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Bajar la inflación mensual a la mitad no alcanza

El ministro de Economía parece satisfecho porque la tasa de inflación mensual desaceleró a la mitad de los picos que se registraron en el trimestre diciembre 2013 a febrero 2014, como siempre más alta en las mediciones privadas que en las del crecientemente devaluado Indec.

Sin embargo, los cálculos para agosto por parte de las consultoras privadas y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron alzas de entre 2,3% y 2,9%. Superan cómodamente el 2,1% que habían estimado para igual mes del año anterior. En el caso del índice oficial, nadie proyecta que descienda al rango de 0,8% de doce meses antes.

Pero peor aún, la brecha que se abrió en la tasa anualizada, de 25 a más de 40% en el caso de los privados y de 10,5 a 22% en el de la serie que el Indec se resiste a empalmar entre el IPC y el IPCNu, indican con claridad que achicar la inflación mensual a la mitad respecto de los máximos de comienzos del año no alcanzan para generar no sólo un cambio en las expectativas, sino más aún para evitar el persistente deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones, como en la competitividad de las empresas.

En la óptica del ministro y de su equipo la inflación es producto de actos inescrupulosos de los actores del sector privado que hábilmente logran sortear los crecientes obstáculos, regulaciones, restricciones y cepos que su cartera fue imponiendo, en particular desde fines de octubre de 2011.

Ninguna chance le asigna al efecto que sobre el alza de los precios del promedio de la economía provocan la concurrencia de desmedidas políticas fiscales y monetarias expansivas, pese a que los mercados ya hace tiempo que dan señales de saturación de esas prácticas fallidas y que se contraponen a las que se aplican en el mundo, con muy pocas excepciones.

Algunos economistas se atreven a describir el escenario actual como el retorno a la ortodoxia más rancia por parte de Kicillof y su equipo, ya que ha desacelerado la inflación luego de los picos pre y post devaluación de enero, por la vía de provocar una fuerte recesión en los mercados de bienes durables y de inversión, como el automotor, motos, inmobiliario, y en menor medida en el de los no durables y semidurables, como alimentos, bebidas, textiles y cueros, entre otros (claramente en el sector privado, porque el gasto de Gobierno, hasta ahora posibilitó atenuar la caída del PBI). Y por esa vía, contraer las importaciones, para atenuar la pérdida de visas por parte del Banco Central.

Sin embargo, todos esos efectos negativos no sólo han sido insuficientes para encaminar la suba de los precios a niveles manejables y evitar la acumulación de distorsiones entre los niveles de las tarifas, el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés, sino que peor aún han contribuido a profundizar los desequilibrios y elevar la tasa de inflación de 25 a 40% en los últimos doce meses y, al ritmo actual ya hay modelos econométricos conservadores que anticipan un salto a 50% o más el año próximo, si no se introducen cambios de política hacia la ortodoxia plena, sin cosmética ni contabilidad creativa. Y, ni qué decir si se cae en otra devaluación de dos dígitos antes del fin de mandato presidencial.

Tormenta perfecta
Hasta ahora el gobierno pudo escapar al ajuste del gasto público, porque pudo financiar el déficit fiscal creciente con el cobro de retenciones de hasta 37,5% sobre las exportaciones del complejo sojero, de modo primario, y con el uso de parte de las reservas en divisas que el sector aportaba al Banco Central, para pagar vencimientos de deuda pública.

Pero ahora con el derrumbe de los precios internacionales de una proyección a más de 600 dólares la tonelada que tenía en su hoja de balance en 2011 a menos de 400 en los futuros a noviembre, y para peor, las inundaciones y la pérdida de competitividad de los campos alejados a más de 500 kilómetros de los puertos de salida al mundo, alteraron el panorama.

De hecho, el anticipo de liquidaciones de divisas en el primer trimestre del año determinó una brusca contracción en este tercer trimestre que termina y provocó el doble efecto de caída del cobro de retenciones y de acumulación de reservas por parte de la autoridad monetaria, fenómenos que se tradujeron en agosto en la intensificación de la emisión de dinero para financiar el rojo fiscal, y consecuentemente en una nueva aceleración de la inflación.

Y ya está ampliamente demostrado que la inflación, sobre todo cuando se acelera a tasas de dos dígitos altos, provoca caída del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, y con ello un aumento de los índices de pobreza e indigencia al rango de dos dígitos porcentuales de la población, como estimó el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, independientemente que lo nieguen sin justificación seria el jede de Gabinete, Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Eso no se puede discutir.

El Banco Central padeció de ilusión monetaria

Se trata de creer que porque suben las variables nominales se está mejor. Por eso se habla de récord de recaudación de impuestos, alzas de salarios y de jubilaciones y de depósitos bancarios y créditos a niveles inéditos, o puntos máximos de gasto en supermercados y shopping.

Sin embargo, los economistas bautizaron como variables reales no sólo a los niveles físicos de producción y venta de bienes -sea automóviles, cemento, cosechas, carne, etcétera-, sino también al efecto de depurar a las variables monetarias del impacto de la inflación, para poder detectar si realmente se está mejor porque se tienen más dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria, o si por el contrario, se está peor porque los precios se incrementaron en mayor cuantía. Obviamente que puede ocurrir lo contrario, como se observó en el primer lustro desde la salida de la convertibilidad fija de un peso en un dólar.

Claramente, esa distinción la hacen a menudo los economistas, no necesariamente el conjunto de la población que tras cada aumento de salarios y de jubilaciones que recibe cae en la ilusión monetaria de creer que comenzará a estar más aliviada para satisfacer sus necesidades, pese a que desde el mismo momento del anuncio de la suba de ingreso hasta que se lo percibe ya sufrió algún desagio. Eso lo comprueba con contundencia a la larga cuando ve que comprar las mismas cantidades de siempre le exige desembolsar más pesos, y aun así no logra el objetivo, entonces luego lo refleja en el voto en las urnas cada dos años.

Sin embargo, en el discurso de apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2013, tres días antes de que fuera despedida de la presidencia del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont había hablado más como ama de casa que como economista profesional y máxima autoridad de política monetaria, financiera y cambiaria del país, cuando dijo: “nosotros pensamos que es fundamental para garantizar la fase de transformación productiva tener un régimen de flotación administrada que un régimen de metas de inflación”.

Para eso ejemplificó con la supuesta convicción de que como “desde antes de la crisis de 2007 en adelante, el tipo de cambio nominal en la Argentina aumentó 95%, mientras que en la región, salvo Venezuela porque tuvo una devaluación fuerte el año pasado, el tipo de cambio nominal cayó un 5%”, se promovió y garantizó el proceso de industrialización, porque “no es neutro en materia de precios, no es neutro en términos de disciplinamiento que supone la apreciación cambiaria para regular las tensiones inflacionarias”.

Sin embargo, Marcó del Pont omitió hacer el análisis en términos reales, no ya con los datos de inflación acotados que informa mes a mes el ultradevaluado Indec, sino con el que brinda la real medición alza de los precios. Aunque reconoció que en materia de inflación “algo había que hacer” y provocó, a ojos de muchos analistas la apertura de la puerta de salida.

Atraso cambiario y pérdida de competitividad
Así, en el caso de la región la baja nominal de 5% del tipo de cambio tuvo lugar en un escenario de alza de precios de menos de 40% en los seis años que tomó como referencia Marcó del Pont, en tanto en la Argentina el salto en 95% de la paridad cambiaria oficial se dio frente a un promedio de incremento del Índice de Precios Implícitos en el cálculo oficial del PBI de 175%, en tanto que el consenso del mercado, sintetizada en la denominada inflación Congreso, se amplió a 320 por ciento.

En consecuencia, mientras que en el promedio de los países sudamericanos las monedas se apreciaron en términos reales un 30%, en la Argentina se verificó un fenómeno casi idéntico si se toma el IPI del PBI, pero se acentuó a más de 53% si se ajusta por la inflación verdadera.

Eso quiere decir que, en el primer caso, el valor de la producción de bienes y servicios se encareció en términos de moneda extranjera poco más de 40%, a un ritmo de 5,8% anual acumulativo, aproximadamente, mientras que en el segundo saltó más de 115%, a una tasa acumulativa por año de 13,6 por ciento.

Claramente, una apreciación real de la moneda del orden de 5 a 6% por año puede ser absorbida por el sector productivo con ganancias de productividad en el uso de los factores de producción, junto a cambios estratégicos en la estructura productiva y aumento de la oferta de productos, para no perder competitividad con el resto del mundo.

Pero la exigencia se torna imposible si en forma repetida las empresas se ven presionadas por políticas discrecionales que niegan la realidad que llevan a una apreciación cambiaria de dos a tres veces más marcada que en el promedio de la región. La consecuencia se ve en el crecimiento de las reservas monetarias en divisas en la mayoría de los países de la región, en contraste con la Argentina, donde se asiste a una inquietante hemorragia que se busca detener con el auxilio de blindajes financieros por parte de los gobiernos de Francia y de China, como ya fallidamente se intentó en los últimos meses de la convertibilidad, en 2001, por parte de la dupla De la Rúa, en la presidencia, y Domingo Cavallo, en el Ministerio de Economía.

El reemplazo de Marcó del Pont por un técnico de larga carrera como bancario y de reconocido carácter para no ser dominado por caprichos y discrecionalidades dogmáticas que se contraponen contra la fuerza de la realidad, como se le atribuye a Juan Carlos Fábrega, es visto en el mercado como un cambio positivo hacia la vuelta a la austeridad monetaria, condición necesaria pero no suficiente para desacelerar el ritmo inflacionario y la pérdida de reservas monetarias internacionales.

La renuncia de Guillermo Moreno abre un camino de esperanza hacia la vuelta de la discrecionalidad, racionalidad en la regulación de la economía, pero aún el ahora formal ministro de Economía, Axel Kicillof, como el flamante Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y menos aún Cristina Kirchner, se han manifestado sobre qué rumbo tomará la política económica, en particular en lo referente a las áreas fiscal, comercial, cambiaria y de endeudamiento con el resto del mundo, donde se han acumulado severos desequilibrios y condicionado la política monetaria. Como sostiene Juan Carlos de Pablo, “sabemos que cambian personas y modos, ¿cambiarán también los contenidos?”.