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La economía vista por el espejo retrovisor y el catalejo

Desde el 10 de diciembre se viven en la Argentina tiempos de cambios profundos, tanto en lo referente a las políticas que apuntan a la normalización de la economía, como a dar respuesta a viejos reclamos sociales en pos de una mejor distribución de los recursos en la sociedad.

Sin embargo, en esta primera etapa aparecieron los antagonismos, como River-Boca, optimistas-pesimistas, radicales-peronistas, populistas-liberales, y así la lista puede ser interminable, hasta llegar a otro extremos como hacer pronósticos sobre la base de mirar para atrás (espejo retrovisor) o hacia adelante (catalejo).

Claramente, la generalización del estado de emergencia, pese a haberse instalado en la crisis de 2001 y nunca se levantó, a las estadísticas públicas, la situación energética y ahora se propone al Congreso que también la declare para el sistema previsional, junto a más de cuatro años de virtual estancamiento de la economía y acumulación de severos vicios y alteraciones de las reglas de juego que derivaron en una singular indisciplina fiscal, con un exceso de gastos sobre un récord de recursos equivalente a más del 7% del PBI, un 20% de los ingresos corrientes, torna nada sencillo predecir el ciclo de los negocios y de la realidad social para el segundo semestre, y el arrastre para la elección de medio término, en 2017.

Más aún cuando se advierte a diario un claro conflicto de intereses entre quienes por un lado reclaman urgentes medidas para erradicar la pobreza y revertir la destrucción de empleos, y al mismo tiempo se oponen a que se aplique una política monetaria austera para atacar la inflación y se ajusten las tarifas que durante más de una década estuvieron casi congeladas para un selecto grupo de la población, como camino para reducir el abultado rojo fiscal, fuente generadora de pobreza, como si los precios y salarios de la economía no se hubiesen multiplicado, en promedio, por 15 en ese período.

Lo mismo puede decirse de quienes en el último lustro estuvieron alertando sobre los riesgos que implicaba fomentar el consumo a niveles muy superiores a las reales posibilidades de la sociedad en su conjunto, por la vía del atraso cambiario, la administración de los precios y el congelamiento de las tarifas con subsidios que sólo aseguraban el descalabro de las finanzas públicas y el agotamiento de las reservas energéticas, porque en paralelo no se incentivaba genuinamente la inversión y menos aún las exportaciones; ya que se conmueven al ver que la demanda interna se contrae, más de los sectores de medios ingresos que los más rezagados, porque estos recibieron diversas fuentes de compensación de las medidas adoptadas.

Los pronósticos empiezan a mostrar una singular brecha

Ese escenario comienza a percibirse en la brecha entre las estimaciones de los economistas, por cuanto muchos, al parecer guiados por extrapolar al futuro las experiencias del pasado, y los datos de actividad del primer cuatrimestre, ya se animan a considerar que en el primer año de Gobierno no se podrán cumplir con las metas fundamentales de bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y recuperar la senda del crecimiento que anunciaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. E incluso arriesgan un arrastre negativo que podría afectar el resultado electoral para el oficialismo.

Para eso se valen de poner en el haber las medidas que tienden a sumar ingresos o restar gastos al Tesoro nacional, como la reducción de los subsidios económicos, tarifas de los servicios públicos, baja de la tasa de interés del crédito externo y en el debe las pérdidas de recursos con la baja de las retenciones a los granos, industrias y minería; la restitución de coparticipación a provincias y el aumento de las erogaciones con la ampliación de los subsidios familiares, tarifa social y a las tasas de interés de los sectores afectados por las inundaciones, más los nuevos para reimpulsar el mercado automotor e inmobiliario; y la devolución de impuestos a los asalariados con ingresos superiores al promedio, con la suba del máximo no imponible retroactivo a enero, entre otras medidas.

Por el contrario, otros, más apegados a la ortodoxia y que saben que las medidas de política monetaria se manifiestan en un plazo no menor a 8 a 10 meses, como corrobora que la aceleración de la inflación a un rango del 40% tuvo tanto que ver por la expansión un año antes de la cantidad de dinero a ese ritmo, y de ese modo alimentó un atraso cambiario que no se pudo sostener; advierten que el aparente equilibrio, o incluso desbalance negativo entre las medidas adoptadas de transferencias de ingresos a la producción y los sectores más postergados, redundarán en unos casos más rápidos que otros en aumento del consumo, la inversión y también las exportaciones, que contribuirán a generar beneficios fiscales netos.

Además, presuponen, que un ordenamiento de las finanzas públicas, con eliminación de focos de corrupción, despilfarros e incompetencias, redundará en singulares eficiencias que harán un significativo aporte a la baja del déficit fiscal. Eso ya se puede ver con nitidez en la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses por parte de la Administración Central. Naturalmente, en este grupo se inscriben los economistas del amplio gabinete de Gobierno, pero también muchos de los respetados analistas de la City, de jerarquía similar a los que, por ahora, no creen en un punto de giro saludable en el segundo semestre.

En menos de seis meses se podrá comprobar quiénes estuvieron más acertados en sus pronósticos, los que no se pudieron despegar del espejo retrovisor, o quienes se arriesgaron a utilizar el catalejo para descubrir la luz al final del túnel de la economía.

El uso discrecional de los índices de inflación

Se sabe desde que comenzó su gestión el nuevo Gobierno que la Argentina está en Emergencia Estadística, porque el Indec que recibió de la gestión anterior se encontró con más máquinas trituradoras de documentos que números confiables sobre la situación socioeconómica del país.

Sin embargo, eso no debiera habilitar para el uso discrecional de los índices oficiales de precios al consumidor alternativos considerados por el Poder Ejecutivo confiables, como son los que elaboran las direcciones de estadísticas y precios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, para no dejar un vacío en la actualización cada mes del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el cual no sólo se utiliza para determinar los valores técnicos de los bonos de la deuda pública ajustables por inflación, sino también muchos contratos entre privados.

A primera vista puede resultar comprensible la intención de las autoridades económicas de que la variación de los precios que se utilice para actualizar el CER no esté contaminado por factores puntuales y circunstanciales, como fue el caso en los últimos meses de los aumentos de tarifas de servicios públicos a un ámbito geográfico limitado, como la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires. Al menos esa fue la justificación para que el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidiera tomar el Índice de San Luis para determinar los valores del CER para el período marzo a abril, después de dos meses que se había inclinado por el de la Ciudad.

Casualmente, en los tres casos de usos alternativos a los del Indec, a la espera de que el organismo oficial de estadística vuelva a calcular el Indice de Precios al Consumidor, Alfonso Prat-Gay decidió elegir el que menos aumentó, el de la Ciudad de Buenos Aires, pero para el nuevo período del 26 de marzo al 25 de abril, optó por tomar el de San Luis, que aumentó 2,7% en contraste con 4% que volvió a registrar el índice para CABA.

Sin embargo, optar para un coeficiente que legalmente se diseñó para ajustar documentos contractuales y compromisos de pago, como son las emisiones de títulos públicos, la discrecionalidad de un organismo del Estado no parece una buena contribución hacia la “normalización de las estadísticas”, en particular por el alcance de la medida.

Es que, si bien es comprensible la preocupación de Hacienda por no afectar un coeficiente de relevancia con factores de carácter coyuntural, no lo es que se lo excluya totalmente, dada la relevancia de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como generadora de riqueza y concentración de población que ya fue ampliamente subsidiada con tarifas públicas muy inferiores al promedio nacional, y ahora se la beneficia, aunque seguramente sin esa intención, con un coeficiente de estabilización de referencia de contratos y deudas menor al que hubiese resultado con la inflación del distrito.

De ahí que para evitar esa situación cuestionable, tal vez hubiese sido recomendable, como una alternativa que despeje cualquier sospecha de discrecionalidad, actualizar el CER por la variación de los promedios generales de los índices de precios de CABA y de San Luis, y no con el que resulte menor en cada mes, al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora.

Nuevo IPC
Mientras tanto habrá que esperar que el Indec difunda el nuevo IPC, el cual está previsto para junio, con la variación de mayo respecto de abril, en lugar de agosto o septiembre como había propuesto la nuevamente desplazada Directora Técnica de Precios, Graciela Bevacqua, que era el tiempo mínimo que consideraba necesario para reconstruir una medición a prueba de críticas de expertos.

Mientras tanto cabe esperar la “presentación del proceso de elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” que algún técnico del Indec hará el próximo martes 12 de abril, según el calendario del organismo de difusión a la prensa.

Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal

El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua non para atacar de cuajo el flagelo de la inflación y con ello comenzar a exterminar la pobreza.

Ya se ha dicho, y no parece ocioso reiterarlo, el destacado esfuerzo que está haciendo el Banco Central por sacar del circuito financiero el enorme excedente de pesos que dejó el Gobierno anterior, estimado en más de 30% de la cantidad de dinero en circulación al 9 de diciembre. Sin embargo, se sabe que la respuesta de los mercados a esa política de esterilización es lenta, entre 12 y 18 meses, y siempre y cuando se puedan cerrar todos los grifos que alimentaron semejante inyección de pesos.

Pero la pesada hipoteca que recibió el Gobierno, con muy pocos activos y una enorme carga de pasivos, como las compensaciones por la irresponsable y hasta supuestamente delictiva de venta de USD 17.000 millones de reservas a precios de liquidación, según se desprende del llamado a indagatoria por el juez Claudio Bonadío a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, por esa acción que se estimó implicará una inyección adicional al mercado de más de $100.000 millones, equivalente a otro 20% de la base monetaria, exige un esfuerzo adicional del Banco Central, el cual se manifestó en el salto de las tasas de interés de las Lebac a 37% anual.

Si bien se puede argumentar que el aumento del costo del dinero tendrá un carácter transitorio y que no debería trasladarse rápidamente a las tasas de interés de las colocaciones a plazo fijo y menos aún al costo del dinero para las empresas y familias, no se podrá evitar que una suba de casi seis puntos porcentuales anuales en una licitación para absorber apenas poco más del 2% de la cantidad de dinero en circulación, sea interpretada por los mercados como una señal clara de las restricciones para desacelerar la inflación y con ello todo lo que viene asociado: alza del dólar, caída de los salarios, aumento de la pobreza, demora de las inversiones productivas, etc., etc.

De ahí que pareciera que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, debiera ya abandonar su vocación gradualista para poner en caja las finanzas públicas, como se interpreta el objetivo que anunció de reducir el déficit fiscal antes del pago de intereses del corriente año de 5,9% del PBI heredado a 4,9%, y presentar un plan integral de disciplina fiscal, severo recorte y hasta eliminación de los subsidios económicos, esto es a empresas y familias con ingresos muy superiores al promedio nacional, acompañando por otros Ministerios con un rápido encuadramiento de las tarifas de gas, agua, transporte y telefonía, y la equivalente compensación a los sectores más desprotegidos con un refuerzo adicional de los subsidios sociales y hasta la recomendación de un aumento salarial, a modo de anticipo de lo que finalmente cada sector negocie en paritarias, luego de que se niveles todas las variables que habían quedado desfasadas .

Sólo así, y con un Banco Central que está obligado a compensar las pérdidas de las operaciones de venta de dólares a futuro a precio de remate por la anterior administración con una expansión adicional de base de hasta $70.000 millones hasta junio, pero al mismo tiempo a no abandonar su objetivo de desacelerar la creación primaria de dinero, las expectativas de inflación empezarán a ceder, clave para preparar el terreno para la llegada de inversiones, tanto del exterior, como más aún de los residentes que, como pocos en el mundo guardan parte de sus ahorros en moneda en cajas de seguridad bancaria.

Cambios de precios relativos versus inflación
Claramente, una estrategia de ese tipo es temida por el efecto inmediato sobre la suba de las tasas de interés y su supuesto impacto sobre una actividad económica que no crece, pese a que el estancamiento con alta inflación, destrucción de empleos y creciente pobreza tuvo lugar en un escenario de singular excedente de pesos y tasas de interés reales negativas, esto es que no le compensaba al ahorrista el efecto de la suba de los precios de los bienes y servicios que intentaba postergar su consumo.

Se sabe también que el uso del crédito ha sido muy escaso en los últimos cinco años, al punto que el Presidente dijo en su mensaje a la Asamblea Legislativa que en ese lustro “la Argentina dejó de recibir USD 100.000 millones y con eso se impidió que se generaran unos dos millones de puestos de trabajo”. De ahí que como estrategia antiinflacionaria y por corto plazo, subir drásticamente los encajes para retirar del mercado todo el excedente de pesos de una vez a costo cero para el BCRA, pareciera la medida recomendada para enfriar las expectativas de inflación e ingresar en serio en la etapa de normalización de las finanzas públicas, clave para recuperar la senda del crecimiento y atacar de cuajo la inflación y la pobreza.

Eso requiere que el gasto se concentre en lo relevante, y los ahorros que se obtengan con la limpieza de los focos de corrupción, de la eliminación de los sobreprecios en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública y se prescinda del pago de salarios a quien no trabaja (ñoqui), se destinen tanto a exterminar el agobiante déficit fiscal heredado, como a encarar las tareas imprescindibles en materia de obras de infraestructura no hechas en la última década.

De ahí que no se comprende como el ministro de Hacienda y Finanzas que tuvo la convicción y la firmeza para enfrentar sin titubeos el fin del cepo cambiario y de la mayor parte de las retenciones, y haber logrado en tres meses lo que otros no pudieron, no quisieron o no supieron lograr en 15 años, estar próximo al fin del default de la deuda pública, se muestre tan cauteloso en impulsar una rápida disciplina fiscal y acompañar la ardua tarea que le compete al Banco Central, para transmitir a la sociedad civil y a las empresas la convicción de que ese es plan antiinflacionario, clave para acelerar las inversiones; primero serán las financieras para enfrentar los vencimientos de deuda; luego llegarán los créditos de organismos internacionales para reactivar las obras de infraestructura y finalmente las productivas en ampliaciones de plantas, renovación tecnológica y llegada de nuevas empresas.

La urgencia social y la oportunidad política para atacar la inflación

Cada vez más se escuchan declaraciones de políticos, analistas y peor aún de ministros y responsables de área, decir que “el presidente Mauricio Macri está esperando la oportunidad política para presentar un plan antiinflacionario”, pero poco o no nada se dice de una realidad social que ya no tolera vivir con alta inflación y con el consecuente deterioro de su calidad de vida, al punto de que desde hace un par de años casi un tercio de la población cayó en estado de pobreza.

Curiosamente, ese escenario se utiliza para argumentar la necesidad de seguir una política de baja gradual de la inflación, del 28 al 25 o a lo sumo 20% al año, porque provocar un poda sustancial del déficit fiscal, que es la causa de todos los males derivados que afectan a la economía argentina, en general y a las finanzas de las familias en particular, provocaría un tremendo ajuste con un alto costo social. Al menos eso es lo que dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería el ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los humildes”.

Esa visión de la realidad fiscal, que ha sido la impulsora de la inflación reprimida durante más de ocho años, con una artificial paridad cambiaria; atraso en el valor de las tarifas de los servicios públicos respecto de los costos de producción, transporte y distribución y hasta la destrucción del Indec, me provoca escozor, porque implica desconocer que la principal fuente que alimentó y seguirá alimentando la inflación es un singular déficit fiscal que casi triplica al promedio mundial, porque sólo se puede financiar con emisión de pesos o endeudamiento improductivo.

Y pensar que generar ahorros impresionantes a partir de dejar de convalidar la corrupción en el gasto público que descubren a diario los diferentes Ministerios y reparticiones públicas; junto al exterminio de la real monto que se destina mes a mes a salarios ñoqui de gentes acomodadas y sin idoneidad alguna, como se va detectando en varios casos de beneficiarios que ni siquiera pisaron una oficina pública para cumplir una tarea, y otros lo hacían sólo para tomar mate porque no tenían ni escritorio, ni una silla, puede generar desempleo cuando claramente le han quitado con su accionar posibilidades de ocupación a más de un millón de personas en el sector privado, porque forman parte del engranaje de la crisis que se requiere revertir, es no tener un diagnóstico certero de la realidad sociomacroeconómica que ese cuadro provocó.

Acumulación de atrasos en el escenario internacional
Un reciente análisis retrospectivo de la economía argentina de los últimos 35 años y su comparación con el resto del mundo permitió comprobar que en ese período el país redujo en un tercio su contribución a la generación de riqueza mundial, en contraste con Chile y Colombia que lograron avanzar, o Paraguay y Perú que apenas sufrieron alguna merma, en un escenario donde China e India le quitaron una tajada a la mayor parte del planeta, aunque pocos como padeció la Argentina.

La explicación es clara y contundente, en esos 35 años el país transitó más de dos tercios con elevadísimas tasas de inflación, producto del desborde fiscal y monetario y pérdida el tiempo con controles de precios y anclas inflacionarias que lejos de proteger a los humildes los condenó a un estado recurrente de insatisfacción.

La crisis del Indec
Pese a semejantes antecedentes, en menos de 70 días de Gobierno las autoridades económicas se dejaron dominar por las repercusiones periodísticas que reflejaron las preocupaciones de altos dirigentes sindicales, analistas políticos y varios economistas por el impacto en precios del fin del cepo cambiario; la eliminación de algunas retenciones y bajas en otras, y la revisión del cuadro tarifario para el consumo de luz y pasos por puestos de peaje, mientras se anuncian autorizaciones periódicas de aumentos de la nafta pese a la baja del petrróleo, subas en cigarrillos, medicina prepaga y pedidos de otros, como las comisiones bancarias, y se esperan los nuevos cuadros tarifarios para el gas, agua y el transporte público de pasajeros, y decidieron el sorpresivo desplazamiento de la directora técnica del organismo oficial de estadística, Graciela Bevacqua.

Esa decisión de Jorge Todesca, quien responde a las directivas del ministro Alfonso Prat-Gay, no hizo más que dar a luz el estado de confusión y de prioridades invertidas que reina en una parte del gabinete económico, porque coronó una semana previa en la que muchos ministros se vieron en la necesidad de hablar de inflación y de pautas para las paritarias, sin advertir que con ello contribuían a alterar las expectativas del resto de los agentes económicos y a aumentar la ansiedad para que vuelva a funcionar el termómetro de la economía, mientras poco avanzaron con acciones concretas para bajar la alta temperatura de la enferma burocracia estatal, la cual se manifiesta en el desmadre de las finanzas públicas.

Se había avanzado en la dirección correcta con la declaración de la Emergencia Estadística y también con el reconocimiento formal de los índices de precios del Gobierno de la Ciudad y de San Luis, como sustitutos transitorios del IPCNu del Indec, porque no sólo se trata de oficinas públicas que siguen criterios internacionales, sino que en los últimos años mostraron variaciones consistentes tanto con el promedio de las mediciones privadas, sino también otros parámetros de la economía, como el índice de salarios y la recaudación tributaria. Pero una vez más, la política intervino sobre la ortodoxia económica, y su costo será convivir un rato largo con alta pobreza, a la espera de la oportunidad política de hacer el ajuste, o mejor dicho de imponer la disciplina fiscal de gastar mejor y acorde a los ya abultados recursos que recibe del conjunto de la ciudadanía.

No se trata de llevar agua para el molino de los economistas estudiosos, a los que muchas veces se los busca devaluar calificándolos de ortodoxos, esto es que siguen a pie juntillas las recomendaciones de los libros para corregir desequilibrios, más aún cuando se está frente a un diagnóstico claro, contundente y generalmente aceptado, pero no hay duda de que pretender buscar atajos y demorar la puesta en orden las finanzas públicas, con medidas antipáticas en muchos casos, como el del decidir el fin de los subsidios a los servicios públicos esenciales para los sectores de mayores ingresos, aunque para los “humildes” como definió Prat-Gay se estableció una tarifa social con costo cero peso para un consumo base, pese a que ni funcionarios y menos aún analistas y muchos periodistas rescatan el valor de esa excepción, sólo condenará al país a seguir transitando por el camino de la mediocridad, y al Gobierno a perder más rápido que tarde el respaldo que le brindó la mayoría de la ciudadanía en los primeros 70 días de Gobierno.

Las urgencias por comenzar a resolver las necesidades sociales no deben definirse en términos de conveniencias y oportunidades políticas, sino de acciones concretas e integrales de una vez, para que la ciudadanía se adapte a una nueva realidad, con otro nivel de precios, pero que inicie el franco camino hacia la estabilidad inmediata. El gradualismo no era recomendado para salir del cepo cambiario, tampoco lo es para encarar la disciplina fiscal. En el primer caso el shock funcionó y no generó tensiones sociales ni crisis como vaticinaban todos los economistas de la oposición, no se explica por qué se teme que ocurra lo contrario en el segundo.

Tomar decisiones aisladas, primero la baja de las retenciones, luego el sinceramiento cambiario, a posteriori la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, más tarde la discusión salarial en paritarias y nada se dice de medidas efectivas y metas ambiciosas de disciplina fiscal, pese a que diario se descubren actos de corrupción, sabotajes y un singular ausentismo de personal, no solucionará los problemas de fondo. Peor aún, aumentará las necesidades de ajuste de quienes han sido los más afectados en los últimos años: los que cayeron en la pobreza, los que desde hace cuatro años se encuentran con un mercado laboral cerrado para el primer empleo, los que por pagar el impuesto inflacionario perdieron mercados de exportación y no pudieron encontrar plazas sustitutas a la menor demanda de Brasil. Nada cambiará porque por urgencias políticas el Indec acelere la elaboración de un índice de precios.

10 factores que debería contemplar la discusión paritaria

¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional?

No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación, una siempre optimista por parte de las autoridades nacionales, y otras basadas en criterios que se asumen realistas a la luz del ritmo de expansión histórico de la cantidad de dinero o de los efectos del sinceramiento de algunas variables, singularmente atrasadas respecto de cualquier comparación histórica o internacional, como las tarifas. Sino simplemente de advertir que, a priori, se está frente a un cambio sustancial, tanto en lo político como en lo económico respecto de los doce años precedentes que no debieran ser desestimados.

Si realmente empresarios, trabajadores y Gobierno aspiran a un país que avance hacia una rápida desaceleración virtuosa de la inflación, esto es que no sea a costa de provocar mayor recesión, aumento de la pobreza y aislamiento del mundo, sino con crecimiento y mejora de la calidad de vida general de sus habitantes, la perspectiva de negociación no deberá ignorar el pasado, pero tampoco subestimar el futuro. La posibilidad de revertir una historia pendular y de crisis cada siete a 10 años, con un primer año malo de fuerte ajuste, como pasó en 1990 o 2002, para no ir más lejos, siempre es viable, aunque no necesariamente probable que se repita.

Una incompleta lista de factores que las partes participantes en las negociaciones paritarias de salarios, sea entre trabajadores dependientes del estado y sus empleados, como los docentes, o entre privados, para aumentar la posibilidad de un escenario de ganar- ganar, cada una de las partes, debería contemplar:

1. El cambio de signo político de Gobierno, pero fundamentalmente de estilo, claramente abierto al diálogo, dispuesto a comenzar a revertir los severos desequilibrios monetario, cambiario, fiscal y la realidad social, y fundamentalmente el objetivo de exterminar las decisiones discrecionales y por tanto arbitrarias;

2. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, previo a la supresión del cepo cambiario, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, economías regionales, y leve baja para el complejo sojero. A partir de ahí, algunos analistas, pero principalmente sindicalistas, alertaron por la inmediata transferencia de ingresos al sector más poderoso de la economía, el cual representa dos de cada tres dólares que generan las ventas totales de la producción nacional al resto del mundo, pero menos de 10 dólares por cada 100 dólares de riqueza que genera el conjunto de residentes en un año: trabajadores, empresarios y Gobierno. Sin embargo, si bien muchos precios al consumo se han elevado en respuesta a esos cambios, la transferencia de ingresos no se produce de una vez, sino que de ocurrir lo hará gradualmente, en la medida que se vendan primero los productos que estaban retenidos en los campos, menos de 10% de la producción total, y luego gradualmente al ritmo que madure el ciclo productivo que según los casos va de seis meses a tres años como la actividad ganadera; luego de las severas pérdidas que provocó en el último cuatrienio el atraso cambiario y la baja de las cotizaciones internacionales, con la excepción de los combustibles;

3. Lo mismo puede decirse del efecto del sinceramiento cambiario que implicó el fin del cepo. Para algunos dirigentes interesados en llevar agua para su molino, como ciertos líderes sindicales que buscan validar sus pergaminos, hablan de un salto de más de 40% respecto del nivel que tenía la paridad oficial entre el peso y el dólar antes del 17 de diciembre. Pero no sólo a aquella paridad de referencia accedían los que participaban del comercio exterior, entre exportaciones e importaciones no más de un cuarto de los que generan riqueza; más unos 7 de cada 100 trabajadores que la AFIP validó hasta el 16 de diciembre para comprar divisas para ahorro y otro tanto que recibían un reintegro del pago a cuenta del 35% de sus gastos con tarjeta en el resto del mundo. El resto, entre el 70% de los generadores de riqueza y más de 90% de los trabajadores que querían o necesitaban comprar un dólar deberían acudir al sofisticado sistema de compra por el canal bursátil (dólar liqui y MEP), en su amplia mayoría al circuito libre, marginal o blue a valores superiores a los actuales. De ahí que para la mayoría de la sociedad la devaluación del peso, o lo que es lo mismo, la caída de los salarios en dólares se produjo a lo largo de los pasados cuatro años. Por tanto, si se consideraba que con los ajustes en paritarias y la movilidad jubilatoria en ese período se compensaba ese efecto, queda invalidado el argumento de la necesidad de recuperar poder adquisitivo por una devaluación que no fue tal;

4. Aún no se definieron las correcciones que tendrán las tarifas de los servicios de gas, agua y del transporte público de pasajeros, además de los movimientos estacionales de los precios de los artículos y servicios escolares y la ropa de la nueva temporada, los cuales como la energía eléctrica, absorberán una parte creciente del salario de los trabajadores, porque en los últimos años fueron aumentados muy por debajo de cualquier pauta salarial y de inflación, y sólo se sostuvieron con la transferencia de subsidios de la Nación, los cuales a la postre alimentaban la inflación, porque el déficit de las finanzas públicas requería del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esa política no sólo derivó en estancamiento del PBI, sino peor aún en la escalada de la pobreza, que ahora se aspira a extinguir en cuatro años;

5. Desde la crisis de 2001, los datos informados por el Indec hasta noviembre 2015, el promedio de salarios de los trabajadores registrados en el sector privado aumentó 1.450%, mucho más que el 922% que experimentó la nómina del sector público en su conjunto, y también, aunque con menor brecha, que el 1.390% de la inflación que midió el Indec hasta diciembre de 2006 y el empalme con el consenso de las estimaciones de las consultoras privadas hasta el cierre de 2015. En ese tramo, la jubilación mínima se incrementó 2.766%, aunque se mantiene en un nivel absoluto indudablemente bajo: 4.299 pesos. De ahí que, en promedio, no se está frente a un singular desfase en la relación precios y salarios, al menos respecto de la situación prevaleciente en los últimos 15 años;

6. Las finanzas de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas no pasan por un buen momento, porque si bien nominalmente, en promedio, subieron sus precios y actualizaron los salarios de la nómina para minimizar la conflictividad laboral, enfrentan los efectos del estancamiento del mercado interno en los últimos cuatro años, contracción del negocio de exportación por el atraso cambiario en ese período; más la pérdida de productividad que provocó la discrecional política de aprobación de importaciones, tanto de insumos básicos, como de máquinas y repuestos que no se fabrican localmente. Ese cuadro luce congruente con el anuncio de la AFIP de que decidió diseñar un plan de financiación permanente de deudas que reglamentará en los próximos días;

7. Diferencia entre el cambio del nivel de precios de un bien o servicio y la inflación. Esta última se define como “el aumento persistente y generalizado de los precios de la economía”, mientras que la corrección de una vez del valor de las tarifas de luz, o gas, o agua, que según dijo el ministro Juan José Aranguren, será por única vez en el corriente año; no puede proyectarse como la tasa de inflación a un año vista;

8. Expectativas y realidad. Uno de los reaseguros que tomó el Banco Central de la República Argentina como parte de su objetivo de reducir la inflación a un dígito en cuatro años y contribuir a la recreación del ahorro y el crédito en moneda nacional fue subir la tasa de interés de las Lebac de 28 a 38% anual. A poco más de 50 días de esa medida, la renta que ofrece por esos títulos bajó a 30,5% anual, y se aproximó al nivel previo. La otra, fue iniciar un proceso de sacar del mercado el excedente de pesos que presiona sobre la inflación: la base monetaria que acusaba un ritmo de aumento de más de 45% anual hasta el 9 de diciembre, ahora se atenuó a 32%. Y en la medida en que las autoridades de Hacienda decidan actuar con mayor ímpetu en la reducción del abultado déficit fiscal, la tasa de emisión podrá converger más temprano que tarde a la zona de 20 por ciento;

9. Un rápido encuadramiento de las finanzas públicas permitiría una mayor velocidad de desaceleración de la expansión monetaria y con ello de las expectativas de inflación, fenómeno que se considera clave para reanimar la inversión productiva, local y extranjera, y de ese modo impulsar el empleo privado y absorber la destrucción de puestos improductivos e incluso no comprobados pero altamente remunerados que ya comenzó en el sector público nacional; de ahí la importancia de no sólo mostrar audacia y fortaleza para recuperar la disciplina fiscal, sino fundamentalmente de apoyarla desde todos los sectores;

10. Suba del mínimo no imponible de Ganancias a un salario de bolsillo de $29.266, se argumenta como un factor de compensación de una menor tasa de negociación de suba salarial por parte de las empresas. Sin embargo, ese beneficio recaerá sobre no más del 10% de los asalariados registrados y menos del 5% del total de los trabajadores, de ahí que si ese fuera el criterio para calmar las demandas de los gremios más poderosos y de altas remuneraciones relativas como petroleros, camioneros y bancarios; también debiera pensarse en una medida compensatoria para el resto de los trabajadores, ocupados y más aún desempleados, como suba de las asignaciones familiares y de los planes asistenciales.

Cambio de estrategia
Frente a semejante escenario, de arrastre y proyectado, bien podría plantearse que las partes, empresas y sindicatos, pero también el Gobierno, evalúen la posibilidad de definir un criterio de pauta anual para las negociaciones de salarios en paritarias, pero sin fijar ni montos ni tasas de ajuste.

Claramente, en un ambiente de alta inflación por más de ocho años, pero que también se proyecta para 2016, algunos con desaceleración, otros con intensificación, es impensable, encontrar un punto de acuerdo para fijar una tasa de referencia, aunque luego se la dividida en dos o tres partes. Pero existe una alternativa que ya han comenzado a seguir algunos sectores, como el del mercado de venta de automotores: acordar un aumento de salarios cada tres meses sobre la base de la tasa de inflación real de los últimos tres meses.

Un avance lo dio el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al reconocer como factor de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los títulos de la deuda pública ajustables por inflación, las mediciones que hacen las Direcciones de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, las cuales determina mes a mes.

Si esa referencia fuese aceptada y el período de ajuste pactarlo de modo trimestral, aunque para la primera actualización podría partirse de la última suba de los salarios, en algunos gremios fue en julio, en otros agosto, septiembre u octubre, y en los siguientes cada tres meses, se podría contribuir al objetivo de converger a una menor tasa de inflación sin que nadie pierda.

Y dado que se está frente a una situación excepcional de cambio de Gobierno y de políticas, también se podría acordar que la actualización de los salarios se pacte para todos a partir del corriente mes o a lo sumo del próximo, para equiparar las aguas con las medidas que favorecieron a algunas empresas productoras de bienes y servicios.

El shock a cuenta gotas es enemigo de las expectativas

El Gobierno experimentó exitosamente la salida del cepo cambiario sin que hasta ahora se cumplieran los vaticinios de muchos economistas que recomendaban el gradualismo, al menos para los primeros 100 días, porque de lo contrario se corría el riesgo de caer en una espiral inflacionaria provocada por una violenta depreciación del peso.

A poco más de 40 días de la acertada decisión de comenzar a normalizar la economía, eliminando restricciones que causaron sólo daños a la mayoría de los argentinos, sea por la destrucción de las reservas del Banco Central, al erosionar groseramente la competitividad de la producción nacional, sea por la destrucción de las oportunidades laborales, sea por haber resultado un ancla fallida contra el control de la inflación, aquellos temores virtualmente desaparecieron.

Sin embargo, en materia fiscal, el Gobierno sigue respondiendo a las recetas de quienes aconsejan un avance gradual hacia el encuadramiento del desmadre que recibió en las finanzas públicas, con anuncios parciales y resoluciones confusas sobre los cambios en los cuadros tarifarios y asignaciones discrecionales en el reparto de los fondos coparticipables con las provincias, pese a que de ese modo en poco contribuye a corregir los singulares problemas de fondo.

De ahí que no sorprendió que en el primer mes de Gobierno la confianza de los consumidores se haya mostrado mezquina en su evolución, con una modesta baja 1,6%, atenuada por una leve mejora en la Capital Federal y en menor medida en la Provincia de Buenos Aires, donde ganó el actual oficialismo, dada la brusca caída que un informe para la Universidad Torcuato Di Tella detectó en el resto del país.

Ese escenario determinó que por segunda semana consecutiva el Banco Central tuviera que limitar al mínimo en la última licitación de Lebac la política de absorción del abultado excedente monetario que recibió en herencia, más los $40.000 millones que debió inyectar al mercado en compensación por la irresponsable venta de dólares a futuro a una paridad singularmente subsidiada por el equipo que respondía a las decisiones e iniciativas de Alejandro Vanoli en el último mes de la presidencia de la Nación de Cristina Kirchner.

Inflación, recesión y algo más
Uno de los grandes costos que está enfrentando el presidente Mauricio Macri es que el gradualismo en la corrección de los grandes frentes abiertos en el plano fiscal, que ha dejado un arrastre de déficit de más de 7% del PBI, es que en lugar de haber provocado un cambio de una vez en el nivel de precios relativos de la economía, con la eliminación de las retenciones, con la excepción del complejo sojero, el sinceramiento cambiario; la supresión de los subsidios a los consumos de luz y gas para los sectores de altos ingresos; congelamiento nominal del gasto público -dado el colchón que tiene incluido en sobreprecios en las contrataciones, empleados ñoquis, y superposición de tareas y asignaciones de gastos, en particular en publicidad y propaganda, y asesorías externas-, está provocando una espiral inflacionaria que sólo en las expectativas de todos los bien intencionados se espera que se corte hacia el comienzo del segundo semestre, aunque a costa de una nueva recesión del consumo y la producción.

Los índices de inflación reconocidos oficialmente hasta que el Indec vuelva a publicar el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, arrojó en diciembre 3,9% en el caso de la medición de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires y 6,5% en la estimación de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis; y se proyecta otro tanto, para enero, y también para febrero con los aumentos que comenzarán a regir para los cuadros tarifarios de luz, pese a que se atenuarán con el establecimiento de una tarifa social, y para los pasos por los puestos de peajes, y marzo con la estacionalidad de los productos y servicios escolares, el cambio de temporada para la ropa y los servicios de turismo para la temprana Semana Santa.

Este no es el mejor escenario para evitar tensiones y reclamos de los gremios de recomposición salarial muy superiores a las metas objetivo que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prar-Gay, del 20 a 25%, y menos aún respecto de la banda más cercana al extremo que anticipo Mauricio Macri en Davos.

Todavía se está a tiempo para anunciar un plan concreto de reordenamiento fuerte de las finanzas públicas, que facilite la tarea del Banco Central de tender a la estabilidad monetaria y de los precios, clave para poder reimpulsar el crédito hipotecario, como se han fijado como objetivos relevantes los nuevos presidentes del Banco Nación, Carlos Melconian y del Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, y dejar para presentar al Congreso el 1 de marzo las discusiones también relevantes de cambios en la coparticipación federal de impuestos; reforma tributaria, Asignación Universal por Hijo y prioridades en el plan de obras públicas, entre otras iniciativas.

De lo contrario, los anuncios y decisiones casi diarias de política económico-social lejos de contribuir a mejorar el escenario para volver a crecer y reconstruir la confianza, pueden llevar a realimentar un estado de incertidumbre que podría tornase creciente a medida que se diluye la clásica “luna de miel” que acompaña inicialmente a todo nuevo gobierno.