En el último anuncio de seis medidas asistenciales para los sectores de menores ingresos de la población la Presidente encomendó a los empresarios a que no aumenten los precios en respuesta al incentivo al consumo que generará poner en millones de argentinos unos 1.400 millones de pesos por mes, durante un año.

Dijo Cristina Kirchner: “Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente porque parece ser que, cuando se habla de los precios, los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Entonces, creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y también, como son ustedes muchas de los anunciantes más importantes que tienen los medios de comunicación, sean escritos, orales, televisivos, terminan hablando del Gobierno de los precios y no terminan hablando de ustedes”.

Es obvio que los empresarios aumentan los precios de sus productos y servicios, sea porque estacionalmente se contrae la oferta, en el caso de los productos del campo, sea porque se reactiva la demanda, como el turismo, sea porque se alienta la suba de los costos, con más impuestos, con alza de salarios e incremento de los costos de importación de insumos con más burocracia, etcétera.

Pero también es un precio el salario de la economía, el cual se determina en convenciones paritarias, pero con clara orientación del Ministerio de Trabajo del porcentaje a consensuar, un porcentaje que luego se propaga por el resto de la economía.

Así como es un precio el tipo de cambio de la moneda nacional por una extranjera que determina arbitrariamente el Banco Central, con una variación diaria o semanal según sea el criterio apreciar o depreciar el peso.

Por supuesto que el precio del dinero es la tasa de interés, la cual regula el Banco Central a través de sus licitaciones de letras (operaciones de mercado abierto) o de la determinación del dinero que deben mantener las entidades autorizadas indisponible en sus tesoros para atender los requerimientos del público (encajes). Y muchas veces acude al auxilio del Banco Nación para que intervenga en el mercado prestando o pidiendo cancelación de créditos a las entidades privadas (call money).

Y también contribuye a la suba de los precios al consumidor la política impositiva de la Nación, las provincias y los municipios, cuando alienta el aumento de los impuestos y tasas.

Sin embargo, parece más simple cargar todas las culpas de la alta tasa de inflación “al empresario monopolista y oligopolista”, es decir concentradores de la oferta de bienes para vender a una demanda atomizada (más de 40 millones de habitantes), como sostienen los principales referentes del Gobierno, porque aún no aprendieron que en una economía abierta al mundo se puede también atomizar la oferta si se deja espacio a la competencia sana de las importaciones (sin dumping social y precios de liquidación).

Dinero espúreo
Junto a todo lo anterior se agrega el efecto del desborde del gasto público, en todos los órdenes: nacional, provincial y municipal, por sobre la capacidad de financiamiento con los recursos de la recaudación tributaria, tasas y tarifas, porque en forma directa e indirecta requieren del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central.

Y no se trata de ser un ultraortodoxo monetarista que indica que la tasa de expansión de la cantidad de dinero en poder del público es la principal responsable del nivel del alza promedio de los precios de la economía, porque hay que agregar un componente no menor: la confianza de las familias y consecuente deseo de acrecentar o disminuir los saldos monetarios reales (cantidad de dinero respecto del PBI).

Es que en modo simple, la cantidad de dinero debe ser equivalente a la totalidad de bienes que se producen por su precio promedio. Por tanto, si sube el PBI, se requerirá más cantidad de dinero para comprarlo. En ese escenario, más dinero no es sinónimo de más inflación.

El problema aparece cuando por políticas y acciones que enturbian el ciclo de los negocios se fomenta la creación de dinero para financiar un desmedido aumento del gasto público y entonces en lugar de elevarse proporcionalmente la cantidad de bienes se incentiva el alza de los diferentes precios de la economía. De ahí surge el denominado impuesto inflacionario, cuyo principal responsable es la Administración Pública. Y éste no es un punto menor, no sólo por las distorsiones que genera, sino porque además de ser regresivo -afecta más a los que menos tienen-, no es coparticipable con las provincias y los municipios, como gran parte del resto de los impuestos, excluidos los vinculados con el comercio exterior y la caja de jubilaciones.

Cuando esos movimientos se tornan sostenidos y generalizados, es decir abarca a todos los sectores: gobierno, empresas y familias, se cae en un escenario inflacionario en el que todos tienen una cuota de responsabilidad. Incluso, la Presidente y sus ministros y secretarios, porque son los que fomentan una política centrada en impulsar el consumo, sin un paralelo incentivo a la producción, la inversión y el comercio exterior.

Alta capacidad ociosa
Los últimos datos del Indec sobre el uso de la capacidad productiva en la industria, correspondiente a abril, dieron cuenta de que en el promedio general se observa un grado de inutilización de las plantas fabriles de poco más de 24%. Es decir que casi un cuarto del potencial de producción se encuentra parado.

Las razones de ese fenómeno -que lejos de atenuarse se ha acentuado, se elevó en tres puntos porcentuales- son el exceso de regulaciones y limitaciones al proceso productivo, como las que impiden la fluidez de las importaciones de insumos básicos, pese a que no se producen en el país; las limitaciones para exportar que impuso una deliberada política de alta inflación y apreciación del peso (sólo atenuada en los últimos meses), porque deriva en alza de los costos en dólares y saca de mercado a la producción nacional y también los desaciertos en la política externa que han llevado a trabar las ventas aun a socios del Mercosur.

La inflación nunca podrá bajar por decreto o por un Estado gendarme a niveles tolerables, menos de 5% anual, sino cuando las políticas monetaria y fiscal y de ingresos estén orientadas hacia ese objetivo, lo cual no implica abandonar las acciones asistenciales para los más necesitados y las regulaciones de los mercados, sino de llevarlas a cabo sin conflictos entre los objetivos y los instrumentos que se elijan.