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Aún hay muchos políticos amantes de los cepos a la economía

No pasó una semana desde que el Gobierno logró levantar el último gran cepo que limitaba la capacidad de generación de riqueza y por tanto de inversión y de empleos netos, antes habían sido el cepo cambiario, con sus derivados sobre las importaciones y el mercado inmobiliario, entre otros, y las retenciones, que rápidamente un grupo de legisladores de la oposición al Gobierno nacional y gran parte del sindicalismo se alinearon en busca de imponer un nuevo cepo.

Ahora es el turno de ponérselo al mercado de trabajo, para que las empresas que consideren que acumularon un exceso de personal tras cuatro años de estancamiento de la actividad y derrumbe de las exportaciones a Brasil, y no perciban una recuperación inmediata no puedan achicar la nómina.

Así se desprende de los objetivos planteados en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde la oposición logró dictamen de mayoría para declarar la emergencia ocupacional con un proyecto de consenso entre los doce presentados por los distintos bloques. La iniciativa plantea prohibir los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017 y que en caso de que suceda, haya doble indemnización para el trabajador.

El dictamen tuvo el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, Federal UNA, el bloque Justicialista y el socialismo. El Frente de Izquierda firmó un despacho propio en el mismo sentido pero se manifestó dispuesto a acompañar el de mayoría en caso de que se necesite el número.

Está claro que frente a la posibilidad de un cepo al mercado de trabajo las decisiones de reducción de la nómina de personal que estaban en el plano del análisis de los costos y beneficios de desprenderse de un empleado en el que se invirtió en capacitación y conocimiento de la empresa, y el pago de las indemnizaciones normales, más las vacaciones y el aguinaldo trabajado proporcional, aceleren el trámite.

“Si a mí me están sobrando empleados y soy una gran empresa, despido hoy”, dijo la líder de la Coalición Cívica y diputada aliada a Cambiemos, Lilita Carrió, al advertir la reacción que podrían tener los privados mientras avanza la iniciativa en el Congreso. Y agregó: “Sepan los trabajadores que parece que los están defendiendo, pero los están echando”. Para la diputada, la mejor medida sería “bajarle los aportes patronales a las Pymes”, aunque, “Ley pareja, Ley rigurosa, sería recomendable un cambio de carácter universal, sin discriminaciones.

La experiencia local y la ausencia de ese tipo de legislación de cepo laboral en la mayor parte del planeta, aún en los momentos de crisis severas, demuestran con singular contundencia que, como en los casos de otros cepos en la economía y en la sociedad, que atentan contra las libertades individuales y societarias, que la imposición de un traba y penalización para quien despida personal sólo derivarán en más perjuicios que beneficios sobre quienes se quieren proteger, porque asegurará la veda a la generación de empleos para más de tres millones de personas que por efecto desaliento, ante la falta de oportunidades, forman parte de una creciente legión que en los últimos años las estadísticas oficiales no incluían como parte de los trabajadores, porque habían desistido de buscar un puesto rentado formal.

El vaso menos lleno
A esa situación se vuelve a llegar, como ya ocurrió a mediados de los 70, y se repitió 30 años después, y ahora se intentará otra vez, porque hábilmente los sindicatos difundieron a la prensa sus denuncias de despidos y suspensiones en los últimos meses, como lo han hecho siempre, e instalaron la cifra de la destrucción de más de 127.000 empleos en tres meses.

Sin embargo, tanto en el pasado como ahora, nunca los sindicatos se han ocupado de difundir con similar precisión y por rama de actividad la nómina de las incorporaciones de trabajadores a un puesto rentado, y menos aún independiente, sea en empresas exitentes o nuevas y en micro emprendimientos.

Al respecto, cabe notar que en un reciente análisis retrospectivo la consultora IDESA concluyó que en los últimos 12 años la economía destruyó 8 millones de empleos, sobre un total actual de 18 millones, pero, en contrapartida, generó 10 millones de puestos.

De ahí surgió no sólo que en ese período la estadística oficial de la Encuesta Permanente de Hogares acusó un aumento neto del empleo en 2 millones de personas, con un promedio equivalente anual inferior a 170 mil, esto inferior al 1% de la fuerza laboral activa, sino que la destrucción de puestos representó el 80% de los nuevos empleos, esto es el saldo fue expansivo, y se explica por la natural rotación de ocupaciones y pasos de la actividad asalariada a una independiente y también a la inversa.

En este punto, cabe destacar que los trabajadores autónomos representan casi un cuarto del total, y de su dinámica pocas veces se la menciona, salvo para englobarla como una actividad precaria, pese a que involucra a millones de profesionales y personas que lo eligieron como opción de vida.

Por tanto, pretender tomar una medida que garantizará la destrucción anticipada de empleos en los sectores afectados por una crisis coyuntural derivada de los vicios que se intentan enmendar en la rama de la construcción, en particular la abocada a la obra pública, más el efecto del fenómeno climático que restó días hábiles de actividad; o el receso de las exportaciones de automotores, autopartes y también de productos siderúrgicos y textiles a Brasil, basada en una denuncia parcial de los sindicatos, sólo contribuirá a demorar aún más la esperada ola de inversiones que prometería una economía sin cepo cambiario, sin cepo al pago de parte de la deuda externa y con tipo de cambio y cuadros tarifarios sin anclajes y con menor brecha entre las provincias.

Cambio de escenario transitorio

En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política del miedo con intimidaciones y suspensiones de entidades cambiarias y bursátiles; la flexibilización de ventas de dólares para ahorro con el propósito de inducir a su venta a mayor precio en el circuito marginal; el ingreso del swap de China y nuevos acuerdos con cerealeras y sojeros para que anticipen la liquidación de exportaciones con el propósito de fortalecer las debilitadas reservas del Banco Central y el incentivo a operaciones bursátiles con bonos y acciones de alta liquidez para obtener singulares ganancias de corto plazo.

Todo eso fue acompañado con versiones emanadas de las propias fuentes oficiales y siempre contradictorias de que se avanza hacia una negociación definitiva con los holdouts a partir de enero cuando supuestamente expire la cláusula RUFO que exige conceder a los bonistas reestructurados en los canjes I y II las mismas condiciones que se pueda acordar con los fondos en litigio, si son mejores.

A partir de allí comenzaron a tejerse expectativas de un rápido retorno de la Argentina al mercado internacional de deuda y destrabar el ingreso de inversores del resto del mundo para los diversos emprendimientos que la Argentina tiene pendientes como Vaca Muerta; otras obras energéticas y de infraestructura; la minería y el reimpulso de la agricultura para alcanzar la demorada meta de las 150 millones de toneladas, entre otras.

Sobre esa base empezaron a plantearse pronósticos de algunos economistas y consultoras de empresas y bancos que indican la continuidad de la pax cambiaria hasta todo el 2015, porque se lograría equilibrar la oferta con la conocida demanda de divisas para enfrentar los abultados compromisos externos del gobierno nacional hasta entonces, y en consecuencia arriesgan que el PBI podrá volver a crecer a un rango de 3 a 4 por ciento, luego de un trienio de estancamiento neto.

Otros desequilibrios presentes y sin atención
Sin embargo, en dichos estudios y análisis pareciera subestimarse al extremo la persistencia de crecientes desbarajustes en los indicadores macroeconómicos, entre los que se destacan los asociados a las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria y consecuentemente la inflación y sobreestimarse el esperado y deseado flujo de capitales, si se cierra el capítulo del default con los holdouts.

Los datos acumulados correspondientes a los primeros diez meses de 2014 indican que mientras los recursos fiscales totales crecieron 40,6% en los pasados doce meses, luego de las valiosas transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, el PAMI y los fondos fiduciarios, los gastos devengados, esto es ejecutados pero no necesariamente pagados, se elevaron 47,7%. De ahí surgió que el rojo de las cuentas públicas se multiplicó por 2,8 veces, a más de 78.600 millones de pesos.

La tasa de inflación se aceleró en ese período de 26 a más de 41% y el tipo de cambio oficial, luego del salto a 8 pesos a fines de enero, apenas aumentó siete por ciento, provocando una apreciación de la moneda nacional en más de 24 puntos porcentuales y con ello desalentó al extremo las exportaciones, la única fuente genuina de generación de divisas, al afectar aún más la deteriorada competitividad de la producción nacional.

Con ese escenario, sumado a la continuidad del cepo cambiario y ahora a la política de generar miedos en la plaza con la presencia de gendarmes, policías y suspensiones de casas de Bolsa, de cambio e incluso de sanciones a bancos por causas administrativas que datan de más de cinco años, algunas vinculadas con la demora en poner las mamparas que separan a la atención del público en cajas de las colas de espera en los salones de las entidades, no sorprende que la inversión extranjera directa haya caída en el año a la mínima expresión.

Y en la economía real, pese a la inquietante aceleración de la inflación, en muchos sectores se observan precios reprimidos, como también ocurre en contrapartida con las tarifas y diversos subsidios, cuya regularización requerirá atención en algún momento, los cuales no han impedido que el consumo se derrumbara a una tasa de 10% en supermercados y shopping y del 5 a 7 por ciento en los comercios tradicionales, fenómeno que ha disparado los índices de vacancia de locales.

Mientras que los indicadores de inversión, más de la actividad privada que en el sector público, también se consolidó la tendencia contractiva, fenómeno que redundó en destrucción de empleos y disminución de las oportunidades laborales para los jóvenes que esperaban incorporarse al mercado de trabajo.

También las exportaciones muestran tasas crecientes de disminución.

De ahí que del lado de la demanda agregada, a menos de dos meses del cierre del año, ya se observa un arrastre fuertemente negativo para el año próximo, que limitará cualquier impacto inicial de reversión del ciclo.

En tanto del lado financiero, en un año electoral, no cabe esperar el regreso a la disciplina fiscal y por tanto si se llegara a cerrar el capítulo del default no será una condición suficiente para despejar la reaparición de tensiones cambiarias, a la espera de un plan económico integral que posibilite comenzar a reordenar todas las variables.

Por eso pareciera que la actual pax cambiaria es más transitoria que duradera, porque no se sustenta en la recreación de la confianza y en la revisión de políticas que provocaron severos desequilibrios, en particular desde que rige el cepo cambiario.

Más controles y menos ideas

Día a día los indicadores de la economía real y financiera muestran un severo deterioro y paso a un estado de desbarajuste cuya reversión provocará mayores costos cuánto más lejos se asuma la necesidad de implementar un cambio drástico. Pero frente a esa realidad, cuya máxima expresión es la destrucción de empleos privados y generalización del recorte de la jornada laboral, con su consecuente efecto contractivo sobre los ingresos nominales de muchos trabajadores, las autoridades económicas se muestran ausentes y sólo aparecen para actos protocolares o almuerzos con algunos empresarios para hablar sobre las preocupaciones de las consecuencias del plan de gobierno, en lugar de aceptar planteos sobre las causas que explican el delicado cuadro actual.

Esa actitud explica que en las últimas semanas se haya decidido intensificar el cepo cambiario a las importaciones. Y en la presente, en invadir la city con mega operativos policíacos con ayuda de oficiales de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, de la Unidad de Investigación Financiera y del INAE, en la seguridad de que no iban a encontrar nada que comprometiera a entidades financieras, casas de Bolsa y casas de cambio, porque el objetivo no era ese sino sólo atemorizar al público para que dejara de operar.

Por un momento esa estrategia posibilitó achicar el volumen de operaciones y con ello también el precio del nuevo índice de riesgo país: el dólar contado con liqui. Sin embargo, en la medida en que no se dé un giro rotundo en la política, ese curso de los precios será meramente transitorio, porque seguirán vivas las causas que los impulsan, como la agudización de la pérdida de capacidad de generación de divisas que el Indec dio cuenta en su informe sobre el Intercambio Comercial Argentino en septiembre.

Con una soja que en sólo cuatro meses pasó de 558 a 334 dólares la tonelada en el mercado internacional, aunque a los productores argentinos se les retiene compulsivamente el 35% de esos precios antes de cualquier impuesto o gasto, el equipo económico encontró el argumento fácil para explicar las dificultades que enfrenta para acumular reservas. Pero no alcanza para culpar por qué se acelera la inflación, se profundiza la recesión y que el saldo comercial fuera en septiembre el menor para ese mes en los últimos catorce años.

Estrategia incompleta
Y como de las causas de los problemas no se habla, Economía decidió trabajar contrarreloj en el armado de un nuevo festival de bonos en busca del financiamiento que necesita para llegar a fin de mandato sin las arcas vacías. Pero el objetivo no podrá ser alcanzado si, como se ve a diario en el Boletín Oficial, el Jefe de Gabinete sigue autorizando aumentos del gasto público y validando la incorporación de personal en los diferentes organismos del estado, a costa de ampliar a niveles ya insoportables del déficit fiscal, que llevan a fogonear la inflación y alimentar el atraso cambiario para comercio exterior.

La emisión de bonos ajustables por la paridad cambiaria oficial no generará divisas, pero sí quitará grados de libertad a la hora de tener que devaluar, salvo que se opte por una severa baja del gasto público que posibilite bajar retenciones, ajustar balances por inflación y elevar los mínimos no imponibles para los asalariados, o simplemente persiga el objetivo de limitar la acción del próximo gobierno, al cual ya le espera una tarea ardua para revertir el déficit fiscal, la escalada de la inflación, la destrucción de empleos y seducir a inversores en actividades productivas de largo plazo.

La ceguera del equipo económico no le permite ver como cada medida que implementó en los últimos tres años tuvo el efecto opuesto al buscado, y por tanto no advierte que la solución está a la vuelta de la esquina: incentivar el ahorro, quitar el cepo a la exportación e importación y, abandonar la indisciplina fiscal, para poder liberar recursos al sector privado, que es el único que podrá revertir este ciclo que se encamina a una depresión más temprana que tarde.

No se trata de ser apocalíptico, sino simplemente de aceptar que el paso de una economía que crecía al 5% a otra que cae más de 4%, y más aún en el caso de la industria manufacturera, o que la inflación se desbocó de 25% a más de 40% y las reservas del Banco Central mantienen una tendencia fuertemente contractiva en un escenario de recesión interna y cepo creciente a las importaciones, dan claras muestras de que la economía hace meses que abandonó la etapa de la estanflación (estancamiento con inflación) para ingresar en un estadio de alta recesión.

Por ahora las estimaciones de las consultoras privadas y del Fondo Monetario indican que el receso es modesto para este año y algunos incluso arriesgan un punto de quiebre en 2015, pero las correcciones que ya se advierten en diversos estudios y los nuevos indicadores de comercio exterior del Indec anticipan que el último trimestre será peor de lo que esperaban. El cuadro sólo podrá cambiar si el equipo económico decide comenzar a revisar los desaciertos de política en lugar de seguir actuando infructuosamente contra las consecuencias.