La difusión de los datos de inflación de junio no contó con un discurso ad hoc del ministro de Economía para explicar lo inexplicable. Desde la jefatura de Gabinete de ministros se intentó tímidamente alentar el relatfo de la desaceleración del ritmo de alza de los precios, con lo miopía de quien sólo se contenta con ver distancias cortas. Claramente, se trata de una estrategia interesada de no levantar la mirada para no descubrir, una vez más, que en lugar de avanzar se sigue caminando para atrás, puesto que no sólo se han alcanzado las tasas de inflación interanual más altas desde diciembre de 2002, con casi 40%, (por un punto no se retrocedió diez años más), sino que siquiera se ha podido bajar a las subas informadas un año antes.
El ministro de Economía y su secretario de Comercio resaltaron hace pocas semanas el mérito de los Precios Cuidados para provocar una desaceleración de los aumentos y por eso “lograron acordar” la ampliación de la canasta original de 198 precios a más de 320 a partir de julio, para que generen un efecto imitación sobre los “aproximadamente 230.000 precios en más de 13.000 locales informantes” que, según cita la nota metodológica sobre el IPCNu, releva el Indec mensualmente. Sin embargo, de la paupérrima información que comenzó a brindar el organismo oficial de estadística desde febrero último sobre los precios al consumidor surge que en junio último de los nueve grandes capítulos que componen el agregado del IPCNu dos acusaron menores subas que un año antes, otros dos repitieron la variación y cinco se incrementaron en mayor medida.
Mientras que si se comparan los 20 subíndices relevantes se advierte que apenas un cuarto registró alzas inferiores a las de junio de 2013. De ahí que más allá de compararse canastas de precios diferentes, que responden a ajustes en la estructura de consumo de los hogares, lo cierto es que el índice general oficial saltó de 0,8 a 1,3 por ciento en los pasados doce meses.
Claramente, en comparación con los picos de aumentos detectados en enero y febrero, por efecto del impacto del severo ajuste cambiario y algunas subas de tarifas, se está frente a una desaceleración. Pero eso poco tuvo que ver con la inflación, y mucho con un intento, rápidamente abandonado, de recomposición de los precios relativos entre algunos bienes y servicios, o visto de otra forma entre el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés. La inflación es algo más complejo, ya que no se trata del mero aumento del índice general de precios al consumidor, sino de subas promedio generalizadas (las alzas superan con creces a las bajas, en cantidad e intensidad) y persistentes, por oposición a variaciones de “una vez”.
Entre los <strong>precios al por mayor también el Indec acaba de dar cuenta no sólo de que la suba del índice general fue en junio superior a la del año anterior (1,5 vs 1,3%), sino que, además, ese resultado no fue consecuencias de alzas en rubros aislados, sino que sobre 27 subcapítulos atenuaron la tasa de incremento apenas siete, otros dos la repitieron y en 18 se intensificó, con varios casos de saltos singulares como en el complejo textil y ropa, cuero, productos del papel, materiales para la construcción y equipos para medicina e instrumentos de medición, entre otros.
La excepción se observó en el caso del costo de construcción, donde habría comenzado a tener impacto el brusco cambio de giro de la actividad, al punto que de crecer a un ritmo de 7,4% anual en mayo de 2013 pasó a caer a una tasa de 4,4% doce meses después, ya que sobre 14 subsectores en ocho se registraron menores subas de precios que un año antes y seis evidenciaron una modesta aceleración. Pero aún así, y sacando el efecto del adelanto del primer ajuste salarial acordado en paritarias en abril último, en comparación con junio en 2013, se advirtió también una intensificación de la tasa de crecimiento de los precios de los materiales y gastos generales.
El común denominador no es otro que el desborde de las erogaciones del sector público respecto de los ingresos tributarios y las consecuentes necesidades crecientes de financiamiento con el uso y abuso de la emisión monetaria por parte del Banco Central que ha llevado a achicar el tamaño de la economía, desalentado aún más la inversión productiva, por la doble vía de afectar severamente la capacidad de consumo de las familias y la competitividad de las exportaciones, aún en los rubros históricamente más eficientes, como el agro y la nueva minería.
La restricción presupuestaria castiga el consumo y no baja la inflación
Para peor, el viento de cola que venía favoreciendo a la actividad productiva, y en particular a las finanzas públicas, por la vía de las retenciones abultadas sobre la mayor parte de las exportaciones, ha comenzado a virar mucho antes de lo esperado y por tanto afectará la estrategia que sigue Economía, luego de la fuerte devaluación del peso a fines de enero, de anclar el tipo de cambio, para forzar la desaceleración de la inflación.
El sector privado está ajustando rápida e intensamente, no sólo en lo que respecta al punto de giro de la producción de bienes durables y de inversión, como automotores, maquinarias de uso agrícola y construcción, con caídas siderales, sino también en el gasto de los hogares, al contraerse la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones que en poco más de un semestre perdieron más de diez puntos porcentuales.
Mientras el sector público se resista a encuadrar las finanzas y sólo piense en recuperar la capacidad de endeudamiento para complementar el financiamiento de gasto corriente con emisión espuria, no habrá Precios Cuidados capaz de impedir que se siga transitando el probado camino minado de alta inflación y recesión, y consecuente destrucción de empleos netos y más déficit fiscal.
Sólo la habitual contabilidad creativa de la Secretaría de Hacienda que considera como ingreso corriente a las transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, PAMI y Fondos Fiduciarios, posibilitó mostrar en mayo un superávit fiscal, cuando en realidad registró un abultado desequilibrio que ya se multiplicó por más de cuatro en el acumulado de los primeros cinco meses del año y condiciona toda posibilidad de contener la suba de los precios y evitar la pérdida de competitividad, con el consecuente efecto recesivo y profundización de las tensiones en el sector externo de la economía.