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La indisciplina fiscal y las tensiones cambiarias

Septiembre cerró con un crecimiento de la recaudación tributaria del 37,5% en comparación con un año atrás, y para muchos constituyó una sorpresa, porque superó sus expectativas. La sorpresa parece lógica, habida cuenta de que frente a una economía que se derrumba a tasas inquietantes, no sólo en la industria automotriz y de electrónica a tasas de dos dígitos porcentuales, sino también en el mercado inmobiliario y la construcción, o el consumo masivo y el transporte, agravado con una brutal contracción del intercambio comercial con el resto del mundo por el cepo y atraso cambiario y una inflación que ya se posicionó en más de 41 por ciento, los ingresos de la AFIP acusaron una baja real de apenas 2,5 por ciento.

Sin embargo, un análisis fino del origen del fuerte aumento nominal de los recursos agregados de la DGI, Aduana y Anses, permitió advertir que el impuesto inflacionario le sacó a los trabajadores y empresas sólo en septiembre y únicamente por la vía de dos tributos 2.250 millones de pesos: 2.213 millones por Ganancias ficticias y 41 millones por bienes personales pese a que valen menos en términos reales. Se trata del equivalente a 3,2 puntos porcentuales del crecimiento interanual de dichos recursos. Sin ese aporte, la baja real se hubiese aproximado a 4,7%, que es lo que hoy está marcando la caída del PBI en las estimaciones privadas más realistas.

El ejercicio es muy simple. Se trata de depurar del salto de lo percibido por Ganancias y Bienes Personales el efecto del aumento de la masa de contribuyentes por los incrementos que recibieron en sus salarios e ingresos por la inflación: en un caso a través de los ajustes acordados en paritarias y en otro por la suba de precios que disparan los mayores costos, al resistirse la AFIP a elevar los mínimos no imponibles y las escalas de deducciones especiales que rigen desde 2001 para las personas físicas, como de reinstaurar el ajuste por inflación, acorde a una economía inflacionaria de dos dígitos porcentuales elevados y en aceleración, para las jurídicas. La planilla de septiembre mostró que en esos dos tributos se pasó repentinamente de un salto de 38 a 39% anual promedio hasta agosto a 55% en Ganancias y 51% en Bienes Personales el mes siguiente.

Recursos fiscales insuficientes
Semejante salto de la tasa de confiscación de los ingresos de los trabajadores y de las empresas que tiene su correlato en la caída del consumo y de la actividad de la mayoría de los agentes económicos no fue suficiente para cubrir las necesidades de cobertura de un gasto público desbordado y que acelera al punto de debilitar las fuerzas del sector privado para sostenerse en pie.

Por eso se intensifica la recesión, cae el empleo y se realimenta la desconfianza en el peso, al punto de haber forzado el cambio de otro presidente del Banco Central, como si la causa del problema fuera netamente de origen monetario. En ese flanco se advierten las consecuencias de la indisciplina fiscal que ha llevado al uso y abuso de la emisión espuria, con su impacto sobre el mercado de cambios.

Así se desprende de los informes semanales de la autoridad monetaria. A cinco días de cerrar septiembre la principal y casi única fuente de expansión de la cantidad de dinero de base fue el sector público con más de 10.000 millones de pesos. Por quinto mes consecutivo la expansión de base para disimular el verdadero rojo fiscal se ubicó en el rango de los once dígitos: más de 10.000.000.000 de pesos.

Y sólo en un día, el jefe de Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, dispuso al inicio de octubre la autorización de aumento del gasto público en 10 dígitos: 6.228 millones, de los cuales 5.600 millones deberán ser financiados con más impuesto inflacionario y transferencias al Tesoro por la vía de la emisión del Banco Central, recursos de la Anses y de otros organismos, como el PAMI y fondos fiduciarios. Con semejante aumento de partidas, los datos de la Secretaría de Hacienda indican que el presupuesto de gastos para todo 2014 se elevó en 62,7% respecto del que finalmente se autorizó para el año anterior.

De ahí que la pax cambiaria de los últimos días sólo es explicable por una tregua que el mercado le concedió a las nuevas autoridades monetarias, luego de que repentinamente el ministro de Economía y el nuevo presidente del Banco Central decidieran iniciar una ronda de diálogo con los empresarios y banqueros, no sólo de compañías nacionales, sino también extranjeras, después de que hasta la semana anterior habían sido denunciados como los responsables de la crisis, la demanda de los holdouts y las tensiones que se manifestaron en la disparada del dólar libre y la aceleración de la inflación.

Pero la calma no podrá extenderse por mucho tiempo si la política monetaria y fiscal mantienen su carrera alcista y se postergan las decisiones de fondo para comenzar a reordenar la macroeconomía, empezando por la vuelta a la austeridad en la expansión del gasto público, al menos al ritmo de la inflación; la reducción de la presión fiscal y empezar a desarmar los nudos que fueron estrangulando la economía real. No hacerlo, bajo la excusa de que con eso se profundizará la recesión, sin medir el efecto severamente contractivo que genera en el conjunto de la actividad privada, reavivará las tensiones cambiarias más temprano que tarde.

Creer que el cuadro podría comenzar a despejarse a partir de enero 2015, cuando supuestamente quede sin efecto la cláusula RUFO que impide cerrar un acuerdo con los holdouts en los términos que falló el juez Griesa, porque destrabará el acceso al mercado internacional de deuda, es desconocer la vocación expansiva de gasto de este gobierno, más aún en un año electoral, y por tanto no asegura la reducción del desequilibrio fiscal, sino, en el mejor de los casos, un cambio de la fuente de financiamiento con un Pagadiós y las mismas consecuencias negativas sobre la economía en su conjunto.

Política de ingresos: algo más que precios y salarios

Claramente, en las economías donde predomina la racionalidad sobre la ideología, la política de ingresos se vincula más con el objetivo de mejorar las prestaciones a los trabajadores y elevar el poder de compra de los recursos que logran los empleados sobre la base de ganancias de productividad en el uso del conjunto de los factores de producción, que en simplemente actualizar los salarios por la inflación, y medir la participación en el PBI.

Pero en economías inestables y aferradas al péndulo de los cambios de gobierno y de las políticas de fondo, aun en los casos en que supuestamente en los papeles acusan continuidad del signo político madre, el factor relevante pasa por las políticas fiscal y monetaria, porque de su curso depende la marcha del promedio de los precios y, consecuentemente de la posterior variación de las remuneraciones del trabajo.

En el manual simple de las actuales autoridades de Gobierno la puja distributiva se concentra en las dos primeras variables: el control de los precios a lo largo de la cadena de valor y en la fijación de topes implícitos (nunca reconocidos) en las demandas de subas salariales por parte de los sindicatos.

Y si bien se ha dado un paso sustancial con la elaboración de un nuevo índice de precios que, al menos en el arranque, reconoce la real variación del promedio de precios al consumidor, esto es de la inflación, se ha cumplido con una condición sin duda necesaria, pero claramente insuficiente para que se puedan retomar las negociaciones paritarias en un clima que no amenace con la espiralización del alza de los precios, ahora por inflación de costos.

Más aún cuando, al parecer, se busca en descansar todo el peso del ajuste en el sector financiero, a través de una deliberada política de retiro de billetes en circulación que lleva a la estampida de las tasas de interés, con su consecuente impacto negativo sobre el consumo y la inversión, y sin generar certeza de contención de la inflación.

El riesgo del déficit cuasifiscal
Justamente, la austeridad monetaria, que era reclamada por el consenso de los economistas de la oposición es una condición necesaria, pero para que sea efectiva debe ser acompañada por la austeridad fiscal; sin embargo, de eso no se habla.

Por el contrario, se sigue negando cada mañana el efecto negativo sobre el conjunto de la economía, pero principalmente de la población, y en especial la de más bajos ingresos, de abusar del financiamiento de una parte sustancial del gasto público, cercana a 10% del total con emisión del Banco Central y asistencia de fondos de la Anses y PAMI.

Es que esos no son recursos genuinos, a pesar de que puedan estar avalados por leyes del Congreso Nacional, porque genera un exceso de dinero en circulación sobre lo que los agentes económicos: familias y empresas, desean y por tanto se manifiesta en alza de los precios (inflación), del dólar y ahora de las tasas de interés.

De ahí que en un escenario de estas características no sólo se requiere volver atrás, a pesar del relato, y así como se devaluó cuando la propia Presidente dijo hace menos de un año que no iba a devaluar, o se subió la tasa de interés a niveles impensables meses atrás, o haber sincerado la inflación, ahora es necesario anunciar un programa de austeridad fiscal, junto al replanteo del Presupuesto Nacional y del Programa Monetario, para que se pueda intentar revertir el ritmo ascendente de los precios.

Sólo así, podrían celebrarse las negociaciones de salarios en paritarias sin que deriven en un peligroso escenario como ocurrió a mediados de los 70, cuando la tasa de inflación voló del 24% en 1974 a 182% el año siguiente y la actividad pasara de crecer 5,4% a caer 0,6 por ciento.

Por ahora se usa y abusa de la política monetaria a cargo de Juan Carlos Fábrega, a través de una acelerada absorción de pesos con la colocación de Letras y Notas en los bancos al costo de subir las tasas de interés que ofrece a 29% anual.

En enero, por efecto de la fuerte devaluación del peso y la consecuente valorización de las reservas en divisas medidas en pesos, el Banco Central logró un superávit cuasifiscal del orden de 9% del PBI del mes, porque el pago de intereses le restó apenas 0,8% del PBI del mes.

Pero en febrero, con la apreciación del peso, el tipo de cambio baja 3,7% y las tasas que paga por dichos instrumentos de regulación monetaria suben a 29% anual, se pasó a un desequilibrio que licuó la ganancia del bimestre a sólo 2,2% del PBI equivalente mensual.

La inflación la generan todos

En el último anuncio de seis medidas asistenciales para los sectores de menores ingresos de la población la Presidente encomendó a los empresarios a que no aumenten los precios en respuesta al incentivo al consumo que generará poner en millones de argentinos unos 1.400 millones de pesos por mes, durante un año.

Dijo Cristina Kirchner: “Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente porque parece ser que, cuando se habla de los precios, los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Entonces, creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y también, como son ustedes muchas de los anunciantes más importantes que tienen los medios de comunicación, sean escritos, orales, televisivos, terminan hablando del Gobierno de los precios y no terminan hablando de ustedes”.

Es obvio que los empresarios aumentan los precios de sus productos y servicios, sea porque estacionalmente se contrae la oferta, en el caso de los productos del campo, sea porque se reactiva la demanda, como el turismo, sea porque se alienta la suba de los costos, con más impuestos, con alza de salarios e incremento de los costos de importación de insumos con más burocracia, etcétera.

Pero también es un precio el salario de la economía, el cual se determina en convenciones paritarias, pero con clara orientación del Ministerio de Trabajo del porcentaje a consensuar, un porcentaje que luego se propaga por el resto de la economía.

Así como es un precio el tipo de cambio de la moneda nacional por una extranjera que determina arbitrariamente el Banco Central, con una variación diaria o semanal según sea el criterio apreciar o depreciar el peso.

Por supuesto que el precio del dinero es la tasa de interés, la cual regula el Banco Central a través de sus licitaciones de letras (operaciones de mercado abierto) o de la determinación del dinero que deben mantener las entidades autorizadas indisponible en sus tesoros para atender los requerimientos del público (encajes). Y muchas veces acude al auxilio del Banco Nación para que intervenga en el mercado prestando o pidiendo cancelación de créditos a las entidades privadas (call money).

Y también contribuye a la suba de los precios al consumidor la política impositiva de la Nación, las provincias y los municipios, cuando alienta el aumento de los impuestos y tasas.

Sin embargo, parece más simple cargar todas las culpas de la alta tasa de inflación “al empresario monopolista y oligopolista”, es decir concentradores de la oferta de bienes para vender a una demanda atomizada (más de 40 millones de habitantes), como sostienen los principales referentes del Gobierno, porque aún no aprendieron que en una economía abierta al mundo se puede también atomizar la oferta si se deja espacio a la competencia sana de las importaciones (sin dumping social y precios de liquidación).

Dinero espúreo
Junto a todo lo anterior se agrega el efecto del desborde del gasto público, en todos los órdenes: nacional, provincial y municipal, por sobre la capacidad de financiamiento con los recursos de la recaudación tributaria, tasas y tarifas, porque en forma directa e indirecta requieren del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central.

Y no se trata de ser un ultraortodoxo monetarista que indica que la tasa de expansión de la cantidad de dinero en poder del público es la principal responsable del nivel del alza promedio de los precios de la economía, porque hay que agregar un componente no menor: la confianza de las familias y consecuente deseo de acrecentar o disminuir los saldos monetarios reales (cantidad de dinero respecto del PBI).

Es que en modo simple, la cantidad de dinero debe ser equivalente a la totalidad de bienes que se producen por su precio promedio. Por tanto, si sube el PBI, se requerirá más cantidad de dinero para comprarlo. En ese escenario, más dinero no es sinónimo de más inflación.

El problema aparece cuando por políticas y acciones que enturbian el ciclo de los negocios se fomenta la creación de dinero para financiar un desmedido aumento del gasto público y entonces en lugar de elevarse proporcionalmente la cantidad de bienes se incentiva el alza de los diferentes precios de la economía. De ahí surge el denominado impuesto inflacionario, cuyo principal responsable es la Administración Pública. Y éste no es un punto menor, no sólo por las distorsiones que genera, sino porque además de ser regresivo -afecta más a los que menos tienen-, no es coparticipable con las provincias y los municipios, como gran parte del resto de los impuestos, excluidos los vinculados con el comercio exterior y la caja de jubilaciones.

Cuando esos movimientos se tornan sostenidos y generalizados, es decir abarca a todos los sectores: gobierno, empresas y familias, se cae en un escenario inflacionario en el que todos tienen una cuota de responsabilidad. Incluso, la Presidente y sus ministros y secretarios, porque son los que fomentan una política centrada en impulsar el consumo, sin un paralelo incentivo a la producción, la inversión y el comercio exterior.

Alta capacidad ociosa
Los últimos datos del Indec sobre el uso de la capacidad productiva en la industria, correspondiente a abril, dieron cuenta de que en el promedio general se observa un grado de inutilización de las plantas fabriles de poco más de 24%. Es decir que casi un cuarto del potencial de producción se encuentra parado.

Las razones de ese fenómeno -que lejos de atenuarse se ha acentuado, se elevó en tres puntos porcentuales- son el exceso de regulaciones y limitaciones al proceso productivo, como las que impiden la fluidez de las importaciones de insumos básicos, pese a que no se producen en el país; las limitaciones para exportar que impuso una deliberada política de alta inflación y apreciación del peso (sólo atenuada en los últimos meses), porque deriva en alza de los costos en dólares y saca de mercado a la producción nacional y también los desaciertos en la política externa que han llevado a trabar las ventas aun a socios del Mercosur.

La inflación nunca podrá bajar por decreto o por un Estado gendarme a niveles tolerables, menos de 5% anual, sino cuando las políticas monetaria y fiscal y de ingresos estén orientadas hacia ese objetivo, lo cual no implica abandonar las acciones asistenciales para los más necesitados y las regulaciones de los mercados, sino de llevarlas a cabo sin conflictos entre los objetivos y los instrumentos que se elijan.