parlasur, incluyendo algunas funciones legislativas, que insisto, hoy no tiene, y de las que si goza, por ejemplo, el Parlamento Europeo.

Es cierto que, de sancionarse el proyecto de marras, el paño de los candidatos al Parlasur deberá estar entre los de los candidatos a cargos nacionales. Esto cobra relevancia en las provincias donde las elecciones para cargos locales y nacionales, se realizan en forma simultánea. En ellas, el orden histórico de los paños de la boleta es: primero el candidato a Presidente de la Nación, luego los legisladores nacionales (si se eligen senadores y diputados, se coloca el paño de los candidatos a la Cámara alta antes que el de los candidatos a la Cámara baja), y tras ellos los cargos locales, por ejemplo: Gobernador, legisladores provinciales, intendentes, etc.

En esa lógica, es bien probable que el paño de los candidatos al Parlasur debe ubicarse detrás de los demás cargos nacionales, y antes de los cargos locales, justamente porque su elección tendrá la característica de un cargo nacional. Pero jamás podría estar antes que los candidatos a Presidente de la Nación, o legisladores nacionales, porque el origen de estos es constitucional, sus responsabilidades y potestades frente al pueblo argentino determinan el rumbo de su existencia cotidiana, lo administran y legislan las normas que los rigen, su carácter y relevancia resultan superlativas en comparación con las de los Parlamentarios del Mercosur con el régimen actual.

En lo que respecta a las pretendidas inmunidades que establece el artículo 12 del proyecto del diputado oficialista Jorge Landau, las mismas son manifiestamente inconstitucionales. En primer lugar, justamente porque las mismas tienen en nuestro país origen en el articulado de la Carta Magna, que es reglamentado luego por la llamada ley de fueros 25.320. Así, la Constitución establece inmunidad de arresto para los legisladores a los efectos de que no se les pueda impedir a aquellos electos por el pueblo ejercer su función, la de legislar, y de hacerlo para el derecho interno. Esta dicho anteriormente, los parlamentarios del Mercosur no legislan, y mucho menos su actividad es vinculante para el derecho interno. Asimilar dos funciones tan disímiles para otorgarles inmunidad de arresto, es inconstitucional.

Justamente, la mencionada ley 25.320 en su artículo 1° regula el funcionamiento de los fueros, para todo funcionario sujeto a “desafuero, remoción o juicio político”. No es el caso de los Parlamentarios del Mercosur, no existe norma ninguna que establezca mecanismos de desafuero o remoción de los mismos, y mucho menos de juicio político. Ni siquiera el mencionado proyecto del diputado Landau establece que tales parlamentarios puedan cesar en sus mandatos antes de la conclusión ordinaria de los mismos.

Por ende, no puede jamás ser asimilada la inmunidad de los legisladores nacionales, con la de Parlamentarios regionales sin peso en el establecimiento de las normas de derecho que rigen la vida del pueblo soberano.

Así las cosas, deberá esperarse que si la intención del kirchnerismo es tener una boleta encabezada por Cristina Kirchner, y dadas sus mayorías en el Congreso, el proyecto de marras termine siendo una ley, pero la misma probablemente sea cuestionada por inconstitucional, y resulte la Corte Suprema de Justicia la que concluya decidiendo la validez de dicha norma.