Muchos ciudadanos, inquietos con estos aspectos del devenir político, se preguntan el porqué de tanto esfuerzo, idas y vueltas, discursos, puntos de vista distintos y enfrentados, amenazas, propuestas alternativas, reuniones nocturnas para llegar a esto. Ya se sabía que la ley no servía, que el empleo no depende de una ley, sino del proceso económico.

Si ese proceso no tiene dinámica propia, si no hay inversiones, si no se abren nuevas fábricas o nuevas alternativas empresarias, empleo no habrá. Es una cuestión que se viene arrastrando desde hace más de una década. Es una cifra correcta decir que en esos diez años que nos antecedieron el empleo público creció un sesenta por ciento. En ese porcentaje hay que incluir al Estado como salvataje frente a quienes no consiguen trabajo, provincias que no brindan más que un panorama de pobreza, y mucho más que favoritismos políticos de un poder populista y demagógico.

De todas maneras, la ley salió a través de un acuerdo entre oficialistas y opositores. No es una estrategia nueva para el macrismo. Durante todos sus años al frente de la ciudad de Buenos Aires, aun en minoría en el Concejo, con mayorías críticas siempre imponían sus criterios. Lo lograban a través de acuerdos. No había convencimientos reales. Tan sólo manipulaciones, favores, altas negociaciones y otras cosas más.

Los acuerdos no atentan contra la democracia, no traicionan a la ciudadanía, de ninguna manera. Pero tienen una característica indispensable: teóricamente hablando, deberían ser divulgados y explicados. De lo contrario, se pueden bastardear las instituciones y el mismo ejercicio de la política. Así como los periodistas luchamos individual, colectiva e institucionalmente para alcanzar una ley de acceso a la información pública para tener en cuenta la marcha de la gestión de Gobierno, así también los acuerdos conllevan una negociación que debe estar iluminada.

Con toda esta energía volcada a la negociación parlamentaria, falta aclarar algunas cuestiones de gobierno. Por ejemplo: el acuerdo con los gobernadores, el del pago de la deuda de la nación con las provincias es una medida correcta con indispensable dosis de buen federalismo. El poder se comprometió a devolver el 15% de coparticipación que les retenía a las provincias para derivarlo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Todo fenómeno, pero ¿cómo quedan las cuentas para este organismo que es responsable del estado de la clase pasiva? Hasta ahora no se ha dicho nada. Pero, como se sabe, presupuestariamente hablando, la Anses es un agujero negro. Sus cuentas son desconocidas para la opinión pública. Hasta diciembre del año pasado era proveedora de fondos al Gobierno nacional, junto al Banco Nación, cada vez que la Casa Rosada y el Ministerio de Economía lo requerían. Fue generadora de fondos gran parte del kirchnerismo.

Ahora, entonces, hace falta que algún funcionario salga a divulgar la realidad de la Anses y cómo queda ante los jubilados. Fue una buena noticia en las últimas horas que compensara a una gran parte de los perjudicados, que llevaban reclamos judiciales pendientes desde hace añares. Pero una cosa no tapa a la otra. Que se explicite qué pasa en la Anses. Es indispensable.

Por otra parte, ya se conocen las repercusiones del ajuste tarifario. El Gobierno decidió recortar subsidios —entre ellos, el energético— populistas. Los bajó del 4% al 2,35% del producto bruto interno. En su momento, al Ministerio responsable le faltó una clara estrategia comunicacional al respecto. Continúa faltando. Y los que ahora pagan no están suficientemente informados. En Mar del Plata, se informa: en algunas tarifas de servicio de gas domiciliario el incremento llegó al dos mil por ciento. El intendente Carlos Arroyo comentó que buena proporción de usuarios no las puede pagar, por lo que se expone al corte de suministro. En el Juzgado Federal de Bariloche se presentó un amparo colectivo de la municipalidad ante los aumentos. En Buenos Aires, se supo que un teatro céntrico apagó las marquesinas tras recibir la factura eléctrica. En ciertas empresas se ha decidido suspender las actividades una vez que se vaya la luz natural.

Ha llegado el momento de la verdad. ¿Será una cuestión de tiempo resolver el impacto de los nuevos valores? ¿Las encuestas están mostrando esta emergencia?

En los últimos meses el número de despidos ha crecido. Algunos fueron por decisiones presupuestarias, en el Estado, por ejemplo, y por búsqueda de racionalidad en la expulsión de gran cantidad de empleados “ñoquis”, que abundaban en las dependencias oficiales, designados especialmente en la primera o la segunda mitad del 2015. Otros cayeron víctimas injustamente. El propósito fue concluir con el oportunismo. Pero debe haber existido un cierto número de inocentes.

En el sector privado, las circunstancias son distintas. Desde hace tres años, desde la segunda Presidencia de Cristina Fernández, el empleo privado ha ido disminuyendo y desde mediados de 2014, se cerraron las puertas de los establecimientos. El único recurso al cual se aferraban los necesitados era el Estado.

Si eso ocurría en las provincias ricas o en la capital del país, el panorama era mucho más patético y sin alternativas en las provincias del noreste y del noroeste, las más perjudicadas: hay escasas fábricas o no las hay. O no hay ni siquiera producción primaria. Los municipios y los gobernadores suelen manejar el puesto como un favor y como una promesa de voto. Un proceso antidemocrático y feudal desde el comienzo.

En los últimos días, en el Congreso, la oposición política viene trabajando ofensivamente en una ley para frenar los despidos. Respaldan la decisión parlamentarios del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque justicialista, el Frente Amplio Progresista y partidos provinciales. Los observadores políticos consideran que esta presión para conseguir la ley surgió a partir de la unidad sindical. Las centrales obreras impulsaron un proyecto compartido para contener de algún modo la cerrazón del empleo.

La pregunta fundamental es: ¿qué están haciendo y diciendo los asesores económicos de esas agrupaciones ante la voluntad de ponerle un freno a la problemática a través de una ley? ¿Acaso una ley solucionaría el desempleo? ¿La oposición no se hace cargo de que la falta de empleo se arrastra desde hace años, de que el Estado estaba sobrecargado de trabajadores por decidido criterio populista?

Desde hace prácticamente una década, tiempo de conducción del matrimonio Kirchner, se vino imponiendo el contratado, el que trabaja para el Estado sin protección alguna. Más: el Estado fue el mayor empleador “en negro” del país. Todos estos problemas no se solucionan en el corto plazo. Ni con magos geniales.

Todo sugiere que la oposición busca mostrar preocupación, ganar mayores adeptos y posicionarse en medio de meses decisivos, cuando el Gobierno de Mauricio Macri se juega su futura permanencia en el poder después de esta etapa. Aun sabiendo que el desempleo sólo tiene salida con soluciones económicas, no legales.

En 2016, la actividad industrial no tiene horizonte positivo y sus indicadores son pesimistas. En los últimos cinco años las exportaciones a Brasil han disminuido cinco mil millones de dólares. Pasaron de 15 mil millones por año a 10 mil. Tan sólo en el 2015 el bajón de colocaciones en ese país llegó a casi el treinta por ciento. Para peor, la demanda interna viene descendiendo. Los mercados se achican. La pérdida de competitividad interna es evidente. En toda la década el kirchnerismo, y luego el cristinismo, no se han ocupado de conseguir nuevos mercados, nuevas relaciones comerciales. El retroceso de este tiempo se parece al de fines de los años noventa, que se sumó a otros factores para explotar al culminar el 2001 y comenzar el 2002, cuando se sacó la bandera del default.

¿Se puede obligar a un empresario con una ley o con un revólver en la cabeza a seguir operando cuando financiera y comercialmente está quebrado? ¿Y si está en el límite de sobrevivencia, se lo puede conminar a contratar personal en un país donde los costos laborales, impositivos y bancarios son agobiantes para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes también?

La respuesta se resume: “Es la economía”. No es un tema de leyes. Si no hay un empujón hacia adelante, si no hay una decisión de bajar las tasas bancarias, que llegan al 38% (en los mejores casos), si no aparecen alicientes, si no resurge el consumo, si no hay una modificación impositiva en serio, ninguna ley antidespidos podrá tener resultados. Todo pasa por esa realidad. Y no hay otra color de rosa.

El actual cristinismo, más su antecesor, el kirchnerismo, parecen carecer de una valoración democrática. Les falta aceptar que los cambios pueden suceder, que otros pueden tener otras propuestas, que de pronto se deben ceder posiciones ante una realidad compleja, sin soluciones fáciles. Las redes sociales están cargadas de odio y desprecio al nuevo Gobierno. Sin tregua. Desde el primer momento fue rechazado y así, desde el inicio, muchos lo catalogaron de oligárquico, de derecha, reaccionario, dispuesto a vender el país, de despreciar a los trabajadores. Un encuadre endiosado. Fue para ellos un reflejo inmediato. Golpear, machacar, no entender, no mirar más allá.

Sumándose a ciertos grupos de la izquierda, en un enredo incomprensible, torpedearon la visita de Barack Obama. Están abrazados a una mística donde juegan de víctimas y los verdugos son los otros. Politizaron hasta el extremo los derechos humanos y el recuerdo. Así, en los años setenta, que son paradigmáticos para su mirada, hubo buenos, luchadores con mística de cambios y puros, y, del otro lado, los que estaban dispuestos a acabar con ellos. Y de esa plataforma no se bajan. Algo absolutamente maniqueo.

Marcos Novaro se encargó de señalar, con otros pocos más, que el golpe de 1976 se llevó a cabo con el apoyo de gran parte de la sociedad civil. Dirigentes políticos, partidos en actividad, empresarios, dirigentes, profesionales, medios de comunicación, en todas las escalas se sentían oprimidos por la angustia que producía una desaforada violencia. Estaban ciegos. La toma del poder por los militares, el 24 de marzo, les mostró la verdadera decisión de esas fuerzas: masacrar, disponerse a llevar adelante un decidido “crimen de Estado”, como el que se llevó a cabo. Entonces, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Fue incluso un boomerang para los que habían considerado a los militares como la única salida.

Nadie niega que la Presidencia republicana de Gerald Ford, en Washington y el canciller Henry Kissinger bendijeran aquella opción por el terror, como había sucedido con Chile. Pero al poquísimo tiempo apareció un demócrata en la Casa Blanca. Jimmy Carter, que profesaba una concepción religiosa de los hombres en el mundo y la secretaria Patricia Derian cuestionaron, acosaron y pusieron en evidencia la perversión sin límite de los torturadores. En la visita de Derian a Buenos Aires los automovilistas pusieron un cartel en los autos con el increíble eslogan: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Estaba en todas partes. En negocios y en escuelas y en oficinas públicas.

La historia fue, ya no se puede cambiar. Pero hay que trazar balances y elevar las autocríticas correspondientes. Que no se generalizaron, en absoluto.

Pocos años después arribó la democracia, como una salvación. Pero con los años no se la respetó, ni se la dignificó, ni se la hizo perdurar en numerosos acontecimientos.

Los antiimperialistas jóvenes y viejos se enfrentaron ahora con la simpatía, la atrayente oratoria, las propuestas concretas y los ofrecimientos de respaldo a la Argentina del matrimonio Obama. Hubo manifestaciones de repudio en vivo, no muy numerosas, pero con potencia de voz. Obama venía de Cuba, de procurar entenderse con un régimen que subsiste, inconmovible desde hace medio siglo. Buscaba acabar con el bloqueo, opinar que sólo los cubanos elaborarán su futuro, fomentar el intercambio, tratar de encontrar la oportunidad para cerrar Guantánamo. Llegaba desde una isla que cierta izquierda y el cristianismo alaban y endiosan, esa con un régimen autocrático y aislado. Pese a todo, la “mala onda” fue difundida con altavoces.

La grieta es mucho más ancha y compleja de lo que se creía. Son varios los que creen que no es así. Sin embargo, están en todas partes. Por supuesto que un peronismo más serio, más constitucionalista y democrático se presta a la negociación, participa de acuerdos parlamentarios.

La Argentina vivía separada del mundo. O mejor dicho, el mundo se había olvidado de la Argentina. Las visitas de altos funcionarios europeos y de Obama generan un deshielo importante. A partir de ahora se pueden crear y recrear las relaciones económicas y políticas con el planeta, que resultan imprescindibles en la puesta a punto de la economía. Aunque todavía se requerirán varios meses para que esto pueda suceder.

Eso sí: sigue faltando una sociedad no resquebrajada y decidida a llevar adelante el gran cambio. Sin violencia.

El griterío de los cristinistas, sus abucheos, sus insistentes silbidos, los carteles que exhibían, las interrupciones al discurso de apertura de sesiones del Congreso, inyectan una buena dosis de escepticismo para alcanzar los objetivos de un país como el que se merece la sociedad después de doce años de populismo. Y un desborde, con la total falta de respeto a la institución. Todo considerado por el ex ministro de Economía, Alex Kicillof, que sonreía mientras repercutían los gritos.

A esa incómoda protesta le siguió la respuesta de la barra oficialista, que, parada, vivó al “Sí, se puede”. Ni siquiera bastó que el presidente Mauricio Macri les dijera a los ex aplaudidores de Cristina Fernández: “Hay que respetar los resultados de las elecciones democráticas”, para que se callasen.

Todo configura una muestra que la grieta persiste. La violenta separación entre una Argentina y la otra. Habrá que esperar mucho tiempo para que se cierre, porque no soportan a los recientes responsables del poder. A los nuevos los llaman “nenes bien”, “oligarcas apartados del pueblo”, “casados con el neoliberalismo”, “agentes del capitalismo”, “gente que no respeta las necesidades populares”. Hablan desde un mediocre e impiadoso neoprogresismo que alabó a intendentes eternos, a sindicalistas enriquecidos, a militares con un pasado dudoso y peligroso, a ministros corruptos y a una conducción venal.

Militó con ellos un neoprogresismo que en su momento fue la izquierda, con un discurso digno de los años sesenta y setenta. Tejieron una cobertura que fue un envoltorio de consignas para justificar a los que hacían política con el firme interés de hacerse millonarios. Fueron los que aceptaron cualquier cosa con tal de no irritar a los piqueteros que cerraban las calles, las rutas y las avenidas cuando se les antojaba y a las organizaciones mafiosas. A los que tapaban la realidad e inventaban estadísticas a su favor. A los que no quisieron actuar porque concluyeron como cómplices de las fuerzas policiales con el narcotráfico.

Los populismos en América Latina y en Europa (los del movimiento Podemos en España, por ejemplo) están perdiendo terreno rápidamente. En Bolivia se pincha, con votos democráticos, la pretensión de Evo Morales, que quiere casarse para siempre con el sillón presidencial. Una revelación periodística lo acorraló, por lo que se lo acusa de ocultamiento con mentiras de un hijo del cual no se sabe si está vivo o muerto, más los negocios millonarios que conducía una ex pareja.

En Venezuela, al chavismo inepto se le enfrenta una oposición fragmentada, pero decidida a que todas las duras privaciones (la comida, la vida democrática) terminen de una vez por todas. En Brasil, el Partido de los Trabajadores, una izquierda populista y transformadora, derivó, con los años, en un muestrario de corrupción, estafas y robos al erario público. Incluyendo a figuras que en su tiempo fueron inmaculadas y ahora pasan sus días en la cárcel sospechadas de varios delitos. Dilma Roussef, la presidente, camina en la cornisa, sin sostén de la sociedad.

El Parlamento argentino no siempre estuvo libre de acusaciones desde la organización nacional a partir de la redacción de los códigos y la gestación de un Estado dispuesto a ser una nación envidiable. Hubo un Parlamento donde, en la década del treinta (la “infame”), un ciudadano vinculado a la Policía, pero dependiente de algunos ministros maltratados con las acusaciones de Lisandro de la Torre por el negocio de las carnes de los frigoríficos ingleses, intentó matar, en el recinto, al líder de la democracia progresista. Terminaron asesinando a su mano derecha, un legislador santafesino que se interpuso en el ataque y llevaron a Lisandro de la Torre a la desesperación, a la culpa y al suicidio.

Hubo un Parlamento durante el primer peronismo donde se lucieron los oradores de distintos partidos y se discutió todo con pasión, aunque algunos líderes políticos de la oposición terminaron presos y enviados a la cárcel.

Hubo una falta de Parlamento, aunque dirigido ficcionalmente por militares, durante la dictadura de 1976-1983. Hubo un Parlamento con la vuelta a la democracia, donde la vida política repercutió en las polémicas mantenidas por senadores y diputados desde 1983 en adelante. Hubo un Parlamento que justificó el desmantelamiento del Estado a lo largo de la década del noventa y otro Parlamento ejecutivo que mantuvo las manos en el timón a lo largo de la larga crisis del 2001-2002.

Finalmente, llegó un Parlamento con el kirchnerismo y el cristinismo que actuó como escribanía de las decisiones emanadas en la Casa Rosada. Y que aprobó la estatización de todo lo que había privatizado el anterior peronismo menemista. Con una parafernalia de papel picado y globos de colores y gritos partidarios del oficialismo desde los palcos cada vez que visitaba el lugar la Presidente de la nación.

Un show estridente, colorido y gritón que ahora quiso volver a ofrecer el cristinismo el 1º de marzo. Vieja y triste historia de desprecio al Parlamento.

En definitiva se impone el criterio de la mayoría, no se escucha y se menosprecia a las minorías en el Parlamento, no se polemiza, no hay consenso, no hay criterio, no hay estudio a fondo del tema.Todo aquel que reflexione distinto es peligroso y puede pasar por destituyente. En definitiva : el Congreso actúa de la manera que lo quiere y lo pide el Poder Ejecutivo. Se aprueban leyes con la velocidad del rayo, sin que muchos de los que votan sepan su contenido, por negligencia o porque reciben órdenes terminantes de pasar por alto toda discusión.

Institucionalmente hablando se parece a un régimen arbitrario, caprichoso, donde impera la voz del amo. De esta forma es perjudicial y antidemocrático. Así son las cosas: los parlamentarios del oficialismo han elegido el camino de la sumisión. La mayoría ha autorizado a nombrar 17 fiscales y otros 1.633 funcionarios en la Procuración. 

Los legisladores verticalistas fueron cristalinos ante la ofensiva y las críticas de sus colegas de la oposición. Juliana Di Tulio, conductora del bloque K, se ofuscó ante los cuestionamientos y dijo: “No tenemos miedito. Como dijo la Presidenta no nos van a amedrentar los buitres ni los caranchos” (La referencia de ” caranchos” fue a los  jueces que se están animando a investigar algunos negocios).

En estos últimos años, el cristinismo no necesitó esfuerzos para que el poder y lo público fueran, para sus dirigentes, una sola cosa. No fue pragmatismo. Fue estrategia de acción política directa. Precisamente, un sector importante de la oposición en el Congreso buscaba que se definiera que los fiscales deben ser fiscales de la ley, no del poder de turno, y limitar las arbitrariedad que puede cometer la Procuradora General, por lo que hay que fijarle controles específicos, muy  rígidos.No es esto un tema menor en el terreno de la vida política activa,  pensando en la actualidad y en el futuro.

La intención del gobierno es clara: crear condiciones para la impunidad de los funcionarios bajo la lupa de la Justicia, y evitarles cárcel o cargos muy  graves que hagan historia. Los que han delinquido, ¿lograrán evitar las sanciones? El próximo gobierno  puede darle la espalda a esta reforma y otras leyes de impunidad, rechazarlas, pero, a un año de las elecciones, bien puede haber acuerdos con algunos candidatos a la  Jefatura de Estado para sellar ciertos compromisos de “protección”. Todo actuado con ansiedad por lo visto extrema. Hay que insistir : falta un año, es imprevisible el futuro, los que actuaron mal buscan tentar al diablo, a cualquier precio.

Las leyes son indispensables en una sociedad organizada. Que se resguarda en ellas para evitar injusticias y la anarquía. Pero con ese principio elemental no se puede acallar los requerimientos de sectores de esa sociedad que no forman parte del poder, que no tienen posibilidad de decidir ni de reclamar. A los que se condena a la pasividad, o a la negación de su existencia…

Desde su condición de mayoría (en el último proceso electoral) el cristinismo sigue haciendo oídos sordos al resto del país y actúa arbitrariamente. Ni siquiera ahora, donde la adhesión a la Presidenta y lo que representa ha mermado considerablemente.

Me pregunto cuántas e innumerables veces los gobiernos han prometido en los últimos decenios determinada actitud que luego modificaron de cuajo. Porque no se trata que el sistema financiero pida calma. La calma no se inyecta, no es un remedio que se entrega gratis en las esquinas. La calma sólo puede evidenciarse si hay coherencia en las actitudes del Gobierno. La confianza se gana si las autoridades no van de un extremo a otro de las decisiones.

Basta ver la fotografía de los banqueros frente a Vanoli en su visita al Banco Central. Caras serias, prevenidas, meditativas en una gran mesa parecida a las reuniones de Directorio. No parecen muy felices que digamos. Sí, en cambio, parece que estuvieran allí obligados y a no ser despechados con un convite del presidente de la entidad financiera rectora. ¿Un encuentro de mero compromiso?

A lo largo de la historia argentina del último medio siglo, en momentos de crisis, a los que están en el poder le quedan dos salidas. Una es el enfrentamiento, sabiendo incluso aquella recomendación de que “el que se enoja, pierde”. Otra es la negociación con compromisos, que no siempre pueden cumplirse. Porque lo que importa es la marcha de la economía. En nuestro caso, en el tiempo que ahora vivimos, si sigue la emisión para sostener increíbles gastos del Estado, el panorama pinta de corto plazo. Todo se ahogará en un vaso de agua.

Un ejemplo: gran parte del Presupuesto para el 2015 está basado en un esfuerzo del Gobierno por justificar sus actos. El gasto en publicidad de las empresas del Estado aumentará de manera sostenida. Más el gasto en los servicios de Inteligencia. De éstos últimos, el crecimiento del presupuesto para Inteligencia del Ejército ha trepado un 32%. ¿ Estarán preparando los carpetazos consabidos, a los cuales apela el cristinismo cuando quiere o necesita?
¿Querrán con la publicidad explicar a la gente que sus acciones son buenas, que tienen intenciones dignas, mientras hay problemas graves de infraestructura?

Detalle: se elevan los presupuestos en Inteligencia pero se achican los gastos en el resguardo de las fronteras. Justo en un momento en que empezamos a tomar conciencia que el  narcotráfico se ha enseñoreado en el país, con la complicidad de ciertos sectores del Estado.