Cada vez más se escuchan declaraciones de políticos, analistas y peor aún de ministros y responsables de área, decir que “el presidente Mauricio Macri está esperando la oportunidad política para presentar un plan antiinflacionario”, pero poco o no nada se dice de una realidad social que ya no tolera vivir con alta inflación y con el consecuente deterioro de su calidad de vida, al punto de que desde hace un par de años casi un tercio de la población cayó en estado de pobreza.
Curiosamente, ese escenario se utiliza para argumentar la necesidad de seguir una política de baja gradual de la inflación, del 28 al 25 o a lo sumo 20% al año, porque provocar un poda sustancial del déficit fiscal, que es la causa de todos los males derivados que afectan a la economía argentina, en general y a las finanzas de las familias en particular, provocaría un tremendo ajuste con un alto costo social. Al menos eso es lo que dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería el ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los humildes”.
Esa visión de la realidad fiscal, que ha sido la impulsora de la inflación reprimida durante más de ocho años, con una artificial paridad cambiaria; atraso en el valor de las tarifas de los servicios públicos respecto de los costos de producción, transporte y distribución y hasta la destrucción del Indec, me provoca escozor, porque implica desconocer que la principal fuente que alimentó y seguirá alimentando la inflación es un singular déficit fiscal que casi triplica al promedio mundial, porque sólo se puede financiar con emisión de pesos o endeudamiento improductivo.
Y pensar que generar ahorros impresionantes a partir de dejar de convalidar la corrupción en el gasto público que descubren a diario los diferentes Ministerios y reparticiones públicas; junto al exterminio de la real monto que se destina mes a mes a salarios ñoqui de gentes acomodadas y sin idoneidad alguna, como se va detectando en varios casos de beneficiarios que ni siquiera pisaron una oficina pública para cumplir una tarea, y otros lo hacían sólo para tomar mate porque no tenían ni escritorio, ni una silla, puede generar desempleo cuando claramente le han quitado con su accionar posibilidades de ocupación a más de un millón de personas en el sector privado, porque forman parte del engranaje de la crisis que se requiere revertir, es no tener un diagnóstico certero de la realidad sociomacroeconómica que ese cuadro provocó.
Acumulación de atrasos en el escenario internacional
Un reciente análisis retrospectivo de la economía argentina de los últimos 35 años y su comparación con el resto del mundo permitió comprobar que en ese período el país redujo en un tercio su contribución a la generación de riqueza mundial, en contraste con Chile y Colombia que lograron avanzar, o Paraguay y Perú que apenas sufrieron alguna merma, en un escenario donde China e India le quitaron una tajada a la mayor parte del planeta, aunque pocos como padeció la Argentina.
La explicación es clara y contundente, en esos 35 años el país transitó más de dos tercios con elevadísimas tasas de inflación, producto del desborde fiscal y monetario y pérdida el tiempo con controles de precios y anclas inflacionarias que lejos de proteger a los humildes los condenó a un estado recurrente de insatisfacción.
La crisis del Indec
Pese a semejantes antecedentes, en menos de 70 días de Gobierno las autoridades económicas se dejaron dominar por las repercusiones periodísticas que reflejaron las preocupaciones de altos dirigentes sindicales, analistas políticos y varios economistas por el impacto en precios del fin del cepo cambiario; la eliminación de algunas retenciones y bajas en otras, y la revisión del cuadro tarifario para el consumo de luz y pasos por puestos de peaje, mientras se anuncian autorizaciones periódicas de aumentos de la nafta pese a la baja del petrróleo, subas en cigarrillos, medicina prepaga y pedidos de otros, como las comisiones bancarias, y se esperan los nuevos cuadros tarifarios para el gas, agua y el transporte público de pasajeros, y decidieron el sorpresivo desplazamiento de la directora técnica del organismo oficial de estadística, Graciela Bevacqua.
Esa decisión de Jorge Todesca, quien responde a las directivas del ministro Alfonso Prat-Gay, no hizo más que dar a luz el estado de confusión y de prioridades invertidas que reina en una parte del gabinete económico, porque coronó una semana previa en la que muchos ministros se vieron en la necesidad de hablar de inflación y de pautas para las paritarias, sin advertir que con ello contribuían a alterar las expectativas del resto de los agentes económicos y a aumentar la ansiedad para que vuelva a funcionar el termómetro de la economía, mientras poco avanzaron con acciones concretas para bajar la alta temperatura de la enferma burocracia estatal, la cual se manifiesta en el desmadre de las finanzas públicas.
Se había avanzado en la dirección correcta con la declaración de la Emergencia Estadística y también con el reconocimiento formal de los índices de precios del Gobierno de la Ciudad y de San Luis, como sustitutos transitorios del IPCNu del Indec, porque no sólo se trata de oficinas públicas que siguen criterios internacionales, sino que en los últimos años mostraron variaciones consistentes tanto con el promedio de las mediciones privadas, sino también otros parámetros de la economía, como el índice de salarios y la recaudación tributaria. Pero una vez más, la política intervino sobre la ortodoxia económica, y su costo será convivir un rato largo con alta pobreza, a la espera de la oportunidad política de hacer el ajuste, o mejor dicho de imponer la disciplina fiscal de gastar mejor y acorde a los ya abultados recursos que recibe del conjunto de la ciudadanía.
No se trata de llevar agua para el molino de los economistas estudiosos, a los que muchas veces se los busca devaluar calificándolos de ortodoxos, esto es que siguen a pie juntillas las recomendaciones de los libros para corregir desequilibrios, más aún cuando se está frente a un diagnóstico claro, contundente y generalmente aceptado, pero no hay duda de que pretender buscar atajos y demorar la puesta en orden las finanzas públicas, con medidas antipáticas en muchos casos, como el del decidir el fin de los subsidios a los servicios públicos esenciales para los sectores de mayores ingresos, aunque para los “humildes” como definió Prat-Gay se estableció una tarifa social con costo cero peso para un consumo base, pese a que ni funcionarios y menos aún analistas y muchos periodistas rescatan el valor de esa excepción, sólo condenará al país a seguir transitando por el camino de la mediocridad, y al Gobierno a perder más rápido que tarde el respaldo que le brindó la mayoría de la ciudadanía en los primeros 70 días de Gobierno.
Las urgencias por comenzar a resolver las necesidades sociales no deben definirse en términos de conveniencias y oportunidades políticas, sino de acciones concretas e integrales de una vez, para que la ciudadanía se adapte a una nueva realidad, con otro nivel de precios, pero que inicie el franco camino hacia la estabilidad inmediata. El gradualismo no era recomendado para salir del cepo cambiario, tampoco lo es para encarar la disciplina fiscal. En el primer caso el shock funcionó y no generó tensiones sociales ni crisis como vaticinaban todos los economistas de la oposición, no se explica por qué se teme que ocurra lo contrario en el segundo.
Tomar decisiones aisladas, primero la baja de las retenciones, luego el sinceramiento cambiario, a posteriori la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, más tarde la discusión salarial en paritarias y nada se dice de medidas efectivas y metas ambiciosas de disciplina fiscal, pese a que diario se descubren actos de corrupción, sabotajes y un singular ausentismo de personal, no solucionará los problemas de fondo. Peor aún, aumentará las necesidades de ajuste de quienes han sido los más afectados en los últimos años: los que cayeron en la pobreza, los que desde hace cuatro años se encuentran con un mercado laboral cerrado para el primer empleo, los que por pagar el impuesto inflacionario perdieron mercados de exportación y no pudieron encontrar plazas sustitutas a la menor demanda de Brasil. Nada cambiará porque por urgencias políticas el Indec acelere la elaboración de un índice de precios.