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El despertar de un sueño que se creyó que no era tal

Durante dos períodos presidenciales muchos argentinos disfrutaron de un sueño placentero que les mostraba estar participando de un Estado ideal, de baja inflación y alto crecimiento sustentable de la economía, porque generaba empleos y de ese modo aseguraba la continuidad de la fiesta del consumo, y no existían costos de vivir en default parcial de la deuda pública permanente, y tampoco por la pérdida o el achicamiento de mercados externos, porque el cepo cambiario reducía las importaciones y se creía que así se contenía la fuga de capitales.

Sin embargo, gran parte de la población que no llegó a vivir ese sueño y que, por el contrario, se mantuvo despierta (aunque muchas veces dudaba de ese Estado porque advertía que estaba sumergido en una pesadilla), un día pudo decidir que era tiempo de cambio y por tanto se debía no sólo comenzar a reencauzar la economía para revertir una insoportable realidad social de una singular legión de excluidos que nunca aparecía en la siesta profunda en la que estaban muchos de los votantes: 30% de pobres, producto de más de 11% de la oferta laboral desempleada y creciente desaliento en el mercado de trabajo que había marginado a casi un 3% de la población, un 6% de la oferta laboral total que pasó a formar parte de los “desalentados”.

Frente a ese escenario el nuevo Gobierno se propuso seguir una hoja de ruta compleja, porque optó por medidas de shock para unos casos, que resultaron exitosas, y por el gradualismo para otros, con saldo parcial.

En el primer caso se ubicaron las medidas para salir del cepo cambiario, eliminar la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, cerrar un rápido acuerdo con los holdouts para superar un pleito judicial después de casi 10 años con pago en efectivo, subir las asignaciones familiares y corregir parte de las distorsiones que generaba el congelamiento del mínimo imponible de Ganancias sobre los salarios de una pequeña parte de los asalariados y menos aún de jubilados y pensionados.

Mientras que en el segundo caso se situaron los aumentos de las tarifas de luz y gas, principalmente para sincerar los cuadros tarifarios en la limitada, pero amplia, área del Gran Buenos Aires; luego las correspondientes al transporte público de pasajeros para la misma región, y luego el agua, a lo que se agregó el sostenido aumento del precio de las naftas, aun en momentos en que baja la cotización internacional del barril del petróleo.

Hacen, pero no se ve
Y si bien el Gobierno nacional implementó la creación de la tarifa social para todos esos casos, con una cobertura que abarcó a más de tres millones de familias, a excepción de los combustibles, y elevó el alcance de las asignaciones familiares, de efecto inmediato, que se agregó a la estacional suba semestral de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, la sensación generalizada y la prédica diaria de los principales formadores de opinión, con muy pocas excepciones, es que “el Gobierno hizo una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores más fuertes, como los empresarios del campo, la industria y la minería, mientras aún no le dio nada a los sectores postergados”, como los trabajadores, los desempleados de antes y los nuevos que se dispararon por el efecto de dichas medidas.

No sólo eso, la elección del gradualismo para los aumentos espaciados de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y también los servicios privados, junto con las autorizaciones de alza de los precios todavía “administrados”, como la medicina prepaga, la televisión por cable y otros, han provocado el resurgimiento de expectativas fundadas de un cuadro inflacionario sostenido que no sólo impide al Banco Central delinear un sendero de baja de las tasas de interés al nivel compatible con una meta de 25% de inflación, y con ello demorar el esperado ingreso de capitales de inversión productiva, sino que, peor aún, ha disparado decisiones de despidos en algunas industrias, en particular en las ramas de la construcción y de la altamente dependiente del ritmo de la economía de Brasil y del valor del petróleo en el mundo.

Con ese escenario, ya hay economistas que vaticinan enormes dificultades para que el Gobierno no sólo logre cumplir la meta de 25% de inflación, sino la de bajar el déficit fiscal a un 5% del PBI, casi el doble del promedio mundial.

Sin embargo, desde el presidente Mauricio Macri hasta sus ministros y secretarios de Estado se muestran confiados en que el cuadro cambiará radicalmente en el segundo semestre, porque ya habrán cesado los ajustes de tarifas y combustibles y los asalariados registrados volverán a contar con “ingresos nuevos” para “precios nuevos”.

No obstante, para llegar a esa instancia no sólo faltan transitar dos largos meses, sino que aún queda pendiente una respuesta de alivio para quienes están desempleados y diariamente se suman otros, más los sectores carenciados de menos de 18 años y de más de 60, que no están en condiciones de concurrir al mercado de trabajo.

Subestimación del pasado y sobrerreacción del presente
Durante los últimos cuatro años la economía no generó empleos privados netos, y el sector público, pese a haber creado una enorme cantidad de puestos por año, no llegó a absorber a la totalidad de las más de 230 mil personas que anualmente deberían haberse sumado al mercado de trabajo, para no agravar el desempleo, por lo que quedaron sin respuesta en ese período más de quinientas mil personas en todo el país.

Sin embargo, el sueño en el que estaban muchos de los beneficiarios de un modelo que dejó pesadas hipotecas por todos lados hizo que ese fenómeno no adquiriera la entidad que ahora ha tomado la denuncia sindical de más de 127 mil despidos en tres meses, mientras que nada se dice de los esfuerzos que está haciendo la mayor parte de las empresas para sostener e incluso incrementar levemente la nómina.

De ahí que se aliente desde las fuerzas de oposición a tomar medidas antiempleo, porque incluso en los casos en los que no se prevean despidos ni reacciones anticipadas en esa dirección, se deberán incrementar las previsiones contables, con el consecuente impacto alcista sobre los costos laborales y, por tanto, de subas de precios, esto es, de la inflación.

No es fácil despertarse de un largo sueño y encontrarse con una realidad que durante años se negó a gran parte de la sociedad, porque se consideró que vivía de “sensaciones”, y reaccionar rápidamente para no caer en estado de angustia. Y menos aún, recuperarse de una larga pesadilla.

El Gobierno todavía está a tiempo de abandonar el gradualismo y disponer de una vez todas las correcciones tarifarias que considere que restan y, al mismo tiempo, acordar con empresarios y sindicatos medidas de emergencia para compensar a los trabajadores y a la sociedad del impacto real de esas acciones sobre los sectores carenciados y con ingresos inferiores al promedio nacional, para esperar inmediatamente después un cambio de las tendencias inflacionarias como ocurrió en los primeros meses del Plan Austral, en junio de 1985; de la convertibilidad, en 1991 e incluso luego de la crisis de fines de 2001, principios de 2002.

Quienes aseguran que ya se está en la última etapa de los aumentos y que se quiere evitar un daño social, por eso no se encara una drástica reducción del desequilibrio fiscal, que es una de las claves del desmadre de los precios, no advierten que no sólo muchos economistas dudan del logro de una baja efectiva de ese déficit, sino que, peor todavía, aventuran un nuevo aumento de la presión tributaria.

Esa línea fue abonada al cierre de abril, cuando el ministro Alfonso Prat-Gay anticipó a la prensa la decisión de disponer una drástica suba del impuesto a la venta de cigarrillos, bajo el argumento de buscar recursos para asistir a las provincias, cuando es posible esperar enormes ahorros con sólo no validar los sobreprecios denunciados en la obra pública pendiente de pago y en los nuevos proyectos de obras de infraestructura, así como eliminar de la nómina los empleos y los subsidios inexistentes, sólo registrados para alimentar las fuentes de corrupción que también se denuncian a diario en los tribunales.

Mini ciclo virtuoso que requiere maduración

Las primeras dos semanas del fin del cepo cambiario transitaron por el sendero ideal: bajaron el dólar y las tasas de interés de referencia del Banco Central en simultáneo, al ir cumpliendo el Gobierno con varias de las promesas de campaña: eliminación generalizada de las retenciones; extinción de las DJAI; rebaja sustancial del Impuesto Adicional a los Autos de Alta Gama; refuerzo parcial del subsidio a los perceptores de Asignación Universal por Hijo; exención de Ganancias sobre el medio aguinaldo de fin de año; y el levantamiento de otras restricciones previas al cepo cambiario, junto con la prórroga de los programas Ahora 12 y Precios Cuidados y diversos impuestos que vencían hoy, pero que se prevé modificar íntegramente con proyectos de ley que se presentarán al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

Claramente, tres semanas de Gobierno, con una herencia que trajo una mochila de deudas financieras y principalmente de obras de infraestructura demoradas, no sólo de la Nación, sino también de la provincias que reclaman asistencia de fondos para pagar sueldos y atender coberturas sociales impostergables, y carencias que se potencian en el verano con el pico estacional de consumo de energía, o la temporada largamente anticipada de exceso de lluvias, principalmente en las áreas ribereñas del Litoral, y ninguna joyas para rematar, es muy poco tiempo para hacer un balance.

Sin embargo, la ansiedad de unos, las urgencias de otros y las inevitables críticas de los afectados por el cambio de rumbo de política económica y social, echan a la luz la sensación de un desbalance entre las medidas que a primera vista favorecen más a los que más tienen o pueden generar riqueza, que a aquellos que tienen menos espaldas para soportar un nuevo impulso de los precios de los alimentos, en las franjas de menores recursos y también de las tarifas de los servicios que ya son básicos, como el abono del celular, la cuota de la medicina prepaga para el caso de los trabajadores autónomos, el alquiler de una cochera, o el cable, entre otros, para el segmento con ingresos promedio de $15.000 por mes para el jefe de hogar.

Naturalmente, no se puede generar riqueza de la nada y menos aún después de cuatro años de estancamiento y esperar rápidas respuestas de la economía real, para que las transferencias de ingresos de la nación a las empresas y familias, que significaron las medidas señaladas, redunden inmediatamente en la tonificación de la capacidad de compra de toda la población y disminuya la pobreza.

Pero sin duda se achican los tiempos de espera de la explicitación del plan integral de política económica y social que permitan desarmar las expectativas iniciales de muchas consultoras y de bancos de inversión de que la inflación se perfila para 2016 con un salto de unos 10 puntos porcentuales respecto del 25 a 26% que terminaría este año y que la economía deberá esperar al 2017 para volver a crecer a tasas mayores a un dos por ciento.

Una pesada y aún incierta herencia
Han transcurrido apenas tres semanas del cambio de Gobierno y para muchos parece una eternidad y por eso aparecen voces opositoras de queja y reclamos, por temores a estar peor de lo que estaban, porque consideran que el sinceramiento del mercado cambiario con una paridad única y sin cepos, acompañada de la eliminación de las retenciones, implicó una brutal devaluación del peso (50%), cuando en realidad se trató de un sinceramiento cambiario, dado que la paridad del contado con liqui ni se movió y frente a esa referencia el cambio único cayó un 3%; y que la bajo estudio disminución de los subsidios a los consumos de energía, gas y agua, significará un tarifazo, pese a que abarcaría a menos del 30% de los hogares y en proporciones seguramente progresivas.

Otros, en cambio, comienzan a percibir que se está frente a un cambio de estilo, con más diálogo y cercanía con los referentes políticos de todos los partidos y también con el sector real de la economía y de la sociedad que en los pasados doce años, y lo manifiestan con menos tensiones en el mercado de cambios y mayor predisposición a entregar sus excedentes de pesos al Banco Central a tasas menores que la semana previa.

Sin embargo, la maduración del mini ciclo virtuoso requiere de algo más que anuncios diarios de política económica, como la presentación de las nuevas pautas macroeconómicas de inflación, crecimiento, comercio y reducción del déficit fiscal; junto con un programa monetario consistente con esos objetivos y el plan financiero.

Pero la principal restricción que enfrenta el Gobierno para avanzar en la elaboración de esas guías relevantes es la corta y negada transición, porque impidió aún hoy conocer con exactitud la situación de partida.

De ahí que el Presidente de la nación debió conceder un plazo de seis meses para que cada ministerio revise las contrataciones y designaciones de personal permanente de los últimos dos años y los organismos descentralizados y empresas públicas los pasados tres, con el explícito propósito de analizar la legalidad y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos de idoneidad e igualdad de oportunidades de los postulantes, pero con la clara intención de comprobar los casos de sobrepoblación de puestos en esos períodos. Eso se advierte en el aumento de la masa salarial en la administración pública en más de 10 puntos porcentuales respecto de la variación del gasto total en los primeros once meses del corriente año.

Por tanto, para evitar mayores demoras que puedan llevar a generar incertidumbre y con ello debilitar la confianza inicial que de advierte de modo mayoritario, no pleno, es de esperar que el rediseño del Presupuesto 2016 tenga una base cero, consistente con los postulados de reducir la inflación, generar empleos y exterminar la pobreza, y que se explicite en las próximas semanas.

De lo contrario, será muy difícil mantener el voto de confianza que parecen depositar los mercados, los cuales tienen por costumbre adelantarse, y que se manifiestan no sólo en la baja del dólar, la baja en cinco puntos porcentuales de las tasas de las Lebac en dos semanas, previa suba de 10 puntos, y la consecuente disminución del índice de riesgo país que representa la menor brecha entre los rendimientos de los bonos del tesoro de los EEUU y los títulos de la deuda pública local, a un rango inferior a los 450 puntos básicos y ubicarse en unos 80 pb menos del correspondiente a Brasil.

Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos

La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos candidatos a acceder a la presidencia de la nación el próximo 10 de diciembre.

Una prueba clara que explica el malestar y la insatisfacción de parte de la dirigencia empresaria, aunque se abstuvo de explicitarlo para no generar ruidos ni malas interpretaciones en tiempos de campaña, la dio Axel Kicillof cuando en su presentación de las pautas de gastos y recursos para el año próximo consideró apropiado destacar ante los legisladores de la Cámara baja que “La intención es cumplir con las leyes como se ha hecho en estos 12 años y presentar un presupuesto adecuado, que es una ley fundamental para el manejo del Estado, no hay intención de condicionar al gobierno que viene en ningún sentido”. Esa sola mención puede interpretarse como que “hay intención de condicionar al gobierno que viene”.

Por eso, para no dejar dudas se considera hoy más que nunca que todos los candidatos, en especial los que presentan las mayores probabilidades de tomar las riendas de la Nación el 10 de diciembre, junto a sus equipos técnicos, se anticipen a explicitar sus objetivos e instrumentos para reencauzar la vida socio económica para el próximo año, a que los actuales legisladores, muchos de los cuales terminan su mandato el 9 de diciembre, voten un Presupuesto que más que nunca en 12 años se convirtió en papel mojado por sus postulados irreales. De ese modo, no sólo harán una esperada contribución al electorado para que sepa qué votará el próximo 25 de octubre, primero, y el 22 de noviembre, en caso de que sea necesario elegir al nuevo presidente en ballottage.

Es cierto que desde la vuelta del ejercicio de la democracia en 1983 nunca los máximos candidatos a la presidencia de la nación se ocuparon de explicitar la forma en que pensaban ejecutar su plataforma electoral, en particular en lo referentes a los instrumentos: medidas cambiarias, impositivas, monetarias, tarifarias. Pero eso no obsta para que exista una primera vez.

“Se nos va la vida”, decía un dirigente rural a semanas en que los productores deben decidir la siembra de granos de cosecha gruesa. “Ya tuvimos experiencia de sembrar con un presidente y cosechar con el que venía, y no nos fue bien. Y eso que se trataba del mismo, porque hubo renovación de mandato”, apuntaba con singular inquietud, recordando las trabas para importar insumos, las restricciones que imponen los ROE (Registros de Operaciones de Exportación); el atraso cambiario y la “sustitución de exportaciones” por el mercado interno.

Algunos economistas asesores de unos de los candidatos sostienen que “una salida gradual del cepo cambiario, no tendría impacto sobre los costos de las empresas, porque todas trabajan con un dólar real de 13 a 14 pesos”, que es la paridad implícita en las operaciones legales en el mercado bursátil, que el mercado bautizó “contado con liqui” y MEP.

Pero altos dirigentes del empresariado aseguran que no es así. “Si fuera así, nuestros costos en dólares serían un tercio más bajos que los que determinan el cambio oficial, y no estarían suspendiendo personal las terminales automotrices, fabricantes de componentes, etc. Y muchos sectores altamente dependientes de insumos importados, como en la rama química, petroquímica, y hasta de materiales para la construcción y productos de consumo masivo, no estarían comprando todo lo que le autorizan, independientemente de la demanda final, porque está descontando la próxima devaluación del peso”.

Los empresarios, por naturaleza, son siempre optimistas, porque además de su afán de querer ganar dinero, le suman la preocupación por sostener e incrementar las fuentes de trabajo. Estas han sido siempre, y más aún en un mundo globalizado, un activo clave para aumentar la riqueza de las naciones y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

Pero en el caso argentino agregan los altos niveles de capacidad ociosa que esperan ser reducidos en varios frentes, desde la mano de obra desocupada que bien medida se ubica en un rango de 11 a 20% de la población económicamente activa; pasando por la industria con casi un tercio del potencial; el agro, tanto de producción extensiva como intensiva (economías regionales); hasta la minería y el sector energético sustentable, hasta el sistema financiero que registra índices de uso del crédito y depósitos sobre el PBI que se ubican entre la mitad y la tercera parte de los que predominan en el vecindario.

Sólo se reclama ponerlos en valor con decisiones de políticas que pongan más el acento en impulsar los negocios de las empresas y de la generación de riqueza por el conjunto de la ciudadanía, que en potenciar un crecimiento burocrático e improductivo de un Estado que contribuyó a favorecer a cada vez menos y alejar a la Argentina no sólo de los mercados de deuda, sino para vender sus productos, para beneficio de sus vecinos.

Los empresarios y familias ya no quieren más sorpresas. Cuánto más se expliciten las decisiones de política económica y social que piensan ejecutar los candidatos, con sus claras mediciones de costos y beneficios: sociales y monetarios, más rápido el sector privado se moverá para reimpulsar la actividad, o ajustarse para perder menos, según sean sus expectativas de cuáles cree que serán más aceptadas por el electorado.

De lo contrario, esperar hasta el 10 de diciembre, y luego hacer el inventario de lo que se recibirá en términos de deuda social y financiera, sólo contribuirá a sostener las tensiones cambiarias, mantener elevada la inflación y estancada la actividad económica, más allá de que algún vuelo de corto aliento lleve a creer a algunos funcionarios que la Argentina transita por caminos de bonanza, pese a algunas turbulencias en el vecindario, y en especial en los principales socios comerciales.