Es la esencia misma del sistema democrático lo que está en debate.

Tenemos que elegir si seguimos por el duro camino de una democracia adulta, soberana, inclusiva, generadora y defensora de derechos y obligaciones, como desde el 25 de mayo de 2003. O si volvemos a la democracia condicionada y sometida a los factores de poder, como aconteció desde que recuperamos la democracia en 1983 y durante gran parte de nuestra historia, salvo raras excepciones.

Porque, como también ha quedado claro, de lo que se trata, en definitiva, es quién tiene el poder en la Argentina.

Si dejamos que siga en manos de los grandes grupos empresarios corporativos o en la soberanía popular. Que se expresa a través del gobierno elegido de manera democrática.

Nuestro sistema democrático basado en una Constitución Nacional que tiene dos siglos de vida y algunas reformas (que deberían revisarse, pero sería tema de otro debate) determina que el gobierno nacional consta de tres poderes. Dos de los cuales se eligen por elecciones libres y obligatorias, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El tercero, el Poder Judicial, no está sometido a la elección popular.

Si tenemos en cuenta recientes fallos judiciales que resultaron favorables a corporaciones empresarias en conflicto no sólo con el gobierno nacional (en realidad con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) sino fundamentalmente con los intereses de la mayoría de la población, comprendemos que una parte importante del Poder Judicial no respeta la soberanía popular. Ese sector del Poder Judicial no está a favor de una justicia que contemple los derechos e intereses de la mayoría.

Esto, necesariamente, colisiona con el necesario equilibrio que debe sostener y alimentar a un sistema democrático. Ese equilibrio es inherente a la vida democrática. Es el equilibrio del poder.

Hoy, no es necesario un golpe de Estado tradicional para lesionar y condicionar la democracia y los derechos de las mayorías.

Hoy, los gobiernos democráticos son desestabilizados con otras metodologías. Tenemos los ejemplos concretos de Honduras y Paraguay (exitosos) y de Ecuador (fallido).

Hoy, las empresas poseedoras de medios de comunicación y sectores del Poder Judicial son artífices de golpes institucionales, respondiendo a una nueva matriz golpista.

Incluso, por la presión de esos medios de comunicación con posición dominante y estructura monopólica, sumado a fallos y medidas judiciales que los benefician, pretenden gobernar por encima de la voluntad popular expresada en las urnas y materializada en leyes votadas por amplias mayorías del Congreso. Como manda la Constitución Nacional.

Ya no es necesaria la utilización de las fuerzas armadas para derrocar o condicionar a un gobierno democráticamente elegido.

El sistema de poder corporativo defiende sus privilegios de clase con nuevas armas y se resiste a los cambios surgidos y producidos en las mayorías populares y que se plasman en leyes votadas según las normas que nos rigen.

Hoy, parte del Poder Judicial, en nuestro país, funge como garante de esos privilegios que el sistema de poder no está dispuesto a resignar. Aun a costa de vaciar la democracia y vulnerar no sólo la voluntad popular, sino también la Constitución Nacional si es necesario.

Por esto, entre otras razones, hace casi cuatro años que una medida cautelar tiene bloqueados artículos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso el fallo de la Corte Suprema de Justicia impide que el predio de La Rural de Palermo, vendida a precio vil en la década del 90, vuelva a manos del Estado, como bien público.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está ante una grave disyuntiva, que habrá de determinar si está a favor de la democracia no condicionada que estamos construyendo, o si se decide a que siga vigente una democracia en la que una de las corporaciones se ha jactado de poner y sacar presidentes. Expresando que el puesto de Presidente “es un puesto menor” y dejando trascender que “no hay gobierno que resista cuatro tapas adversas del diario Clarín”.

El prestigio de sus integrantes está en la mira de toda la sociedad.

El pueblo movilizado acompañó la audiencia pública del 28 de agosto. En defensa de la Ley de Medios de la Democracia.

En defensa de la Democracia.